A días del lanzamiento de la campaña global de Amnistía Internacional que exige protección para Mujeres Modatima (organización de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente de la Provincia de Petorca); la defensora del agua, Verónica Vilches, ha vuelto a recibir amenazas de muerte. Nuevamente el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Rural (APR) que ella dirige apareció con un rayado que dice “Muerte a Verónica Vilches”. Según informó a Amnistía Internacional una integrante de Mujeres Modatima, cuando ellas llamaron a la policía para dar cuenta de lo ocurrido, “la PDI se negó a tomar la denuncia y a concurrir al lugar, donde se habían quedado unas latas de pintura que habrían sido utilizadas por los autores del rayado; lo que podría haber constituido una importante evidencia. La excusa de la policía fue que la denunciante no contaba con el número de RUC de la investigación por las amenazas anteriores que la Fiscalía lleva a cabo”. Amnistía Internacional condena la amenaza de muerte contra Verónica Vilches, lo que se suma tristemente al constante hostigamiento, estigmatización y ataques de los que ha sido víctima ella y otras integrantes de Mujeres Modatima en los últimos años. Además, exige que se investigue de manera pronta y efectiva, y se lleve a la justicia a los responsables. La campaña de Amnistía Internacional lanzada el pasado viernes en el contexto del Día del Medioambiente, aparte de solicitar resguardo efectivo y pertinente para estas defensoras del agua, hace un llamado a la Fiscalía Regional de Valparaíso y Fiscalía Local de La Ligua a que generen canales de denuncia expeditos para quienes defienden los derechos humanos, prestando especial atención a Mujeres Modatima. Esta petición cobra más sentido hoy al quedar totalmente patente el nivel de vulnerabilidad en que están estas activistas medioambientales; lo que implica además que en muchas ocasiones aparte de tener que sobrellevar estos ataques y acosos, se encuentran con innumerables obstáculos cuando intentan denunciarlos. Este caso es un ejemplo más de ello, al negarse la PDI a tomar la denuncia y concurrir a recopilar las evidencias y dar la protección que Verónica requiere ante esta nueva amenaza de muerte. Santiago de Chile, 7 de junio 2021 Crónica Digital
DD.HH.
Numerosas organizaciones sociales en Chile reiteraron hoy sus preocupaciones por las expulsiones masivas de migrantes mientras el gobierno insiste en la legalidad de su proceder. El tema volvió a la palestra luego que este domingo se materializara la expulsión de 56 extranjeros, según informó el gobierno. Rodrigo Delgado, ministro del Interior dijo que una veintena de esas personas estaban condenadas por graves delitos y optaron a la conmutación de las penas por la expulsión, y el resto por infringir las disposiciones migratorias vigentes. Sin embargo, en organizaciones de migrantes y derechos humanos que han bautizado esas acciones como «los vuelos de terror», insisten en el hostigamiento a los migrantes. Además causa repulsa la forma en que esas personas son embarcadas en los aviones, enfundadas en uniformes blancos hasta la cabeza, enmascaradas e incluso maniatadas. Al respecto, los Obispos de Antofagasta pidieron en un comunicado «respeto al imperio de la Ley que debe regir todas las actuaciones de los organismos del Estado, más aún, cuando se trata de medidas que afectan la libertad de movimiento de las personas». Asimismo expresaron alarma por el anuncio del gobierno de realizar 15 vuelos de deportación este año, el primero de ellos el pasado 25 de abril, desde la ciudad de Iquique. Por su parte, organizaciones como la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y la Clínica Jurídica de Migrantes de la Universidad Diego Portales reiteran en conjunto la falta del debido proceso para las expulsiones. Además insistieron en la violación de tratados internacionales suscritos por Chile y la actitud de oídos sordos a un reciente llamado humanitario de la ONU para que no se realizaran expulsiones colectivas. Massiel Cárdenas, abogada de la Clínica Jurídica de Migrantes, argumentó que las personas tienen derecho a una evaluación individual de sus casos, y a permanecer en el país mientras se considera su situación migratoria, más aun en casos que no tienen antecedentes panales. Para Vanessa González, presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, exigió que el Gobierno detenga esta «campaña del terror, de persecuciones y detenciones de personas migrantes y sobre todo de indocumentados con mayor vulnerabilidad». Waleska Ureta, directora del SJM, aseguró que las autoridades incluso han detenido a padres y madres de familia, lo que genera desarraigo en niños y adolescentes y «un drama cruel e injusto». Datos aportados por el SJM, señalan un fuerte aumento de las expulsiones en los últimos años, pues entre 2018 y 2020 se ordenaron 18 mil 725, que representan casi la mitad de todas las informadas desde 2010. En tanto, 2019 fue el año con mayor cantidad de expulsiones, con más de ocho mil. Santiago de Chile, 7 de junio 2021 Crónica Digital/PL
La Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) destacó hoy, en víspera de cumplir 45 años de fundada, la lucha sostenida por la unidad y la justicia social para los pueblos del hemisferio. «Al cumplirse 45 años de la Federación Latinoamericana de Periodistas es un deber resaltar la historia de compromisos con los principios que dieron vida, el 7 de junio de 1976», expresaron en una declaración conjunta su presidente Juan Carlos Camaño (Argentina) y su secretario general, Nelson del Castillo (Puerto Rico). En esta fecha tan cara a los sentimientos de todas y todos, quienes constituimos la Felap, celebramos la unidad, sostenida contra viento y marea, expresaron los dirigentes federativos. Resaltaron además que muchas veces, en circunstancias harto difíciles para nuestros pueblos y, en particular, para el ejercicio de la profesión frente al atropello de los poderosos y el accionar mafioso, la organización hemisférica ha sabido mantener en alto la bandera de la justicia social. La Felap se fundó en México el 7 de junio de 1976, bajo el influjo del venezolano Eleazar Díaz Rangel, su primer presidente, y el peruano Genaro Carnero Checa, primer secretario general. También figuraban en esa etapa inicial Hernán Uribe (Chile), José Gómez Talarico (Brasil), Luis Jordá Galeana (México) y Ernesto Vera (Cuba), entre otros tantos. La instalación de su primera directiva tuvo el respaldo del entonces mandatario mexicano Luis Echeverría. Camaño y Del Castillo destacaron los lazos establecidos por la Felap en otras latitudes con el Sindicato de Periodistas de Portugal, Comisiones Obreras de España, la Unión de Periodistas de Rusia y la Asociación Nacional de Periodistas de Toda China, a la vez que ha participado en la fundación de la Plataforma de Cooperación de Periodistas de la Franja y la Ruta. De su parte, Camaño resaltó que Carnero Checa, Díaz Rangel, Uribe, Vera y Luis Suárez (México) fueron y serán máximos referentes de un periodismo vinculado de raíz a las luchas por la independencia de los pueblos de América Latina y el Caribe, y por la emancipación de la clase trabajadora. Por eso, en estos 45 años de Felap los recordamos y homenajeamos a ellos y a las compañeras y compañeros, ya fallecidos, que fueron puntales en la lucha inagotable por la justicia social, como Ernesto Carmona (Chile), Guillermo Cabrera, Julio García Luis, Juan Marrero, Antonio Moltó y Lázaro Barredo (Cuba). La declaración de los dirigentes de la Felap también mencionó a Elías Barahona, Iliana Alamilla y Víctor Hugo de León (Guatemala); Susana Viau, Marta Conti, Martha Fernández y Horacio Agesta (Argentina); Fredy Balzán (Venezuela); y José Antonio Calcáneo (México). Buenos Aires, 6 de junio 2021 Crónica Digital/PL
La falta de ayudas del gobierno de Chile a víctimas de la represión durante la revuelta popular de octubre de 2019 fue criticada por Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Micco valoró un reciente anuncio del presidente Sebastián Piñera de crear una fiscalía especializada en derechos humanos, pero advirtió que esa medida es a mediano y largo plazo mientras que las víctimas necesitan ayuda inmediata. En entrevista al diario digital El Mostrador, puntualizó que esa entidad pidió financiamiento para abogados, psicólogos y trabajadores sociales que trabajen con las víctimas. Al respecto subrayó que la propuesta de la fiscalía de derechos humanos «son anuncios, y nosotros no hemos recibido lo que son las propuestas concretas». En relación con el reiterado tema sobre el número de víctimas de la represión, señaló que el INDH no cuenta con una cifra clara de las personas privadas de libertad por acusaciones o delitos cometidos durante la crisis social». Pero denunció que «un tercio de la población penal está bajo la custodia del Estado en condiciones deplorables y no se ha emitido sentencia sobre sus casos». Recordó que el INDH presentó dos mil 917 querellas por violaciones a los derechos humanos, pero hasta el momento solo una tuvo sentencia, y aseguró que el problema es más grave porque «más del 60 por ciento de esas personas jamás han prestado declaración». Para Micco resultan necesarias medidas de corto plazo para dar respuesta a todas esas denuncias pendientes, incluyendo el reforzamiento de la labor de los fiscales de dedicación exclusiva, para que lleguen a las víctimas que todavía no han podido declarar. Añadió que lo mismo ocurre con la labor del Servicio Médico Legal, pues a esa entidad corresponde dar los resultados de 645 querellas presentadas por el INDH, que siguen sin respuesta debido a que han priorizado las muertes ocasionadas por la pandemia de Covid-19. Santiago de Chile, 5 de junio 2021 Crónica Digital/PL
Por Mario Aguilera S. Había un solo teléfono público en Pisagua, era un local pequeño donde vendían un poco de todo, hacíamos turno para despachar, habíamos llegado unas horas antes, en mi caso hubo un esfuerzo enorme de la Radio para enviarme hasta allí, era la Radio Nuevo Mundo éramos muy pobres, pero debíamos estar, habían aparecido los primeros cuerpos de los desaparecidos en el campo de prisioneros de Pisagua. Una hora antes habíamos estado en el lugar, solo unos minutos, los peritos todavía trabajaban en el cuidado para sacar los cuerpos desde la arena, todo estaba tal cual se produjo su muerte, la sal, el calor, la arena y lo seco del lugar habían permitido mantener incluso las últimas muecas del dolor al momento de su muerte, era un paisaje conmovedor, ellos al fondo de la fosa, un poco más allá un cementerio añoso casi abandonado, era cosa de levantar la vista y se veía el mar allí tranquilo rozando la arena del desierto. Allí estaba el juez de Pozo Almonte, Nelson Muñoz, que tuvo la osadía de creer lo que llegó a sus oídos, había una fosa clandestina, era verdad allí estaba momificado el testimonio de una terrible masacre, comenzaron a llegar los familiares, se abrazaban entre sí, abrazaban a los abogados presentes, al juez y también a nosotros los periodistas , era la enorme emoción de encontrarlos, están muertos pero estaban allí, ahora podrán dejarles esas flores del norte hechas en papel, que duran mucho tiempo, lloraban de emoción, la angustia de la búsqueda para muchos había terminado. Era mucho el movimiento en Pisagua, ya en el pasado había sido con González Videla un campo de prisioneros, volvió a tomar su lugar en 1973, nuevamente una cárcel para prisioneros políticos, no había donde quedarse, no lejos de la playa había un retén de carabineros , unos pescadores nos sirvieron de guías y nos llevaron al lugar en que estaban los detenidos, también nos mostraron el teatro de Pisagua, estaba bien conservado y de pronto apareció en el escenario María Maluenda, la actriz, también había llegado a Pisagua junto a un grupo de abogados de Derechos Humanos y comenzó un monologo, con su potente voz llamó a los fantasmas del lugar, agradeció lo que allí había ocurrido y recitó a Neruda “Preguntaréis por qué su poesía no nos habla del sueño, de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal? Venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles! Era hermoso, era un martirio, era palabra, era poesía y quedamos todos mudos, no hubo aplausos, una que otra lagrima ayudó a contenerse en el bello momento, nada estaba previsto, así surgió. Tampoco estaba previsto que en ese mes de junio de 1990 nos encontráramos en ese lugar, dando la bienvenida a los que habían tratado de esconder bajo la arena. Un sándwich al mediodía, mucha agua y solo comíamos en la […]
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Emilia Nuyado, calificó como «histórica» la condena a un ex técnico paramédico del psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, por torturar sexualmente a una paciente que ingresó de urgencia por un cuadro psicótico severo. Ello según dijo la parlamentaria, » es la primera condena por violencia sexual por la ley que entró en vigencia el 2016, que tipifica el delito de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes y se especifica además que estos abusos fueron ejercidos por un agente del Estado, en su calidad de funcionario público». Sobre este último punto la diputada Emilia Nuyado recordó que «existen varias querellas contra el Estado por tortura con connotación sexual desde el Estallido social y este fallo puede abrir una oportunidad para terminar con la impunidad en estos casos». «Es importante porque se consideran las relaciones de abuso de personas bajo la dependencia del Estado y se establece además que la desnudez forzada es violencia sexual pudiendo ser considerada como un trato degradante o un tipo sexual de tortura. Estos puntos son importantes porque hemos sabido que según el INDH al menos hay 353 casos de desnudamientos forzados, más de 100 casos donde se denuncian tocaciones y 9 casos de abusos sexuales graves. Como podemos ver estos casos no son hechos aislados y el fallo podría dar una oportunidad para terminar con la impunidad», dijo la diputada. Para Emilia Nuyado, «si bien existe un retraso en el desarrollo técnico de la fiscalía e incluso del SML, para determinar la violencia sexual, creemos que este es un punto no menor, sobre todo cuando tenemos una policías cuestionada por sus abusos y un gobierno que hace oídos sordos las violaciones a lo derechos humanos». «Nosotros como Comisión de Derechos Humanos hemos recibido muchas denuncias desde el Estallido del 18 de Octubre hasta ahora y podemos ver que los avances han sido mínimos. En este sentido también existe una deuda en materia de violencia sexual y esperamos que con fallos de esta naturaleza se abrá un camino para la justicia de muchos mujeres que fueron violentadas», concluyó Emilia Nuyado. Santiago de Chile, 31 de mayo 2021 Crónica Digital
Decenas de personas se congregaron en la céntrica plaza Baquedano, de la capital chilena, para exigir la libertad de los presos de la revuelta popular que estalló en octubre de 2019. Entonando la consigna «libertad, libertad, a los presos por luchar» y portando banderas de Chile y pancartas reclamando un trato adecuado a esas personas que permanecen tras las rejas sin un debido proceso, la manifestación pacífica fue reprimida por las fuerzas policiales. Un numeroso contingente policial empleando carros lanzaagua contra los participantes en la protesta para tratar de impedir que ocuparan la emblemática explanada, bautizada Plaza de la Dignidad tras el estallido sociales del 18 de octubre de 2019. Durante esta semana cobraron fuerza los reclamos por la liberación de esas personas, muchos de ellos jóvenes, y el miércoles la comisión de Seguridad del Senado aprobó legislar sobre un proyecto que propone un indulto general por razones humanitarias de esas personas. Sobre ese texto, que ya fue respaldado en la comisión de Derechos Humanos, el senador Francisco Huenchumilla, de la Democracia Cristiana, aseguró que se trata efectivamente de presos políticos, porque su detención ocurrió en un contexto de enfrentamiento político. Sin embargo, el gobierno se niega rotundamente alegando que cualquier medida en favor de esas personas es un estímulo a la impunidad, porque -alega- cometieron delitos y fueron juzgados por los tribunales. A los reclamos se sumaron los candidatos presidenciales Daniel Jadue, del Partido Comunista; Gabriel Boric, del Frente Amplio, y Paula Narváez, del Partido Socialista, entre otras personalidades. Por su parte, 22 integrantes de la recién electa convención que redactará la nueva Constitución, demandaron en un comunicado la «libertad inmediata» de todos los presos del estallido social, especialmente de los menores de edad. El comunicado denunció que desde la revuelta de octubre de 2019, ha habido cientos de privados de libertad, condenas desmesuradas, procesos injustos y dilatados, montajes orquestados por carabineros y medidas cautelares sin objetividad e imparcialidad. Asimismo cifraron en dos mil 500 los detenidos hasta marzo último en prisión preventiva por hechos acaecidos en manifestaciones, muchos de ellos menores de 15 años, y advirtieron que en Chile «se encarceló y encarcela la justa lucha por demandas sociales». Santiago de Chile, 28 de mayo 2021 Crónica Digital/PL
Ciudadanos del mundo publican un importante comunicado en solidaridad con el pueblo colombiano que se moviliza en todo el país neogranadino en contra de las medidas económicas, sociales y políticas del gobierno de Iván Duque. En el “Comunicado a la Opinión Pública” pensadores, mujeres, líderes sociales, alcaldes, concejales, diputados, dirigentes políticos y cultores condenan de la manera más enérgica la brutal represión contra los manifestantes y la violación de derechos humanos que hoy vive ese pueblo hermano. Igualmente, el pronunciamiento destaca el respaldo que la Casa Blanca brinda al gobierno colombiano y exige el cese del apoyo militar de Estados Unidos al país suramericano. Los más de cien firmantes de distintos países de Norteamérica, Suramérica, Centroamérica y Europa, expresaron que la política exterior de Estados Unidos hacia Colombia redunda en en un clima de mayor violencia. Los ciudadanos firmantes del Comunicado señalaron que “Somos amantes de la paz y la justicia social, razón por la cual consideramos que la militarización de Colombia solamente contribuye a agravar la situación de violencia que ya vive el país”. Las personalidades que suscriben el documento han manifestado que se unen al clamor mundial contra la represión. Además, consideran que en Colombia hay una insurrección de la esperanza que se vincula a una insurgencia global orientada a conformar nuevos modelos de convivencia humana guiado por valores y principios como el respeto a la vida, el amor, la equidad, internacionalismo y la solidaridad. Hoy 28 de mayo está anunciada una movilización masiva del pueblo colombiano. Se estima que dicha actividad será multitudinaria, razón por la cual este Comunicado se publica en un momento importante para las luchas que se desarrollan en ese país. COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA CONSIDERANDO PRIMERO. Que desde hace un mes el hermano pueblo de la República de Colombia se encuentra en los campos y ciudades movilizado legítimamente por sus sueños, en defensa de sus derechos y a la espera de que sus demandas sean escuchadas por Gobierno de Iván Duque. SEGUNDO. Que la libertad de expresión y el derecho a la vida son bienes jurídicos tutelados por el Derecho Internacional Público y son parte integral de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin dudas, la inconformidad ante el presente y el anhelo de un futuro mejor no es delito ni tampoco terrorismo. TERCERO. Que los diferentes medios de comunicación y redes sociales han registrado una cantidad considerable de muertes y heridos durante las protestas, así como la utilización de armas de fuego por parte de la fuerza pública en las manifestaciones y la aparición de grupos de civiles armados que disparan contra la ciudadanía que ejerce su derecho a la protesta. Adicionalmente, en múltiples imágenes y vídeos se aprecia el trato cruel, inhumano o degradante del que son víctimas numerosos manifestantes a manos del Escuadrón Móvil Anti-Disturbios (ESMAD). ACORDAMOS PRIMERO. Como ciudadanos del mundo expresar nuestra más sentidas palabras de solidaridad con las familias que han perdido a sus seres queridos durante las manifestaciones, condenar la represión de los cuerpos […]
El Máximo Tribunal ratificó sentencia de la Corte de Apelaciones, y con ello la orden del Consejo para la Transparencia (CPLT), pese a no pronunciarse sobre el fondo de la misma, por lo que la policía debiera hacer entrega de las grabaciones realizadas en tres comunas de Santiago por personal uniformado. La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de queja interpuesto en representación de Carabineros de Chile por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, dejando a firme la decisión del Consejo para la Transparencia que ordenó la entrega de registros de las cámaras corporales usadas por funcionarios de la institución en las labores de control del orden público realizadas en comunas de Santiago entre el 18 de octubre de 2019 y 31 del mismo mes de 2019. Este fallo, pese a que el máximo tribunal no se pronunció respecto de la calidad de públicas de las grabaciones en cuestión, que fueron objeto del amparo presentado ante el CPLT (rol C8066-20), deja a firma hacer efectiva la orden de entrega a la persona que lo solicitó de las grabaciones realizadas con las cámaras portátiles usadas por el grupo de operaciones policiales especiales en el período mencionado, y que fueron requeridas mediante Ley de Transparencia. Con anterioridad, la Corte de Apelaciones también había declarado la inadmisibilidad del reclamo de ilegalidad deducido en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia. Para dar cumplimiento a esta orden, la institución policial, acorde al denominado principio de divisibilidad, debe proteger los datos personales que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena, y especialmente, las imágenes de personas que aparezcan en las videograbaciones, en particular, de niños, niñas y adolescentes; así como cualquier otro antecedente que haga identificable a cualquier persona. Por esta razón, en sus descargos ante el CPLT, entre otras razones, Carabineros aludió a que la negativa de acceso a los antecedentes se sustentaba en que debía destinar horas de personal dedicado a otras funciones para difuminar rostros y datos personales u otros detalles que permitieran identificar a las personas que aparecieran en un total de 666 registros audiovisuales, 170 horas aproximadas de grabaciones. La entrega de dicho material “requiere previamente efectuar todo un trabajo de revisión de cada registro audiovisual con la finalidad de realizar un difuminado de rostros u otros elementos que contengan las grabaciones que hagan identificable a una persona, a objeto de proteger los datos personales de las mismas, todo lo cual importaría distraer indebidamente al personal de Carabineros de Chile, del cumplimiento regular de sus funciones habituales, lo que hace imposible dar cumplimiento al requerimiento (…)”. En el mismo amparo, la persona que solicitó el material audiovisual había requerido un documento con información básica sobre el registro visual, que debía responder a “los mismos parámetros de tiempo y lugar, incluyendo el tipo de videocámara corporal; fecha del registro; hora(s) del registro; nombre, cargo y rango del funcionario que portaba la cámara”. En este caso, la policía entregó un registro de […]
Como “un paso urgente y necesario de instruir en la cultura institucional de Carabineros” definió esta mañana el senador Alejandro Navarro (PRO) la iniciativa ingresada al Senado que busca prohibir los desnudamientos forzosos, las tocaciones indebidas y otras agresiones sexuales similares en los procesos de detención policial y, además, penaliza a los funcionarios que las ordenen o ejecuten. El proyecto que comenzará su tramitación esta tarde en la comisión de derechos humanos, nacionalidad y ciudadanía de la Cámara Alta, modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, incorporando referencias específicas a las agresiones dispuestas en el cuerpo de la iniciativa. Para el senador Alejandro Navarro (PRO), “a finales de 2019 Human Rights Watch elaboró un contundente informe sobre la situación de derechos humanos, donde constató entre el 17 de octubre y el 3 de diciembre, 190 hechos relacionados a violencia sexual dentro de las comisarías del país. Abofem también denunció que más del 90% de las denuncias recabadas a las detenidas se les hizo desnudarse y realizar sentadillas. Nada dice que esto haya cambiado”. El parlamentario presidente de la comisión de derechos humanos del Senado, que comenzará la tramitación del proyecto a partir de las 15:30hrs, agregó que “esta conducta no viene junto al estallido, pues antes del 18 de octubre ya habíamos recibido denuncias en la Comisión de mujeres obligadas a desnudarse en procesos de detención, como lo fue el caso de las profesoras en Copiapó en el marco de las movilizaciones por el paro docente”. Por otro lado, el senador progresista lamentó que ningún parlamentario o parlamentaria del oficialismo haya firmado el proyecto de ley, ya que “hubiese entregado una señal clara de voluntad para avanzar en esta materia. Chile Vamos reclamó por la presidencia de la comisión de derechos humanos y no ha hecho nada por avanzar en temas fundamentales”. Por último, Navarro manifestó que “espero que el ministerio de Justicia y Derechos Humanos reciba y patrocine este proyecto de ley. El ministro Hernán Larraín debe marcar posición al respecto, pues ninguna orden de la Dirección General de Carabineros será igual que una acción desde el mundo civil para parar esta práctica que está en el ADN de la cultura institucional de nuestras policías”, concluyó. Santiago de Chile, 24 de mayo 2021 Crónica Digital
