Diversos hechos ocurridos en las últimas semanas dan cuenta de la creciente conflictividad que se vive en la Araucanía y en las regiones aledañas. Entre estos hechos destacan la salida de Francisco Huenchumilla como Intendente de la Araucanía; la movilización de los camioneros en esa y otras regiones del país -incluyendo la Región Metropolitana- para hacer ver su malestar frente al menoscabo a sus actividades producto de atentados de que han sido víctimas; la toma de los municipios de Ercilla y Collipulli; y la toma y reciente desalojo por fuerzas policiales de las dependencias de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) en Temuco, en el que habrían resultado con lesiones de diversa consideración al menos dos personas mapuche. La situación de los derechos humanos de los habitantes de La Araucanía y las regiones aledañas en general, y del pueblo mapuche en particular, así como la convivencia interétnica en esta parte del país, ha preocupado a este Instituto desde su creación. Dada la complejidad del momento que allí se vive y los derechos humanos que se ven comprometidos, el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos estima necesario señalar lo siguiente: 1.- Chile tiene un marcado déficit en el reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas y de los derechos que les han sido reconocidos por los tratados internacionales de derechos humanos. Los pueblos indígenas además no cuentan con participación política. Se trata de una situación que no ha sido superada pese a existir consenso político respecto a la urgencia de abordarla. 2.- Particularmente nos preocupa la situación de marginación socioeconómica en la que vive el pueblo mapuche, cuestión refrendada reiteradamente por estadísticas oficiales, y que, pese a los programas públicos, no ha logrado ser superada, impidiéndoles el pleno goce y ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales. 3.- Estamos conscientes que la realidad de la región es muy compleja y que existen factores de diversa índole que inciden en la situación de conflictividad y violencia que se vive en La Araucanía y en las regiones aledañas. Esta violencia, que condenamos enérgicamente en todas sus expresiones, ha afectado tanto a integrantes de los pueblos indígenas como a la población no indígena en general, todos quienes de manera legítima han alzado sus voces en defensa de sus derechos y manifestando su malestar por la falta de seguridad. 4. Es por ello que consideramos ineludible que a la brevedad el Estado de Chile asuma los siguientes desafíos con el fin de avanzar hacia una convivencia interétnica pacífica y con pleno respeto y garantía de los derechos humanos de todos y todas: a) El reconocimiento en la Constitución Política de la República de los pueblos indígenas y de sus derechos internacionalmente reconocidos, así como la generación de mecanismos de participación política de los pueblos indígenas a todo nivel, todo lo anterior previa consulta con ellos a través de sus instituciones representativas. b) La búsqueda de una solución integral en materia de tierras y en particular de los mecanismos utilizados para entregar […]
DD.HH.
“Más Educación Pública” se denomina la iniciativa que dieron a conocer los actores sociales, para apoyar el rescate de los establecimientos en manos de las municipalidades. El Movimiento Social por la educación dio a conocer una campaña para desmunicipalizar la enseñanza, que incluirá la entrega de un manifiesto al gobierno, la implementación de distintas iniciativas e información mediática para sensibilizar a la comunidad sobre la recuperación de los establecimientos educacionales y su traspaso a la administración del Estado. Representantes del Colegio de Profesores de Chile, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, Cones, la Corporación de Padres y Apoderados por el derecho a la educación, Corpade, el Consejo de Trabajadores de la CUT y los Asistentes de la Educación, entre otros, se reunieron para reimpulsar el Movimiento Social y lanzar la campaña “Más Educación Pública”, iniciativa que busca apoyar el retorno al Estado de la educación municipal, mediante un servicio público descentralizado. El presidente del Magisterio, Jaime Gajardo, afirmó que el proyecto de Nueva Educación Pública que el gobierno enviaría al parlamento a fines de septiembre “no puede bajarse y el Ejecutivo debe impulsarlo y vamos a incidir en éste. Hoy la educación municipal ha colapsado y se requiere que todos esos establecimientos pasen a la administración de servicios públicos, que es la voluntad que existe”. Agregó que el déficit presupuestario de la educación municipal es de más de 400 mil millones de pesos y que si no se hace nada, la educación va a quebrar porque en 4 o 5 años más, no habrá ningún alumno en ese sistema. “Qué queremos, que se privatice completamente el sistema o queremos uno mixto, donde el eje articulador sea la educación pública. Ese es el debate, donde queremos incidir”, indicó Gajardo. El dirigente afirmó que uno de los principales cambios que se debe impulsar es al financiamiento, ya que la entrega de recursos por asistencia media es lo que ha contribuido a la segregación del modelo educativo. Por su parte, la Coordinadora del Consejo de Trabajadores por la educación, Jobana Salinas, afirmó que “la desmunicipalización es una señal importante que tiene que ver con romper con el lucro en la educación, el mercado y el modelo que se instaló hace más 35 años. Hacemos un llamado a sumarse a esta campaña para que junto a los padres, estudiantes, profesores y trabajadores defendamos los proyectos para recuperar la educación pública gratuita y de calidad que queremos y con la mirada del mundo social”. En tanto, Dafne Concha, de la Corpade, afirmó que “no estamos de acuerdo con la educación de mercado, sino con una educación que considera a los niñas y niños como sujetos de derecho, donde la familia es muy importante, pero también es importante la función del Estado y su rol en la educación, que debe estar consagrada en una nueva Constitución política como un derecho social”. “Ahora es el turno que nos centremos en lo que es importante para el país”, dijo por su parte el vocero de la Cones, Ricardo […]
La idea fue promovida por el diputado Hugo Gutiérrez, tras conocerse una serie de nuevos antecedentes del caso “Laja-San Rosendo”, que evidenciarían que la jueza Rosa Egnem, actual miembro del máximo tribunal, realizó acciones de encubrimiento por 19 trabajadores asesinados en septiembre de 1973. Este miércoles 9 de septiembre, la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios recibió en audiencia al abogado Mauricio Araneda, representante de las familias de las víctimas de la matanza de Laja y San Rosendo, ocurrida una semana después del Golpe de Estado de septiembre de 1973. En ese contexto, el abogado Araneda proporcionó antecedentes a la Comisión, que evidenciarían la participación de civiles en la muerte de los trabajadores y el encubrimiento por parte de Rosa Egnem, quien para la fecha era secretaria de la magistrada Corina Mera, del Juzgado de Yumbel, y según la información proporcionada por Araneda, guardó el parte por inhumación ilegal de los trabajadores asesinados en una caja fuerte del Juzgado, con la finalidad de entorpecer a la justicia. “Se nos entregó los antecedentes de que había una jueza (Rosa Egnem), que es actualmente parte de la Corte Suprema, que de alguna forma había encubierto los hechos ocurridos. Nos parece grave la situación y los antecedentes puestos a disposición de esta Comisión y hemos dispuesto que se debe establecer una conversación con el Presidente de la Corte Suprema y también, eventualmente, acusar constitucionalmente a la jueza”, sostuvo el diputado Hugo Gutiérrez. Por su parte, el abogado Mauricio Araneda detalló que la ministra de la Corte Suprema “recibió un parte de Carabineros, donde se daba cuenta del hallazgo de 18 osamentas como producto de un delito. Se indicaba el lugar donde fueron encontrados, el estado en que se encontraban los cuerpos, las circunstancias eventuales en las que se habría producido su muerte y la entonces secretaria, según ella por temor a la jueza, esconde en la caja fuerte del Tribunal ese parte. Esto impidió realizar cualquier tipo de investigación en lo que fue la masacre de San Rosendo”. “Luego procede a borrar del libro de ingreso aquel parte. Lo altera y así quedó evidenciado. Por lo tanto, es posible establecer una responsabilidad penal en los hechos. Ella supo del homicidio y lo encubrió. Supo de la inhumación ilegal y lo ocultó”, concluyó Araneda. Santiago de Chile, 10 de septiembre 2015 Crónica Digital
“Víctor Jara no calla”, es el nombre de la actividad que un conjunto de organizaciones sociales realizará en el recientemente declarado “Sitio de Memoria”, a un costado del cementerio Metropolitano, lugar donde se encontró el cuerpo asesinado del cantautor nacional. Las Organizaciones Sociales y Culturales de Lo Espejo, convocan a los pobladores y a todos los interesados a asistir al gran acto conmemorativo “Víctor Jara No calla”, que se realizará este sábado 12 de septiembre, a un costado del Cementerio Metropolitano, en calle Eduardo Frei Montalva con Avenida La Feria, en el mismo lugar donde se encontró el cuerpo asesinado del destacado cantautor nacional en 1973, y que fue recientemente declarado como “Sitio de Memoria” por el Consejo de Monumentos Nacionales. Según Rosa Núñez, integrante de la Comisión Organizadora de dicho evento, el programa oficial contempla las siguientes actividades: Rogativa Mapuche en Sitio de Memoria a las 10:30 horas; Carnaval Cultural que partirá a las 15 horas, entre las calles Vallenar con Lincoln Población Santa Adriana, con más de 400 músicos y artistas en calle; Acto Central con la presentación de solistas y bandas musicales a partir de las 15:30 horas y se finalizará con un Acto Protocolar de Colocación de Ofrendas Florales en Memorial a las 17 horas. Cabe agregar que en este acto conmemorativo, se contará con la presencia de los familiares de Víctor Jara y Littré Quiroga, además de autoridades locales y nacionales, como el diputado de la República Daniel Melo (PS), quien fue uno de los que solicitaron al Consejo de Monumentos Nacionales que se llevara a cabo la iniciativa de declarar este lugar, como sitio de memoria histórica. Santiago de Chile, 10 de septiembre 2015 Crónica Digital
El Magisterio “espera que se cumplan los compromisos adquiridos en la inédita mesa tripartita por carrera docente”. Con estas palabras el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, se refirió a las indicaciones que no fueron aprobadas este martes por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. “Por ejemplo en el tema de la progresión y las pruebas disciplinares, esperamos que se ponga énfasis en lo colaborativo y pedagógico como era el compromiso, sin embargo, en este sentido no se cumplieron los acuerdos”, manifestó el presidente del gremio, Jaime Gajardo. Otro tema que preocupa al Colegio de Profesores es el ingreso a la carrera porque espera que se valore y cumplan los compromisos adquiridos en la mesa tripartita conformada entre el Magisterio, el Mineduc e integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara baja. “En esta Comisión se concordó un conjunto de indicaciones las cuales son muy importantes que se cumplan”, indicó el presidente nacional del gremio. Insistió en que “vamos a seguir avanzando en nuestras propuestas y en el Senado continuaremos incidiendo”. Magisterio se reunió con superintendente de educación Por otra parte, dirigentes del Colegio de Profesores entregaron a la Superintendencia de Educación, un conjunto de denuncias de establecimientos educacionales particulares, corporados y municipales por incumplimiento de leyes, maltrato laboral y otras irregularidades. “Lo importante es que vamos a establecer un sistema de coordinación permanente para prever situaciones Irregulares. Vamos a realizar talleres de capacitación para conocer más las leyes y el rol del Colegio de Profesores, así como el de la Superintendencia de Educación”, señaló el presidente del gremio, Jaime Gajardo. A la reunión con el superintendente de educación, Alexis Ramírez Orellana, se dieron cita junto al presidente del gremio, Jaime Gajardo, el tesorero nacional del Magisterio, Juan Soto y la dirigente nacional Verónica Monsalve. El encuentro de trabajo fue una positiva instancia para “establecer una coordinación permanente y canalizar las denuncias para que de esta manera y por medio del Colegio de Profesores, se puedan evitar irregularidades”, señaló el presidente nacional del Magisterio, Jaime Gajardo. Santiago de Chile, 10 de septiembre 2015 Crónica Digital
Para la inmensa mayoría de la opinión pública mundial, el sangriento golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 es una historia triste para todo el pueblo chileno, pero la sociedad sigue todavía fragmentada. La condena unánime a los desmanes y crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet en sus 17 años no existe en Chile. Numerosos integrantes de los partidos derechistas UDI y RN tampoco esconden sus simpatías con la junta militar. También se sabe que al interior de la cúpula del ejército hay secretos que esconden pistas fundamentales para conocer el paradero de los mil 200 detenidos desaparecidos, de los cuales sus familiares quieren saber. Diplomáticos, escritores y periodistas consultados por Prensa Latina reconocieron que los límites de la vida nocturna en ciudades como Santiago están definidos por los temores que dejó la práctica recurrente de la dictadura del toque de queda. Es evidente que no todos los sectores de la nación sudamericana parecen abiertos a reconocer las atrocidades cometidas desde el fatídico 11 de septiembre de 1973 hasta 1990. Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ha reiterado en estos días que no es momento de cerrar capítulos y es necesaria justicia, «para que todos los criminales estén encarcelados y paguen». Las mejores muestras de que será difícil pasar la página en muchos años enChile son las continúas condenas a ex militares vinculados a asesinatos selectivos de dirigentes de agrupaciones de izquierda o simples sospechosos de ser contrarios a Pinochet. El pasado 4 de septiembre, la diputada comunista y ex líder estudiantil Camila Vallejo y la presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, Javiera Olivares, manifestaron emoción al destacar la fecha de 1970 cuando Salvador Allende fue elegido. Lo mismo hizo la revista Punto Final, que consagró gran parte de su portada y editorial al suceso con el titular Allende inmortal, a 45 años de la victoria popular. Punto Final subrayó que «lo excepcional del Gobierno de Salvador Allende fue que por primera vez los pobres sabían que ese médico socialista de verdad, los representaba y no buscaba abusar de su esperanza». Curiosamente, los grandes medios de prensa chilenos apenas mencionaron el suceso o incluso lo omitieron. Ninguna sorpresa, porque casi todos están en manos de la derecha. Por estos días además fue capturado el mayor en retiro Arturo Silva, ex agente de la tenebrosa DINA, la policía secreta del dictador Pinochet, en un elegante barrio de Santiago donde se mantenía prófugo de la justicia. Fue escolta de Pinochet y sentenciado a 20 años de prisión y un día como autor material del asesinato del químico del organismo represivo de la dictadura, Eugenio Berríos, una figura de la dictadura que conocía muchos secretos. Berríos, químico que fabricó gas sarín en Chile usado por orden de Pinochet contra sus opositores, fue enviado a Uruguay en noviembre 1991. Allí Silva se encargó de matarlo. Algunos pasajes para no olvidar que la dictadura dejó más de tres mil asesinatos, 33 mil personas torturadas así como […]
El reportaje de TVN es un sólido mazazo a quiénes todavía en Chile defienden a la dictadura de Augusto Pinochet, con testimonios y denuncias indignantes revelados esta madrugada en la televisión local. Informe Especial, uno de los programas de mayor rating de Televisión Nacional, TVN de Chile, emitió hasta la madrugada un trabajo del periodista Raúl Gamboni a propósito del 42 aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. En esencia, un reportaje de poco más de una hora en el cual aparecen archivos desclasificados con las manipulaciones groseras de la junta militar y control absoluto sobre los medios para confundir a la opinión pública chilena. «Si no se tratase de montajes que encubrieron horrendos crímenes y torturas, sería algo más normal al ver cómo la dictadura se valió de TVN para mantenerse en el poder», comentó el director del material. Lamentablemente, hay muchas muertes detrás de esto, remarcó Gamboni en entrevista esta mañana con el canal de marras. Además de las evidencias en torno al férreo control sobre la información de Pinochet, su policía secreta de la DINA y los agentes de CNI (centro de información), Los Montajes de la Dictadura desliza hechos estremecedores. Entre ellos la visita de un delegado de la Cruz Roja Internacional al campo de prisioneros Pisagua en 1973, como si se tratase de un centro de recreación; entrevistas bajo tortura de figuras de la izquierda y guerrillas inventadas. En algunos casos las supuestas «entrevistas voluntarias» difundidas en la época por TVN, obligaron a los verdaderos camarógrafos del canal a escribir una carta en la cual aseguraron que no fueron ellos quienes las filmaron. Todos los supuestos voluntarios fueron asesinados tiempo después de aparecer en televisión. También periodistas que se prestaron al montaje de una guerrilla inexistente en Neltume que terminó con el crimen de 11 personas que se escondían allí. Otros expedientes enseñaron a una pareja de integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), quienes huían de la dictadura y fueron acribillados a balazos en un barrio de Santiago, pero TVN informó que se habían suicidado. Llama la atención como numerosos presentadores entonces de TVN y Canal 13 se prestaron para urdir las patrañas, incluyendo interrogatorios presuntamente a «voluntarios» para desmentir los horrendos métodos de tortura de la junta militar. La idea en los montajes de la dictadura se acentúa asimismo en desbarrar del Gobierno de la Unidad Popular y de su presidente constitucional, Salvador Allende, junto con todos los grupos de izquierda del país austral. Implícita queda igualmente la sensación de que Allende quería acabar con los militares, los cuales se rebelaron, como intenta decir la dictadura pinochetista que bañó de sangre a Chile de 1973 a 1990. Santiago de Chile, 10 de septiembre 2015 Crónica Digital / PL
Por la Memoria Presente. En conmemoración a las victimas , Detenidos(as)Desaparecidos,Ejecutados ¨Políticos , Exonerados , Exiliados. Presas y Presos Políticos, Taller Cultural Anaytung, Club de Adulto Mayor Prais ,Los Usuarios Prais del ServicioSalud del Reloncaví, El INDH de la Región ,invitan a la comunidad de la zona a las actividades que tiene como objetivo preservar la Memoria histórica de las graves violaciones de DDHH. en nuestra Patria . 1.- 9.00 hrs. instalación de Pendones y Fotografía en el frontis de Ex-edifio PDI.Egaña 60 2.- 11.00 hrs. Romeria Cementerio Municipal 3.- 12,30 – 15.00.hrs .Videos , Música, cueca sola, Exposición de Pendones, Fotografías en Frontis Ex PDI. 4.- 19,30 hrs. Velatón Frente a Ex- edificio PDI. ¡PORQUE NADA NI NADIE ESTA OLVIDADO! ¡VERDAD,JUSTICIA NADA MAS NI NADA MENOS! Santiago de Chile, 9 de septiembre 2015 Crónica Digital
El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, sometió a proceso a los funcionarios en retiro de Carabineros Leonardo Villarroel Gamboa y Waldo Toro Ulloa, como autores de los delitos de detención ilegal, secuestro y tortura de Héctor Fuentes Cortés, ilícitos perpetrados en septiembre de 1973, en la localidad de Petorca. Según los antecedentes consignados en la causa, se estableció que «el día 12 de septiembre de 1973, siendo aproximadamente las 07:30 horas, funcionarios de Carabineros de la Tenencia de Petorca y retenes de Chincolco y Hierro Viejo, irrumpieron violentamente en el domicilio de la víctima Héctor Fuentes Cortés, quien a la fecha de los hechos era menor de edad. Una vez que los uniformados allanan la vivienda, ingresan al dormitorio de la víctima y su hermano, son sacados de forma violenta al patio en ropa interior con la finalidad de reunirlos con sus padres. Éstos estaban rodeados por un grupo de diez Carabineros, aproximadamente, los tenían de rodillas en el suelo, sus caras ensangrentadas evidenciaban la agresividad con que fueron tratados por los uniformados, los mantuvieron en esa posición frente al mástil de la bandera». Además, la investigación establece que «la víctima junto a su familia fue golpeada toda la mañana por conforme a los antecedentes consignados en la causa, los uniformados, ello, por suponer que tenían armas escondidas. A pesar de suplicar que detuvieran los maltratos, éstos se intensificaban cada vez más. Después del maltrato físico y psicológico del que fue objeto la víctima junto a su familia, debieron permanecer tirados en el patio de la casa, siempre con la amenaza de que si pedían ayuda serían asesinados». Ver resolución (PDF) Santiago de Chile, 9 de septiembre 2015 Crónica Digital / http://www.pjud.cl/
La Corte Suprema condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total cercana a los $80.000.000 (ochenta millones de pesos) a grupo familiar de poblador de la comuna de Peñalolén, quien resultó gravemente lesionado por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por personal de Carabineros durante la disolución de una manifestación, en marzo de 2009. En fallo unánime (causa rol 2292-2015), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Pedro Pierry, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Carlos Cerda y el abogado (i) Jean Pierre Matus– ordena pagar a Manuel Aravena Tapia $1.583.950 (un millón quinientos ochenta y tres mil novecientos cincuenta pesos) por daño emergente; $30.000.000 (treinta millones de pesos) por lucro cesante, y $40.000.000 (cuarenta millones de pesos) por daño moral. En tanto, por concepto de daño moral, la sentencia dispone el pago de $2.000.000 (dos millones de pesos) a la cónyuge de Aravena Tapia y a cada uno de los tres hijos del matrimonio. Manuel Aravena Tapia recibió el impacto de la bomba lacrimógena en la cara, el 29 de marzo de 2009, mientras se encontraba en su domicilio, ubicado en calle Quebrada El Aromo de la comuna de Peñalolén. La resolución ratifica la sentencia dictada por la jueza del Tercer Juzgado Civil de Santiago, Soledad Araneda, quien determinó la responsabilidad del Estado en las serias consecuencias que sufrió Aravena Tapia, quien perdió un ojo y quedó con lesiones deformantes en un pómulo. «Que la responsabilidad extracontractual o aquiliana responde a la idea de la producción de un daño a otra persona por haber transgredido el genérico deber de abstenerse de un comportamiento lesivo a los demás. En la especie, la causa del daño experimentado por el señor Aravena Arias -y su entorno familiar- se atribuye a la conducta desplegada por efectivos de Carabineros de Chile, al dispararle a corta distancia y hacia su rostro, una carabina lanza gases calibre 37 mm, en relación de causalidad, en cuanto ese actuar negligente, al que incluso le atribuye el carácter de delictivo, motivó que el demandante perdiera su ojo izquierdo y sufriera una fractura trimalar izquierda, con los consiguientes daños físicos y estéticos que se consignan en los diversos antecedentes agregados al proceso y en la declaración de los testigos que depusieron por el demandante», sostiene el fallo de primera instancia. VER FALLOS (PDF) Corte Suprema ICA Santiago Primera instancia Santiago de Chile, 9 de septiembre 2015 Crónica Digital www.pjud.cl/
