Como “inaceptable” catalogaron el Jefe de Bancada del PPD, Ricardo Celis y el sub jefe, Tucapel Jiménez, la decisión de los Ministros de la Corte Suprema de dejar en libertad condicional a 7 condenados por crímenes de lesa humanidad en dos días. Para el Diputado Celis “la decisión que ha tomado la Corte Suprema es inaceptable, toda vez que está dejando en la práctica, sin el cumplimiento de la pena completa a victimarios de muchos chilenos que fueron torturados,  que hicieron desaparecer, que lo tiraron al mar, que asesinaron y eso rompe y vulnera al espíritu de los chilenos”. “Evaluaremos seriamente la idea de recurrir a un Tribunal Internacional para que se restablezcan el imperio de los derechos humanos en Chile, firme y categórico como había sido hasta este momentos. No puede depender de quien sea el presidente de la Corte Suprema, tiene que ser de una línea y una jurisprudencia”, señaló el parlamentario. En la misma línea, el Diputado Tucapel Jiménez  cree que lo más grave acá es que “nuevamente los Tribunales están quedando en deuda con Chile, ya lo hicieron durante la dictadura cuando no impartieron justicia y hoy en día están aplicando impunidad. Existen cosas graves como no aplicar el derecho internacional,  ni los principios básicos que hay para este tipo de beneficio que son el arrepentimiento y la colaboración con la justicia. Creo que lo que cabe ahora es que evaluamos sumarnos como bancada a una a posible acusación constitucional que ha planteado el Partido Socialista”. Santiago de Chile, 4 de aogaot 2018 Crónica Digital

Este jueves 2 de agosto, la bancada del Partido Comunista criticó la forma en que se ha desarrollado el debate previo al ingreso del Salario Mínimo al Congreso Nacional. Junto con ello, desde la bancada anunciaron el rechazo a la iniciativa en caso de que el Ejecutivo insista en sus posiciones tan distantes y no dialogadas con los trabajadores. El subjefe de la bancada PC, diputado Boris Barrera, señaló al respecto que “nos preocupa todo lo que ha dilatado el Gobierno el ingreso de la propuesta de salario mínimo, así como nos preocupa que no se haya llegado a un acuerdo con la CUT. Nos parece una mala señal que se haga unilateralmente y no se considere lo que la Central ha defendido, que tiene que ver con considerar en esta propuesta la superación de la línea de la pobreza, que es cercano a los $422.000”. Para el diputado Barrera, el Ejecutivo no ha generado un diálogo sincero con los trabajadores, pese a la intención de la Central por alcanzar un acuerdo. “De insistir el Gobierno y no abrirse a la postura de la Central, la bancada PC anuncia el rechazo de la iniciativa”, adelantó el parlamentario. “Por eso esperamos que el Gobierno se abra al diálogo y puede generar algún acuerdo con los trabajadores. La propuesta de los trabajadores, que está hecha en base a informes oficiales”, concluyó el diputado Barrera. Santiago de Chile, 4 de agosto 2018 Crónica Digital

A petición del diputado PPD y representante de la Región de la Araucanía, Ricardo Celis, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados sesionará de manera especial este lunes – a partir de las 9:30 horas- en el Auditorio del Servicio de Salud Araucanía Sur de Temuco, para analizar la compleja situación hospitalaria que aqueja a la Región. Para este fin se ha invitado a la Directora del Servicio de Salud Araucanía Sur, Cecilia Díaz; al Director del Hospital Regional de Temuco, Heber Rickenberg; y a representantes regionales de la Confenats, de la Fenats Unitaria, de la Fenpruss y  del Colegio Médico. “Le pedí a la Comisión de Salud la posibilidad de sesionar en Temuco, lo que fue aceptado con muy buena voluntad. Vamos a tener una larga y productiva jornada de trabajo donde nuestro principal objetivo es analizar las deudas hospitalarias, las listas de espera, los problemas que se producen en las atenciones de urgencia, y por cierto algunos temas de infraestructura, principalmente la necesidad de pabellones para el Hospital Regional de Temuco”, explicó el diputado Celis. El también médico, sostuvo que “con este propósito nos vamos a constituir en algún momento en el servicio de urgencia para ver la realidad de lo que allí ocurre, y cómo la gente debe esperar durante horas para ser atendida”. “Encuentro que el hecho de que las comisiones vayan a regiones, estén donde ‘las papas queman’, es muy positivo, porque la gente entiende que la acción legislativa no sólo tiene que ver con estar encerrado y tomar decisiones sin tener contacto con los ciudadanos, sino que debe existir una relación entre la ciudadanía y la comisión para tomar las mejores decisiones conociendo la realidad”, afirmó el parlamentario. Santiago de Chile, 4 de agosto 2018 Crónica Digital

El Comité de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de La Legua anuncia que el día martes 31 de junio de 2018, por solicitud nuestra y de los familiares, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH), interpuso una querella por Apremios Ilegítimos Cometidos Por Empleados Públicos. (art. 150 D) /Carabineros. La acción judicial se realizó en favor de dos pobladores de Legua Emergencia que fueron sometidos a torturas de parte de funcionarios de carabineros de la 50ª comisaría de San Joaquín.Cabe destacar que violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las y los pobladores de Legua Emergencia, como es el caso de las torturar padecidas por las víctimas, se dan en el marco del bullado Plan de Intervención, que este 23 de septiembre de 2018, cumple ya 17 años de existencia. Esperamos con algo de anhelo que esta acción judicial presentada por el INDH organismo tenga resultados positivos y en favor de las víctimas. En lo que respecta al testimonio de los pobladores sometidos a la violación de sus derechos humanos, cabe recordar que los hechos ocurrieron el pasado domingo 15 de octubre de 2017, donde a eso de las 16:00 horas, cinco funcionarios de carabineros se abalanzaron sobre un joven de 25 años, L, de la población Legua Emergencia sin motivo conocido. Inmediatamente ingresaron al domicilio desde donde su padre, D, y abuelo tuvieron que observar cómo era amenazado y golpeado. Lo que prontamente ellos vivirían en carne propia dentro del hogar. Además, al abuelo de L, le robaron el anillo de matrimonio y dinero. Posteriormente, ante la atónita mirada de familiares y vecinos, L y su padre D, fueron aprehendidos por los funcionarios policiales, empujados al carro policial y duramente golpeados hasta llegar a la comisaria N° 50 de San Joaquín. El ingreso a la comisaria, que debía ser su resguardo ante la brutalidad con que venían siendo tratados, significó, por el contrario, nuevos tormentos psicológicos y físicos, los que difícilmente podrán borrar de sus vidas. Padre e hijo fueron golpeados en distintas zonas de su cuerpo. L recibió golpes de puño en su cara y perdió un diente, posteriormente el carabinero, teniente Maximiliano Yáñez, lo tomó del pelo y azotó su cara contra la pared hasta que estalló la sangre. Amedrentado y balbuceando gritos, L alcanzó a ver la figura de su padre quien desesperado y esposado de manos era obligado a presenciar la tortura a que era sometido su hijo. Una vez que acabó la sesión de tortura con el hijo, le tocó al padre ser humillado y golpeado ahora ante la mirada impotente de su hijo. D se propuso callar, no balbucear ni un grito, y en silencio recibió la inclemencia de la brutalidad; hasta que la sangre se apoderó de su rostro y dejaron de golpearlo. D perdió un diente y sus manos tienen cortes que recién están cicatrizando. Más tarde fueron obligados a limpiarse la sangre y fueron conducidos a constatar lesiones. El profesional médico de turno no vio nada anómalo, supuestamente […]

Ante los indultos presidenciales y la decisión de la Segunda Sala de la Corte Suprema, de otorgar la excarcelación de los criminales de lesa humanidad recluidos en Punta Peuco, la UNExPP de Chile declara: Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo: la impunidad no surgió de la nada, ella fue planificada e instalada en forma sistemática. Desde que Pinochet dictó el decreto ley de amnistía en el año 1978, hasta el día de hoy, incluyendo los gobiernos pos dictadura, quienes también por acción u omisión fueron parte de la consumación de la más descarada impunidad. Primero los Gobiernos “democráticos”, ya que los indultos a criminales de lesa humanidad, no han sido de exclusividad del actual Gobierno de Piñera, pues anteriormente el ex Presidente Ricardo Lagos indultó al asesino de Tucapel Jiménez. Ahora ha llegado el turno de los tribunales, lo que es aún más grave, ya que ellos tienen la obligación de impartir la justicia de acuerdo a los parámetros internacionales. Hay que recordar que los delitos de lesa humanidad de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario, no se deben indultar, son Inamnistiables e imprescriptibles. Es incomprensible que no se tome en consideración que estos juicios se iniciaron 35 a 40 años más tarde de sucedidos los hechos, período que se debe considerar como años de impunidad, en los cuales los criminales pudieron continuar con sus vidas realizando sus proyectos personales y familiares, para luego tardíamente ser condenados a penas irrisorias que no se condicen con la gravedad de los delitos cometidos. Estos criminales, fuera de toda legalidad, se dedicaron a asesinar en la forma más perversa y cruel, prolongando la agonía de sus víctimas, despojándolos de su dignidad humana, extasiándose con el sufrimiento de sus indefensas víctimas. Este salvajismo se tradujo en el terror que cubría al grupo familiar primero y a la comunidad en general más tarde. Es así como en el caso, “Hornos de Lonquén”, se condenó a 5 carabineros a 15 años y un día, por el secuestro y asesinato de 15 campesinos, algunos de ellos después de ser brutalmente torturados, fueron enterrados vivos, y los otros asesinados de la forma más cruel, y por ello después de 45 años, reciben una condena equivalente a un año por cada víctima secuestradas, torturadas y asesinadas. Lo que es inaceptable. Esto grafica que la justicia, al no actuar de modo imparcial, de modo que las condenas se correspondan con la gravedad de los delitos, sirviendo de escarmiento y de garantía de no repetición, no permite establecer que hay conductas que no pueden ser aceptada ni toleradas y que se deben castigar ejemplarmente. A su actuar criminal, los condenados de Punta Peuco unen que jamás se han arrepentido, ni han colaborado con la justicia y que al contrario con desparpajo y orgullo asumen y justifican los aberrantes crímenes cometidos. Es por esta razón que manifestamos nuestro más enérgico rechazo y repudio a los indultos presidenciales y la aplicación de beneficios que permiten la excarcelación de estos inhumanos y peligrosos criminales, […]

Por Fausto Triana Aunque medios locales insisten en minimizar el asunto, los fantasmas de la dictadura de Augusto Pinochet parecen haber retornado a Chile, tras la liberación de criminales de lesa humanidad. El silencio casi total también es notorio por parte de las autoridades del Gobierno de derecha de Sebastián Piñera, señalado por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) como facilitador de lo ocurrido. La Corte Suprema de Chile decidió martes y miércoles de esta semana ofrecer libertad condicional a siete exmilitares, sentenciados por su participación en asesinatos, torturas y desapariciones durante la sangrienta dictadura de Pinochet (1973-1990). Los liberados son el exbrigadier de Ejército Emilio de la Mahotiere, condenado a tres años como cómplice y encubridor en uno de los casos de la Caravana de la Muerte; el excoronel Moisés Retamal, que purgaba pena de seis años por el secuestro calificado de tres uruguayos en 1973. Asimismo, el excapitán de Carabineros, Gamaliel Soto, condenado por el secuestro de dos hermanos en 1973; el excoronel Manuel Pérez, sentenciado por el asesinato en Uruguay del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, en 1993. Finalmente, los exoficiales del Ejército, José Quintanilla, Hernán Portillo y Felipe González, quienes purgaban penas por el plagio de Lorenzo Lazo en 1975. En declaraciones a Prensa Latina, el presidente del Senado de Chile, Carlos Montes, consideró «algo horrible» la liberación de siete exmilitares que cumplían sentencias por crímenes de lesa humanidad. «Afecta a muchas familias, a los parientes. Tiene consecuencias sobre las personas respecto a acciones que muchos de los liberados ni siquiera nunca reconocieron, de violar los derechos humanos de forma atroz», apostilló Montes. Además de manifestaciones de protesta y una marcha que se efectuará hoy viernes, las bancadas de oposición de la Cámara de Diputados anunciaron que presentarán una acusación constitucional en contra de los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema. Específicamente, la acusación irá dirigida en contra de los jueces especiales Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Antonio Valderrama, quienes votaron a favor de dejar en libertad a los siete reos que purgaban penas en la prisión de Punta Peuco. El diputado socialista y extitular de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, cuyo padre fue asesinado por las huestes pinochetistas, deploró el dictamen de la Corte Suprema y señaló que se trata de una pésima imagen que ofrece Chile al mundo. «Entre los liberados están un piloto de la Caravana de la Muerte (la Mahotiere) que asesinó con toda crueldad a casi un centenar de ciudadanos, entre ellos mi padre. Es increíble que esto haya ocurrido (el fallo de la Corte)», apuntó Espinoza. Justamente en el Parlamento varios legisladores exhibieron en sus puestos de trabajo grandes fotografías de detenidos desaparecidos durante la dictadura para descalificar la decisión de la Corte Suprema. El único pronunciamiento del Gobierno fue del ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien consideró «profundamente inconveniente» (la impugnación de los diputados)», en razón de que se trata de una resolución judicial. Santiago de Chile, 4 de agosto 2018 Crónica Digital /PL

Los obispos de Chile reunidos en la ciudad costera de Punta Tralca en asamblea extraordinaria, hicieron un mea culpa por los casos de abusos sexuales, reconocieron displicencia y prometieron colaborar. En el encuentro de la Conferencia Episcopal, su presidente, monseñor Santiago Silva, pidió perdón a las víctimas de trasgresiones sexuales y de poder cometidos por ministros de la Iglesia católica. Hemos fallado en nuestro deber de pastores al no escuchar, creer, atender y acompañar a las víctimas de los graves abusos sexuales, de conciencia y de poder. Pedimos perdón porque algunos de nosotros pudimos estar más atentos, reconoció Silva. En una declaración pública al cierre de una semana de deliberaciones con testigos invitados de algunos de los oscuros pasajes en los que está envuelto el clero, adelantaron que harán los esfuerzos para el Nunca Más. A tales efectos, publicarán los nombres de todos los clérigos investigados, prestarán colaboración con la fiscalía y estudiarán los plazos de prescripción legal para impedir que con el tiempo no puedan juzgarse a determinados casos. Daremos a conocer públicamente todas las investigaciones y mostraremos nuestra plena voluntad de colaborar con el Ministerio Público en la entrega de antecedentes sobre involucrados en actos de pedofilia, convinieron. Al mismo tiempo, anunciaron nuevas atribuciones y competencias al Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento de las Víctimas, el cual está encabezado por la abogada Ana María Celis. Para hacer más transparente una cuestión que ha gravitado sobre la sociedad chilena desde hace muchos años, el sitio web del Consejo difundirá los nombres de curas condenados por lo civil o canónico por abuso sexual de menores. De otro lado, la Conferencia Episcopal refirió igualmente su compromiso en la reparación de las víctimas de abusos y a elaborar e implementar un protocolo de buen trato. Días atrás, la Fiscalía Nacional de Chile solicitó  al Vaticano expedientes canónicos sobre casos de abusos sexuales, en un oficio con el objetivo de pedir antecedentes y documentos contra nueve personas, entre clérigos y laicos. La Fiscalía mantendrá los contactos directos que sean necesarios con las autoridades competentes del Vaticano, con el propósito de coordinar una eficaz ejecución de lo solicitado’, señaló un comunicado oficial. El organismo publicó un listado con pesquisas a 158 personas, entre las cuales hay 139 obispos, sacerdotes o diáconos, sindicados como ejecutores o encubridores de abusos sexuales o de poder. La cifra de víctimas asciende a 266 hasta el momento y Arias remarcó que «falta determinar quien destruyó específicamente los antecedentes y cuál en definitiva es la participación de esta persona». Santiago de Chile, 4 de agosto 2018 Crónica Digital /PL

El subjefe de la Bancada de Diputados del Partido Comunista, Boris Barrera, respaldó la decisión de la Central Unitaria de Trabajadores de exigir al gobierno, el retiro del parlamento del proyecto de ley que crea el Estatuto Laboral para jóvenes estudiantes. En el marco del Encuentro Nacional Sindical de Jóvenes de la CUT, la Secretaría de Asuntos Juveniles de la multisindical (Sejucut) calificó como un “avance de la articulación del mundo sindical, particularmente de las y los jóvenes sindicalistas, el retiro de la ´suma urgencia´ de la discusión en el Senado, por parte del Ejecutivo”. En conferencia de prensa, los dirigentes juveniles  Walter Cubillos y Aymara Salamanca, acompañados por el diputado Boris Barrera, explicaron que esto abre la oportunidad para “instalar el debate respecto de nuestro rechazo a esta y a todas las formas de precarización laboral impulsada por el Gobierno de Derecha”. El diputado Barrera, afirmó que este proyecto es “un retroceso tremendo de décadas de lucha de los trabajadores”. Explicó que de aprobarse “resultará ser un reemplazo de trabajadores: si  contratar un joven cuesta $100 y un trabajador que está regulado actualmente por el Código del Trabajo, cuesta $200, obviamente se va a recurrir por el joven y cuando termine de estudiar y termine por ende su contrato, que pase el siguiente porque nada obliga a seguir con él si está la posibilidad de contratar otro trabajador más barato”. Por su parte, Walter Cubillos, indicó que “mantenemos nuestra posición de rechazo categórico como lo hemos venido haciendo desde que el Gobierno comenzó su tramitación”, e hizo un llamado al gobierno “a sacar este proyecto y emplazamos a los senadores a rechazarlo, ya que este proyecto  vulnera convenios internacionales ratificados por Chile respecto a la consulta tripartita y Trabajo Decente, firmado en el 2008, además de no entregar garantía alguna de poder configurar una alternativa que realmente solucione los problemas laborales que enfrenta la juventud chilena en esta materia”. En tanto, Aymara Salamanca  anunció una nueva  jornada de movilización programada para el próximo lunes 13 de agosto. Santiago de Chile, 4 de agosto 2018 Crónica Digital

Camila Vallejo y Karol Cariola solicitaron a la recién constituida Comisión de Mujeres y Equidad de Género, que se reciba a la familia de la menor asesinada por su ex pololo, para iniciar la tramitación de la Ley Gabriela. A las 15:00  de ayer se constituyó la primera Comisión permanente de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados. La iniciativa fue presentada en enero por las diputadas Camila Vallejo y Karol Cariola, en conjunto con la Bancada Feminista Julieta Kirkwood. En la instancia participará como miembro estable la diputada Vallejo, mientras que la diputada Cariola señaló que asistirá para seguir y participar del debate legislativo. En ese sentido, ambas diputadas celebraron la conformación de la Comisión y pidieron que la primera acción de esta Comisión sea invitar a la familia de Gabriela Alcaíno, quien junto a su madre fueron asesinadas por el ex pololo de la menor. La diputada Cariola además recordó que es el único proyecto de ley que está ingresado por Secretaría para esa Comisión, por lo cual esperan que comience su tramitación lo antes posible. “Con la diputada Karol Cariola y la bancada feminista Julieta Kirkwood iniciamos el proyecto para la creación de esta comisión de Mujeres y Equidad de Género y estamos muy contentas de que esto se concrete. Es un desafío para nosotras poder avanzar en materia de terminar con las injusticias que sufren las mujeres. Pero también nos interesa mucho la solicitud que hicimos de poder recibir a la familia de Gabriela. Estamos ante situaciones críticas de femicidio en nuestro país.  Y el proyecto de ley Gabriela que ha sido apoyado transversalmente y que lo trabajamos junto a la familia queremos que empiece su tramitación porque tiene sentido de urgencia y así nos lo han pedido (los familiares)”. La diputada Vallejo, además señaló que el Presidente de la República negó la audiencia que solicitaron para que se recibiera a la familia de Gabriela en La Moneda, por lo cual toma aún más fuerza la idea de que sean recibidos en la Comisión del Congreso: “Se nos negó la audiencia con el Presidente de la República. Es lamentable porque la familia lo ha pedido. Yo desconozco las razones, pero al menos lo que nos corresponde a nosotros es poder abrirle el espacio a la familia, ser escuchados en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género para que ojalá avance cuanto antes este proyecto”. La diputada Cariola, por su parte, celebró que se haya constituido la Comisión, señalando que “este es un día histórico que en la Cámara de Diputados haya una Comisión de Mujeres y equidad de género y creo que esta una Comisión, tal como lo solicitamos junto a la diputada Camila Vallejo durante su constitución, debe comenzar la tramitación del proyecto de ley Gabriela que además es el único proyecto de ley que está formalmente en este momento en la Comisión”. La diputada agregó que además es necesario dar una señal al país en este sentido: “Una de las formas […]

La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, sus trabajadoras y trabajadores, y el directorio expresan su más rotundo repudio al fallo de la sala penal de la Corte Suprema que ha dejado en libertad condicional a siete criminales de lesa humanidad que purgaban condenas por brutales violaciones a los derechos humanos cometidas bajo la dictadura cívico-militar. La resolución del tribunal deja abierta la puerta de los penales especiales para que otros secuestradores, torturadores y asesinos salgan en libertad. Entre ellos Miguel Krassnoff Marchenko, jerarca de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en Villa Grimaldi, quien también ha recurrido a la Corte Suprema solicitando el beneficio de la libertad provisional a pesar de acumular condenas por más de 500 años. Para nuestra institución, el máximo tribunal chileno, haciendo una lectura plana de los requisitos para otorgar libertad provisional y de que la legislación nacional no hace distingos entre delitos comunes y delitos de lesa humanidad a la hora de otorgar beneficios carcelarios, ha infligido una ofensa grave a las víctimas y hecho escarnio del principio fundamental del derecho nacional e internacional de la proporcionalidad de la pena al delito. Nos parece un absurdo máximo que el tribunal pretenda que liberar represores no significa rebajar la gravedad de los crímenes que cometieron, cuando lo que han hecho es precisamente lo contrario, homologando a un asaltante común, con un agente del Estado, torturador y asesino múltiple. Consideramos que los jueces de la Corte Suprema han fallado. Pero también ha fallado la clase política y los gobiernos de la transición que no han sido capaces de legislar para hacer valer la justicia y evitar los resquicios por donde se cuelan la injusticia y la impunidad, como en esta ocasión. Hacemos por tanto un llamado a los parlamentarios democráticos a tomar la iniciativa y, proponer y discutir, en conjunto con las organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria los proyectos legislativos que en relación a las graves violaciones a los derechos humanos hagan prevalecer la justicia y retroceder la impunidad. Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi Peñalolén, 1 de agosto de 2018

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