DD.HH.

El organismo inició ayer la campaña #FueraJacqueline, que es primera tendencia en redes sociales, y hoy comenzó a recolectar firmas ciudadanas para que el Congreso Nacional aclare la designación de la parlamentaria y realice una votación transparente. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) expresó hoy su preocupación al Gobierno y al Senado por la reciente designación de Jacqueline Van van Rysselberghe como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, al tiempo que intensificó su campaña en redes sociales para se aclare el mecanismo por el cual se otorgó dicho cargo a la parlamentaria. En misiva dirigida al ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, el Movilh solicitó que todo nuevo proyecto de ley patrocinado por el Ejecutivo que haga referencia a la diversidad sexual no ingrese a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, mientras esté presidida por van Rysselberghe. En tanto, en carta dirigida al presidente del Senado, Patricio Walker, y a cada uno de los parlamentarios que integran la Comisión de Derechos Humanos, el Movilh pidió que se dé a conocer  el mecanismo de designación de van Rysselberghe, así como los nombres cada una de las autoridades que tomaron conocimiento e incidieron en el proceso. El organismo también demandó que se den “conocer las argumentaciones de cada autoridad  a favor o en contra de la designación de van Rysselberghe” y que “la Comisión de Derechos Humanos evalúe una votación interna para definir a su presidente/a, con mecanismos transparentes y claros frente a la ciudadanía.” La petición sobre claridad en el mecanismo de designación también será formulada por el Movilh a la unidad de transparencia del Senado. A la par el organismo continuó hoy con su campaña  por los derechos humanos #FueraJacqueline que desde ayer es primera tendencia en Twitter. A tal iniciativa, sumó esta jornada la recolección de firmas contra la designación de la parlamentaria: https://docs.google.com/forms/d/1a0bz8bIq17o1Okxtrt2GLFxVZ_iYLkXtXYnRNausqWo/viewform?pli=1&edit_requested=true Para el Movilh la designación van Rysselberghe es “un insulto para los sectores vulnerables e históricamente discriminados, pues esta parlamentaria justifica a diario las exclusiones legales y sociales en virtud de sus propios odios y prejuicios con la diversidad social. Se trata de una  cavernaria promotora del odio, la menos idónea para un cargo de este tipo”. El organismo estima además que el “cuoteo político en el Parlamento ha demostrado una inmoralidad extrema, que no  mide consecuencias, poniendo en primera fila de una importante comisión a Van Rysselberghe, a una violadora de los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y mujeres”. Entre otras declaraciones homofóbicas, van Rysselberghe ha dicho que“las parejas homosexuales tienen mucho mayores niveles de inestabilidad, tienen mucho mayores niveles de violencia. Y se ha visto, además, que los niños que viven con parejas homosexuales también tienen mayores niveles de ansiedad, de inestabilidad laboral cuando son adultos y de una serie de otros factores que llevan a pensar que es mejor que vivan con un referente materno y paterno tradicional”. Santiago de Chile, 20 de marzo 2015 Crónica Digital

 «Hay que tomar medidas concretas y efectuar todas las acciones que sean necesarias, caiga quien caiga, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Es prioritario elevar el umbral de las buenas prácticas en nuestra legislación y contar con la debida fiscalización para fortalecer la democracia», dijo la Directora del INDH, Lorena Fries. «Si un ciudadano ve que el dinero tiene mucha influencia en las decisiones de quienes ejercen el poder político, ¿qué confianza va a tener en que sus representantes realmente tomen decisiones en función del interés público?», dijo Fries, remarcando que «el Estado debe aumentar sus niveles de transparencia y entregar cada vez más herramientas a la ciudadanía para que todos y todas podamos ejercer un control ciudadano sobre las acciones de quienes nos representan». Este jueves, la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, participó de la ceremonia de firma del instructivo presidencial sobre buenas prácticas en materia de declaración de intereses y de patrimonio, en el Palacio de La Moneda. El nuevo instructivo obligará a ministros/as, directivos/as de empresas públicas y rectores/as de universidades estatales a presentar una declaración de patrimonio e intereses antes de la primera quincena de abril próximo. Esto involucra a trabajadores/as contratados/as a honorarios en ministerios, servicios o gobiernos regionales, sobre un monto de remuneraciones determinado. La Directora del INDH valoró este anuncio que apunta a la transparencia, recalcando que el INDH -en su compromiso con la transparencia y la probidad- ya publica en su sitio web la declaración de intereses y patrimonio de sus consejeros y consejeras, a la vez que ya envía a Contraloría General de la República la misma información de sus jefes y jefas de unidad. Con el nuevo instructivo, esta información también será publicada en la página web del INDH. Respecto a los últimos acontecimientos que han mermado la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas, Lorena Fries manifestó: «Hay que tomar medidas concretas y efectuar todas las acciones que sean necesarias, caiga quien caiga, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Es prioritario elevar el umbral de las buenas prácticas en nuestra legislación y contar con la debida fiscalización para fortalecer la democracia». La Directora del INDH explicó que la corrupción es un tema de derechos humanos, ya que puede tener un impacto sobre estas garantías porque cada acto de corrupción altera las reglas del juego, los criterios que garantizan que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan el mismo acceso a la justicia y a la igualdad de derechos. «Es muy complicado porque todo esto afecta la confianza de la ciudadanía en la democracia. Si un ciudadano ve que el dinero tiene mucha influencia en las decisiones de quienes ejercen el poder político, ¿qué confianza va a tener en que sus representantes realmente tomen decisiones en función del interés público?», dijo Fries, remarcando que «el Estado debe aumentar sus niveles de transparencia y entregar cada vez más herramientas a la ciudadanía para que […]

Ayer fue nombrada Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Señala que es “una persona comprometida profundamente con la obra política e ideológica de la dictadura militar que cobró miles de víctimas”. Solicitan que el Senado pida su renuncia.  La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi “se ha enterado con estupor del nombramiento como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República de Jacqueline Van Rysselberghe, una persona que no ha dudado en colocar en duda el actuar de la Justicia en casos de violaciones a los derechos fundamentales durante la dictadura”, señala en un comunicado. “Poco o nada se puede esperar de su gestión, después de que diera abierto apoyo al ex alcalde de Providencia Cristián Labbé, procesado por torturas a detenidos indefensos, en lo que fue la cuna de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), en Tejas Verdes”, expresa la declaración de la institución humanitaria. “Como organización -agrega-, uno de nuestros objetivos es impulsar en el país una cultura de los derechos humanos, por tanto consideramos su designación como un verdadero retroceso que no nos explicamos, y del cual los integrantes del Senado debieran dar explicaciones a las organizaciones de DD.HH. de todo el país”. “Ninguna tratativa, al interior de la Cámara Alta, es justificación suficiente para nombrar a una persona comprometida profundamente con la obra política e ideológica de la dictadura militar, la cual cobró miles de víctimas, cuyos daños y secuelas se extienden a sus familias y sus hijos por el resto de sus vidas”, puntualiza el texto. “Solicitamos a los senadores de la República actúen en consecuencia para revertir su nombramiento, solicitando su renuncia al cargo, dado que una función de esa envergadura debe ser asumida por personas cuya integridad y compromiso con la defensa y promoción de los DD.HH. debe ser clara y evidente”, sostuvo el directorio de Villa Grimaldi. “Lo grave de la designación de la senadora Van Rysselberghe, es que tendrá que legislar sobre importantes materias y proyectos que ha comprometido el Gobierno, como la creación de una Subsecretaría de Derechos Humanos o la tipificación en nuestro Código Penal del Delito de tortura, que no existe en nuestro ordenamiento jurídico”, precisa. “Además, hemos interpuesto en tribunales el año 2014 una querella por el delito específico de violencia sexual, distinto a la tortura, y hemos apoyado otras presentaciones, en base a la jurisprudencia internacional sobre DD.HH. Sobre este tema queremos que se legisle. El nombramiento de Van Rysselberghe no nos ofrece esperanza alguna, de un cambio”, manifiesta el comunicado de prensa. “A todo lo anterior, se suma su postura discriminatoria hacia las minorías sexuales, que han reclamado derechos civiles, lo cual es muy mal augurio de todo aquello que pueda gestarse al interior de la Comisión de Derechos Humanos del Senado”, concluye el texto de la organización que administra el sitio memoria desde donde fueron hechas desaparecer  214 personas, 22 fueron ejecutadas y se calcula que unos 4.500 prisioneros pasaron por allí. Por  Carlos Antonio Vergara […]

El diputado Hugo Gutiérrez, acompañado de organizaciones sociales de la comuna de La Reina, ingresaron este miércoles 18 de marzo, un proyecto que busca fortalecer la democracia comunal y el carácter vinculante de los plebiscitos comunales. En lo concreto, el proyecto busca la modificación del artículo 101 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (18.695), que obliga a votar al 50% del padrón electoral para que un plebiscito sea vinculante. La moción parlamentaria busca que ese quórum sea del 50% de quienes hayan participado en la última elección municipal. El diputado Hugo Gutiérrez explicó que con este proyecto se busca que la ciudadanía pueda expresarse, pues con la propuesta ingresada el quórum para que un plebiscito sea vinculante es “mucho más real y concreto, considerando que la votación es voluntaria”. Para el parlamentario, “exigir como requisito para que un plebiscito sea vincúlate, el 50% del padrón electoral, creemos que lo que busca finalmente es que los vecinos y la comunidad no se exprese y no llegue a construir políticas públicas comunales y creo que ese requisito tiene que desaparecer”, agregando que “no podemos tener obstáculos para que los vecinos, pobladores y todos quienes habitan en determinada comuna, puedan incidir en la toma de decisiones”. El diputado Gutiérrez agregó que espera que el Gobierno acoja y le dé la urgencia necesaria al proyecto, con la finalidad de “construir democracia desde la base, para que los plebiscitos comunales sean una realidad y no una falsedad como ocurre hoy día”. Por su parte, Juan Guillermo Ossa, representante del movimiento “Plebiscito por La Reina”, agregó: “Nos parece que este es un paso muy importante para la democracia participativa, teniendo en cuenta las dificultades que está teniendo nuestra democracia. Nos parece que la participación de los vecinos en las cosas que les atañen, es de suma importancia. Poner estos quórum es algo totalmente ilógico, dado que los mismos cargos que actualmente están en el municipio, obtuvieron una votación menor a lo la ley pide a un plebiscito ciudadano para que sea vinculante”. En la misma línea, Moisés Scherman, también representante del movimiento “Plebiscito por La Reina”, explicó que en caso de dicha comuna, en las últimas elecciones municipales votaron cerca de 37 mil personas, siendo electo el alcalde con 12 mil votos. “De acuerdo a lo que la ley pide para que un plebiscito sea vinculante, requeriríamos de 48 mil votos para un plebiscito vinculante. Eso es un absurdo desde cualquier punto de vista”, puntualizó. Finalmente, el Concejal de la Municipalidad de La Reina, Pedro Davis, hizo un llamado a los alcaldes y concejales de todo el país, a “incorporarse a este movimiento y podamos construir un movimiento social fuerte que culmine con este cambio y podamos conformar un cambio mayor, como lo es la Asamblea Constituyente”. Santiago de Chile, 19 de marzo 2015 Crónica Digital

En el Congreso Nacional se reunió el diputado Lautaro Carmona con los representantes de los trabajadores de las Direcciones de Educación Municipal (DAEM) de la Región de Atacama, junto a la diputada Yasna Provoste y el Alcalde de Vallenar, Cristián Tapia. La cita tuvo por finalidad la búsqueda de soluciones a los trabajadores que quedaron excluidos del denominado bono “Atacama Nuevo Trato”, situación que afecta a dependientes de las 9 comunas de la Región de Atacama. Tras la reunión, el diputado Carmona explicó que en su momento la obtención de dicho bono fue “una gran noticia, cuyo mérito está en los trabajadores públicos reunidos en su mesa junto a la CUT” y que fue igual de valorado por todos quienes estuvieron involucrados en su obtención. Sin embargo, según detalló el diputado, “han quedado fuera de ese beneficio por razones involuntarias, un sector de trabajadores vinculados a los DAEM, jardines infantiles  bajo égida municipal, trabajadores de cementerios municipales y lo que ellos han visto como dirigentes de la región, de solicitarnos a los parlamentarios, en este caso junto a Yasna Provoste, su situación y pedirnos un compromiso por nuestra parte para dar una pronta solución al problema”. El diputado Carmona señaló que “mi posición estará siempre de parte de la lucha e intereses de los trabajadores y por eso les he señalado que me pongo a disposición para que busquemos una solución”. En ese sentido, Carmona adelantó que el próximo lunes 23 de marzo, se generará una reunión entre los parlamentarios de la región, junto a los alcaldes y los trabajadores afectados, con el fin de buscar caminos de solución. “Mientras tanto vamos a propiciar junto a la diputada Yasna Provoste, la realización de reuniones bilaterales y adelantar con el Ministerio del Interior y de Hacienda, las bases que permitan la solución a una legítima demanda”, señaló Carmona, concluyendo que “por complejo que sea el tema, debemos buscar prontamente una solución”. Santiago de Chile, 19 de marzo 2015 Crónica Digital

Distintas organizaciones de ex prisioneros políticos de la dictadura de Augusto Pinochet ( 1973-90) entregaron una misiva en el palacio de la Moneda, destinada a la presidenta, Michelle Bachelet. En la carta, los ex presos políticos, informan que  el 28 de febrero recién pasado, acordaron pedir a Bachelet, que solucione una serie de problemas que tienen los más de 40 mil presos de la dictadura que fueron reconocidos por la comisión Valech. Los expp piden la intervención directa de la mandataria, para resolver con urgencia los siguientes tres puntos: Enviar al Congreso un proyecto de ley de Indemnización por Prisión Política y Tortura. Proceder, por vía legislativa o administrativa, a incrementar los montos de las pensiones de reparación a valores éticos, que permitan una sobrevivencia digna y cumplan el objetivo para el que fueron creadas y establecer un mecanismo Permanente para que el Estado reciba las denuncias por violaciones a los DDHH, investigue y someta a juicio a los victimarios, califique, repare, rehabilite e indemnice a las víctimas y sus familias. Consultado por Crónica Digital, el vocero de las víctimas de Pinochet, Victor Cuevas dijo que: “Sabemos que hay muy buenas razones políticas y en derecho para que el Estado proceda a dar cumplimiento a estas y otras demandas”. Cuevas argumentó que la Convención Internacional contra la Tortura, firmada y ratificada por Chile, en su artículo 14 consagra “el derecho a una indemnización justa y adecuada”. Cabe recordar que La Tercera Sala de la Corte Suprema en el juicio «Salgado y Otros con Fisco de Chile», en su considerando final (11°) del fallo del 11 de noviembre pasado, señala que: «sin perjuicio de lo anterior, dijo Cuevas, es importante señalar que “la materia del caso en autos, así como muchos de similar naturaleza, debe encontrar una solución definitiva, eficaz y eficiente por la vía legislativa, esto es, mediante la dictación de una ley que otorgue a las víctimas de violaciones de los derechos humanos un resarcimiento patrimonial acorde con los daños causados a raíz de los hechos acontecidos en la época del gobierno militar». También es sabido, afirmó el líder humanitario que más temprano que tarde la Corte Interamericana de DDHH comenzará a condenar al Estado chileno a pagar las Indemnizaciones que hoy día los tribunales deniegan en las Demandas Civiles contra el Estado por Prisión Política. No obstante lo anterior, los ex prisioneros de Pinochet, sostienen en su misiva a Bachelet que: “Nosotros queremos destacar, en esta ocasión, un aspecto que no siempre se tiene plenamente en cuenta al momento de mostrar voluntad política. La represión desatada por el régimen dictatorial contra nuestro pueblo tuvo efectos disímiles entre los afectados y sus familias. Si bien algunos lograron sobreponerse bien, tanto en el exilio como aquí en la Patria, para la gran mayoría fue un estigma que produjo daños irreversibles en la vida familiar, económica, política y social. Es por ello que lo primero que reivindicamos, hace años ya, fue nuestra condición de luchadores sociales y no de delincuentes subversivos […]