Durante las últimas semanas, la Corte de Apelaciones de Arica y de Antofagasta acogieron tres recursos de protección, dos en Arica y uno en Antofagasta, interpuestos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en favor de 52 personas extranjeras, entre ellos 3 niños/as, que según sus relatos ingresaron a Chile huyendo de sus países de origen y/o residencia habitual en busca de asilo. Las acciones legales presentadas ante las Cortes de Apelaciones de las capitales regionales señaladas, fueron acogidas en primera instancia, ordenando a las Gobernaciones respectivas que se formalizaran las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiadas/os. Asimismo las sentencias sostienen que se vulneró su derecho constitucional a la igualdad ante la ley, pues las gobernaciones debieron acceder a tramitar las solicitudes. Las y los solicitantes provienen de Venezuela, Cuba y Colombia, y se presentaron personalmente ante los Departamentos de Extranjería y Migración de Arica y de Antofagasta, intentando en más de una oportunidad -presencialmente, y de forma verbal y escrita- formalizar sus solicitudes de asilo, lo cual no fue posible, ya que al ser entrevistados preliminarmente por funcionarios de las Gobernaciones, se les comunicó de manera verbal que sus casos no calificaban para ingresar al procedimiento de determinación de la condición de refugiada/o. Esta práctica de “preadmisibilidad” no se encuentra contemplada en la Ley 20.430 que Establece disposiciones sobre protección de refugiados, ni en su reglamento, y al ser ejercida por los funcionarios de los organismos recurridos, obstaculizó de manera ilegal y arbitraria el ejercicio del derecho a buscar asilo. Las/os solicitantes señalan que han escapado de sus países, ya sea por la existencia de temores fundados de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, por pertenecer a un determinado grupo social (por ejemplo diversidades sexuales), por opiniones políticas, o porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada que existe en sus países. Entre estas últimas se encuentran los conflictos políticos internos, la violación masiva de los derechos humanos, u otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público en sus naciones. Las/os personas afectadas se subdividen en 30 hombres, 22 mujeres y 3 niños/as. De nacionalidad cubana son 36 personas, venezolanas siete y colombianas nueve. Santiago de Chile, 17 de mayo 2019 Crónica Digital
DD.HH.
Estela de Carlotto es una personalidad argentina de reconocimiento internacional, por su labor como presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, organización de derechos humanos que tiene como propósito localizar y restituir a sus legítimas familias los niños apropiados durante la dictadura militar del país trasandino, llamada “Proceso de Reorganización Nacional”. Estará próximamente en Santiago de Chile para impartir una Charla Magistral sobre “Memoria Histórica y Derechos Humanos”, actividad que se realizará el miércoles 22 de mayo a las 10:30 horas, en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), en calle Dieciocho N° 161, Santiago Centro. Estela de Carlotto tiene 88 años, es maestra primaria, procedente de una familia de La Plata. Preside las Abuelas de Plaza de Mayo desde 1989, aunque participa en la entidad casi desde los inicios. Una de sus hijas, Laura Estela, fue secuestrada en Buenos Aires, embarazada, a finales de 1977. Era estudiante de Historia de la Universidad Nacional de la Plata. Por testimonios de sobrevivientes, conoció que su nieto nació en el cautiverio, fue apropiado y su identidad cambiada. El robo de bebés fue una práctica habitual en ese período y se estima que unos 400 fueron apropiados. En abril de 1978, Estela Carlotto comenzó a participar en las actividades de las Abuelas de Plaza de Mayo. Desde el año anterior, las madres y las abuelas de los desaparecidos habían comenzado cada jueves a marchar en silencio, cubriendo sus cabellos con un pañal de tela blanco, alrededor de la Pirámide de Mayo, en la plaza del mismo nombre, situada frente a la Casa Rosada, la sede del Gobierno Nacional de Argentina. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, rememora: “Es por la misma época que en el grupo de las Madres de Plaza de Mayo se organizó un subgrupo, el de las Abuelas, madres por partida doble, quienes realizan una tarea esencial respecto de los bebés. Se dedican a los niños que fueron secuestrados junto con sus padres y no han reaparecido, y a las jóvenes que, secuestradas estando embarazadas, se supone han dado a luz en la prisión. Esas abuelas, por el testimonio que llevan, representan mucho, no solamente para la Argentina, sino para el mundo entero”. El 5 de agosto de 1978, víspera del Día Del Niño, inmediatamente después del triunfo en la Copa Mundial de Fútbol jugada en Argentina, el diario “La Prensa” aceptó publicar la primera solicitada en que se reclamaba por los niños desaparecidos: “Apelamos a las conciencias y a los corazones de las personas que tengan a su cargo, hayan adoptado o tengan conocimiento dónde se encuentran nuestros nietitos desaparecidos, para que en un gesto de profunda humanidad y caridad cristiana restituyan esos bebés al seno de las familias que viven la desesperación de ignorar su paradero. Ellos son los hijos de nuestros hijos desaparecidos o muertos en estos últimos dos años. Nosotras, Madres–Abuelas, hacemos público nuestro diario clamor, recordando que la Ley de Dios ampara lo más […]
El General Director de Carabineros, Mario Rozas, expuso en la Comisión Investigadora del caso Catrillanca, tras una invitación que le extendió el presidente de la instancia, el diputado del PPD, Ricardo Celis, para que explicara “si es que hay una decisión institucional de ocultar los hechos que terminaron con la muerte del comunero mapuche”. Lo anterior, debido a la ausencia en sesiones anteriores, del ex General Director de Carabineros, Hermes Soto; el General (r) Christian Franzani; el ex jefe de Zona de la Araucanía, General (r) Mauro Victoriano, y el ex prefecto de Fuerzas Especiales de la Araucanía, el coronel (r) Iván Contreras, entre otros, que se han excusado de asistir a la Comisión. “Quiero agradecer la presencia del General Director de Carabineros, quien nos ha dado información clave que no conocíamos, que tiene que ver con que existe un periodo de seis meses desde que se da la orden de que un funcionario de Carabineros es dado de baja o pasado a retiro, hasta que se haga efectiva esta decisión, por lo tanto, ellos debieran estar obligados a asistir a la Comisión dentro de ese plazo”, explicó el diputado Celis. El parlamentario indicó que “según el General Rozas, esto ocurre en su calidad de funcionarios públicos. Por esta razón, nos señaló que está haciendo la consulta a la Contraloría para que dictamine si esto es efectivo, lo cual sería muy positivo no sólo para esta Comisión sino que para futuras comisiones investigadoras”. “Sin embargo, más allá de este aspecto legal, encuentro que existe una gran irresponsabilidad de estos ex generales en no asistir, porque no se trata de cualquier persona, sino de autoridades que han tenido grandes responsabilidades con el país. Lo que hubiésemos esperado siempre en esta comisión investigadora es que ellos vinieran casi espontáneamente a hacer su colaboración en el esclarecimiento de estos hechos”, indicó el legislador. Santiago de Chile, 8 de mayo 2019 Crónica Digital
Hartmut Hopp, médico del otrora centro de torturas Colonia Dignidad en Chile, pudiera escapar de la justicia luego de que la Fiscalía alemana suspendiera investigaciones en su contra. Según medios locales, las autoridades de la occidental ciudad de Krefeld determinaron que no existen pruebas suficientes y “fueron agotados todos los métodos de indagación prometedores”, por lo que las sospechas sobre Hopp no pueden ser corroboradas. Específicamente, se trata de las acusaciones por su supuesta implicación en el asesinato de tres estudiantes que desaparecieron en Chile en mayo de 1976. Además, se le acusa de haber sido cómplice de los crímenes sexuales cometidos por el fundador de Colonia Dignidad, Paul Schaefer, contra menores de edad. El médico germano de 74 años fue investigado durante siete años y medio, pero el fiscal general Axel Stahl considera que no existen indicios concretos de su culpabilidad. Condenado en Chile por esos delitos, huyó de Chile y se estableció en Alemania en 2011, donde la Audiencia Territorial de Dusseldorf decidió no enviarlo a prisión a pesar de a las críticas de las víctimas y de agrupaciones defensoras de los derechos humanos. Colonia Dignidad fue un enclave germano en Chile que se convirtió en estrecho aliado de la dictadura de Augusto Pinochet. Fue un campo de concentración donde el régimen llevó a cabo numerosas desapariciones. Los opositores al tirano fueron asesinados allí y además los torturadores recibieron entrenamiento. Fue escenario también de crueles vejaciones contra los niños y las mujeres. Hopp formó parte de la dirección del enclave y participó en la fundación de un internado, lo que, según el derecho alemán, no es suficiente para una condena. El fallecido pederasta convicto Paul Schaefer fue cabo de las fuerzas armadas de Alemania nazi y buscó protección en territorio chileno, fundando la Colonia Dignidad, en la cual desde los inicios se dedicó a adoctrinar a sus miembros y someterlos a condiciones de esclavitud. Las atrocidades cometidas en esa aislada comunidad de unas 13 mil hectáreas, ubicada en una zona montañosa a unos 350 kilómetros al sur de Santiago de Chile, solo se hicieron públicas al finalizar la dictadura. Schaefer debió enfrentar en 1997 varias querellas judiciales por lo que huyó del país, y tras ser detenido en Argentina en 2005 fue condenado en Chile al año siguiente a 20 años de cárcel por abuso sexual de niños, posesión de armas y violaciones a los derechos humanos. Murió en una cárcel chilena en 2010, a los 88 años. Los expertos jurídicos del Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales, con sede en Berlín, consideran que la suspensión de la investigación por la Fiscalía de Krefeld es un duro golpe para la confianza de las víctimas en el poder judicial alemán. La decisión es parte de una “larga cadena de inacción”, criticaron en un comunicado de prensa. Se hizo caso omiso a los testigos y no se investigaron suficientemente los informes sobre el uso indebido y sistemático de drogas psicotrópicas en ese centro, concluyeron. En Chile, las organizaciones de […]
Organizaciones de la sociedad civil, reunidas en la Articulación de Derechos Humanos, manifestamos profunda preocupación respecto de la carta enviada por 5 países, incluido Chile, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la cual solo tenemos conocimiento a través de la nota de prensa que plantea mayor “autonomía” de los países y no “invasión” por parte del sistema interamericano. Las organizaciones firmantes reconocemos el valioso aporte de este sistema, el que ha permitido avanzar en derechos de los grupos más vulnerabilizados de nuestras sociedades y más expuestos a violaciones de derechos humanos, así como por su especial contribución en tiempos de dictaduras en América Latina, que posibilitó salvar vidas. Los Estados Partes de la Organización de Estados Americanos, reconocieron la necesidad de contar con un Sistema Regional de derechos humanos que, subsidiariamente, opera ante la negativa o imposibilidad de los Estados para garantizar, respetar o reparar las violaciones a los derechos humanos y/o cuando se han agotado los recursos judiciales internos y aquellos no han logrado el imperio de los compromisos nacionales en materia de derechos humanos. En este sentido los Estados le han otorgado soberanamente al sistema, el rol de subsidiariedad a partir de la firma y ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos. El multilateralismo se basa precisamente en la necesidad de los países de avanzar en conjunto, en este caso en la promoción, protección y reparación de los derechos humanos cuando estos se ven amenazados por acción u omisión de los propios Estados. Chile solo debe avanzar y jamás retroceder en los importantes acuerdos multilaterales que se han alcanzado en materia de derechos humanos. A las últimas acciones gubernamentales, materializadas en no firmar el Acuerdo de Escazú ni el Pacto Mundial sobre Migración, ahora se suma esta carta a la CIDH, dando cuenta de un retroceso en la política exterior de Chile. Como organizaciones de la sociedad civil, promotoras y defensoras de los derechos humanos, no podemos aceptar que en un estado democrático, como lo es Chile, se suscriba una carta que puede tener un impacto negativo hacia los derechos humanos, sin generar un debate previo y de cara a la ciudadanía. Los derechos humanos son patrimonio de la humanidad y los Estados tienen el deber de respetarlos así como a las instancias que se han creado para garantizarlos. Las organizaciones de la sociedad civil llamamos al Estado de Chile a respetar los acuerdos internacionales y a fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos Porque #NuncaMásSinNosotros/as Corporación Humanas Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio Centro de Estudios de la Mujer (CEM) Corporación Opción Corporación Chilena de Prevención del SIDA-ACCIONGAY Corporación Circulo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile-CIMUNIDIS Coordinadora Autónoma contra la Violencia Machista Corporación Colectivo Sin Fronteras Fundación 1367. Casa Memoria José Domingo Cañas Fundación Instituto de la Mujer Fundación Observatorio Contra el Acoso Callejero, OCAC Chile Movimiento Acción Migrante Observatorio de Violencia Institucional de Chile Santiago de Chile, 5 de mayo 2019 Crónica Digital
La dictadura monárquica de Arabia Saudita anunció que había llevado a cabo otra ola de asesinatos, ejecutando públicamente a 37 personas en las ciudades de Riad, Medina y La Meca, así como en la provincia central de Casim y en la Provincia Oriental del reino. Uno de los cadáveres sin cabeza fue luego crucificado y dejado colgando en público como una espantosa advertencia para cualquiera que incluso considere oponerse al poder absoluto de la familia real gobernante. El régimen anunció que aquellos que fueron llevados a las plazas públicas para ser decapitados con espadas habían sido castigados “por adoptar ideas terroristas y extremistas y por formar células terroristas para corromper y desestabilizar la seguridad”. En Arabia Saudita, una ley antiterrorista adoptada en 2017 define como “terrorista” a cualquier persona que “perturbe el orden público”, “estremezca la seguridad de la comunidad y la estabilidad del Estado” o “exponga su unidad nacional al peligro”. La ley esencialmente establece la pena de muerte para cualquiera que se atreva a criticar a la monarquía saudí o su gobernante de facto, el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Bajo bin Salman, el aliado más cercano de la Administración de Trump en el mundo árabe, el número de ejecuciones se ha duplicado. El año pasado el régimen decapitó a 149 personas, pero ya le ha cortado la cabeza a 105 personas en 2019. Se sabe que al menos 33 de los 37 condenados a muerte esta semana eran saudíes chiíes. En el caso de 14 de ellos, sus presuntos “crímenes” se derivaron de las protestas masivas que en 2011 arrasaron la Provincia Oriental, la cual es predominantemente chiita. Las manifestaciones planteaban demandas populares de reformas democráticas y el fin de la discriminación y la opresión de la población chií en manos de una monarquía sunita cuyo Gobierno está ligado a la doctrina religiosa oficial y patrocinada por el Estado del wahabismo, una secta sunita ultraconservadora. Otros 11 fueron acusados de espiar a instancias de Irán. A ninguna de las personas se les permitió hablar con abogados durante las investigaciones que se llevaron a cabo mediante tortura. Se les negaron las visitas de sus familias y se les mantuvo en régimen de aislamiento durante las pruebas, y fueron condenados a muerte a través de juicios en masa fraudulentos que carecían incluso del mínimo debido proceso. Los brutales asesinatos estatales llevados a cabo por el régimen en Riad constituyeron un acto político calculado con objetivos tanto nacionales como internacionales. Su objetivo inmediato es intimidar a la minoría chií, que constituye aproximadamente el 15 por ciento de la población y se concentra en la provincia Oriental, una región clave productora de petróleo. Al menos tres de los condenados a muerte eran menores en el momento de sus presuntos delitos, lo que convierte sus ejecuciones en flagrante violación del derecho internacional que prohíbe la pena de muerte para los niños. Abdulkarim al–Hawaj, tenía 16 años cuando fue arrestado y acusado de participar en manifestaciones y usar las redes sociales para incitar […]
Tres días acamparon millares de indígenas brasileños en la principal avenida de esta capital, donde reside el poder público, y bastaron para escuchar históricos reclamos de tierras y derechos e impedir el exterminio de sus comunidades. En representación de unos 150 pueblos, instalaron del 24 al 26 de abril la 15 edición del llamado Campamento Tierra Libre (ATL) que anualmente se realiza en Brasil. Las estructuras del campamento comenzaron a ser montadas cerca del Congreso Nacional y con la llegada de la Policía del Distrito Federal, los indígenas tuvieron que reubicarse en la Plaza de la Ciudadanía, al lado del Teatro Nacional, también en la Explanada de los Ministerios. Por la expectativa de instalación de Tierra Libre en la Explanada y en la región de la Plaza de los Tres Poderes (reúne las sedes del Gobierno, Congreso y Supremo Tribunal Federal), el Ministerio de Justicia autorizó la presencia de la Fuerza Nacional en el lugar. Tal medida fue recibida por los indígenas “sin gran sorpresa” y demostró la “incapacidad de diálogo del gobierno federal”, según Lindomar Terena, de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), que organizó la movilización. “La gente entiende que la figura de la Fuerza Nacional demuestra que el Estado brasileño, nuestros gobernantes, no están preparados para entender cuáles son los derechos de los pueblos originarios, lo que es tierra indígena”, remarcó. El estandarte de lucha del movimiento indígena en el ATL “siempre fue la lucha por el derecho al territorio. Este año, luchamos para garantizar los derechos que están siendo atacados y desmontados”, dijo por su parte Angela Kaxuyana, de la Coordinación de las Organizaciones de los Indígenas Amazonia Brasileña (Coiab). Aseveró que el ATL, instalado bajo el lema “Sangre indígena. En las venas, la lucha por la tierra y por el territorio”, es una de las demostraciones de la “resistencia para garantizar nuestra existencia”. Pese a sus ancestrales danzas, plumaje y cuerpos pintados, los indígenas no bajaron en las tres jornadas de protesta el tono batallador de sus demandas. PROMESAS POR CUMPLIR Una posible victoria tuvo el ATL al intercambiar con líderes parlamentarios. El presidente del Senado, David Alcolumbre, y de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, prometieron apoyar el regreso de la Fundación Nacional del Indio (Funai) al Ministerio de Justicia y la restitución de sus prerrogativas en demarcación. Por su parte, la fiscal general de la República, Raquel Dodge, dio su palabra de que el Ministerio Público Federal (MPF) buscará promover la demarcación de tierras indígenas. La declaración emergió en solemnidad para la entrega de una investigación elaborada por procuradores y antropólogos expertos del MPF que presenta documentos sobre violaciones de los derechos de la etnia durante el proceso de construcción de la hidroeléctrica de Itaipú Binacional, en Paraná. El estudio fue entregado por el MPF para liderazgos del pueblo indígena Avá–Guarani y el informe será encaminado a la Funai con el objetivo de desarrollar procesos de reparación y de demarcación de tierras guaraní. “Servirá también de subsidio para una indagación […]
La presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, advirtió que al menos la mitad de la población mundial carece de acceso a servicios de salud esenciales. En tanto, los gastos de salud empujan a más de 100 millones de personas a la pobreza extrema cada año, dijo Espinosa en su discurso de apertura de la audiencia interactiva de múltiples partes sobre la cobertura universal en ese sector. Debido a esta causa, muchos se ven obligados a tomar decisiones que nadie debería tener que hacer, determinar si van a comprar medicamentos o alimentos, lamentó la alta representante. Destacó que la cobertura universal de salud es un derecho humano, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales También la Declaración Universal en 1948 recoge el derecho a la salud, y “siete décadas después de publicado ese documento, aún continúa como un sueño lejano para la mitad de la población mundial”, subrayó. Por su parte, el presidente de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, se dirigió al evento por medio de videoconferencia desde República Democrática del Congo. De acuerdo con cálculos del Banco Mundial, para alcanzar las metas de acceso al agua y al saneamiento recogidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hacen falta 114 mil millones de dólares anuales. Los participantes de la audiencia interactiva en la ONU discuten sobre la cobertura universal de salud como un motor para el desarrollo inclusivo y la prosperidad. Este evento es parte del proceso preparatorio para la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre cobertura universal de salud, que tendrá lugar el próximo 23 de septiembre en la sede de la ONU, en Nueva York. Además de la presencia de representantes de los Estados miembros del organismo multilateral, la cita reúne a aproximadamente 600 representantes de la sociedad civil, Gobiernos locales, entidades de las Naciones Unidas, la academia, el sector privado y asociaciones médicas. Nueva York, 29 de abril 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
Encabezado por Estados Unidos, con un 36 por ciento total, el gasto militar mundial superó los 1,82 billones de dólares en 2018, la mayor cifra desde la Guerra Fría, reveló un estudio. El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri, por sus siglas en inglés) precisa en su informe anual que ese número equivale al 2,1 por ciento del Producto Interior Bruto global y es el más elevado desde 1988, cuando comenzó a recopilar esos datos. Según el texto, el pasado año el Gobierno de Donald Trump destinó a ese sector 649 mil millones de dólares, un incremento de 4,6 por ciento con respecto al lapso anterior. El aumento estuvo impulsado por la implementación desde 2017 de nuevos programas de compra de armas bajo la Administración Trump, subraya el documento. Estados Unidos gastó casi tanto como los ocho países que le siguen en la lista del Sipri. La segunda posición la ocupa China con 250 mil millones de dólares, un aumento de cinco por ciento, seguida por Arabia Saudita, India y Francia. Los cinco primeros en la lista en conjunto suponen el 60 por ciento del total mundial. El informe resalta que los 29 países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte gastaron en esos 12 meses 963 mil millones de dólares, lo cual representa el 53 por ciento. En medio de una ofensiva diplomática y económica de varias naciones occidentales contra Rusia, los recursos destinados al sector en el centro y este de Europa se dispararon. Al respecto, el Instituto indica que Polonia aumentó su presupuesto bélico un 8,9 por ciento hasta los 11 mil 600 millones de dólares y Ucrania un 21 por ciento hasta los cuatro mil 800 millones de dólares. Mientras, los fondos de Bulgaria, Letonia, Lituania y Rumanía crecieron de un 18 a un 24 por ciento, apunta. En Latinoamérica sobresale Brasil, cuyo Gobierno aumentó en cinco por ciento su gasto militar en 2018. Estocolmo, 29 de abril 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
Con un paro general a las puertas y otra manifestación por el día internacional del trabajo, los argentinos se alistan para días de gran efervescencia social en medio de la crisis que se siente en el país. Sin transporte público, ni clases, hospitales con médicos en huelgas, los bancos y el sector judicial, desde este lunes comenzará a sentirse el eco de la protesta prevista para mañana martes, que se avizora dura, encabezada por las centrales obreras CTA Y CTA Autónoma, los trabajadores estatales y varios sindicatos de diversas ramas. Aerolíneas Argentinas canceló todos sus vuelos, en tanto que el servicio del Metro estará totalmente paralizado, no habrá clases en la mayoría de las escuelas públicas y tampoco funcionará el servicio en los bancos estatales. En medio del impacto que causó otra subida del dólar la semana anterior, que cerró a 47 pesos hundiendo aún más el ya devaluado peso, hay enorme preocupación en el país y mientras algunos hablan ya de las venideras elecciones, la agenda económico–social y los vaivenes del mercado financiero son temas recurrentes, en particular los ya casi impagables precios de algunos servicios y sobre todo de los alimentos, pues el alza constante del dólar hace encarecer aún más los productos. Pese a que el Gobierno lanzó un paquete de medidas para tratar de amortiguar la inflación, por ejemplo retomando planes sociales, el ajuste económico es rechazado por los sindicatos y organizaciones sociales que mostrarán su malestar en las calles. Desde Buenos Aires hasta la Patagonia, el paro del 30 de abril será la antesala de otra manifestación el 1 de mayo, en la que los trabajadores pedirán frenar los despidos y las suspensiones, mejores salarios y condiciones laborales, entre otras demandas. “Pobreza. Desempleo. Tarifazos. Represión. Cierre de fábricas. Inflación. Devaluación. Deuda. No se aguanta más. El 30 de abril, paro y movilización”, apuntó en la red social Twitter el diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky. Buenos Aires, 29 de abril 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
