Desde Iquique llega la noticia: sectores de la derecha insistirán en intentar modificar el nombre de la Avenida Salvador Allende, remplazándolo por el nombre que se impuso en tiempos de la dictadura: Pedro Prado Ortiz, un soldado que –aseguran– habría sido acribillado por los “extremistas marxistas” que en 1973 intentaban oponer resistencia al “pronunciamiento militar”. De acuerdo a la información publicada por el diario “La Estrella de Iquique”, ya hubo un intento de cambiar el nombre a esta avenida: el 2 de agosto de 2018 se rechazó en el Concejo Municipal, por seis votos en contra, cuatro a favor, y una abstención, la moción. Agrega que ahora Mario Díaz, dirigente de la Agrupación de Vecinos Plaza Pedro Prado Ortiz, pretende reflotar. Según el matutino, “asegura haber sido compañero en el Ejército del difunto soldado, quien murió el 1 de octubre de 1973 producto de un disparo proveniente desde el Cementerio 3 (…) Es de la idea que se respete la memoria del ex militar y juntará firmas de habitantes de esta vía para que la avenida vuelva a tener su antiguo nombre”. Díaz se preguntó: “¿Con qué fin cambian (el nombre de) las calles? Pura politiquería”. El planteamiento es compartido por el concejal independiente pro UDI, Felipe Arenas, que anunció que ingresará la idea al Consejo Comunal de la Sociedad Civil de Iquique, para que luego se vote en el Concejo Municipal. “Fue una estupidez cambiarle el nombre a la calle”, aseveró. El episodio parece ilustrativo de la ceguera que un sector de la derecha mantiene en relación a la sistemática y generalizada violación a los derechos humanos durante los tiempos de la dictadura cívico–militar. Existen antecedentes de que el conscripto Pedro Prado Ortiz fue una víctima más de la tiranía. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) dice: “El 1º de octubre de 1973 falleció Pedro Rolando PRADO ORTIZ, de 19 años de edad, Soldado Conscripto integrante del Regimiento Nº 6, Tarapacá. Ese día, mientras se encontraba cumpliendo labores de vigilancia en la puerta del Cementerio de Iquique, recibió un impacto de bala en la región subclavicular izquierda, de parte de un francotirador desconocido, que le provocó la muerte de manera sorpresiva y actuando sobre seguro”. Y concluye: “Considerando especialmente que el afectado desarrollaba funciones de vigilancia de un bien público; y que en esas circunstancias su muerte fue producto de un ataque sorpresivo y sin dar lugar a defensa, esta Comisión se formó la convicción que el soldado Pedro Prado murió por el atentado que perpetraron en su contra particulares que actuaban bajo motivaciones políticas, violando sus derechos humanos”. La alusión a “particulares que actuaban bajo motivaciones políticas” se sustenta en la versión que proporcionó entonces la dictadura: que habría sido acribillado mientras que escapaban los prisioneros políticos Jorge Rogelio Marín Rossel y William Robert Millar Sanhueza. Ambos hoy son detenidos desaparecidos. De acuerdo a la información disponible en el sitio Memoria Viva, Marín Rossel tenía 19 años a la fecha de su detención; era casado […]
DD.HH.
Hemos conocido la solicitud de la UDI de que se proceda a revocar la “Declaración de Monumento Nacional en la Categoría de Monumento Histórico, del Conjunto de Bienes Pertenecientes al Desarrollo del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli”, luego que la Ministra de las Culturas, Consuelo Valdés, cursó al Decreto Nº 32, fechado en Valparaíso el 7 de junio de 2019. A esta petición se sumó el conjunto de la derecha agrupada en Chile Vamos. La Secretaria de Estado se defendió argumentando que fue una decisión adoptada durante el Gobierno anterior y que debía darle curso, al margen de su rechazo al MIR, que estableció un campamento en el lugar, específicamente en la zona de Neltume. La Ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, defendió lo obrado por Consuelo Valdés, pero al mismo tiempo anunció que “estamos estudiando qué tipo de medidas podemos tomar para presentársela al Consejo de Monumentos Nacionales”. El proceso para conseguir esta declaratoria se inició, en efecto, en el Gobierno anterior. Y nos sentimos orgullosos de haber contribuido a este propósito. A través de los Decretos Exentos E–385 y E–248 del 9 de septiembre de 2015 y 16 de junio de 2016 otorgamos, con nuestra firma y absoluta convicción, una concesión de uso gratuito por treinta años de un inmueble fiscal en Panguipulli al Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume, para destinarlo a “un museo comunitario y desarrollo de actividades culturales que contribuyan a poner en valor, conservar, difundir y transmitir el patrimonio cultural, la historia reciente y la memoria del territorio”. En este esfuerzo fue clave el trabajo de la presidenta del Centro, Angélica Navarrete Jara. En el Acta de la Sesión Extraordinaria del Consejo de Monumentos Nacionales en la que se adoptó la decisión ahora controvertida por la derecha, se indica que Angélica Navarrete solicitó a través de una carta del 15 de abril de 2016 la declaratoria como Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico de bienes pertenecientes al desarrollo del Complejo Panguipulli. A continuación se detalla la rigurosa metodología de trabajo que se usó para la preparación del expediente, con un enfoque participativo en tres etapas. Añade que la declaratoria “cuenta con el apoyo del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Bienes Nacionales y de la Municipalidad de Panguipulli”. Explica: “La propuesta de declaratoria consiste en un conjunto de sitios, bienes muebles e inmuebles que permiten una lectura de conjunto y de mediana duración del desarrollo de la industria maderera y forestal en la cordillera valdiviana, el proceso de formación de los actores colectivos del lugar, el desarrollo del Complejo Panguipulli, y las situaciones de violencia política asociadas a las violaciones de derechos humanos y la resistencia armada que se desarrolló en el lugar en 1981”. Precisa que la síntesis del trabajo y la investigación que se desarrolló “llegó a la conclusión que situaciones dolorosas y polémicas como las que se han señalado requieren de un abordaje integral, de conjunto y global, como plantea […]
El Movimiento Defendamos la Paz señaló que en el último mes organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación registraron los asesinatos de al menos 10 líderes sociales en Colombia. Esos crímenes son 10 razones más para salir a las calles y plazas en las ciudades del país y en el exterior el próximo 26 de julio, fecha en la que el Movimiento convocó desde finales de junio a una movilización por la vida. “Invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a que caminen con nosotros y hagan presencia en los actos previstos para ese día por la vida de quienes defienden la vida y la paz en los territorios”, enfatizó mediante un comunicado. En el mismo la organización detalló las ciudades colombianas y de otros países en las que están previstas movilizaciones durante la mencionada fecha. Atenas, Bruselas, Buenos Aires, Ciudad de México, Londres, Madrid, Montevideo, Nueva York, Madrid, París, Roma y Santiago de Chile, son algunas de las urbes de otras naciones que se sumarán a la iniciativa. La convocatoria a salir a las calles tiene lugar en medio de frecuentes reportes que se hacen eco del asesinato de líderes sociales en este país. En las redes sociales digitales se intensifica el llamado a la movilización para exigir que se ponga punto final a esos crímenes. Defendamos la Paz es un bloque plural integrado por ex negociadores del proceso de paz, ex ministros, ex constituyentes, académicos, congresistas, artistas, juristas y líderes de partidos políticos y de organizaciones sociales y de víctimas del conflicto armado interno. Más de 800 líderes han sido ultimados desde el 2016 en este país por defender los derechos de las comunidades a la vida digna, a la preservación de sus territorios, a la protección de los ecosistemas, al cumplimiento del acuerdo de paz y a la restitución de tierras, acorde con información divulgada. Bogotá, 22 de julio 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
La acción judicial hace mención también a golpes y vejaciones que sufrió la maestra de la Región de Atacama, por parte de la policía uniformada. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó hoy una querella ante el Juzgado de Garantía de Copiapó, por el delito consumado de vejación injusta que habrían perpetrado carabineros contra una profesora de Copiapó, en el contexto de las manifestaciones que impulsó el Magisterio en todo Chile por el paro docente. La víctima M.J.C.L. fue detenida por tres carabineros, cayendo al suelo y siendo arrastrada por varios metros, mientras era agredida. Luego fue llevada a la Segunda Comisaría de Copiapó donde se le pidió desnudarse para ser revisada por una carabinera, accediendo a mostrar su torso. Los hechos ocurrieron el pasado 18 de junio cuando los profesores y profesoras se manifestaban en busca de mejoras gremiales. Luego de unos momentos, comenzó a actuar personal de Fuerzas Especiales de Carabineros, apoyados por un carro lanza agua, con el objetivo de dispersar la movilización. M.J.C.L. relató que “me llevaron al carro casi en el aire, y recordé cómo en tantos videos golpean a la gente al subir, por lo que les dije que me subiría sola. Al entrar a la patrulla, vi cómo a una colega la apretaban entre dos con una puerta, obligándola a entrar a la segunda división del carro. Ella se quejaba de dolor pero a ellos parecía no importarles”. “Cuando estábamos en la comisaría nos dicen que nos van a revisar, sin leernos nuestros derechos, en ese momento se acerca una carabinera que señala hacia a un calabozo y que luego me dice me saque toda la ropa. Este es el protocolo y tienes que sacarte todo, me dijo”, continúa narrando M.J.C.L. Asegura que “le señalé a la carabinera que había una cámara y ella me hace un gesto con la mano, como comunicándome que la cámara estaba mala. Luego me insistió en que el protocolo dice que me quite la ropa”. En la querella interpuesta por el INDH se solicita a la Fiscalía que se realicen todas las diligencias pertinentes para la adecuada investigación del delito y la determinación de las responsabilidades. Santiago de Chile, 17 de julio 2019 Crónica Digital
El centro de detención de menores migrantes indocumentados de Homestead, Florida, mantiene hoy mil 309 niños, en medio de constantes reclamos a favor de cerrar esas instalaciones en Estados Unidos. Según reportes de prensa, voceros del Departamento de Salud y Servicios Humanos informaron que desde el pasado 3 de julio no se han admitido allí nuevos pequeños. Con capacidad para unos tres mil 200 chicos, el sitio recibe críticas de activistas de derechos humanos y legisladores demócratas, quienes exigen la reunificación de los niños y sus padres. La congresista Debbie Wasserman se quejó ayer tras una visita al referido centro, junto a otros colegas, de que sus responsables no facilitaron información sobre el plan preventivo para la temporada ciclónica del océano Atlántico, del 1 de junio al 30 de noviembre. Por su parte, decenas de personas pidieron en las afueras del lugar el fin de la estructura con estos fines, y denunciaron las políticas migratorias del Presidente Donald Trump, fustigadas cada vez más dentro y fuera de territorio norteamericano. Mediante carteles en los idiomas español e inglés se expusieron mensajes como “El asilo es un derecho humano” y “No están solos”, divulgaron las informaciones periodísticas. Hace cuatro días, miles de personas se congregaron por la noche en diferentes ciudades del país para exigir el cierre de los centros de detención de migrantes, cuyas pésimas condiciones también son fustigadas. Los participantes en la acción, llamada “Luces por la libertad: una vigilia para terminar con los campos de concentración de humanos”, acudieron a los sitios de encuentros con velas, pancartas, consignas y cantos. En esta capital, cientos de personas se concentraron en la Plaza Lafayette, frente a la Casa Blanca, donde la congresista Norma Torres manifestó que no es suficiente decir que no se está de acuerdo con las injusticias que suceden en la frontera sur, “tenemos que organizarnos”. También la abogada de la Universidad de Columbia Elora Mukherjee criticó en el Capitolio estadounidense la atención a niños migrantes detenidos en la línea divisoria con México. De acuerdo con las declaraciones de la letrada en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, nunca antes había visto tal degradación y trato inhumano a los menores bajo custodia. “El Congreso debe actuar de inmediato para garantizar que los pequeños estén libres y con sus familias”, opinó Mukherjee, quien visitó hace poco el centro de Clint, Texas. Tal lugar fue blanco de denuncias divulgadas por los medios de comunicación social ante condiciones insalubres y la carencia de recursos y alimentos adecuados para los pequeños. Washington, 16 de julio de 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
Un estudio de la Universidad Católica Argentina estima hoy que de los más de 40 millones de personas que viven en este país, 14 millones están en la pobreza y tres millones en condiciones de indigencia. Según precisó el director del Observatorio de la Deuda Social de esa casa de estudios, Agustín Salvia, los índices ubicarían el grado de personas en condiciones vulnerables en 35 por ciento de la población. El especialista explicó que el primer trimestre de 2019 fue complicado porque los ingresos no tuvieron un ajuste nominal en relación a valores del año pasado y el precio de la canasta básica fue superior a la propia inflación, que acumula en los últimos 12 meses 57,3 por ciento. Aunque los datos oficiales se conocerán en septiembre, después de las elecciones primarias del 11 de agosto y antes de las generales del 27 de octubre, especialistas de la Universidad calculan valores cercanos al 35 por ciento. En declaraciones difundidas por el portal Ámbito Financiero, el investigador del Observatorio Eduardo Donza señaló que fueron varias las razones que elevaron las cifras. Durante los primeros meses del año, explicó, los aumentos de los alimentos fueron mayores al promedio general y todavía no hay una recuperación. En las calles porteñas se ve cada día a cientos de personas, incluso familias enteras, con colchones viejos tendidos en las aceras, sin un lugar donde vivir. Aparejado a esto se suma la imperante recesión económica y un peso devaluado por la brusca alza del dólar, el aumento de tarifas en los servicios básicos, el incremento constante en los precios de los alimentos y cientos de despedidos por el cierre de negocios. Buenos Aires, 15 de julio 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
El Gobierno estadounidense difundió una regla que prohibirá solicitar asilo a quienes hayan pasado por un tercer país, lo cual puede significar el fin de esa protección para la mayoría de los inmigrantes. La Administración de Donald Trump, que ya asestó golpes contra quienes intentan pedir asilo en territorio norteamericano, publicó en el Registro Federal la nueva norma de los Departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y Justicia (DOJ), que debe entrar en vigor mañana. De acuerdo con el texto de la regla, no serán elegibles para recibir asilo los solicitantes que pasen por otra nación en su recorrido hacia Estados Unidos, incluidos los menores que crucen solos los límites fronterizos. La regulación solo reconoce excepciones si quien realiza la petición fue objeto de trata de personas, o si el país por que el atravesó anteriormente no es signatario de alguno de los principales tratados internacionales que rigen la gestión de los refugiados, los cuales han sido firmados por la mayoría de las naciones occidentales. Asimismo, la medida tampoco aplicaría a un solicitante de asilo que haya buscado esa protección en otro territorio y allí le fue negada. De acuerdo con la agencia estadounidense Associated Press, la decisión del Gobierno de Trump está destinada esencialmente a poner fin a las protecciones de asilo del modo en que se otorgan actualmente en la frontera sur. La norma se incluye en la ofensiva desplegada por el mandatario republicano en su intento de frenar los cruces irregulares, como parte de la cual el Ejecutivo ha realizado acciones controvertidas que provocaron críticas a nivel doméstico e internacional. El jefe de la Casa Blanca continuamente ha llamado al Congreso al cambiar unas leyes de inmigración que él considera rotas. Kevin McAleenan, secretario interino del DHS, confirmó hoy en un comunicado que hasta que el legislativo actúe, la nueva regla “ayudará a reducir un importante factor de atracción que impulsa la migración irregular a Estados Unidos”. Por su parte, el fiscal general, William Barr, repitió las declaraciones frecuentes del gobernante de que muchos inmigrantes intentan abusar del sistema de asilo, a pesar de la gran cantidad de solicitantes que huyen de la violencia de países centroamericanos. La norma seguramente será desafiada en los tribunales por grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes que ya se han opuesto a otras decisiones polémicas de la Administración Trump. Hasta ahora la ley estadounidense permite a una persona solicitar asilo cuando llegue a Estados Unidos sin importar cómo haya arribado, y si bien existe una excepción para quienes vienen a través de un país “seguro”, la Ley de Inmigración y Nacionalidad es vaga sobre cuándo una nación es considerada de ese modo. Washington, 15 de julio 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
Venezuela agradeció el respaldo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a la resolución presentada por la presidencia del Movimiento de los Países No Alineados (MNOAL), destacó el Presidente Nicolás Maduro. El MNOAL presentó el documento con el objetivo de profundizar la cooperación internacional y en rechazo a las medidas coercitivas unilaterales dentro del organismo, aprobado con 28 votos a favor, 14 en contra y cinco abstenciones. La resolución reafirma uno de los propósitos de la ONU, así como la responsabilidad primordial de los Estados de promover, proteger y fomentar el respeto de todas las garantías y libertades fundamentales mediante mecanismos como la cooperación internacional, destacó por su parte la Cancillería de Caracas. Igualmente insta a todos los actores de la escena internacional a la construcción de un orden basado en la inclusión, la justicia, la igualdad y la equidad, la dignidad humana, el entendimiento mutuo y la promoción y el respeto de la diversidad cultural. Su aprobación ocurre en medio de las muestras de rechazo al informe presentado por la alta comisionada de ONU para Derechos Humanos Michelle Bachelet, calificado por las autoridades, organizaciones y movimientos sociales como sesgado y parcializado. Caracas llama desde el MNOAL a rechazar todas las doctrinas de exclusión basadas en el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, a la vez que reclama a la Oficina de Bachelet un espacio en su relatoría para las víctimas del bloqueo de Estados Unidos o de las guarimbas (acciones de violencia política callejera), organizadas por la oposición. La aprobación por el Consejo de Derechos Humanos de esta resolución constituye un triunfo para el fortalecimiento del apoyo internacional y en repudio a las medidas coercitivas unilaterales norteamericanas, señaló el mandatario venezolano. El documento fue presentado por Venezuela en nombre de los miembros de MNOAL (organización que preside), excepto Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú, los que se abstuvieron en la votación. Caracas, 15 de julio 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
En busca de paliar el hambre que sufre parte de la población, organizaciones sociales argentinas se unirán con el fin de instalar las conocidas ollas populares, consistente en preparar alimentos para los más necesitados. La iniciativa busca extenderse a todas las provincias y participarán varios movimientos como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y la organización Barrios de Pie, cuyos miembros adelantaron este lunes que harán además una gran manifestación el 7 de agosto, día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. Reunidos a los pies del Obelisco porteño, los representantes de las organizaciones señalaron en rueda de prensa que esperan con esto hacer visible la situación imperante que afecta a la cadena más débil en el país. “El 17 habrá ollas populares en toda Argentina porque en el conurbano bonaerense y en algunas provincias está muy consolidada la pobreza, el hambre se agudiza cada día más y las recientes cifras de la Universidad Católica Argentina refrendan lo que planteamos, lo que vivimos en nuestros barrios”, apuntó el referente Fredy Mariño. Los llamados trabajadores de la economía popular apuntaron que son los más impactados por la recesión y crisis que todos los días deja a más personas sin comida y trabajo. “La precarización laboral, la desocupación y el aumento desmedido en los alimentos de la canasta básica hacen que los sectores más humildes sufran una crisis de extrema gravedad”, señalaron. Se espera el miércoles un día movido, con varias instalaciones de las ollas populares, consistentes en cocinar en las calles en grandes cacerolas, alimentos para repartir a los que menos tienen. Además, señalaron que el 7 de agosto se movilizarán desde San Cayetano hasta la Plaza de Mayo por “Tierra, Techo y Trabajo”. En la movilización las organizaciones insistirán, como lo vienen haciendo desde hace meses, que el Congreso trate varias leyes urgentes como la prórroga por cuatro años de la emergencia social, la emergencia alimentaria, la de violencia de género, infraestructura social, una asignación de presupuesto para la ley de Urbanización de Barrios Populares, entre otras. Buenos Aires, 15 de julio 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
Cerca de 20 millones de niños, de los 135 millones que nacen cada año en el mundo, no reciben las vacunas esenciales o lo hacen de forma incompleta, alertó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS). En su último informe sobre la cobertura de inmunización global, de conjunto con el Fondo Mundial para la Infancia (Unicef), la OMS apunta que los niveles de vacunación se están estancando, especialmente en países pobres o con áreas de conflicto. “Las vacunas son una de nuestras herramientas más importantes para prevenir los brotes y mantener el mundo a salvo”, señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un comunicado. “A menudo son los que corren más riesgo, los más pobres, los más marginados, los afectados por conflictos o forzados a abandonar sus hogares, quienes son excluidos de manera persistente”, significó para resaltar que “demasiados quedan atrás”. El informe de la OMS/UNICEF encontró que, desde 2010, la cobertura de vacunación con tres dosis de vacuna contra la difteria, el tétanos, la tos ferina y una dosis de la vacuna contra el sarampión se ha estancado en alrededor del 86 por ciento. Aproximadamente a uno de cada 10 niños le faltan todas o una parte de las vacunas que pueden salvar su vida, pero hay casos extremos, como los 16 países que sufren conflictos armados o están en situación de fragilidad, donde sólo la mitad llegan a ser vacunados. Esas naciones son Afganistán, la República Centroafricana, Chad, la República Democrática del Congo, Etiopía, Haití, Iraq, Mali, Níger, Nigeria, Paquistán, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen. La OMS asegura que tal cobertura no alcanza para prevenir brotes epidémicos de enfermedades que pueden evitarse perfectamente si se alcanzara la tasa de vacunación global del 95 por ciento a que se aspira. Explica que el caso reciente y más llamativo es el del sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que en 2017 causó la muerte de 110 mil personas, decesos que no tenían por qué haber ocurrido. Kate O’Brien, directora del Departamento de Inmunización de la OMS, hizo un llamado de alerta porque, dijo, “no podemos seguir así. Necesitamos que se renueve el compromiso para garantizar que todos y en cualquier lugar son vacunados a tiempo”. Esa funcionaria dijo que la razón principal es la falta de acceso en entornos de bajos recursos o marginados, aunque, por otro lado, también los movimientos antivacunación desempeñan un rol secundario en esta situación. Datos de OMS indican que varios países con altos niveles de vacunación han experimentado retrocesos en los últimos años, como Brasil, Ecuador, El Salvador y Perú en cuanto a la cobertura de la primera dosis de la vacuna contra el sarampión. En los últimos años la cobertura en Brasil bajó del 99 por ciento al 84, en Ecuador del 97 por ciento al 83, en El Salvador del 95 al 81 y en Perú del 96 por ciento al 85. Ginebra, 15 de julio 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
