La persistente ceguera frente a la violación de los derechos humanos durante la dictadura

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Desde Iquique llega la noticia: sectores de la derecha insistirán en intentar modificar el nombre de la Avenida Salvador Allende, remplazándolo por el nombre que se impuso en tiempos de la dictadura: Pedro Prado Ortiz, un soldado que –aseguran– habría sido acribillado por los “extremistas marxistas” que en 1973 intentaban oponer resistencia al “pronunciamiento militar”.

De acuerdo a la información publicada por el diario “La Estrella de Iquique”, ya hubo un intento de cambiar el nombre a esta avenida: el 2 de agosto de 2018 se rechazó en el Concejo Municipal, por seis votos en contra, cuatro a favor, y una abstención, la moción. Agrega que ahora Mario Díaz, dirigente de la Agrupación de Vecinos Plaza Pedro Prado Ortiz, pretende reflotar.

Según el matutino, “asegura haber sido compañero en el Ejército del difunto soldado, quien murió el 1 de octubre de 1973 producto de un disparo proveniente desde el Cementerio 3 (…) Es de la idea que se respete la memoria del ex militar y juntará firmas de habitantes de esta vía para que la avenida vuelva a tener su antiguo nombre”. Díaz se preguntó: “¿Con qué fin cambian (el nombre de) las calles? Pura politiquería”. El planteamiento es compartido por el concejal independiente pro UDI, Felipe Arenas, que anunció que ingresará la idea al Consejo Comunal de la Sociedad Civil de Iquique, para que luego se vote en el Concejo Municipal. “Fue una estupidez cambiarle el nombre a la calle”, aseveró.

El episodio parece ilustrativo de la ceguera que un sector de la derecha mantiene en relación a la sistemática y generalizada violación a los derechos humanos durante los tiempos de la dictadura cívico–militar.

Existen antecedentes de que el conscripto Pedro Prado Ortiz fue una víctima más de la tiranía.

La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) dice: “El 1º de octubre de 1973 falleció Pedro Rolando PRADO ORTIZ, de 19 años de edad, Soldado Conscripto integrante del Regimiento Nº 6, Tarapacá. Ese día, mientras se encontraba cumpliendo labores de vigilancia en la puerta del Cementerio de Iquique, recibió un impacto de bala en la región subclavicular izquierda, de parte de un francotirador desconocido, que le provocó la muerte de manera sorpresiva y actuando sobre seguro”.

Y concluye: “Considerando especialmente que el afectado desarrollaba funciones de vigilancia de un bien público; y que en esas circunstancias su muerte fue producto de un ataque sorpresivo y sin dar lugar a defensa, esta Comisión se formó la convicción que el soldado Pedro Prado murió por el atentado que perpetraron en su contra particulares que actuaban bajo motivaciones políticas, violando sus derechos humanos”.

La alusión a “particulares que actuaban bajo motivaciones políticas” se sustenta en la versión que proporcionó entonces la dictadura: que habría sido acribillado mientras que escapaban los prisioneros políticos Jorge Rogelio Marín Rossel y William Robert Millar Sanhueza. Ambos hoy son detenidos desaparecidos.

De acuerdo a la información disponible en el sitio Memoria Viva, Marín Rossel tenía 19 años a la fecha de su detención; era casado y con dos hijos; trabajaba como técnico astillero en la Empresa Portuaria de Chile (EMPORCHI) y era dirigente de la Juventud Socialista. Su compañero Millar tenía entonces 42 años; era casado y con cuatro hijos; trabajaba en Ferrocarriles del Estado de Iquique en el cargo de Subjefe Administrativo del Departamento Vías y Obras. Era además el secretario político de la Seccional Iquique del PS. Fueron detenidos el 28 y 24 de septiembre de 1973, respectivamente.

Cuenta Memoria Viva que Marín fue detenido por una patrulla militar que lo condujo a la VI División de Ejército y después al Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique, desde donde desapareció, el 29 de septiembre de ese año. Según la información oficial entregada por el Comandante en Jefe de la VI División de Ejército y Jefe de la Zona en Estado de Sitio, general Carlos Forestier, Marín y Millar se habrían fugado del “lugar donde se les tenía aislados”. Luego, las autoridades aseveraron que en los hechos había muerto el conscripto Pedro Prado.

Marín ya había sido detenido el 17 de septiembre por militares en Alto Hospicio, quienes lo condujeron al Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique. También en esta fecha allanaron su domicilio, procediendo los militares a detener a su pareja, Salomé Castillo Parraga, y a su hija de tres meses. Unos días después fue liberado y retornó a su hogar en pésimas condiciones físicas, como producto de la tortura.

Millar había sido detenido por primera vez el 16 de septiembre de 1973 por un grupo de militares. Fue conducido a la VI División de Ejército desde donde dos horas después quedó en libertad con la estricta obligación de permanecer en su domicilio y salir sólo para ir a su trabajo. El 23 de septiembre, se emitió un bando por radio en el que llamaban a Millar para que se presentara ante las autoridades. A raíz de ello, el afectado concurrió en forma voluntaria, el 24 de septiembre, al Cuartel de Investigaciones de Iquique. Fue detenido y luego trasladado al Regimiento de Telecomunicaciones.

El 30 de septiembre de 1973 se transmitió por radio un bando en el que se comunicaba que Marín y Millar se habían fugado. El 2 de octubre de 1973, en la prensa de la zona se publicó la información oficial de la supuesta fuga. En el bando N° 64 se decía: “Deténgase con orden de disparar ante el menor intento de resistencia”, entregándose los nombres completos y antecedentes de las dos víctimas. Se agregaba que “estos dos ciudadanos se fugaron en la noche del 29 de septiembre de 1973, de un lugar de Iquique donde se les tenía aislados por estar comprobado que eran Jefes de Organizaciones paramilitares del Partido Socialista de Iquique”.

La información oficial señalaba que el soldado Prado Ortiz encontró la muerte a manos de Marín y Miller, que lo habrían asesinado en la huida, tras intentar refugiarse en el Cementerio N° 3 de Iquique, que se ubicaba en forma contigua.

El 30 de septiembre, los militares devolvieron a Salomé la ropa que Jorge llevaba en el momento de ser detenido (pantalón café, chaqueta gris y zapatos de seguridad). Ella expresó su sorpresa por la entrega de vestuario de alguien a quien se suponía fugado. Los militares le dijeron que “seguramente huyó disfrazado”…

Compareció ante los tribunales una significativa cantidad de testigos que antes de la supuesta fuga Marín y Millar se encontraban en el recinto militar, en malas condiciones físicas como resultado de la tortura. Señalan que ambos estaban, moribundos, en la zona de las caballerizas del regimiento. Otros puntualizan que en la madrugada fueron trasladados, ya abatidos, con sus cabezas envueltas en sacos, por un portalón lateral que unía el lugar con el regimiento.

El Informe Final de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación señala: “Según la información oficial las personas individualizadas habrían huido desde el Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique. Nunca se entregó explicación oficial sobre el paradero de los supuestos fugitivos y por lo mismo no hay certificación oficial de sus muertes. Resulta inverosímil para los miembros de esta Comisión que dos personas detenidas en un Regimiento Militar se hayan podido fugar de ese lugar con medidas de custodia tan severas como las existentes en el período. No se llevó a cabo tampoco una investigación interna ante un hecho de esta naturaleza que, al menos, habría implicado la negligencia de algún efectivo. Debe también tenerse presente que muchas de las otras personas que se informaron como libres en esta zona aparecieron en la fosa de Pisagua en 1990”.

Por otra parte, añade, “Pedro Prado, que en la información oficial de entonces aparece como muerto por Marín y Millar al evadirse, ahora, en nuevas y reiteradas informaciones también oficiales, es declarado como fallecido en otras circunstancias”.

Concluyó que “ha llegado a la convicción que ambas personas fueron detenidas por agentes del Estado y desaparecieron a manos de sus aprehensores, violando sus derechos humanos”.

En efecto, las pesquisas judiciales, instruidas por el ministro Mario Carroza, muestran que Marín y Millar no cometieron delito alguno; que fueron detenidos en forma arbitraria y sometidos a torturas en el Regimiento de Telecomunicaciones; que nunca existió una supuesta fuga; y que fueron ejecutados por los militares y sus cuerpos fueron ocultados.

De acuerdo a los antecedentes recogidos por Carroza, tras el 11 de septiembre de 1973, el Cuartel General de la VI División de Ejército organizó un cuerpo de inteligencia que, entre otros, detuvo a Marín y Millar y los trasladó al Regimiento de Telecomunicaciones “para encerrarlos como prisioneros políticos, bajo la mirada complaciente y cómplice de los oficiales que formaban parte de dicho recinto militar”. El propósito era “mantenerles en un sector del regimiento conocido como ‘La Chanchería’ donde fueron sujetos a los interrogatorios bajo tortura hasta el 29 de septiembre de ese año (…) ocasión en que los otros prisioneros dejan de verles”.

En este contexto, todo parece indicar que Pedro Prado Ortiz, oriundo de Santiago y que estaba en Iquique cumpliendo con su Servicio Militar Obligatorio en el Regimiento de Telecomunicaciones, “también fue víctima de la dictadura y sacrificado para justiciar el asesinato de los dos militantes socialistas que hasta hoy se encuentran en calidad de detenidos desaparecidos”, señalan contundentes trabajo del medio “Edición Cero”.

Existen interrogantes lógicas fundamentales que hacen obvia la conclusión: ¿de dónde habrían obtenido armas Marín y Millar en su supuesta fuga, si se encontraban detenidos, sometidos a una fuerte vigilancia militar? ¿Y cómo ambos prisioneros estarían en condiciones de hacer frente al operativo castrense, supuestamente para recapturarlos, si se encontraban en muy malas condiciones físicas y casi moribundos?

En el sitio del Consejo de Monumentos Nacionales se indica: “El asesinato del soldado conscripto Pedro Prado, quien cumplía su servicio militar obligatorio y recibió una bala en un supuesto enfrentamiento el 1 de octubre de 1973, revela la necesidad de esclarecer las circunstancias en que se produjo su muerte. El Ejército entregó a los familiares de Prado un ataúd sellado con el cuerpo del conscripto, junto con la versión de que había sido ultimado por los ‘extremistas’ Jorge Marín y William Millar, quienes se encontraban detenidos en el regimiento, habrían escapado y en su huida habrían disparado sobre Prado, dándole muerte. Los antecedentes recabados por los familiares de Marín y Millar, sin embargo, desmienten al Ejército”.

Se explica que los militantes socialistas “jamás se escaparon del lugar donde estaban detenidos, puesto que además de la extrema vigilancia, estaban en condiciones físicas muy débiles producto de las torturas. Quienes habrían dado muerte a Pedro Prado, entonces, son los mismos que ultimaron a Millar y Marín, y que han querido ocultar las verdaderas circunstancias en que se produjeron estos hechos”.

Un detalle adicional: si lo que molesta es el cambio de nombre de la avenida es menester consignar que antes de ser rebautizada “Pedro Prado” en tiempos de Pinochet, tenía otra denominación. El nombre original era Avenida Luis Emilio Recabarren, en homenaje al líder sindical que, radicado en Iquique, fundó allí en 1912 el Partido Obrero Socialista, el cual daría origen al Partido Comunista de Chile.

Imágenes: Plataforma Solidaria de Comunicación Audiovisual y Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Por Víctor Osorio Reyes. El autor es periodista.

Santiago, 30 de julio 2019

Crónica Digital.

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