Cerca de 20 millones de niños, de los 135 millones que nacen cada año en el mundo, no reciben las vacunas esenciales o lo hacen de forma incompleta, alertó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS). En su último informe sobre la cobertura de inmunización global, de conjunto con el Fondo Mundial para la Infancia (Unicef), la OMS apunta que los niveles de vacunación se están estancando, especialmente en países pobres o con áreas de conflicto. “Las vacunas son una de nuestras herramientas más importantes para prevenir los brotes y mantener el mundo a salvo”, señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un comunicado. “A menudo son los que corren más riesgo, los más pobres, los más marginados, los afectados por conflictos o forzados a abandonar sus hogares, quienes son excluidos de manera persistente”, significó para resaltar que “demasiados quedan atrás”. El informe de la OMS/UNICEF encontró que, desde 2010, la cobertura de vacunación con tres dosis de vacuna contra la difteria, el tétanos, la tos ferina y una dosis de la vacuna contra el sarampión se ha estancado en alrededor del 86 por ciento. Aproximadamente a uno de cada 10 niños le faltan todas o una parte de las vacunas que pueden salvar su vida, pero hay casos extremos, como los 16 países que sufren conflictos armados o están en situación de fragilidad, donde sólo la mitad llegan a ser vacunados. Esas naciones son Afganistán, la República Centroafricana, Chad, la República Democrática del Congo, Etiopía, Haití, Iraq, Mali, Níger, Nigeria, Paquistán, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen. La OMS asegura que tal cobertura no alcanza para prevenir brotes epidémicos de enfermedades que pueden evitarse perfectamente si se alcanzara la tasa de vacunación global del 95 por ciento a que se aspira. Explica que el caso reciente y más llamativo es el del sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que en 2017 causó la muerte de 110 mil personas, decesos que no tenían por qué haber ocurrido. Kate O’Brien, directora del Departamento de Inmunización de la OMS, hizo un llamado de alerta porque, dijo, “no podemos seguir así. Necesitamos que se renueve el compromiso para garantizar que todos y en cualquier lugar son vacunados a tiempo”. Esa funcionaria dijo que la razón principal es la falta de acceso en entornos de bajos recursos o marginados, aunque, por otro lado, también los movimientos antivacunación desempeñan un rol secundario en esta situación. Datos de OMS indican que varios países con altos niveles de vacunación han experimentado retrocesos en los últimos años, como Brasil, Ecuador, El Salvador y Perú en cuanto a la cobertura de la primera dosis de la vacuna contra el sarampión. En los últimos años la cobertura en Brasil bajó del 99 por ciento al 84, en Ecuador del 97 por ciento al 83, en El Salvador del 95 al 81 y en Perú del 96 por ciento al 85. Ginebra, 15 de julio 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
DD.HH.
El matrimonio infantil y las uniones tempranas en América Latina se mantienen sin registrar descensos significativos durante los últimos 10 años y este problema genera hoy gran alarma en ONU. De acuerdo con un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y la ONG Plan Internacional, en el 2017 el 23 por ciento de las mujeres latinoamericanas de 20 a 24 años ya había estado casadas o en unión a los 18 años, y el 5,0 por ciento a los 15 años. Además, señala el estudio, muchas veces las niñas ingresan en uniones tempranas o se casan para escapar del abuso y la violencia en sus hogares, pero a menudo terminan enfrentándose a esas mismas manifestaciones y al control ejercido por sus parejas, que no les permiten trabajar, estudiar o salir solas. Incluso, tales violaciones suelen ser aceptadas socialmente y no se reportan a las autoridades, advierte la Unfpa. Los “guardianes” y las parejas manejan y dominan la sexualidad de las menores de edad a través del silencio impuesto, la negligencia personal para controlar el comportamiento, la libertad de movimiento y la violencia. Varias encuestadas declararon haberse ofrecido voluntariamente para el matrimonio y las uniones infantiles con el fin de evitar que sus familias tengan una boca más que alimentar, sintiendo que así podrían ayudar. Sin embargo, las niñas atrapadas en ese tipo de relaciones generalmente no cuentan con autonomía en materia económica, ya sea por falta de escolaridad o por el rol de cuidado infantil que cumplen, indica el sitio de noticias de ONU. Las normas de género definen lo que las niñas pueden y no pueden hacer, antes y dentro de las uniones, pues desde la primera infancia se les inculcan patrones no equitativos, arroja el estudio. Mientras los niños son “más valorados” y se les da mayores libertades, las niñas deben equilibrar las tareas domésticas con la escolarización. Esa doble moral y el control de la sexualidad de ellas las obliga a entrar en uniones tempranas, señala el reporte de Unfpa. En general, agrega, las uniones tempranas se convierten en un reflejo de opiniones adultas sobre la sexualidad de los adolescentes y sobre cómo esta se debe gestionar y sancionar. Asimismo, el hecho de no educar a los jóvenes sobre el sexo y la sexualidad y de no proteger a las niñas del sexo coaccionado y del embarazo no deseado refleja valores discriminatorios y patriarcales. El informe recomienda realizar mayores esfuerzos en las comunidades para cambiar tales normas sobre el potencial y los roles de las niñas en la vida. También advierte sobre las débiles legislaciones al respecto que existen en América Latina, así como de los escasos sistemas efectivos de protección social o de seguridad para niñas y adolescentes. Según el Unfpa, muchas niñas y adolescentes latinoamericanas afrontan roles injustos de género en la unión, y carecen de derechos y libertades básicas, como vestirse con ropa específica o salir de sus propias casas sin permiso. Las normas de género establecidas desde sus propias […]
El juicio contra varios genocidas responsables de la desaparición de cientos de argentinos en el otrora centro clandestino Campo de Mayo, cometidos entre 1976 y 1978, se reanudó con testimonios de familiares de varias víctimas. Según precisó en un comunicado la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo en esta megacausa se agrupa 175 casos como los de Mercedes Benz, el Colegio Militar, Área 400 y los Ferroviarios, entre otros, que suman 323 víctimas en total. Varios involucrados en los crímenes de aquellos oscuros días de una dictadura militar que aún mantiene abiertas las heridas en este país comparecerán en audiencia ante los jueces Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega, del Tribunal Oral Federal Número 1 de San Martín. Familiares de las víctimas secuestradas en el entonces Centro Clandestino de detención y Exterminio Campo de Mayo y en la Zona de Defensa IV estarán como testigos en esta audiencia, entre ellos los de Myriam Coutada, desaparecida embarazada de entre siete y ocho meses, y su compañero Eduardo Alberto Lagrutta. La hermana de Myriam, Mabel Coutada y su esposo Juan Carlos Houlle, declararán por conferencia, desde la ciudad de Rosario, precisó el comunicado de Abuelas. Asimismo, señala que el Tribunal juzga a 21 imputados, de los cuales 12 no tienen condena previa y nueve ya han sido sentenciados por otros delitos. “Nuestra Asociación querella contra ocho miembros del Ejército, la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, por los crímenes cometidos en perjuicio de 46 víctimas, entre ellas 14 embarazadas, nueve padres de niñas y niños apropiados, y otros 23 casos vinculados”, precisa la nota. Las Abuelas añadieron que de los niños nacidos durante el cautiverio de sus madres o secuestrados junto a sus padres y madres en este megacausa ya se han restituido cinco casos, pero aún buscan a otros 10. Desde hace más de dos meses, todos los miércoles en la localidad de San Martín se escuchan detalles y exposiciones de esta causa. En junio pasado en el juicio que investiga más de un centenar de casos que transcurrieron en Campo de Mayo, se conoció el testimonio del ex cabo Nelson González, quien declaró como testigo y aportó información clave sobre los llamados vuelos de la muerte y el mecanismo de secuestros, torturas y desapariciones. Por videoconferencia desde la patagónica provincia de Neuquén, González contó que por Campo de Mayo “pasaron unas cuatro mil personas que luego fueron arrojadas vivas al mar”. Buenos Aires, 10 de julio 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
El Papa Francisco recibió en El Vaticano una camiseta por la libertad de Luiz Inácio Lula da Silva, quien cumple prisión política, según informa el ex Presidente brasileño en la red social Twitter. En una carta enviada al ex dirigente obrero y divulgada en mayo, el sumo pontífice vaticinó que el bien vencerá al mal, ora por Lula y pide que el ex Mandatario “no deje de rezar por mí”. Lamenta las duras pruebas que el ex sindicalista vivió últimamente y cita la muerte de Doña Marisa, del hermano del ex gobernante Genival Ignacio y del nieto Arthur. Tal correspondencia resultó una respuesta a una carta que Lula envió al vicario de Cristo el 29 de marzo. La misiva del Papa trató reflexiones religiosas y filosóficas, y pronosticó que gracias al “triunfo de Jesús sobre la muerte”, es posible creer “que, al final, el bien vencerá el mal, la verdad vencerá la mentira y la salvación vencerá la condenación”. En la ocasión, la abogada Carol Proner, quien forma parte de un grupo de estudios en el Vaticano y tuvo acceso a la correspondencia, indicó que la carta llevaba “muchos mensajes, además de las de afecto”. Brasilia, 8 de julio 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
Por su interés, reproducimos el texto integro de la declaración pública de las Juventudes Progresistas sobre las declaraciones del Alcalde de Santiago, en el sentido de no descartar el cierre del Instituto Nacional en caso de no llegarse a un acuerdo con sus estudiantes. Mediante el siguiente comunicado, las Juventudes Progresistas de Chile expresamos nuestro repudio a las declaraciones del Alcalde de la comuna de Santiago Centro, Felipe Alessandri, quien manifestó que de no llegar a un acuerdo en el conflicto estudiantil en el Instituto Nacional el establecimiento sería cerrado. El tono amenazante de estas declaraciones ha sido la tónica por parte de las autoridades y creemos que nada aporta a la búsqueda de una salida al conflicto, más bien, agudiza un clima de hostilidad y desconfianzas entre la comunidad estudiantil y el municipio. Desde la implementación de la ley aula segura hemos visto una escalada en la violencia en los establecimientos educacionales en la comuna de Santiago, los dichos del Alcalde Alessandri responden a una línea de acción por parte del Gobierno y el Municipio, quienes han propiciado un clima violento de la mano de Carabineros de Chile, manteniendo como verdaderos Estados de sitio los alrededores del Instituto Nacional y otros liceos, con alta presencia policial, realizando revisión de mochilas a las y los estudiantes y manifestaciones fuertemente reprimidas. Los dichos de la máxima autoridad comunal de Santiago van en total concordancia con el actuar arrogante e intransigente que ha tenido la Ministra de Educación Marcela Cubillos frente a los conflictos de la educación pública chilena. Tenemos plena certeza que la única forma de resolver los conflictos sociales es con dialogo democrático, sin este tipo de amenazas, sin soberbia, ni violencia de por medio y nos consta que desde el movimiento estudiantil y docente el espíritu de la movilización ha sido precisamente empujando la democracia, la unidad y el dialogo, es por esto que resulta aún más indignante que la respuesta de un gobierno que dijo tener a los niños primeros en la fila hoy sea criminalización y represión contra la juventud. Expresamos nuestro total respaldo a las demandas de la educación secundaria y apelamos al máximo rigor de organismos internacionales para condenar esta persecución contra los derechos de la juventud. Advertimos ilegalidad en la amenaza del Alcalde de cerrar el Instituto Nacional ya que trasgrede la ley 21.040 art.9 transitorio de nueva educación pública y nos ponemos a total disposición de la comunidad educativa del Instituto Nacional para denunciar con fuerza el populismo e irresponsabilidad del Alcalde Alessandri. Ciertamente sus declaraciones nos llevan a una reflexión de fondo, urge retomar un rol fuerte del Estado sobre la educación pública primaria y secundaria, y la urgencia de avanzar en el proceso de desmunicipalización para asegurar que Alcaldes que no valoran la educación pública puedan destruirla, amenazando con acabar con 205 años de historia republicana y tradición educativa. Juventudes Progresistas de Chile. Santiago, 7 de julio 2019 Crónica Digital.
El Colegio de Periodistas de Chile, a través de su mesa directiva nacional, expresó su más profundo repudio por el trato dado al ex presidente nacional de nuestra orden gremial, Marcelo Castillo Sibilla, y su esposa y también colega Mónica Pérez, en la frontera de México con Estados Unidos. El ex dirigente, quien también encabezó el Tribunal Nacional de Ética y Disciplina, se trasladaba este martes desde Reynosa, México, hasta Mac Allen, Estados Unidos, donde fue retenido por la policía fronteriza, separado de su cónyuge, ciudadana mexicana, y luego esposado y revisado agresivamente, supuestamente para constatar sus datos personales. Pese a que se identificó como ciudadano chileno, con sus papeles al día y con la visa especial que la misma Embajada norteamericana otorga a nuestros connacionales, Castillo fue retenido por más de tres horas en el paso fronterizo, incomunicado y sin posibilidad de hablar con algún superior que le explicara su situación. Tras la angustiosa espera, fue liberado junto a su esposa y ambos se encuentran en Ciudad de México, desde donde espera retornar a Chile en los próximos días. Como Colegio de Periodistas, condenamos enérgicamente las políticas antimigratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump, que se ha traducido en discriminaciones arbitrarias, como las que vivió nuestro ex presidente, o situaciones aún más graves, como el fallecimiento de niños y niñas que han tratado de cruzar la frontera. Exigimos al Gobierno de Chile que envíe, a través de la Cancillería, una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos, en protesta por este maltrato que ha sufrido el colega Castillo, para lo cual adjuntaremos los antecedentes necesarios que dan fe de esta violenta experiencia. Santiago de Chile,4 de julio 2019 Crónica Digital
El aspirante presidencial argentino por el Frente de Todos, Alberto Fernández, visitará mañana jueves al ex Mandatario brasileño Luis Inacio Lula da Silva, preso en una cárcel de Curitiba desde hace más de un año. En declaraciones a la radio FM La Patriada Argentina, la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT) brasileño, Gleisi Hoffmann, confirmó la noticia, que se esparció con rapidez en las redes sociales de esta nación. Con una intensa campaña, el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, quien tiene precisamente como compañera de fórmula a la ex Mandataria, llevará su solidaridad a Lula, quien precisamente fue declarado este miércoles por unanimidad inocente del delito de soborno por los magistrados del Tribunal del Distrito Federal. En su charla con la emisora argentina para el programa Maldita Suerte, Hoffman resaltó que el PT apuesta por la fórmula Fernández–Fernández para la Presidencia argentina y señaló lo que sucede en el continente con personalidades como Cristina Fernández y el ex mandatario ecuatoriano Rafael Correa se trata de un proceso de intimidación a los gobiernos populares. Al hablar del caso Lula, aseveró que el juicio contra el ex Presidente brasileño está contaminado por irregularidades y que el ex juez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, debería renunciar. “Esperamos que se resuelva la situación de Lula y sea liberado. Lo mismo debería suceder con el Lava Jato”, agregó. Buenos Aires, 3 de julio 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
Pasaron más de 40 años de la oscura dictadura cívico–militar que dejó miles de víctimas en una Argentina con heridas abiertas, las cuales se profundizan cuando la justicia brinda beneficios a responsables de tantos crímenes. Tristeza, pero sobre todo mucha impotencia causa en un hijo cuyos padres fueron detenidos–desaparecidos y siguen clamando justicia, en una madre que perdió a sus hijos, en una abuela que aún espera que aparezca su nieto robado. Duele aún más al escuchar de una sentencia o de una noticia sobre esos genocidas, acusados de delitos de lesa humanidad, que cumplen condenas en el sillón de sus casas o en prisión, pero con beneficios. De acuerdo con un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, difundido en diciembre pasado, el 57 por ciento de los represores recibió prisión domiciliaria. Mientras, 36 genocidas aún permanecen prófugos, 862 fueron condenados, 22 resultaron absueltos y los juicios por alguna megacausa por crímenes siguen avanzando con lentitud. Según el informe del pasado año, desde 2006 hasta septiembre de 2018 la justicia dictó 209 sentencias, fueron detenidas unas mil personas, pero las apelaciones de los abogados defensores beneficiaron al menos a 640 de ellas, casi todos miembros de las fuerzas de seguridad que cumplen tranquilamente condena en su casa. La rabia y el dolor vuelven a sentirse con una noticia que ha generado estupor entre varias voces de derechos humanos, el beneficio de salidas transitorias a Juan Carlos Fotea, uno de los responsables de la desaparición del gran periodista y escritor Rodolfo Walsh. Mientras testimonios de sobrevivientes señalaron haber visto el cuerpo sin vida de Walsh el 25 de marzo de 1977 en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los mayores centros clandestinos de la dictadura, y hasta hoy se desconoce el paradero de su cuerpo, Fotea gozará ahora de este privilegio. No solo pesa sobre sus hombros la muerte del escritor de Operación Masacre, uno de los fundadores de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina, también la de otras muchas víctimas, como las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor. Fue responsable del sector de Operaciones del Batallón de Inteligencia 601, encabezado por Raúl Guglielminetti, encargado a su vez de tareas de contrainteligencia en América Latina. Fotea fue sentenciado en 2011, en una larga lista en la que recibieron cadenas perpetuas otros 10 militares, y algunos quedaron absueltos en el caso de Walsh. Suboficial de Coordinación Federal de la policía, donde entre otras cosas se colaboraba con las Fuerzas Armadas en el entrenamiento de técnicas para torturar, era miembro del temible grupo de tareas 3.3.2, la unidad que funcionó dentro de la otrora ESMA. La decisión reciente de la Cámara Federal de Casación Penal de incorporar al beneficio de salidas transitorias de la cárcel al genocida, generó gran estupor en varias personalidades, desde la hija de Walsh hasta diputados y nietos robados durante la dictadura militar, entre ellos el actual legislador Horacio Pietragalla. […]
Las Direcciones Regionales Metropolitanas Norte y Sur, de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana realizaron sendos Diálogos de Acceso a la Justicia 2019, denominados: “Proyectemos las necesidades jurídicas de nuestra región para la década 2020-2030”, con el objetivo de dar conocer a los actores sociales regionales el rol de la institución en el acceso a la justicia, su oferta programática y cobertura territorial; poniendo en valor y la constante labor de mejoramiento de la calidad de los servicios. La apertura de ambas actividades fue realizada por la Seremi de Justicia, Carolina Lavín; quien señaló la importancia del acceso a la Justicia para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, enfatizando el rol que cumplen las Corporaciones de Asistencia Judicial, en acercar la justicia a las personas. La actividad contó con la participación de instituciones y organizaciones de la sociedad civil, quienes, de manera participativa, dialogaron en torno a identificar y priorizar las necesidades jurídicas que deben ser abordadas en la región. Luis Bates Hidalgo, Abogado, Académico, Ex Ministro Justicia y Ex Presidente Consejo de Defensa del Estado participante en la actividad señaló lo importante de discutir entre otros temas, la solución colaborativa de conflictos, que a su juicio, “es la justicia del futuro, y que permite buscar soluciones acordadas entre las partes sin llegar a instancias judiciales, acercando el derecho y la justicia a los ciudadanos comunes”, recalcó. Santiago de Chile, 2 de julio 2019 Crónica Digital
El estado norteamericano de Florida puso en vigor una de las leyes antiinmigrantes más estrictas del país, pese a los esfuerzos de activistas para presentar una demanda judicial en su contra. La normativa SB 168 prohíbe en el territorio las llamadas ciudades santuario, opuestas a cooperar con las autoridades federales en el proceso de deportar a extranjeros sin documentos. Asimismo exige a las agencias estatales, gobiernos municipales y departamentos de policía el cumplimiento de la ley federal sobre dicho asunto y el trabajo con entidades como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés). Esa colaboración contempla los polémicos pedidos para que se mantengan en las cárceles para deportación a las personas detenidas, muchas veces por infracciones menores, aunque no exista una orden al respecto de un juez o un fiscal, expusieron reportes de prensa. Más allá de su entrada en vigor este lunes, la nueva ley concede tres meses de margen a las autoridades policiales para comenzar la activa cooperación con el ICE sin temor a ser sancionadas si se niegan al trabajo conjunto. Por su parte, grupos de defensa de los derechos civiles y los inmigrantes continúan con la tarea de informar a los indocumentados de que, sea cual sea su estatus, tienen derechos constitucionales. También les explican que ningún policía debe preguntar sobre su situación migratoria, y que pueden permanecer en silencio, no contestar a los agentes, pedir la asistencia de un abogado y negarse a abrir la puerta de la casa. Sin embargo, también reconocen que hay miedo en la comunidad de inmigrantes por esta ley y las redadas contra esas personas que anunció hace poco el presidente norteamericano, Donald Trump, cuyas políticas migratorias reciben rechazo a nivel nacional y foráneo. Washington, 1 de julio 2019. Crónica Digital / Prensa Latina.
