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Tania Jara, comisaria de la PDI, realizó la gestión el viernes pasado, tras el anuncio de su desvinculación de la Institución, por haber denunciado un abuso sexual y acoso laboral prolongado ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, cuyo trabajo culminará este lunes, con una maratónica jornada de 12 testimonios que aún resta por escuchar, de los 38 considerados. Entre ellos, algunos de alta connotación pública, como el de Danitza Araya, Valeria Vivanco y Fernando Ulloa, entre otros. Se trata del primer recurso ante el Ministerio del Interior, por medida expulsiva de la PDI, bajo la nueva Ley 21.427, que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; la norma permite a los afectados apelar a contar del 17 de agosto de 2022. Tal y como sugirió el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, «Presenté mi recurso en Interior, en el Edificio Bicentenario (7° piso), por mi expulsión de la PDI. El costo es tremendo, me había mantenido estable, pero en el camino fue un sentir muy similar a cuando vas terminando una carrera, a punto de llegar a la cima de un monte… emociones positivas, pero en este caso eran emociones encontradas», señaló la comisario Jara, quien con dolor relata lo agredida que se sintió cuando le pidieron su placa y le quitaron las medidas de protección que tenía. Este lunes, la Comisión Investigadora parte temprano en Valparaíso, escuchando el relato de 12 víctimas de abusos e irregularidades al interior de la PDI. «Sin duda, el trabajo de esta comisión es muy valioso, porque deja constancia de malas prácticas y abusos que debemos erradicar. Además, abrió una ventana para que muchos otros se atrevieran a denunciar. Es así como hemos recibido más de 100 nuevos relatos que se entregarán en una carpeta a Interior. Esperamos que mostrar la verdad sirva para hacer cambios concretos y que las instancias que corresponda busquen maneras de reparación, tanto para las víctimas, como para sus familias», señaló la diputada Claudia Mix, gestora de la comisión. Santiago de Chile, 18 de diciembre 2022 Crónica Digital

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El chileno Cristian Vargas, graduado en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, aseguró que no existe hoy ningún asidero o justificación para mantener el bloqueo de Estados Unidos contra el pueblo de Cuba. Apenas dos o tres gobiernos en todo el mundo apoyan esa política, aseguró el profesional, mientras la inmensa mayoría de los países la condenan año tras año en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Durante la última votación, realizada el 3 de noviembre pasado, solo Israel votó a favor de Estados Unidos, se abstuvieron Brasil y Ucrania, y 185 naciones condenaron el cerco económico, comercial y financiero impuesto por Washington hace más de 60 años. Hay que seguir insistiendo, educando, enseñando y demostrando el daño real ocasionado por el genocida bloqueo contra el pueblo cubano, aseguró el doctor Vargas. Solo en los 14 primeros meses del gobierno de Joseph Biden las pérdidas por el bloqueo ascendieron a seis mil 364 millones de dólares, o sea unos 15 millones diarios. Según el galeno graduado en Cuba, comprar materias primas, semillas para la producción agrícola, instrumentos, medicinas y equipos de salud tiene un costo muy por encima de lo real, debido al cerco estadounidense que es inhumano e irracional. Cristian Vargas es en la actualidad director del hospital San Pablo de la ciudad chilena de Coquimbo, que atiende a una población de 700 mil habitantes por medio de una red de especialidades muy avanzadas. Santiago de Chile, 17 de diciembre 2022 Crónica Digital/PL

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El Consejo de la Autorregulación y Ética Publicitaria (CONAR) informó que acogió a trámite la denuncia, presentada por el diputado Luis Cuello junto a otros diputados a comienzos de diciembre, sobre publicidad engañosa en la campaña “Yo quiero Elegir” de la Asociación de AFPs que hace referencia a la reforma previsional del Gobierno. En relación a la respuesta de CONAR, el diputado Luis Cuello (PC), señaló: “Esta resolución demuestra que las AFPs recurren al engaño para atacar una reforma que beneficia a millones de chilenos”. Además, el diputado integrante de la Comisión de Trabajo, emplazó a la Asociación de AFPs a “suspender esta campaña ilegítima, financiada con las ganancias obtenidas gracias al trabajo de los cotizantes”. En la denuncia, que también fue respaldada por los  diputados Hectór Ulloa (IND-PPD), Juan Santana (PS), Andrés Giordano (Indp.) y la diputada Franscica Bello (CS), se argumentó que la campaña “Yo quiero elegir” de la Asociación Nacional de AFPs induce al “engaño” y no resultaría “veraz” al preguntarse: “En el nuevo sistema de pensiones ¿Puedo elegir a quién le entrego mis cotizaciones o será obligación que se los pase solo al estado?”, ya que, para los diputados, esta reforma establecería por “primera vez la posibilidad de elegir que las cotizaciones de ahorro individual sean invertidas por una entidad privada o por una entidad pública”. Como respuesta a este requerimiento, CONAR envió ayer una misiva a la Asociación de AFPs donde se les informó que “ha admitido a tramitación el reclamo por estimar que se refiere a una materia relacionada con la ética publicitaria y presentar méritos suficientes para ello”, por lo cual la Asociación deberá presentar sus “observaciones” o “descargos” en el lapso de “tres días hábiles”. Santiago de Chile, 18 de diciembre 2022 Crónica Digital/PL

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El gobierno chileno expresó su alarma por la situación de los derechos humanos en Perú y manifestó su disposición de trabajar junto a la comunidad internacional en la búsqueda de una solución a la crisis. Perú vive en medio del caos político desde la remoción y detención del presidente Pedro Castillo, lo cual originó manifestaciones de descontento y disturbios que fueron reprimidos por el Ejército y la Policía con saldo de al menos 20 muertos. Un comunicado publicado en la página oficial de la cancillería chilena deplora la muerte de personas y afirma que cualquier violación a los derechos humanos debe ser debidamente investigada. «Chile sigue con atención el desarrollo de los acontecimientos en el vecino país y hace un llamado al cese de la violencia y a una pronta solución a la crisis, con apego a los cauces democráticos y a las obligaciones internacionales de resguardo de los derechos humanos y las libertades fundamentales», señala el texto. El gobierno chileno dijo estar dispuesto a trabajar en las instancias correspondientes para contribuir a un proceso de diálogo amplio e inclusivo de los distintos actores sociales y políticos de Perú, capaz de generar las condiciones para una gobernabilidad democrática basada en la voluntad soberana del pueblo. Santiago de Chile, 17 diciembre 2022 Crónica Digital/PL

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Por Edgar Amílcar Morales Por fin, luego de prácticamente tres meses de debates «en ocasiones más parecidos a diálogos de sordos», 14 de los 16 partidos políticos chilenos representados en el Congreso Nacional llegaron a un acuerdo para crear el órgano encargado de redactar la nueva carta magna. Se trata del Consejo Constitucional, ente paritario formado por 50 miembros elegidos por voto popular y obligatorio, más un número aún no definido de escaños reservados a los pueblos indígenas. Estarán acompañados por un equipo de 24 expertos «también con igualdad de género electos a partes iguales por diputados y senadores», quienes serán especialistas de reconocido prestigio en la rama jurídica, economía y otras ciencias sociales. El secretario general del Partido Comunista de Chile (PCCh), Lautaro Carmona, aseguró que no es un acuerdo perfecto como se hubiera querido, sino el resultado de la derrota en el plebiscito del 4 de septiembre, cuando triunfó la opción del rechazo. En aquella ocasión, un primer texto redactado por una convención de 155 miembros fue sometido a consulta popular y descartado por el 62 por ciento de los votantes, luego de una fuerte campaña de desinformación y noticias falsas encabezada por la derecha chilena. Ahora»dijo el líder comunista»vienen intensos debates y se deben aprovechar los mecanismos de resguardo para conseguir de verdad una nueva ley fundamental y no una versión semejante a la actual. Según el dirigente del PCCh, resulta imprescindible movilizar a la opinión ciudadana, que se sienta su voz, y sus reclamos y necesidades lleguen hasta el Consejo Constitucional y el grupo de especialistas. El calendario comienza con la selección de los expertos en el Congreso, continúa en abril venidero, cuando la votación de los miembros del Consejo, y sigue hasta octubre de 2023, fecha en que debe estar listo el nuevo texto. A partir de entonces, se abrirá un breve período hasta finales de noviembre o los primeros días de diciembre del año próximo, cuando tendrá lugar el plebiscito ratificatorio, en el cual, una vez más, la población decidirá si acepta o no la propuesta constitucional. De esta manera, Chile habrá llevado a la práctica uno de los compromisos emanados del estallido social de 2019, que es eliminar la carta magna impuesta en 1980 por la dictadura, donde están las bases del sistema neoliberal y los privilegios para una minoría. (Tomado de Orbe) Santiago de Chile, 17 de diciembre 2022 Crónica Digital/PL

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Por: Pablo Salvat* Cada día nos queda más claro que la política y la democracia se vuelven un imposible.  La idea de democracia se ha vuelto un significante vacío, dispuesto a llenarse con cualquiera evocación, gusto personal, espectáculo o marketing; una idea manipulable con cualquier finalidad.  Ahí tiene usted el nuevo “acuerdo nacional” (como le gusta usar a la derecha chilena esos términos… ¡) uno que, en su mismo proceder metodológico, niega lo que dice ser. ¿Cuántos años llevamos con estos juegos de palabras, con el dominio pleno de las apariencias?  Pero, hay que decirlo, esta cuestión viene de lejos. Desde la Comisión Trilateral y el Consenso de Washington –después “ayudados” imprevistamente por el derrumbe de los socialismos históricos-, se afrontó el “problema” del exceso de demandas de las poblaciones y sus ciudadanos, sobre el sistema socioeconómico imperante, demandas y reclamaciones de mejor vida que ponían en peligro la viabilidad del mismo capitalismo pues. ¿Qué se podía hacer según las élites de poder?  Pues limitar la política; restringir las posibilidades de expresión alternativa de la soberanía popular. Si, si, usted puede votar aquí y allá, pero no puede intentar o proyectar ir más allá de la lógica sistémica neoliberal que domina. Pero, de nuevo, ¿cómo hacer para que esas limitaciones se estabilicen?  Bueno pues, imponer la idea de una democracia “protegida” y/o “restringida”. ¿Protegida contra quién? Pues contra el pueblo soberano y sus equivocaciones. No se puede confiar en la soberanía popular. Es irracional, emotiva y sentimental. Por lo mismo, puede resultar fácilmente “manipulable”, claro, por los otros, los rebeldes, los críticos, los cuestionadores, los izquierdistas, que quieren otra forma de vida, nunca por las elites de poder y sus medios de desinformación, siempre “consagradas” con enormes y “cristianos” “sacrificios” al bienestar de todos. Estas elites claro está se hacen “asesorar” como no, por sus “expertos”, notables y supuestos “indiferentes” políticos.  Esa fue una de las ideas matrices colocadas en la Constitución ideada por J. Guzman y los suyos el año 80 y votada en condiciones fuera de toda regla electoral validable (aunque después los mismos andan dando “clases” de elecciones “libres” a otros Estados.).  Así se fue concretando la receta neoliberal (que no tenía nada de “nacional”) y que tuvo a Chile como primer laboratorio claro y distinto, uno que implementó una realidad invertida o el mundo al revés. Por cierto, los vientos soplaban en esa dirección… A partir de ahí, la estrategia era volver irrealizable una política democrática. No solo para Chile.  Los programas de cambios importantes terminan siendo fagocitados y cooptados por los intereses de los poderosos, y traen, entonces, hace ya muchos años, el desencanto, la decepción y la desilusión ciudadana con la cosa pública y, como no, el ascenso de las ultraderechas. Algo que no es solo nacional, sino mundial. Ese ha sido uno de los objetivos de la globalización del capitalismo financierista y tecnologizado hoy en crisis. Bien lo expresa un Z. Bauman cuando nos dice: “Lo público se encuentra colonizado por lo privado. […]

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Los diputados de Renovación Nacional, Andrés Celis, Andrés Longton y Diego Schalper oficiaron al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio por financiar una exposición de lo que denominan “Colectivo Bordados de la Memoria”, en el Centro Cultural Daniel de la Vega de la comuna de Quilpué. En el oficio solicitan información respecto a los recursos públicos que se dispusieron para llevar realizar la exposición, el proceso de selección de dicha exposición y/o colectivo, y detalles respecto a las razones del patrocinio de dicha actividad Los parlamentarios derechistas también oficiaron al Municipio de la comuna para conocer si se destinaron recursos públicos para la actividad y por patrocinarla. “No podemos aceptar que con fondos de todos los chilenos se esté promoviendo la violencia y avalando acciones como saltar los torniquetes, que finalmente perjudican a toda nuestra sociedad”, manifestaron. Por su importancia, reproducimos la declaración del colectivo Bordadoras de la Memoria frente a la falsa denuncia de los diputados derechistas. Frente a las declaraciones de los diputados Logton, Celis y Schalper, como Colectivo Bordadoras por la Memoria queremos aclarar que: La muestra “Saltamos un torniquete para abrir las alamedas” fue presentada en el Centro Cultural Daniel de la Vega, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos y a través de una invitación de una organización de usuarios–destinatarios del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos, (PRAIS), que no depende de ningún organismo público. Descartamos cualquier tipo de financiamiento por parte del Ministerio de las Culturas, el Municipio de Quilpué y su Corporación Cultural, como mal informan los parlamentarios. La muestra, que se presentó desde el 7 al 15 de diciembre, estaba integrada por 24 piezas bordados que cuentan, a través del arte, imágenes icónicas del Estallido Social. La muestra completa fue realizada durante varios meses luego del 19 de octubre del 2019 de manera absolutamente autofinanciada por nosotras. El Colectivo Bordadoras de la Memoria, y no Colectivo “Bordados” por la Memoria, como nuevamente mal informan los parlamentarios, es un grupo de mujeres, defensoras de la vida, del amor, la verdad y la justicia. Bordamos la historia para mantener la memoria viva, por un futuro con respeto a los Derechos Humanos. Nuestras manos trabajan sobre las imágenes de heridas abiertas de un pueblo que no ha tenido justicia, reparación y garantías de no repetición. Lo hacemos con la responsabilidad que implica el compromiso de lucha para que nunca más en Chile Agentes del Estado vulneren los derechos humanos de su pueblo. Somos una organización recocida a nivel regional, que desde hace site años autoconvoca de manera ad honorem a mujeres comprometidas con nuestras ideas. Contamos con más de 140 piezas de bordados que relatan distintos episodios de violación a los derechos humanos en nuestro país. Hemos expuesto en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en el Museo Salvador Allende, en los centros culturales de San Antonio y La Ligua, y en distintos establecimientos educacionales y culturales de […]

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Hasta La Moneda llegaron las y los rectores de las universidades públicas agrupadas en el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) para reunirse con el Presidente  Gabriel Boric. En la cita participaron también el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y la Subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa. En la reunión,  plantearon al Presidente su preocupación por la situación financiera de los planteles públicos. En este sentido, Osvaldo Corrales, presidente del CUECH, indicó que “hemos venido pidiendo que cambie el sistema por el cual se financia la educación superior pública. Todavía tenemos un subsidio a la demanda y creemos que la educación pública se debe financiar con una proporción más sustantiva de aportes basales del Estado”. Su evaluación general de la jornada fue positiva, ya que como destacó el también rector de la Universidad de Valparaíso, el Mandatario “ha escuchado nuestras demandas, las ha comprendido y hemos concordado en conjunto con el Presidente, con el Ministro de Educación y con la Subsecretaria de Educación Superior una agenda de trabajo que implementaremos durante este año para poder solventar las preocupaciones que asisten tanto a los rectores como a las comunidades educativas”. El encuentro tuvo lugar luego de que las autoridades universitarias dejaran de manifiesto su preocupación financiera en la reunión mensual del CUECH de noviembre, donde ahondaron junto al Ministro de Educación en el complicado escenario que enfrentan los planteles. En la ocasión, el Secretario de Estado expresó la voluntad de fortalecer la educación superior pública y señaló que esto “implica un desafío de cómo podemos ir avanzando en los financiamientos de una manera distinta”. Esta reunión tenía un carácter de urgencia, sobre todo considerando que el financiamiento propuesto para 2023 no logra cubrir las necesidades de las comunidades universitarias. Con respecto al reajuste al sector público que las universidades estatales deben financiar con sus propios recursos, el rector Corrales ponderó que esto genera que “muchas de nuestras instituciones no estén en condiciones de entregar la totalidad del reajuste al sector público. No obstante, todas ellas han hecho los máximos esfuerzos para que nuestras comunidades educativas no vean resentidos sus ingresos respecto al alza del costo de la vida”. Santiago, 16 de diciembre 2022. Crónica Digital.

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La Federación Regionalista Verde Social (FREVS), a través de su presidenta Flavia Torrealba, manifestó que “si la derecha económica mantiene el veto y traban la aprobación a la reforma previsional y tributaria impulsadas por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y el Ministro de Hacienda Mario Marcel, el acuerdo constitucional se puede caer”. Este mensaje se lo hizo llegar a los representantes del poder económico en Chile, tras celebrar estos el acuerdo constitucional, aludiendo a que “enaltece la política”, bajo el argumento de que ahora tendremos mayor estabilidad y crecimiento económico en el. Ante este optimismo, Flavia Torrealba respondió que habrá “supuestamente mayor crecimiento, ya que vemos con atención las cifras de acumulación de riqueza del mundo financiero y los grandes grupos económicos en medio de una de las peores crisis económicas de los últimos años y la cantidad de millones de dólares que estos grupos han sacado de Chile en cifras cercanas a los 100.000 millones de dólares entre transacciones legales e ilegales”. La Presidenta de la FREVS agregó que “los progresistas y particularmente quienes somos Apruebo Dignidad, hemos hecho concesiones muy dolorosas y hemos limitado nuestras propuestas de cambio transformador y es hora que las grandes empresas y los grandes grupos económicos se pongan la camiseta por Chile y aprueben estos proyectos emblemáticos” Puntualizó que “la ciudadanía debe avanzar y mejorar en algo las duras condiciones en las que está por efecto de la inflación, el alza de tasas y el alza de combustibles, y para eso la reformas recaudatoria y previsional deben garantizarse. Que los grandes empresarios y la derecha económica se allanen a apoyar la reforma tributaria es algo imprescindible para llevar estabilidad al mundo político”. Santiago, 16 de diciembre 2022. Crónica Digital.

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Amnistía Internacional manifiesta que es indiscutible que Chile necesita una nueva Constitución; pues, como ha señalado ya en diversas ocasiones, ha quedado demostrado que la Constitución actual no está a la altura de los estándares de derechos humanos, beneficiando a unas personas por sobre otras, acentuando las desigualdades y la precariedad de los grupos históricamente excluidos. En este contexto, la organización es enfática en manifestar que: Estará alerta a la reforma constitucional que se debe llevar a cabo para activar el nuevo proceso constituyente, la cual no debe contradecir de ninguna manera los principios fundamentales de los derechos humanos. Es fundamental que el proceso constituyente sea transparente, inclusivo, participativo y siempre de cara a la ciudadanía; por lo que estará vigilante respecto a la implementación del “Acuerdo por Chile” al que llegaron algunos partidos políticos con representación parlamentaria. Esto, dado que a priori se vislumbra este nuevo proceso como menos participativo de acuerdo a sus características de composición y al reducido tiempo que tiene para la elaboración del texto constitucional. Es relevante que se especifique de manera detallada qué características y requisitos deben cumplir las personas integrantes del “Comité de expertos” y se aclare el mecanismo para su designación. Es importante asegurar que quienes participen en el proceso constituyente sean representativos de la diversidad del país y actúen con imparcialidad en todo momento. Amnistía Internacional tomará un rol de vigilancia e incidencia para asegurar que el texto constitucional sitúe los derechos humanos en el centro, mejorando así las condiciones de vida de todas las personas y construyendo una sociedad más igualitaria y justa. Santiago de Chile, 16 de diciembre 2022 Crónica Digital

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