Decenas de personas se congregaron en la céntrica plaza Baquedano, de la capital chilena, para exigir la libertad de los presos de la revuelta popular que estalló en octubre de 2019.
Entonando la consigna «libertad, libertad, a los presos por luchar» y portando banderas de Chile y pancartas reclamando un trato adecuado a esas personas que permanecen tras las rejas sin un debido proceso, la manifestación pacífica fue reprimida por las fuerzas policiales.
Un numeroso contingente policial empleando carros lanzaagua contra los participantes en la protesta para tratar de impedir que ocuparan la emblemática explanada, bautizada Plaza de la Dignidad tras el estallido sociales del 18 de octubre de 2019.
Durante esta semana cobraron fuerza los reclamos por la liberación de esas personas,
muchos de ellos jóvenes, y el miércoles la comisión de Seguridad del Senado aprobó legislar sobre un proyecto que propone un indulto general por razones humanitarias de esas personas.
Sobre ese texto, que ya fue respaldado en la comisión de Derechos Humanos, el senador Francisco Huenchumilla, de la Democracia Cristiana, aseguró que se trata efectivamente de presos políticos, porque su detención ocurrió en un contexto de enfrentamiento político.
Sin embargo, el gobierno se niega rotundamente alegando que cualquier medida en favor de esas personas es un estímulo a la impunidad, porque -alega- cometieron delitos y fueron juzgados por los tribunales.
A los reclamos se sumaron los candidatos presidenciales Daniel Jadue, del Partido Comunista; Gabriel Boric, del Frente Amplio, y Paula Narváez, del Partido Socialista, entre otras personalidades.
Por su parte, 22 integrantes de la recién electa convención que redactará la nueva Constitución, demandaron en un comunicado la «libertad inmediata» de todos los presos del estallido social, especialmente de los menores de edad.
El comunicado denunció que desde la revuelta de octubre de 2019, ha habido cientos de privados de libertad, condenas desmesuradas, procesos injustos y dilatados, montajes orquestados por carabineros y medidas cautelares sin objetividad e imparcialidad.
Asimismo cifraron en dos mil 500 los detenidos hasta marzo último en prisión preventiva por hechos acaecidos en manifestaciones, muchos de ellos menores de 15 años, y advirtieron que en Chile «se encarceló y encarcela la justa lucha por demandas sociales».
Santiago de Chile, 28 de mayo 2021
Crónica Digital/PL
