Fernando Pairicán, académico de la U. de Santiago y experto en materia de pueblos originarios, afirma que la implementación de la política ha implicado un alto grado de represión policial. Para el experto, el plan busca detener el empoderamiento de las comunidades mapuche en la zona. Luego de su lanzamiento en septiembre del año pasado, el Plan Impulso Araucanía comienza a ser objeto de sus primeras evaluaciones. Si bien personeros del gobierno afirman que ha cumplido varias de sus metas, hubo sectores, en especial las comunidades mapuche, que criticaron sus resultados. En ese sentido, Fernando Pairicán, académico del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago, señala que el Plan Impulso Araucanía “es una política especialmente débil, porque necesita recurrir a la violencia para poder llevarse a cabo”. “Es un plan que necesita de una alta cantidad de fuerzas policiales para implementarse”, agregando que “a partir del verano se han incorporado fuerzas militares que se han perpetuado en el territorio mapuche”. De acuerdo con el experto en materia de pueblos indígenas, las medidas apuntan a desarticular el empoderamiento de las comunidades mapuche de la Araucanía. “Este plan atenta también contra los Derechos Humanos fundamentales de los pueblos indígenas, en este caso del pueblo mapuche”, enfatiza el historiador. Para poder finalizar con el denominado “Conflicto Mapuche”, Pairicán explica que se debe cumplir con las normativas internacionales. Estas implican consultar directamente a las comunidades indígenas ante la implementación de planes públicos que las afecten y no llevar a cabo “políticas represivas” en su contra. Además, asegurar sus derechos fundamentales, en especial el de “autogestión”, cosa que, para el historiador, “el Estado chileno nunca lo ha querido plantear”. El académico llamó a mirar el caso de Nueva Zelanda y “el camino que ellos recorrieron para llegar un acuerdo político con los maoríes”. No obstante, Pairicán acusa a la población no mapuche de la zona de no tener interés en conversar con las comunidades indígenas respecto a sus derechos. “Para ellos, la forma de dialogar es que el mapuche se subordine al Plan Araucanía diciendo a que es un política social, pero teniendo una alta dosis de represión política”, concluye. Santiago de Chile, 19 de marzo 2019 Crónica Digital / usach.cl
DD.HH.
Este martes a las 19.00 horas se exhibe en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos un documental que narra la historia del fuerte El Morro de Talcahuano, lugar que fue utilizado como centro de detención y tortura clandestino durante la dictadura de Pinochet, y por el cual pasaron cerca de 400 personas que sufrieron la violencia política en manos del Estado. “El Morro: centro clandestino de tortura” es el nombre del documental dirigido por Carlos Fritz que será exhibido este martes. Estrenado en 2017, el film presenta una serie de testimonios y vivencias de ex prisioneros y prisioneras políticas que fueron detenidos en dicho lugar, el cual durante diez años funcionó como centro clandestino de tortura. El recinto fue sede de operaciones del Servicio de Inteligencia Naval, de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y de la Central Nacional de Informaciones (CNI), entre 1974 y 1984, y se estima que cerca de 400 prisioneros pasaron por sus dependencias. Desde diciembre de 2017, el espacio fue declarado Sitio de Memoria y Monumento Histórico Nacional. Carlos Fritz, realizador del metraje, destaca que “no había antecedentes decretados por el Estado en los cuales figurara este sitio como utilizado para tales fines por los militares. En los alrededores, las personas saben para qué fue utilizado El Morro, sin embargo, en la totalidad de la región y el país no se tenía mayores antecedentes y conocimientos acerca de lo que ocurrió ahí”. Esta pieza documental, producida por la Corporación de Socorros Mutuos Bautista Van Schouwen, será exhibida de manera gratuita este martes 19 como parte de la programación del ciclo de Cine de Colección del Museo de la Memoria, instancia que invita a explorar y conocer la dictadura a través de diferentes perspectivas cinematográficas. Santiago de Chile, 18 de marzo 2019 Crónica Digital
La Cancillería de Venezuela de conjunto con la aerolínea estatal Conviasa retomaron el programa gubernamental de repatriación, Plan Vuelta a la Patria, con la realización de tres vuelos provenientes de Ecuador, Chile y Perú. Mediante la red social Twitter el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que el proyecto mantiene el objetivo de proteger a los migrantes venezolanos que decidieron voluntariamente retornar al país sudamericano tras sufrir acciones de xenofobia, discriminación y maltrato laboral en las naciones receptoras. En ese sentido, las autoridades bolivarianas recalcaron que los connacionales regresan con la premisa de estudiar, trabajar para la paz y la prosperidad socio–económica de la nación. Según datos aportados por la cancillería en la plataforma digital, hasta la fecha son más de 13 mil connacionales los repatriados, de ellos seis mil 965 de Brasil, dos mil 291 de Perú, dos mil 467 de Ecuador, 764 de Colombia, 344 de Argentina, 276 República Dominicana, 272 de Chile y uno de Panamá. A través de la iniciativa, puesta en marcha desde agosto de 2018 por indicación del Presidente Nicolás Maduro, Conviasa ha realizado más de 40 vuelos. El Jefe de Estado, en aras de un mejor desarrollo del proyecto, solicitó a representantes de la Organización Naciones Unidas (ONU) en Venezuela, la colaboración del organismo multilateral. Al respecto, instó al sistema de la ONU a abrir una línea de atención para todos aquellos venezolanos que soliciten volver voluntariamente al país víctimas de condiciones de exclusión. Caracas, 16 marzo 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
Más de la mitad de la población mundial está hoy sin acceso a servicios de atención sanitaria básica y solo el 29 por ciento cuenta con plena cobertura de seguridad social, mostró la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A escala mundial, solo el 68 por ciento de las personas en edad de jubilación perciben algún tipo de pensión y en muchos países de bajo nivel de ingresos esa proporción es del 20 por ciento, según un informe de la Organización. En menos del 60 por ciento de los países existen planes o prestaciones para garantizar ingresos básicos destinados a los niños. Si bien en muchas naciones de ingresos elevados o medianos se ha logrado una cobertura sanitaria universal, la población de otros países solo tiene acceso a prestaciones sanitarias de forma parcial, señala la pesquisa. Las principales deficiencias en materia de acceso a servicios sanitarios básicos obedecen a una financiación insuficiente de los servicios de atención sanitaria, a la escasez de trabajadores sanitarios y a las elevadas cuotas de pago a cargo de los pacientes. Ello da lugar a un mayor riesgo de empobrecimiento y a dificultades financieras en todas las regiones del mundo. En el informe se enfatiza asimismo la necesidad de redoblar esfuerzos en los planos jurídico y práctico para lograr una cobertura sanitaria universal, en particular la reasignación de partidas presupuestarias y un aumento de la dotación de trabajadores sanitarios. También existen notables lagunas con respecto al establecimiento de sistemas que permitan garantizar ingresos básicos. En la investigación se recomienda que los países establezcan objetivos claros, con plazos precisos, a fin de promover programas de protección social adecuada para todos con objeto de satisfacer las necesidades básicas. Esas políticas deberían formularse por medio de un diálogo inclusivo y eficaz con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, entre otras partes interesadas, apunta. El alcance universal de la protección social reviste asimismo suma importancia para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidas las metas relativas a la erradicación de la pobreza y de la desigualdad, así como a la salud y el bienestar, el trabajo decente, el desarrollo económico, la paz y la justicia, subraya la OIT. Ginebra, 15 de marzo 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
El ex Presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva recibió el premio de derechos humanos de la Federación Americana del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), la mayor central obrera de Estados Unidos y Canadá. “La AFL-CIO reconoce las décadas de lucha de Lula para el avance de los derechos de los trabajadores, fortalecimiento de la democracia brasileña y su lucha por una mayor igualdad y justicia en el mundo”, indica el texto de reconocimiento, divulgado por la página oficial del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil. La nota señala que “las mujeres y hombres de la AFL-CIO conceden este premio a Lula y prometen continuar en nuestra solidaridad con la lucha por la justicia y la democracia en Brasil y en el mundo”. El premio lleva el nombre de George Meany-Lane Kirkland, ex presidente de la central sindical, y comenzó a ser entregado en 1999, año de su fallecimiento. Desde abril Lula permanece preso en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, cuando comenzó a cumplir la pena de 12 años y un mes impuesta por el Tribunal Regional Federal de la cuarta región por supuestos actos de corrupción. El ex dirigente obrero fue objeto de una segunda condena en febrero en la operación anticorrupción Lava Jato, esta vez a 12 años y 11 meses. La responsable de la segunda sentencia fue la jueza Gabriela Hardt, quien sustituye interinamente al cuestionado ex juez Sérgio Moro, designado luego por Bolsonaro como ministro de Justicia y Seguridad Pública. Brasil, 15 de marzo 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
Tras anuncios del ejecutivo por el ingreso al parlamento del proyecto “Fonasa Plus”, la Mesa Social por el Derecho de la Salud se reunió frente a la Moneda para firmar un documento que promueve la salud garantizada como derecho a través de un seguro único. La colectividad, compuesta por múltiples organizaciones de usuarios, trabajadores y fundaciones de la salud, comienza así los preparativos para la primera Marcha Familiar por el Derecho a la Salud a realizarse el próximo 6 de abril. El vocero de la Mesa Social por el Derecho a la Salud, Tomás Lagosmarsino, destaca que “Estamos unidos porque queremos construir una salud de verdad en este país, queremos que se garantice el derecho a la salud y que la salud pública sea una verdadera oportunidad de dignidad para los pacientes y ciudadanos”. Dirigentes de los trabajadores de la salud destacaron que el proyecto “Fonasa Plus”, transfiere nuevamente recursos públicos al privado. No queremos que sigan privatizando nuestra salud, no queremos que sigan inventando formas de desigualdad para el 80 porciento que hoy día se atiende en el sector público”, señaló Rosa Vergara, vocera de la organización de usuarios AncoSalud. “Se nos ha tratado de convencer que todo se resuelve en el mercado, y no ha sido así en más de 45 años. Lo que requiere Chile son políticas públicas pensadas desde el Estado en conjunto con la ciudadanía, para tener de una vez por todas un sistema de seguridad social donde cada chileno y chilena se sienta acogido por el país en donde nació”, señaló Aldo Santibañez, presidente de Fenpruss. El documento también fue firmado por el presidente de la Anef, José Pérez, y la ex ministra de Salud, Soledad Barría, y plantea que “Como sociedad hemos ahondado en mecanismos de transferencia de recursos hacia los prestadores, fuera de una lógica sanitaria, de forma ineficiente e inequitativa”. Para Magaly Miranda, presidenta de la Federación de enfermeras y enfermeros, la creación de la Mesa Social es “el primer acto público de organizaciones de usuarios, trabajadores y organizaciones sociales y constituye un hito en la defensa del derecho a la salud”. Organizaciones que firman el documento: Fenpruss Confedepruss Confusam Afuminsal Colegio de Matronas Colegio de Enfermeras Anef Conafutech Fenasenf Anaff Anadeus Corfadich Alames Ancosalud Ecos de Barrios Movimiento Salud Para Todos y Todas Fundación Equidad Fundación Creando Salud Instituto Igualdad Revolución Democrática (Salud) Fundación Daya Salud en Marcha Fundación Seamos Salud Santiago de Chile, 13 de marzo 2019 Crónica Digital
A casi un año del asesinato de la concejala brasileña y defensora de los derechos humanos Marielle Franco, sus familiares reclamaron esclarecimiento del crimen y enjuiciamiento a los culpables. Franco, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), fue acribillada a balazos el 14 de marzo del año pasado junto a su chofer, Anderson Gomes, en el centro de Río de Janeiro, tras participar en un encuentro por la defensa de las mujeres negras. Por este hecho, la policía detuvo hoy a los ex agentes militares Elcio Vieira de Queiroz y Ronni Lessa, este último considerado el autor de los 13 disparos contra la activista. Familiares de Franco consideraron importante el arresto de los presuntos asesinos, pero reclamaron identificar a los autores intelectuales. “Es un alivio saber que la policía detuvo a los sospechosos, pero la respuesta a este crimen está incompleta”, dijo la madre de la concejala, Marinete Silva. Mientras, la hermana de la activista, Anielle Franco, lamentó la lentitud de las pesquisas e investigaciones sobre un asesinato que fue minuciosamente planeado. Denunció que la familia aún está asustada tras conocerse que los autores estaban investigando a Marielle y sus parientes desde 2017. Socióloga de 38 años y procedente de las favelas de Maré, la defensora de los derechos humanos era fuerte crítica de la violencia policial y de la intervención militar decretada por el Gobierno en el Estado de Rio de Janeiro. “El asesinato de una concejala es un crimen político. Por eso es fundamental saber qué grupo político es capaz de, en pleno siglo XXI, mandar a eliminar a una autoridad pública que se ha cruzado en su camino”, escribió en redes sociales el diputado Marcelo Freixo. El también legislador Ivan Valente consideró positiva la prisión de dos sospechosos, pero recordó que en vísperas de cumplirse un año de los hechos permanece intacta la pregunta central: ¿Quién mandó a matar a Marielle? EL ARRESTO DE LOS EX POLICÍAS La Policía Civil y fiscales de Río de Janeiro arrestaron hoy 12 de marzo a dos ex agentes militares sospechosos de participar en el asesinato de la concejala Marielle Franco, perpetrado el 14 de marzo de 2018. Miembros de la División de Homicidios y el Ministerio Público de Río detuvieron a los expolicías castrenses Ronnie Lessa, de 48 años, y Elcio Vieira de Queiroz, de 46 años. Según las autoridades, ambos participaron en los homicidios de Franco, defensora de los derechos humanos, y del conductor Anderson Gomes. Lessa es considerado autor de los 13 disparos que mataron a Franco y Anderson, pues estaba en el asiento trasero del auto que se puso a la par del de la concejala. Se supo que el ex policía también hizo averiguaciones sobre el entonces interventor en la seguridad pública de Río, general Braga Netto, y buscó información en Internet sobre la submetralhadora MP5, que pudo haber sido usada en el crimen. Todavía la pesquisa judicial intenta aclarar quienes ordenaron los asesinatos y el móvil, aunque se supone sea político. De acuerdo con promotores del […]
Constanza Urtubia, estudiante de Administración Pública de la Universidad de Santiago, proyecta la importancia de que las mujeres asuman cargos representativos para poder visibilizar los problemas que las aquejan. Además destaca el trabajo de acercamiento realizado con otras organizaciones sociales para abordar coordinadamente distintas problemáticas de orden nacional. Las últimas elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile (Feusach) marcaron un hito importante en esta casa de estudios. Por primera vez, dos mujeres disputaban la presidencia del ente estudiantil ambas con una propuesta feminista. Fue así como la Lista A “Contigo Podemos”, liderada por Constanza Urtubia, resultó electa en diciembre del año pasado. Para Urtubia, un pilar fundamental del movimiento feminista es que las mujeres ostenten cargos de poder. “Creo que hoy era necesario que las mujeres ganáramos ciertos espacios dentro de distintas organizaciones. Una de las demandas que sale del Encuentro Plurinacional de Mujeres que Luchan es que las mujeres avancemos a tener distintos grados de representación”, cuenta. Un paso fundamental, añade, para “seguir consagrando todos los cambios que planteamos”. Mujeres a la calle De cara a la Huelga General Feminista planeada para este 8 de marzo, la dirigente estudiantil explica que esta abarca más aspectos además de la marcha planificada para ese día. “La idea es paralizar totalmente los distintos sectores, y que las personas que no pueden paralizar muestren su apoyo a la huelga”, explica. Por otra parte, la también bachiller plantea que “todos los elementos y procesos que se dan hoy dentro de la universidad como fuera de esta, deben ser vistos desde una mirada feminista”. Para esto, Urtubia pone énfasis en el trabajo de acercamiento con diversas organizaciones sociales, entre estas, de trabajadoras, funcionarias o estudiantiles. Contra la precarización En cuanto al trabajo desarrollado con la Confech, Urtubia explica que el eje central será la organización con otras fuerzas sociales, con el objetivo de hacer frente a las políticas emprendidas por el actual gobierno. “Hoy urge la articulación de los distintos movimientos del país. Tenemos a un gobierno que está presentando como proyecto central la precarización de la vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar las acciones del caso”, enfatiza. En esa línea, la Presidenta de la Feusach criticó las posturas y medidas del Ejecutivo en materia de educación, como el Estatuto Laboral Juvenil, la criminalización hacia los estudiantes y el endeudamiento para optar a planes de estudio superiores. “Hoy urge discutir los proyectos que el gobierno está planteando porque es sumamente complejo lo que estamos viviendo”, condena. De esta forma, Urtubia concluye que “necesitamos articularnos de forma conjunta todos y todas para poder hacer frente a lo que nos está planteando el gobierno”. Santiago de Chile, 7 de marzo 2019 Crónica Digital / usach.cl
Este miércoles 6 de marzo, la comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios presidida por la diputada Carmen Hertz, despachó el proyecto de la bancada PC/PRO que obliga la incorporación al plan de formación ciudadana, el conocimiento y análisis de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas bajo la dictadura. Un importante paso en materia de memoria se dio en la comisión de Derechos Humanos, luego de la aprobación en particular del proyecto que incorpora a los planes de estudio, específicamente en Formación Ciudadana, el estudio de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura entre 1973 y 1990. La presidenta de la instancia, diputada Carmen Hertz, valoró el despacho del proyecto presentado por la bancada Comunista/Progresista desde la comisión a la Sala de la Cámara -en su primer trámite legislativo- que incluso tuvo el apoyo de un sector del oficialismo. “Es notable la concurrencia a esta votación, no sólo de la oposición, sino que también de diputados del oficialismo que concurrieron y entendieron que este es un objetivo central en la formación de nuestros niños y niñas”, sostuvo la diputada Hertz. La presidenta de la comisión detalló que la votación en particular modificó el proyecto original que creaba una asignatura de Memoria y Derechos Humanos, pero que ahora obliga la incorporación del estudio de los informes oficiales en Formación Ciudadana, entre ellos el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación; el Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación; del Informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura; y el Informe de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura. “Hemos aprobado una indicación en el sentido de agregarle a la ley que creó el plan de formación ciudadana de enseñanza básica y media, como uno de los objetivos de la formación ciudadana, el conocimiento de los informes de las comisiones nacionales que el Estado creó para conocer de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”, detalló la diputada Hertz. Finalmente, la parlamentaria agregó que el periodo en que ocurren los crímenes contra la humanidad y las prácticas genocidas cometidas por agentes del Estado, “es el periodo -de acuerdo a las obligaciones internacionales del Estado de Chile, en particular las resoluciones de Naciones Unidas en materia de DD.HH.- en que es obligación nuestra y del Estado darlas a conocer a los niños y niñas. La historia de su opresión, tal como dice textualmente Naciones Unidas”. Santiago de Chile, 7 de marzo 2019 Crónica Digital
Con la medida cautelar de prisión preventiva decretada por el Juzgado de Garantía de Andacollo quedó el carabinero K.A.B.R, imputado por el homicidio de Tania Morgado Cortés, quien recibió un disparo en la nuca en el contexto de una persecución policial. En este caso el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a través de su Sede regional de Coquimbo interpuso una querella por homicidio para determinar las responsabilidades. Los hechos se produjeron el 19 de febrero pasado cuando Tania se trasladaba en un vehículo ocupando el asiento de copiloto mientras conducía su acompañante identificado como J.R.P., quien avanzaba en dirección contraria al tránsito, situación que fue detectada por una patrulla de Carabineros de Chile, que comenzó a seguir el auto. El conductor, para presumiblemente evitar el control policial, comenzó a desplazarse por caminos de la ciudad nortina (sector de La Coipa hasta llegar a calle El Toro en Andacollo), siendo seguido a una distancia de aproximadamente diez metros, hasta que la patrulla por medio de la sirena y el altoparlante, ordenó la detención del auto que continuó su camino por 400 metros. Ante esto el carabinero K.A.B.R. efectuó tres disparos contra el auto: uno impactó en el parachoques, otro en la espalda del piloto atravesando el asiento y el tercero en la nuca de Tania Morgado, alojándose el proyectil en su cabeza, falleciendo el 20 de febrero en el Hospital de Coquimbo. Por los hechos expuestos, el 1 de marzo de 2019, la Sede regional de Coquimbo del INDH interpuso una querella contra quienes resulten responsables por el delito de homicidio simple, cometido en perjuicio de Tania Morgado Cortés, y en grado de ejecución frustrado, en perjuicio de José Rivera Pizarro, ante el Juzgado de Garantía de Andacollo. En la oportunidad, el Ministerio Público expuso los antecedentes del caso, y solicitó la prisión preventiva del imputado, por constituir su libertad un peligro para la sociedad. Por su parte, el INDH adhirió a la solicitud del Ministerio Público, teniendo especialmente a la vista los antecedentes del caso, la calificación jurídica de los hechos, la participación del imputado, y la grave vulneración de derechos humanos que supone el uso desproporcionado de un arma de fuego, fuera de los protocolos de actuación de Carabineros para el uso de armas, sin que las víctimas ejecutaren ningún acto directo de ataque contra Carabineros o terceros, que justificase su uso. El Tribunal acogió la tesis del Ministerio Público y del INDH, decretando la prisión preventiva del imputado mientras dure la investigación, cuyo plazo fue fijado en 120 días. Santiago de Chile, 5 de marzo 2019 Crónica Digital
