Este lunes la comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado sesionó para analizar los alcances de la implementación del Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO), creado a fines de 2019 como acto de reparación a las víctimas de traumas oculares proporcionados por agentes del Estado en el contexto de las movilizaciones sociales. En la apertura de la convocatoria, la instancia presidida por el senador Alejandro Navarro (PRO) leyó parte de las inquietudes y críticas al Programa emitidas por representantes de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, que principalmente se enfocan en la falta de atención siquiátrica y sicológica de ellos y de su entorno familiar, así como la centralización del Programa, que agrupa todos los casos en el Hospital del Salvador, y que otro tipo de gastos asociados como prótesis, abogados, traslados a Santiago y estadías no están contemplados en la ayuda integral del PIRO. Otra de las críticas a la implementación del Programa por parte de las víctimas es el trato del personal de salud que los atiende, ya que acusaron que estos los culpan de los hechos ocurridos, re victimizandolos. Ante ello, el ministro Enrique Paris, señaló que dichas situaciones se deben corregir y que debe existir una capacitación en derechos humanos de parte de las entidades formadoras como la Asociación de Facultades de Medicina de Chile (ASOFAMECH). Sobre la ley de reparación a las víctimas del Estallido, Paris indicó que “debiese ser una iniciativa del Ejecutivo y que ojalá pueda surgir del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que haya un financiamiento a largo plazo de este tema y no estar todos los años aprobando un presupuesto de ayuda. Estamos en momentos de dialogar y conversar para llevar adelante este proyecto”. Por su parte, la directora del Hospital del Salvador, Victoria Pinto, expuso que actualmente el programa PIRO trabaja con 374 pacientes, que cuentan con 219 atenciones en Trabajo Social y que de las 2.262 horas disponibles para la atención de beneficiarios, 1.276 horas no fueron utilizadas. Descentralización Uno de los principales puntos tratados fue la descentralización del Programa. Opinión que expuso el senador Alejandro Navarro (PRO) al señalar que “no se le puede cargar un programa de cobertura nacional a un hospital en particular y en la ciudad de Santiago. El programa PIRO no alcanzará la amplitud que se necesita si continúa encerrado en el Hospital del Salvador. Se requiere al menos una Unidad de Trauma Ocular en cada macrozona del país”. “Esperamos que el gobierno tome nota de los puntos expuestos en esta comisión, para que durante la discusión del presupuesto 2022 podamos generar las condiciones para que el Programa Integral de Reparación Ocular pueda ser una política de Estado sustentable, duradera en el tiempo y con cobertura 100% descentralizada”, concluyó. Santiago de Chile, 19 de mayo 2021 Crónica Digital
DD.HH.
La administración del presidente estadounidense, Joe Biden, mantiene hoy detenidos a más de 20 mil niños solicitantes de asilo en unas 200 instalaciones, como parte de la crisis migratoria en la frontera con México. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de la nación norteña informó en un comunicado que el personal y los contratistas de esa agencia federal trabajan arduamente para mantener a los niños bajo su custodia seguros y saludables, pero activistas y defensores de los derechos de los indocumentados se quejan de las condiciones inhumanas en esos centros de acogida. Datos confidenciales obtenidos por la agencia Associated Press (AP) y publicados este martes, señalan que al menos cinco de esos refugios en poco más de 20 estados norteamericanos albergan en condiciones de hacinamiento a más de mil menores en su interior cada uno, y los abogados dicen que los padres no pueden averiguar dónde están sus hijos, una situación que se produce en medio de la pandemia de la Covid-19. Las autoridades involucraron en sus planes para enfrentar la situación a alrededor de una docena de instalaciones de emergencia sin licencia Estos llamados Sitios de Admisión de Emergencia están ubicados dentro de unidades militares, estadios y centros de convenciones, eluden las regulaciones estatales, no requieren la supervisión legal tradicional, ni garantizan a los niños el acceso a la educación, oportunidades recreativas o asesoramiento legal, señala AP. Los datos muestran que la cantidad de menores migrantes bajo custodia gubernamental se duplicó en los últimos dos meses, y esta semana superaba los 21 mil infantes, desde pequeños hasta adolescentes. Abogados y expertos en salud mental dicen que si bien algunos de estos lugares son seguros y brindan la atención adecuada, otros ponen en peligro la salud y la seguridad de los niños. Por otra parte, según el portal digital Politico, el secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), Xavier Becerra, presionó para mantener los límites de admisión de refugiados históricamente bajos de la administración de Donald Trump (2017-2021) por temor a abrumar a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que supervisa dicha agencia federal. Becerra también enfrenta a críticas internas del personal de la Casa Blanca que, en privado, acusan al secretario de tardar demasiado en tomar el control de la situación y responder como debiera a la afluencia de migrantes, en particular niños, que llegan a la frontera sur desde el comienzo de este año, según Politico. Washington, 11 mayo 2021 Crónica Digital/PL
Ante la comisión de derechos humanos y pueblos originarios de la cámara, expondrán los dirigentes del Comando Unitario de Ex Prisioneros Políticos y Familiares, Haydee Oberreuter y Ramón Nuñez, quienes señalan que cerca de 40 mil personas que hoy reciben pensión reparatoria por ser víctimas de violación de derechos humanos acontecidos en Dictadura, hoy son sujetos de una discriminación arbitraria al no calificar para las ayudas estatales en medio de la crisis sanitaria y económica que vive el país debido a la pandemia. La dirigenta Haydee Oberreuter señala que “La lucha contra la dictadura militar implicó durísima represión, cárcel y exoneraciones. El trabajo formal ha sido un privilegio desconocido para la mayoría de nosotros. De ahí que para nosotros, que en su mayoría estamos en la tercera edad, la situación de pensiones es gravísima. Y en el contexto actual, discriminados por el gobierno para recibir ayudas COVID, estamos en una posición crítica que puede tener fatales consecuencias”. La sesión será transmitida online a través de: www.democraciaenvivo.cl Santiago de Chile, 5 de mayo 2021 Crónica Digital
Por medio de la presente, las personas y organizaciones de sociedad civil abajo firmantes, queremos manifestar nuestra oposición a la elección del Sr. Rolando Melo -actual gerente de la división de estudios de la Fiscalía Nacional- como Defensor Nacional. Como es de público conocimiento, el integrante de la Fiscalía Nacional forma parte, junto a la defensora regional Loreto Flores y al defensor regional Luis Graig, la terna desde la que el Presidente debe seleccionar a quien dirija la Defensoría Penal Pública. Resaltando, en el contexto de un proceso constituyente, la importancia de un proceso de escrutinio y debate público en la selección de las máximas autoridades, hacemos hincapié en que una de las persistentes falencias institucionales de la Defensoría Penal Pública es su falta de autonomía, lo que continuamente obstaculiza el ejercicio de la defensa, afectando no sólo a las personas imputadas que requieren del servicio prestado por la Defensoría Penal Pública, sino al sistema penal en su conjunto. Esto es especialmente notorio cuando el ejecutivo ejerce la acción penal, en conjunto con el Ministerio Público, en contra de un grupo o categoría de personas, demostrando una política criminal específica. Situación que ha quedado en evidencia, por ejemplo, en caso del conflicto del Estado con el Pueblo Mapuche y la persecución penal que se ha llevado adelante en ese contexto; en la persecución de delitos migratorios; o en los casos iniciados durante el “estallido social”. Por ello, y mientras no exista dicha autonomía institucional, resulta fundamental que las personas que ocupen el cargo de la dirección nacional de la Defensoría, garanticen la suficiente independencia para sobreponerse a las eventuales presiones ejercidas por otros poderes del Estado. Rolando Melo representa todo lo contrario a esta exigencia. En efecto, él ha contado con la confianza de este gobierno, por ejemplo, en 2010, año en que fue designado como director del SENAME para hacerse cargo de su modernización, como dijo el Ministro de Justicia de la época, ejerciendo el cargo durante tres años. Adicionalmente, el candidato a Defensor Nacional se ha desempeñado hasta la actualidad en el Ministerio Púbico, quien constituye la contraparte de la defensa en el sistema penal, y tiene -por cierto- objetivos institucionales contradictorios. Una defensa pública débil favorece la labor de la fiscalía y de quienes quisieran una condena efectiva y ejemplarizadora en determinados contextos. Sostenemos que resultaría un despropósito el nombramiento de Rolando Melo como Defensor Nacional, pues esto pondría en duda la certeza que las y los ciudadanos tendrán de disponer de una defensa sin censura cuando sean objeto de imputaciones criminales, especialmente si el gobierno tiene un interés en ello. No existe otro órgano público que ejerza esta labor, y en complejos momentos para la sociedad, los acontecidos durante octubre de 2019 en adelante, se requiere de una Defensa Pública con la voluntad de ejercer su labor y que cuente con la confianza de la población. Organizaciones que apoyan la presente declaración Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) Agrupación De Mujeres Democráticas Históricas Agrupación Guacoldas […]
En el anuncio, realizado en vivo a través de las redes sociales del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, los periodistas abordaron la injerencia del Estado en los contenidos periodísticos de medios de comunicación así como la participación de miembros del Ejército y el Poder Judicial en las acciones de espionaje en contra de periodistas. Bajo la consigna «Cuidar la democracia es asegurar la libertad de expresión», este lunes 3 de mayo, en el marco de un nuevo Día Mundial de la Libertad de Prensa, los Premios Nacionales de Periodismo Juan Pablo Cárdenas, Faride Zerán, María Olivia Mönckeberg, Sergio Campos, Alipio Vera, Abraham Santibáñez y Mónica González, junto al director de la Escuela de Periodismo del ICEI de la Universidad de Chile, Dino Pancani, emitieron una Declaración Pública en rechazo a las recientes amenazas que han afectado al ejercicio periodístico y la libertad de expresión. En dicho anuncio, realizado a través de las redes sociales del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, los periodistas abordaron la injerencia del Estado en los contenidos periodísticos de medios de comunicación, así como la participación de miembros del Ejército y el Poder Judicial en las acciones de espionaje en contra de periodistas, entre los cuales se vieron afectados académicos de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. En el comunicado, los y las periodistas hicieron un llamado al Ministerio de Defensa a que esclarezca los hechos, y manifestaron la necesidad urgente de que se garanticen las debidas condiciones de seguridad para que los periodistas puedan informar sobre movilizaciones sociales. Revisa y descarga el comunicado completo a continuación: Santiago de Chile, 3 de mayo 2021 Crónica Digital
Con estupor reaccionó la opinión pública a las declaraciones de Yuyuniz Navas de Caso, una candidata a constituyente por la derecha en el Distrito 9, en el programa “Aquí se Debate” de CNN Chile. Ella había sentenciado en su cuenta en Twitter: “Salirnos de la ONU es lo que se debe y dejar de vender el país. Impresentable e inadmisible”. Frente a ello, la periodista Mónica Rincón le preguntó: “¿Qué país se ha salido de la ONU?”. Respondió: “Eeeh, mira, no me acuerdo dónde leí, o sea, cuál país se salió de la ONU, que a raíz de eso también me sentí inspirada… No tengo el dato ahora”… Agregó: “Tenemos que mirar el mundo como es, cíclico, que cambia, tiene que renovarse. La ONU en su minuto fue muy importante, pero hoy día no lo es, hoy día está ideologizada”… También se refirió a la COVID–19: “Yo intuyo y lo que siente mi cuerpo (sic) es que este virus fue lanzado con un interés político y económico. ¿De quién? (…) De China y del gobierno comunista”. En verdad, no es la primera vez que desde la derecha emergen afirmaciones de ese tipo. El 2018, en el marco de la controversia por la decisión del Gobierno de Piñera de no suscribir el Pacto Mundial sobre la Migración, la diputada de RN Camila Flores defendió la postura de La Moneda, manifestando en el programa Directo al Grano de Radio Agricultura que “los países serios se están saliendo de la ONU”. Junto con ello, argumentó que “sabemos que la ONU es un brazo armado de la izquierda en el mundo”… Luego, en las redes sociales de la emisora se corrigió la primera frase de la congresista: “Los países serios no van a ingresar al pacto migratorio de la ONU”. Esas declaraciones son expresión de algo más que un par de anécdotas pintorescas. Son la muestra visible de la influencia de un componente clave del extremismo de derecha en los conservadores que adhieren a los partidos tradicionales de la derecha. UNA FABRICA DE CONSPIRACIONES Ya en los tiempos de la Revolución Francesa se instaló, en la reacción contrarrevolucionaria, una interpretación conspirativa de su origen, fundamentos y propósitos. Con el transcurso del tiempo esa noción fue mantenida entre los conservadores y extremistas de derecha: la existencia de una conspiración para imponer un gobierno o una dictadura mundial, digitada desde las sombras por una sucesión de enemigos imaginarios: la masonería, los jesuitas, el judaísmo, el liberalismo, el comunismo, la sinarquía (e incluso una combinación de todos). Desde sus orígenes, fue un relato útil para la oposición conservadora a la democracia (y, por lo tanto, al pluripartidismo y los partidos políticos), y a la existencia de principios universales de igualdad de derechos, como los delineados por primera vez en 1789 con la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia. Fue, asimismo, fundamento clave de los nacionalismos autoritarios o totalitarios que desde entonces han proliferado bajo diversas formas, incluso […]
Plantemos 30.000 árboles para sembrar memoria en homenaje a todos los desaparecidos en la última dictadura argentina, incluyendo a las personas de nacionalidad chilena. Esa fue la idea fuerza con la que, el pasado miércoles 24 de marzo de 2021 se realizaron una gran cantidad de recordatorios del golpe cívico–militar que encabezó el general Rafael Videla. Con diferentes características, se desarrollaron a lo largo de la Argentina, impulsados por Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo e HIJOS, entre otras expresiones del movimiento de derechos humanos. Esta propuesta se elaboró a partir del análisis de que, dada la situación de pandemia que padece la Argentina y el mundo, no era conveniente convocar a la ciudadanía a la tradicional “Marcha del 24”, la que sin exagerar resulta todos los años en una movilización de las más concurridas, en donde confluye una amplia diversidad de sectores políticos e ideológicos, sindicatos, centros barriales, sectores del arte y la cultura y todo tipo de organizaciones no gubernamentales. En verdad, una parte significativa de la población se pone en movimiento para mantener viva la memoria de lo ocurrido en la última dictadura argentina: por ello su masividad y emotividad. En este año se realizaron entonces plantaciones de árboles autóctonos en todo el país, para no olvidar a los 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, junto con una multiplicidad de iniciativas conmemorativas. Entre las múltiples actividades, destacó el acto en el Museo del Bicentenario, en donde el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, entrego a todas las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo un reconocimiento oficial del Estado argentino. El Mandatario, cuando presentó el premio, dijo que son un “modelo de conducta, de lucha y de compromiso” y expresó que “su tarea es reconocida en el mundo entero”. Por otra parte, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), plantó un árbol en su predio de Ezeiza, en consistencia con el llamado de las organizaciones de derechos humanos. Era la primera vez que la directiva de la institución realizaba una ceremonia recordatoria de las víctimas del golpe de Estado. Encabezó el acto el presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien dijo: “Nunca se había logrado que la dirigencia del fútbol argentino abriera este predio para homenajear la memoria de los desaparecidos por la dictadura, y hoy lo estamos llevando a cabo”. Estuvieron presentes familiares de jugadores desaparecidos y jugadores de futbol que tienen familiares desaparecidos, y demás integrantes de la directiva de la AFA. También se plantaron árboles por la memoria en Boca Juniors, River Plate, Huracán y una gran cantidad de clubes de futbol: más allá de las pasiones por la competencia futbolística, que tanto apasiona al pueblo argentino, en esta ocasión todos actuaron unidos en defensa de la memoria histórica. También fue significativo el acto recordatorio que se realizó en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ex ESMA), el mayor centro clandestino de detención y tortura en la última dictadura. Este recinto […]
Este sábado el senador Alejandro Navarro (PRO) adelantó lo que será una nueva sesión de la comisión de derechos humanos del Senado, donde este lunes se abordará cómo tema principal la situación del derecho a la información y la libertad de prensa en nuestro país. Para ello, la instancia que sesionará a partir de las 15:30hrs (Transmisión por TV Senado), contará con las exposiciones del Ministro de Defensa, Baldo Prokurica, del Director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Dino Pancani, y del Rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña. Así como también del Presidente del Colegio de Periodistas, Danilo Ahumada, de la periodista de La Red, Mónica González, de los periodistas Javier Rebolledo y Mauricio Weibel, y de representantes del medio independiente PiensaPrensa. Para Navarro “la comisión de derechos humanos del Senado acordó la realización de una sesión frente a un hecho que tiende a volverse natural que es la intervención de autoridades a medios de prensa que vulneran claramente la libertad de expresión del medio y la libertad de información de los usuarios del medio”. “Creo que la presencia del ministro Baldo Prokurica respecto de la actuación del Ejército a un canal como La Red, la presencia de Carlos Peña y también de Javier Rebolledo, de Mauricio Weibel y de Mónica González, entre un listado amplio y diverso de invitadas e invitados, nos van a ayudar a comprender algo que está siendo debilitado por la actuación del propio presidente de la República, Sebastián Piñera”, continuó el senador del PRO. Navarro aseguró que “Piñera a telefonazo limpio lo que está haciendo es intervenir medios de comunicación afectando la libertad de expresión. La sesión esperamos terminar con propuestas concretas de cómo fortalecer este derecho que se ha visto afectado, lamentablemente, en democracia”. Santiago de Chile, 1 de mayo 2021 Crónica Digital
Por Pierre Lebret (*) Las tensiones crecen en Chile. Desde octubre de 2019, la fuerza del pueblo hizo posible lo que muchos esperaran durante más de 30 años: la posibilidad de cambiar una constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Gustavo Gatica, un joven estudiante que perdió la vista cuando la policía le disparó durante una manifestación en noviembre de 2019 (como a casi 500 jóvenes chilenos), dijo a la agencia de noticias EFE: «Estoy decepcionado por la falta de condena internacional dado el nivel de represión que se viene gestando desde hace varios meses en nuestro país». Este grito del corazón y de consternación debe hacernos reaccionar. No esperemos a que la situación se agrave aún más para condenar lo imperdonable. Hay que tener en cuenta que la carta magna heredada de la dictadura de Pinochet defiende un modelo neoliberal que ha hecho de Chile uno de los países más desiguales del mundo. La elección de una Asamblea Constituyente y paritaria el 15 de mayo es un punto de inflexión histórico para el país. Sin embargo, la represión nunca cesó. Desde la «primavera chilena», las acusaciones por delitos comunes se volvieron sistemáticas para quienes se manifiestan contra el gobierno, estrategia digna de regímenes autoritarios. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y numerosas organizaciones de derechos humanos informaron y documentaron en repetidas ocasiones cientos de detenciones arbitrarias, decenas de casos de tortura y de violencia sexual cometidos por agentes de policía. En un contexto de agudización de la crisis sanitaria, la oposición chilena pide ayuda estatal directa y urgente para apoyar a las personas más vulnerables frente a la pandemia. El gobierno respondió negativamente, rechazando además para la población empobrecida la posibilidad de un tercer retiro anticipado de sus ahorros para la jubilación. Con esta negativa que impide (sobre)vivir a miles de personas, el gobierno incluso va en contra de la intervención del Estado y sus subsidios, como se practica en otros países de la región. Prohibir que los chilenos utilicen estos últimos recursos es servir a los intereses de los fondos de pensiones privados que los poseen, intereses a los cuales el presidente Sebastián Piñera y el gobierno están subordinados. Los más vulnerables, por tanto, se encuentran aún más desfavorecidos. La falta de ayuda es vista como una injusticia más, contra la cual se moviliza el movimiento social. La indolencia del gobierno ante un pueblo que sufre y el recrudecimiento de la represión no hacen más que profundizar la polarización política en el período previo a las elecciones, cuyo buen desarrollo es crucial para el futuro de la sociedad chilena. Frente a esta situación denunciamos enérgicamente la represión del gobierno chileno contra su propio pueblo. Asimismo rechazamos la incautación del dinero de los trabajadores por parte de los líderes del sistema de fondos de pensiones privatizado, lo cual está provocando una crisis humanitaria masiva que afecta al pueblo chileno. Exigimos que Francia, a través de su canciller Jean Yves Le Drian, condene enérgicamente […]
De gran noticia para Chile valoró hoy la abogada en derechos humanos Carmen Hertz, una acusación presentada por organizaciones contra el presidente Sebastián Piñera ante la Corte Penal Internacional (CPI). La víspera la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), el exjuez español Baltazar Garzón y otras entidades pidieron a la fiscal de la CPI investigar los atropellos cometidos en Chile por agentes del Estado de manera generalizada y sistemática que constituyen crímenes de lesa humanidad. Hertz subrayó que esa solicitud denuncia, además, que más de la mitad de las acusaciones por violaciones de derechos humanos tras la revuelta social de octubre de 2019 fueron cerradas. Ello demuestra –dijo también la diputada comunista- que el Estado de Chile no investiga y, por tanto, no sanciona esos delitos y no repara de manera integral a las víctimas, y afirmó esperar que esa impunidad termine si la CPI asume la investigación pues ‘las máximas autoridades civiles y políticas de este país sí tienen responsabilidad penal internacional’. La acusación presentada ante la CPI pide que ese tribunal investigue, acuse e inicie un juicio al presidente Sebastián Piñera y a sus colaboradores civiles, militares y policiales, por crímenes de lesa humanidad, cometidos de manera generalizada y sistemática. Una declaración del presidente de la CChDH, Carlos Margotta, señala que recurrir a esa instancia internacional es un deber y un derecho ‘cuando los órganos y poderes del Estado chileno, han incumplido su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables’ de tales hechos. Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre, del partido Revolución Democrática, expresó que en el Gobierno de Piñera ‘se han cometido las más graves violaciones a los derechos humanos en Chile, desde el retorno a la democracia’. Asimismo puntualizó que la responsabilidad penal del mandatario y otros altos funcionarios ‘se puede perseguir incluso más allá del término de su mandato’. Desde el ejecutivo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, preguntado sobre este asunto, dijo que el presidente y el Gobierno ‘están comprometidos con el respeto ante temas relacionados con el cumplimiento de los Derechos Humanos’. Según Delgado, las causas sobre violaciones de derechos humanos se han investigado y las que están pendientes en otro poder del Estado como la Justicia ‘se van a investigar’. Añadió que ‘una vez que el texto de la denuncia se pueda revisar, ‘será seguramente contestado en su mérito’ por el Gobierno. Santiago de Chile, 30 de abril 2021 Crónica Digital/PL
