DD.HH.

La Corte Suprema ratificó la sentencia que ordena al Estado de Chile pagar una indemnización total de más de $4.500.000.000 (cuatro mil quinientos millones de pesos) a un grupo de prisioneros de Isla Dawson, detenidos entre septiembre de 1973 y septiembre de 1974 en dicho centro de detención política. En fallo unánime (causa rol 1092-2015), la Segunda Sala del máximo tribunal del país –integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemûller, Haroldo Brito y el abogado (i) Jaime Rodríguez Espoz– rechazó el recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó resolución del Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago que ordenó pagar $150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) a cada uno de los 31 ex prisioneros demandantes. La sentencia de la Corte Suprema confirma la responsabilidad del Estado por los daños físicos y sicológicos que sufrieron los ex prisioneros del centro de reclusión política, ubicado en la Región de Magallanes. «Es menester dejar en claro que el fallo asentó como fundamento de la pretensión indemnizatoria el hecho de ser víctimas de violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado de Chile, especificándose en cada acontecimiento las datas de sus secuestros, las torturas soportadas, el tiempo que permanecieron privados de libertad y las secuelas que padecen, menoscabos que hasta ahora persisten en todos los ámbitos de su vida. (…) En lo relativo a la prescripción, asevera el sentenciador que la acción indemnizatoria encuentra asidero en la comprobación de las torturas sufridas por los actores e inferidas por el Estado chileno, con enorme poder de coerción y uso de la fuerza, conculcando así el artículo 5.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; y si bien la acción indemnizatoria ostenta un sesgo patrimonial, no pierde su índole humanitaria y obedece al respeto de los derechos de todo ser humano (…) En esas condiciones, atendida la gravedad de las violaciones a los derechos humanos a que fueron sometidos los demandantes, que incluye el tiempo que estuvieron prisioneros, al punto de ser reconocidos como víctimas del Estado chileno en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, el dolor y aflicción que se les provocó, no solo físico e inmediato sino causante de un estado de vulnerabilidad con efectos permanentes, es que se accedió a la pretensión de los demandantes, como colofones de un inconmensurable daño moral producto de su reclusión ilegal en una isla del fin del mundo, los maltratos y la agonía de la incertidumbre de su propia existencia», sostiene el fallo. Asimismo, la resolución considera que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles tanto en el aspecto penal, como en el aspecto civil, de acuerdo a la legislación internacional. «Más allá de lo razonado por los jueces ad quem, reiterada jurisprudencia de esta Corte precisa que, tratándose de un delito de lesa humanidad –lo que ha sido declarado en la especie–, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la correlativa acción […]

Integrantes de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, acompañados de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Talca, Parral, Linares y San Javier, pudieron visitar por primera vez la fosa en que la justicia pudo determinar que se inhumaron y exhumaron ilegalmente los cuerpos de opositores a la dictadura cívico-militar, después de que fueran torturados y asesinados por los jerarcas alemanes en el enclave en asociación con los aparatos represivos de la dictadura. En un emotivo acto de carácter privado, realizado en el marco de las conmemoraciones por el 42 aniversario del golpe militar en Chile, al menos una treintena de asistentes se adentraron en los agrestes caminos de Colonia Dignidad para llegar a la Fosa donde estuvieron enterrados los cuerpos de los detenidos desaparecidos, cuya identidad y destino se desconoce hasta la fecha. Agrupados en torno a la excavación, convertida por el tiempo y la lluvia en un pequeño estanque, escucharon primeramente las palabras de Margarita Romero, presidenta de la Asociación, quien se refirió a lo importante y significativo que fue poder estar por primera vez en el lugar y al fin poder rendir ahí un homenaje a aquellos que cayeron víctimas de la intolerancia, la represión y el terrorismo de Estado. Posteriormente, los integrantes de las agrupaciones de familiares de la región prepararon un pequeño acto en el que hablaron en nombre de sus detenidos desaparecidos, diciendo sus nombres, dónde fueron detenidos, dónde se les perdió el rastro, y pidiendo perpetuar su memoria, instando a que los suyos, ahí presentes 42 años después, luchen mientras les quede vida por la justicia y la verdad sobre su trágico final. Y cantaron, en su honor, “La plegaria del labrador”, y “A desalambrar”, ambas de Víctor Jara. Los integrantes de la Asociación, por su parte, pronunciaron algunas palabras en recuerdo de los que vivieron sus últimos días en Colonia Dignidad, especialmente de aquellos sobre los que hay mayores indicios de su paso por el enclave. Unos y otros arrojaron claveles rojos a la fosa, al tiempo que lanzaban consignas para recalcar, una vez más, que ayer, hoy y siempre estarán presentes en su vida y sus corazones. Al finalizar el acto, guiados por el excolono Winfried Hempel, los asistentes se dirigieron a la hoy denominada Villa Baviera para identificar y conocer aquellos lugares en donde se aplicó la represión y que formaban parte del complejo sistema criminal que implementaron los jerarcas alemanes para apoyar a la DINA en la persecución política y también para cometer crímenes en contra de los propios habitantes del lugar. En la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando en acciones por verdad, memoria y justicia, al tiempo de seguir acompañando a los familiares en su lucha, e insistimos en la importancia de profundizar en las investigaciones y que se reanuden las excavaciones para encontrar los cuerpos que aún siguen ahí enterrados en el predio, de acuerdo con declaraciones judiciales de los […]

Decenas de miles de chilenos participaron ayer en la tradicional romería para conmemorar el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, con un sentido homenaje a las víctimas. Junto con la condena unánime a los crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), fueron enarboladas consignas por el Nunca Más, Justicia y Verdad, y de rechazo a los desmanes atizados desde las fuerzas de derecha en Chile. Las diputadas Maya Fernández, socialista nieta de Salvador Allende; Camila Vallejo y Karol Cariola, comunistas, líderes estudiantiles, sindicales y de profesores se sumaron al extenso recorrido por esta capital. Por primera ocasión, la marcha pasó por el Palacio de La Moneda, bombardeado por las fuerzas pinochetistas en 1973 y donde murieron el presidente Salvador Allende, y 38 de sus colaboradores. Con satisfacción, fue recibida también la noticia del tributo especial que rindió el cantautor Joan Manuel Serrat en el Ayuntamiento de Barcelona a Allende y a los caídos a manos de la junta militar pinochetista. En el trayecto, los manifestantes exigieron el cierre de la cárcel de Punta Peuco, donde ex militares de la dictadura purgan largas condenas por sus asesinatos y torturas, y, sin embargo, goza de numerosos privilegios. Agrupaciones de derechos humanos y de detenidos desaparecidos tuvieron igualmente protagonismo en la caminata que tocó igualmente el Cementerio General, donde reposan los restos de Allende. La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, reiteró que deben terminar los pactos de silencio yChile debe adelantar hasta sus últimas consecuencias procesos contra ex militares de Pinochet. Pizarro, lo mismo que todos los manifestantes, expresaron indignación por actitudes de políticos de derecha en la actualidad en el país austral, capaces de defender a la dictadura y llamar «héroes» a los presos de Punta Peuco. De todos modos, resaltó que la reapertura del Caso Quemados, cuando en 1986 agentes de Pinochet incineraron a dos jóvenes con la muerte de uno de ellos y graves heridas a la otra persona, volvió a poner en primer plano las atrocidades de la dictadura. El fallecimiento del ex general Manuel Contreras, mano derecha de Pinochet, y del ex coronel Marcelo Moren Brito, un criminal desalmado, ambos por causas naturales, dejó la sensación de que aún falta mucho por hacer. Aunque ambos cumplían largas penas, disfrutaron de las prebendas que ofrece Punta Peuca, señaló Pizarro a la prensa. No puede persistir el perdón y olvido, porque el dolor que causaron a Chile fue enorme, acotó. La voz de Allende salida de altoparlantes, tambores, danzas alegóricas, lágrimas y rostros marcados por la tristeza, dominaron el recorrido, que concluyó con pequeños focos de enfrentamientos entre encapuchados y la policía. Otra noticia relevante fue el hecho de que los familiares de torturados y desaparecidos en el enclave alemán de Colonia Dignidad fueron autorizados por primera vez a visitar la fosa donde deben encontrarse los restos mortales de sus seres queridos. Se trata del lugar en Colonia Dignidad donde la justicia chilena determinó que se inhumaron y exhumaron […]

El jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, desde que asumió su cargo se ha caracterizado por proteger a quienes tienen información sobre los crímenes de la dictadura. «Si alguna persona que está en retiro tiene por su defensa la opción de guardar silencio, esa es una opción particular y personal que permite la justicia», dijo el jefe militar cuando compareció ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. El comandante del Ejército insistió ante los parlamentarios en que «nosotros como Ejército no tenemos pactos de silencio ni tampoco los vamos a permitir», sin embargo la misma comisión ha decidido enviar un oficio solicitando información relacionada al asesinato del presidente Eduardo Frei Montalva, la que ha sido negada a sus familiares. En la solicitud los parlamentarios piden al general Oviedo que informe sobre los archivos de la CNI, la ubicación de éstos y las razones por las que también el Ejército ha negado tener actas de destrucción de documentos sobre operaciones represivas, pese a que la justicia ha podido determinar que el Ejército tuvo los conjuntos archivísticos de la CNI al menos hasta el 2005. También ante la comisión parlamentaria, el general Oviedo sostuvo que «quiero ser claro, podrán existir interpretaciones pero la CNI nunca tuvo dependencia del Ejército, era un organismo del Estado. La CNI no fue un organismo del Ejército y (sólo) existieron personas que fueron comisionadas». Es un hecho comprobado que todos los jefes de la CNI fueron miembros activos del cuerpo de generales del Ejército, la mayor parte de los agentes pertenecían a esa rama de las Fuerzas Armadas y contaron con recursos financieros y materiales provenientes del Estado. En su segunda comparecencia ante la Comisión de Defensa defendió que un retrato del ex jefe de la Dina, Manuel Contreras, esté en instalaciones del Ejército. En ese marco, el general Oviedo dijo a un parlamentario que “si hay una cosa que le hace mal al Ejército, déjennos a nosotros ver”, obviando el hecho que las Fuerzas Armadas son subordinadas del poder político y civil. Londres 38, espacio de memorias, exige al gobierno, al Congreso y los tribunales de justicia que ejerzan sus atribuciones e investiguen la complicidad del jefe militar con el encubrimiento de los crímenes de la dictadura; que investiguen la protección que otorga a quienes mantienen los pactos de silencio; que investiguen la existencia de los archivos de la represión, así como las pruebas de que efectivamente algunas de las partes de estos archivos han sido destruidos. El término de la impunidad es una demanda en la que persistiremos. Los sitios de memoria entregamos al gobierno hace menos de un mes un conjunto de propuestas que incluyen:   Sobre los archivos de la Comisión Valech: Derogar los artículos de las leyes de reparación Valech 1 y 2 que impuso el secreto por 50 años a quienes atestiguaron por casos de tortura. Que los jueces tengan acceso total y sin restricciones a la totalidad de los testimonios recogidos por la comisión, independientemente de que […]

En el sitio donde fue ultimado por agentes de la dictadura cívico-militar el 8 de septiembre de 1986, este sábado pasadas las 10 horas se conmemoró una vez más la muerte del ex dirigente del Colegio de Periodistas de Chile José Carrasco Tapia.  Hasta el lugar llegaron el ministro secretario general de Gobierno Marcelo Díaz, la presidenta de la orden profesional Javiera Olivares, el alcalde de Huechuraba Carlos Cuadrado (nieto de otra víctima de la dictadura, el ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats), además de Olivia Mora, madre de los hijos de Carrasco, junto a amigos y familiares. En una pared al costado del Parque del Recuerdo se exhibe una placa recordatoria del trabajo y la vida ejemplar de “Pepone”, como llamaban colegas y amigos a quien se desempeñara a la fecha de su asesinato como editor internacional de la revista “Análisis”  y como consejero metropolitano del Colegio.  La acción represiva se ejecutó como respuesta de los organismos de seguridad del Estado al atentado contra Augusto Pinochet ocurrido el día previo. En la ocasión Javiera Olivares recordó que Carrasco fue además de periodista “un luchador social, quien puso sus mejores talentos y valores a disposición de la lucha por la libertad, por la justicia, por el bienestar de nuestro pueblo”. Aludiendo a que una de sus convicciones fue el derecho de la ciudadanía a contar con información, su legado más importante debiera ser “una lucha incansable por derechos básicos garantizados, por informar con justicia, exigiendo escenarios de equidad y pluralismo para todos y todas sin excepción. Por ello es que la lucha de nuestro Pepone está tan vigente hoy”. Esta permanencia de la memoria la vinculó a acciones en las cuales la democracia chilena aún está al debe. “Nos sumamos, a la exigencia de agrupaciones de derechos humanos en exigir el cierre de ese penal (Punta Peuco) y que se tomen medidas que den un claro camino hacia el fin de la política institucional de silencio que ha sustentado el Ejército”.  Y expresó: “No es acaso una válida pregunta periodística el pensar ¿a quién se protege con los 50 años de secreto de la comisión de prisión política y tortura? ¿A las víctimas o a los victimarios?”.  En consecuencia, recordó a los 25 periodistas asesinados y/o detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. En tanto, “requerimos fortalecer el derecho a la comunicación, que hemos dicho ha sido fundamentalmente entregado al mercado al igual que la salud, la educación. No nos cansaremos de decirlo, la democracia de Chile hoy requiere más diversidad, más visibilidad para amplios sectores de la ciudadanía que no se ven en los discursos de los medios masivos, en fin, derecho a la libre expresión real y para todos, no sólo para quienes tienen el dinero para financiar un medio”. Por tal motivo recordó las principales demandas del Chile de hoy.  “Una nueva Constitución discutida por el soberano a través de una Asamblea Constituyente, son necesarias hoy para iniciar un nuevo tiempo de profundización democrática y participación vinculante”. […]

Más de 2 mil firmas se reunieron durante la campaña realizada por las juventudes políticas pertenecientes a la NM con el fin de pedir el cierre del penal Punta Peuco. Con la participación de las 7 juventudes de la Nueva Mayoría se hizo entrega esta mañana de una carta junto a las firmas que se reunieron para pedir el cierre del penal Punta Peuco, firmas que se podían realizar a través de la página web www.cierrepuntapeuco.cl en el marco de la campaña del mismo nombre. Frente a esto, la Coordinadora Nacional de la juventud de la Izquierda Ciudadana, Francisca Muñoz, dijo que “como juventudes de la Nueva Mayoría podríamos haber hecho una carta firmada por nuestros presidentes, pero decidimos crear ésta plataforma para que todas las personas puedan manifestar su apoyo a través de las firmas y así poder entregar a la Presidenta una manifestación ciudadana y así mostrar como la sociedad Chilena desaprueba el funcionamiento de ésta cárcel que solo acentúa la desigualdad”. Con respecto al objetivo que se persigue con la entrega de la carta y las firmas, Karina Delfino, Presidenta de la Juventud Socialista, señaló que “esperamos que en el marco de los 42 años del golpe cívico – militar se pueda anunciar el cierre del penal Punta Peuco. Cárcel llena de privilegios para quienes realizaron violaciones a los derechos humanos amparados en éste período. El cierre de éste Hotel – Cárcel, es un paso para al fin dar verdad y justicia a todos aquellos que sufrieron en dictadura”. José Díaz, Coordinador Nacional de la Juventud MAS, recalcó la importancia de que las juventudes se movilicen para el cierre de éste penal, y dijo que mientras se mantengan éste tipo de recintos el país no podrá avanzar en temas de igualdad. Por su parte, Juan Díaz, vicepresidente de la juventud DC, señaló que los jóvenes de la Nueva Mayoría están llamados a ser agentes de cambio, a lo que agregó “pedimos el cierre de Punta Peuco principalmente porque creemos que no deben existir más penales VIP para quienes han cometido actos contra los derechos humanos. Este tipo de lugares no tienen cabida en sociedades democráticas, por lo que esperamos que éste 11, al fin podamos escuchar el anuncio del cierre de éste penal, y de no ser así, al menos esperamos que éste centro penitenciario se abra y pase a ser una cárcel común sin privilegios para unos pocos”. Del mismo modo, la Diputada y Secretaria General de las JJCC, Karol Cariola, afirmó que ““también hay impunidad, cuando estos violadores de DDHH se encuentran en una cárcel-resort, en una cárcel hotel, finalmente con todos los beneficios y con todas las condiciones que ellos tienen en Punta Peuco, que son muy distintas a la población carcelaria en general de nuestro país, Punta Peuco es hoy un símbolo de la impunidad y nos parece que es algo que hay que terminar”. En cuanto a la influencia que han tenido los #JovenesXLasReformas, el Presidente Nacional de la Juventud PPD, FaridSeleme, […]

El Gobierno accedió a la petición del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) para crear una Comisión Interministerial que analice y dÉ respuestas a una veintena de dudas y vacíos en el Acuerdo de Unión Civil (AUC). Así fue informado en una cita en el Palacio de la Moneda que reunió a primera hora de esta mañana  al director del Área de Derechos Humanos del Movilh, Rolando Jiménez, con la subsecretaria  general de la Presidencia, Patricia Silva, y con asesores jurídicos de dicha cartera como del Ministerio Secretaría General de Gobierno. “Se nos informó que tras la carta enviada el 24 de agosto a la presidenta Michelelle Bachelet, se accedió a nuestra idea de armar un grupo técnico  e interministerial de trabajo, el cual ya tuvo su primera  reunión ayer. Hemos transmitido que nuestro interés es que todas las dudas y vacíos que dependen de cambios administrativos se resuelvan antes de celebrarse las primeras uniones del AUC, el 22 de octubre próximo”, indicó Jiménez. Añadió que en relación a vacíos que dependan de reforma legal, “hemos solicitado que el respectivo proyecto de ley se presente antes de fin de año. El desafío es iniciar el 2016 sin ninguna duda o vacío sobre los derechos laborales, sociales, previsionales y familiares del Acuerdo de Unión Civil”. El dirigente advirtió que sea cual sea el orden de prioridad, “nuestra urgencia actual está dada por dos temas. Uno son los 5 días de permiso laboral, pues si bien ese un derecho para el matrimonio, no está claro si aplica a la unión civil. Al respecto ya nos reunimos con la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, y con el director del Trabajo, Christian Melis, quienes están buscando una salida a este punto, desde ahora, por cierto, en el marco de esta Comisión Interministerial” “Un segundo aspecto prioritario es el trato dado a las personas trans durante las ceremonias. Al respecto es un deber tratarlas por su sexo y nombre social, por lo cual ya iniciamos las respectivas gestiones ante el Ministerio de Justicia”. Fue ayer cuando la presidenta Michelle Bachelet encomendó a los ministerios Secretaría General de Gobierno, Secretaría General de la Presidencia, de Defensa y del Trabajo que dieran respuestas a las inquietudes planteadas por el Movilh. Del mismo modo Bachelet pidió a la Secretaría General de Gobierno que coordinará la creación de la Comisión Interministerial propuesta por el Movilh. Los vacíos y dudas se conocieron tras una investigación de ocho meses del Movilh, basada en más de 5 mil consultas ciudadanas efectuadas a la organización y en la reunión con los ministros, subsecretarios y directores de variados ministerios y servicios. También el Movilh ha recopilado información a nivel nacional, debido a las reuniones que está sosteniendo con las oficinas del Registro Civil de todo el país. Derechos y vacíos Entre los beneficios sociales y laborales aplicables al matrimonio y que no serían extensivos al AUC que reportó el Movilh a Bachelet, se cuentan: -El Aporte Familiar Permanente, la Asignación Familiar y Maternal, […]

Ante las declaraciones que el sacerdote jesuita y rector de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes, hizo en el día de ayer emplazando al Colegio de Periodistas a que “si tiene un mínimo de dignidad ponga claramente reglas y averigüe que pasó” en el caso de la difusión de correos privados entre los cardenales Ricardo Ezzati y Francisco Javier Errázuriz, la organización siente un deber expresar lo siguiente: En diversas ocasiones vinculadas con la difusión pública de informaciones relacionadas con ámbitos de la esfera privada, el Colegio de Periodistas de Chile ha recordado que el Código de Ética de la orden profesional -actualizado en el mes de abril de este año-  señala expresamente que el periodista respetará el secreto de sus fuentes “si éstas se lo pidieren, previa confirmación de su idoneidad y confiabilidad, respetando así la confianza otorgada al entregársele antecedentes reservados”, que es lo que entendemos operó en este caso.  Y la divulgación de informaciones y datos relativos a actos privados solo se podrá realizar cuando “sea necesaria por razones de interés público”. Como ha sido de amplio conocimiento, y sin haber sido desmentido el contenido de dichas comunicaciones, el tenor de estos correos ha generado una amplia discusión mediática y política, toda vez que los actores involucrados han realizado previamente afirmaciones relacionadas, siendo de interés público el conocimiento de estas.  Más aún cuando parte de la discusión versa sobre un tema tan relevante como acusaciones de pederastia al interior la Iglesia Católica, aristas que la ciudadanía tiene el legítimo derecho a conocer. No corresponde al Colegio de Periodistas hacer un análisis sobre la legalidad o no de la forma en que se accedió a estos correos electrónicos. Tal debate corresponde a otros actores y serán los involucrados que se sientan afectados en sus derechos quienes podrán recurrir a las instancias legales que estimen pertinentes.  Aquello, de todas formas, no variará la calificación de interés público que hacemos frente a la difusión de estas informaciones. Ante el interés del rector de la Universidad Alberto Hurtado sobre la necesidad de que el Colegio de Periodistas “ponga claramente reglas y averigüe que pasó”, le invitamos a sumarse a diversos actores públicos que, al igual que nuestra organización, han demandado al Estado en diversas instancias, la necesidad de dar urgencia al proyecto de ley que apunta a que los colegios profesionales recuperen la tuición ética sobre el ejercicio profesional de colegiados y no colegiados para poder contar mayor herramientas en estos debates. Mesa Directiva Nacional Santiago de Chile, 11 de septiembre 2015 Crónica Digital