La idea fue promovida por el diputado Hugo Gutiérrez, tras conocerse una serie de nuevos antecedentes del caso “Laja-San Rosendo”, que evidenciarían que la jueza Rosa Egnem, actual miembro del máximo tribunal, realizó acciones de encubrimiento por 19 trabajadores asesinados en septiembre de 1973.
Este miércoles 9 de septiembre, la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios recibió en audiencia al abogado Mauricio Araneda, representante de las familias de las víctimas de la matanza de Laja y San Rosendo, ocurrida una semana después del Golpe de Estado de septiembre de 1973.
En ese contexto, el abogado Araneda proporcionó antecedentes a la Comisión, que evidenciarían la participación de civiles en la muerte de los trabajadores y el encubrimiento por parte de Rosa Egnem, quien para la fecha era secretaria de la magistrada Corina Mera, del Juzgado de Yumbel, y según la información proporcionada por Araneda, guardó el parte por inhumación ilegal de los trabajadores asesinados en una caja fuerte del Juzgado, con la finalidad de entorpecer a la justicia.
“Se nos entregó los antecedentes de que había una jueza (Rosa Egnem), que es actualmente parte de la Corte Suprema, que de alguna forma había encubierto los hechos ocurridos. Nos parece grave la situación y los antecedentes puestos a disposición de esta Comisión y hemos dispuesto que se debe establecer una conversación con el Presidente de la Corte Suprema y también, eventualmente, acusar constitucionalmente a la jueza”, sostuvo el diputado Hugo Gutiérrez.
Por su parte, el abogado Mauricio Araneda detalló que la ministra de la Corte Suprema “recibió un parte de Carabineros, donde se daba cuenta del hallazgo de 18 osamentas como producto de un delito. Se indicaba el lugar donde fueron encontrados, el estado en que se encontraban los cuerpos, las circunstancias eventuales en las que se habría producido su muerte y la entonces secretaria, según ella por temor a la jueza, esconde en la caja fuerte del Tribunal ese parte. Esto impidió realizar cualquier tipo de investigación en lo que fue la masacre de San Rosendo”.
“Luego procede a borrar del libro de ingreso aquel parte. Lo altera y así quedó evidenciado. Por lo tanto, es posible establecer una responsabilidad penal en los hechos. Ella supo del homicidio y lo encubrió. Supo de la inhumación ilegal y lo ocultó”, concluyó Araneda.
Santiago de Chile, 10 de septiembre 2015
Crónica Digital
