Nacional

La indignación generada por la libertad condicional a siete condenados por violaciones a los Derechos Humanos sigue creciendo en la ciudadanía, que desde hace una semana se ha manifestado en el frontis de la Corte Suprema. En ese marco se desarrolló una reunión entre la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Comisión Chilena de Derechos Humanos con los representantes de todas las bancadas de oposición, para intercambiar opiniones y sugerencias en torno a las acciones que frenen un camino de impunidad en los tribunales de justicia. Una idea que ha generado amplio consenso es la acusación constitucional contra los ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema, por la figura de “notable abandono de deberes” en los siete casos de libertades condicionales concedidas. Si bien la acusación debe ser confirmada tras los debates internos que aún faltan en algunas bancadas, el ánimo general es favorable para una presentación realizada en unidad de toda la oposición. El jefe de la bancada del Partido Comunista, diputado Daniel Núñez, sostuvo al respecto que existe “la necesidad y pertinencia de actuar por estos fallos tan brutales que han liberado a los genocidas de Punta Peuco. La verdad es que ya hay bancadas que decidieron presentar la acusación constitucional, tal como las bancadas PC, PPD, y ya ahora mismo hay bancadas que tienen disposición de apoyarla como Revolución Democrática, la  Federación Regionalista. Hay tres bancadas que quedaron de discutir el tema mañana para tener una posición, pero creo que hay buen ánimo y creo que es muy importante que las bancadas puedan actuar unidas para llevar adelante una acusación constitucional”. “Si hacemos una acusación de toda la oposición, es importante que todas las bancadas redactemos ese libelo y por lo tanto, pensamos que hay que darse un tiempo necesario para darle una buena redacción que ratifique jurídicamente lo que todos los chilenos y chilenas sabemos. Que acá se está avalando la impunidad, se están liberando a los criminales y eso viola la legislación chilena, viola la legislación internacional y lo más importante de todo, violenta a toda la sociedad chilena, porque esto es un acto inmoral”, agregó el diputado Núñez. Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, valoró los esfuerzos de las bancadas para avanzar en una acusación constitucional, al que se pueden sumar otras iniciativas parlamentarias que vayan en la dirección de terminar con acciones que avalen la impunidad. “Hemos hecho una llamado para frenar esta ofensiva de impunidad que se ha materializado con esta situación gravísima que estamos viviendo en la sala penal de la Corte Suprema. Hay un absoluto entendimiento de la gravedad del momento que se está vivienda. Hay bancadas que aún no han discutido el tema, pero sí hay una absoluta coincidencia respecto de que esto hay enfrentarlo”, señaló Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD. Finalmente, la diputada Carmen Hertz, presidenta de la comisión de DD.HH., especificó que los ministros, con estas acciones, “descartan el Estatuto de Roma como Ley […]

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, firmó un proyecto que pone fin a la Ley Reservada del Cobre, un elemento esencial en el financiamiento de defensa de las Fuerzas Armadas del país austral. La legislación, si bien data de 1958,  fue impuesta después de reformarla varias veces por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y supone que la estatal Corporación Nacional del Cobre (Codelco) donará de forma obligatoria el 10 por ciento de sus ventas. Codelco, que es el mayor exportador de cobre del mundo, mantiene esa condición activa sobre la cual hay numerosas críticas, entre ellas, que permitió actos de corrupción. Piñera, luego de rubricar el texto, señaló que la idea es dotar a las Fuerzas Armadas de los recursos y equipamiento que requiere y «tener un sistema de financiamiento que sea más transparente, más eficiente, en donde exista un mejor control democrático de los gastos». «La Defensa Nacional es un asunto de Estado» y en ese sentido subrayó que «son fundamentales y necesitan contar con los recursos estables y adecuados», a la vez que se refirió a la importancia de sus tareas en tiempos de paz. El mandatario argumentó que la iniciativa adoptada este lunes pretende cambiar los mecanismos actuales para los gastos de defensa, que son con un  presupuesto anual para el gasto ordinario y la Ley Reservada del Cobre, que permite las adquisiciones de armamentos estratégicas. En esencia, los millones de dólares que ingresan a la defensa se invierten tanques, submarinos, embarcaciones modernas y aviones de guerra. De otro lado, el gobernante reconoció la falta de transparencia en la asignación y uso de los recursos y afirmó que «hay una dependencia absurda del precio de un metal, como es el cobre, y está excluido el Congreso Nacional en la discusión». Precisamente, distintos escándalos de corrupción dentro del Ejército revelaron los malos manejos de las finanzas. El nuevo proyecto de ley establece un presupuesto para las Fuerzas Armadas a cuatro años. «Vamos a destinar, en la propuesta que estamos haciendo al Congreso, dos mil 600 millones de dólares provenientes de los saldos de la actual Ley Reservada del Cobre a financiar a cuatro años», apuntó Piñera. También se asignarían recursos adicionales para complementar ese fondo. Santiago de Chile, 7 de agosto 2018 Crónica Digital /PL

Por Fausto Triana Casi una semana después de la liberación de siete condenados por crímenes de lesa humanidad, nuevas voces se sumaron a las críticas a la Corte Suprema de Chile por su decisión. Juan Pablo Letelier, senador socialista e hijo del excanciller Orlando Letelier, asesinado en Washington junto con su secretaria en un atentado con explosivo en septiembre de 1976, deploró lo ocurrido. En particular se refirió a la denuncia de Radio Universidad de Chile del nexo entre el abogado integrante de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, Ricardo Abuauad y un ex coronel en retiro procesado por asesinatos de la dictadura. «Esto es impresentable!! Cómo permite la Corte Suprema algo así???? // Abogado que otorgó libertad a reos de Punta Peuco es socio de ex coronel procesado en causa de DD.HH.», escribió Letelier en su cuenta de Twitter. La Corte Suprema dictaminó el martes y miércoles de la semana pasada otorgar libertad condicional a siete sentenciados por su participación en asesinatos, torturas y desapariciones durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Los liberados son el exbrigadier de Ejército Emilio de la Mahotiere, condenado a tres años como cómplice y encubridor en uno de los casos de la Caravana de la Muerte; el excoronel Moisés Retamal, que purgaba pena de seis años por el secuestro calificado de tres uruguayos en 1973. Asimismo, el excapitán de Carabineros, Gamaliel Soto, condenado por el secuestro de dos hermanos en 1973; el excoronel Manuel Pérez, sentenciado por el asesinato en Uruguay del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, en 1993. Por último, los exoficiales del Ejército, José Quintanilla, Hernán Portillo y Felipe González, quienes purgaban penas por el plagio de Lorenzo Lazo en 1975. Al respecto, Letelier opinó que la Corte ha actuado en contra del derecho, tanto Internacional como el interno, «porque para que las personas responsables de este tipo de crímenes accedan a estos beneficios tienen la obligación de seguir ciertas pautas». Una de ellas es que las personas deben colaborar con la verdad y no lo han hecho; la libertad condicional no es un derecho, sino un beneficio y por eso en el Congreso se está legislando para endurecer las razones que permiten acceder a este beneficio, precisó. El parlamentario lanzó una crítica directa al Gobierno de derecha de Sebastián Piñera al afirmar que «siempre han sido partidarios de que las personas de Punta Peuco (cárcel especial) salgan en libertad». No me llama la atención su silencio, ellos están felices y aplauden lo que ha hecho la Corte Suprema, acotó. Nuevas protestas se registraron en esta capital, con un saldo la víspera de ocho detenidos en una manifestación ante los Tribunales de Justicia. Más de medio centenar de personas volvieron al céntrico lugar para expresar su repudio a la determinación, entre ellos integrantes de las juventudes de la Democracia Cristiana, de los Partidos Socialista y Comunista estuvieron y de agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. El Partido Socialista (PS) se sumó a grupos de familiares de víctimas de […]

El Instituto Nacional de Derechos Humanos en relación a las últimas sentencias de la Excelentísima Corte Suprema comprende y comparte el dolor que ha producido en las víctimas y familiares que durante décadas han buscado la verdad y la justicia respecto a las graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país. Respecto a los beneficios carcelarios, si bien, de acuerdo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a acceder a ellos, es importante recordar que, en el caso de graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, existen requisitos diferenciados que es deber de los poderes colegisladores regular adecuadamente. Entre estos requisitos, el INDH ha afirmado que debe considerarse la especial gravedad del delito; haber escuchado a las víctimas o sus familiares; también que el condenado haya expresado su voluntad de cooperar con la investigación, y que la conducta del condenado durante su detención revele un auténtico arrepentimiento y en ningún caso conlleven impunidad. El INDH insta a todos los poderes del Estado y, en particular, a los órganos colegisladores a abordar y regular las libertades condicionales y las rebajas de condena conforme a los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos vigente, diferenciando entre delitos comunes y las violaciones a los derechos humanos. Lo anterior no solo se vincula con la obligación de brindar justicia y reparación a las víctimas sino también con el cumplimiento de la garantía de no repetición de estos graves delitos. Santiago de Chile, 7 de agosto 2018 Crónica Digital

Pese a la guerra arancelaria desatada por Estados Unidos contra China, la balanza comercial de Chile fue positiva en el mes de julio, con un superávit de 375 millones de dólares. Sin embargo, la información suministrada por el Banco Central reflejó que el saldo es el más bajo en lo que va de año, resentido por la política del presidente Donald Trump, con impacto colateral en otros países. Según el ente emisor, el valor de las exportaciones ascendió a 6.176 millones de dólares en julio, si bien el menor de 2018 aunque con influencia en el alza interanual del 11,8 por ciento. Las importaciones registraron 5.801 millones de dólares, un 15,7% en relación con igual período de 2017. De otro lado, la fuente indicó que en los primeros siete meses del año, Chile hizo ventas totales al extranjero en el orden de los 45.386 millones de dólares, un incremento interanual del 20,1 por ciento. En cuanto a las importaciones, fueron de 39.499 millones de dólares. De tal forma, el superávit comercial de enero a julio fue de 5.887 millones de dólares. Las estadísticas se corresponden con las previsiones del Banco Central de Chile para 2018, en el entorno de los 10 mil 400 millones de dólares de superávit. Santiago de Chile, 7 de agosto 2018 Crónica Digital /PL

El Partido Socialista (PS) se sumó a grupos de familiares de víctimas de la dictadura en Chile, al anunciar que canalizará con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la liberación de criminales de lesa humanidad.   En la oposición, el PS se alineó con posturas de agrupaciones de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos durante la sangrienta dictadura (1973-1990) que deploraron la libertad condicional de siete sentenciados que pertenecían a la Junta Militar. ‘Nos parece que por respeto a las víctimas y sus familiares es imprescindible utilizar estas herramientas’, comentó a periodistas el presidente del PS, el senador Alvaro Elizalde. En declaraciones recientes a Prensa Latina, el presidente del Senado de Chile, Carlos Montes (también del PS), consideró ‘algo horrible’ la liberación de siete exmilitares que cumplían penas por crímenes de lesa humanidad. ‘Afecta a muchas familias, a los parientes. Tiene consecuencias sobre las personas respecto a acciones que muchos de los liberados ni siquiera nunca reconocieron, de violar los derechos humanos de forma atroz’, apostilló Montes. Elizalde, por su lado, remarcó que las violaciones a los derechos humanos no pueden volver a repetirse en la nación austral y deben convertirse en un hecho del pasado. La agrupación Londres 38, Espacio de Memorias, envió anteriormente una comunicación a la CIDH para que analice la liberación de siete asesinos de la dictadura en Chile. Londres 38, que fue un inmueble utilizado por la dictadura de Augusto Pinochet como centro de detención y tortura, es ahora grupo defensor de los derechos humano. La Corte Suprema de Chile decidió martes y miércoles de esta semana ofrecer libertad condicional a siete sentenciados por su participación en asesinatos, torturas y desapariciones durante la sangrienta dictadura de Pinochet (1973-1990). Los liberados son el exbrigadier de Ejército Emilio de la Mahotiere, condenado a tres años como cómplice y encubridor en uno de los casos de la Caravana de la Muerte; el excoronel Moisés Retamal, que purgaba pena de seis años por el secuestro calificado de tres uruguayos en 1973. Asimismo, el excapitán de Carabineros, Gamaliel Soto, condenado por el secuestro de dos hermanos en 1973; el excoronel Manuel Pérez, sentenciado por el asesinato en Uruguay del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, en 1993. Por último, los exoficiales del Ejército, José Quintanilla, Hernán Portillo y Felipe González, quienes purgaban penas por el plagio de Lorenzo Lazo en 1975. En su nota, Londres 38 solicitó a la CIDH informarse sobre a liberación de quienes cumplían penas de cárcel por participar en delitos de lesa humanidad, amparándose los jueces de la Corte en resquicios dentro de los recursos legales de Chile. Santiago de Chile, 5 de agosto 2018 Crónica Digital /PL

La bancada de diputados de los partidos PPD-PRO expresaron hoy su absoluto y categórico “rechazo” a los últimos fallos de la Corte Suprema que otorgaron la libertad condicional a siete reos de Punta Peuco, condenados por violaciones a los derechos humanos durante la Dictadura. En un comunicado de prensa al que tuvo acceso Crónica Digital, el Jefe de Bancada de Diputados del PPD-PRO, Ricardo Selis, sostuvo que “creemos que esta es una señal de impunidad que realmente nos duele, y que representa una falta de respeto hacia los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, que han luchado durante largos años por lograr justicia». Selis, afirmó que parlamentarios del PPD “no podemos ni queremos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo ocurre algo tan perverso, que sólo provoca daño y despierta las heridas del pasado más oscuro de nuestro país”. El jefe de bancada del PPD y PRO reiteró el compromiso con los derechos humanos y “está más presente que nunca, por lo que nos comprometemos a liderar todas aquellas acciones que terminen con esta sensación de impunidad. En ese sentido, creemos que una acusación constitucional contra los ministros del máximo tribunal, es el camino más efectivo para evitar que Punta Peuco siga liberando a violadores de lesa humanidad”. Afirmó que “hoy más que nunca es necesario que todos los partidos de oposición, desde el Frente Amplio hasta la DC, trabajemos en conjunto a pesar de nuestras diferencias, ya que tenemos un objetivo en común que es la defensa de los derechos humanos”. “Creemos que existen argumentos sólidos para que proceda una acusación constitucional, ya que los jueces no han aplicado el Estatuto de Roma, que plantea que estos crímenes de lesa humanidad quedan sujetos a mayores exigencias para el otorgamiento de beneficios. Y en estos casos no se han aplicado ni los principios básicos existentes que son el arrepentimiento y la colaboración con la justicia”, apuntó. Reiteró que “esto lo ha establecido también la Corte Interamericana de DD.HH, y por lo tanto, es jurisprudencia obligatoria para el Estado de Chile. Los ministros de la Corte Suprema han incurrido en una irresponsabilidad constitucional lo que amerita pensar en serio en la presentación de una acusación constitucional que en los próximos días buscaremos consensuar con el resto de las bancadas de oposición”. Santiago de Chile, 5 de agosto 2018 Crónica Digital  

El cuestionado cardenal Ricardo Ezzati, arzobispo de Santiago, anunció que declina encabezar la tradicional ceremonia del Te Deum por las Fiestas Patrias de Chile el 18 de septiembre próximo. En un comunicado difundido este sábado por el Arzobispado de la capital chilena, monseñor Ezzati reiteró su inocencia en casos de supuesto encubrimiento de delitos sexuales de ministros de la Iglesia católica. Al mismo tiempo, informó que solicitó al decano de la Catedral Metropolitana, monseñor Juan de la Cruz Suárez, quien tradicionalmente recibe a la comunidad y a todas las autoridades, a liderar el Te Deum. Semanas atrás, uno de sus antiguos cercanos colaboradores, el sacerdote y excanciller del Arzobispado, Oscar Muñoz, fue detenido bajo la acusación de cometer abusos sexuales contra por lo menos siete menores de edad. Ese expediente, más otros investigados actualmente por la Fiscalía Nacional, motivaron la citación a Ezzati a declarar el próximo 21 de agosto como presunto encubridor de Muñoz y de procedimientos en curso. Las Fiestas Patrias son tres días de jolgorio en el país austral que convocan a toda la población y se realizan desde 1811, con el Te Deum como su momento más solemne. «Tengo la certeza de que nunca he encubierto ni he obstruido a la justicia y cumpliré con mis deberes ciudadanos de aportar todos los antecedentes que contribuyan a llegar a la verdad», comentó Ezzati en la nota. «Durante cinco días en Punta de Tralca hemos reflexionado acerca de la profunda crisis que vive nuestra Iglesia, la cual exige de nosotros cambios urgentes, partiendo por una opción concreta y preferencial por los que sufren», admitió. Se refería de esa manera a la asamblea extraordinaria de la Conferencia Episcopal efectuada en la ciudad costera chilena durante toda la semana. Comprendemos que debemos recorrer un largo camino para hacer que Cristo se engrandezca mientras nosotros nos empequeñecemos, acotó el prelado. «El papa Francisco nos dice en su reciente carta que «discernir supone aprender a escuchar lo que el Espíritu quiere decirnos. Y sólo lo podremos hacer si somos capaces de escuchar la realidad de lo que pasa», remarcó. «Tras una profunda reflexión sobre el sentido de esas palabras, considero prudente no encabezar nuestro tradicional Te Deum por la Patria del 18 de septiembre», precisó. Ezzati recalcó que le duele concitar diferencias y dudas, al tiempo que reiteró su compromiso con toda víctima de cualquier abuso. «Tengo la certeza de que nunca he encubierto ni he obstruido a la justicia y cumpliré con mis deberes ciudadanos de aportar todos los antecedentes que contribuyan a llegar a la verdad», apostilló. Santiago de Chile, 5 de agosto 2018 Crónica Digital /PL