El diputado Rodrigo González se mostró satisfecho con la aprobación del proyecto de resolución, del que es autor, en favor de los trabajadores de la empresa Maersk (filial San Antonio) para que el Gobierno tome medidas urgentes en resguardo de los derechos de los trabajadores(as) y de la reconversión laboral de los mismos. El parlamentario señaló que «ojalá que esto sirva para que la empresa tome conciencia de la catástrofe que ha producido al «tirar a la calle» a más de mil 200 personas, de manera intempestiva y sin ninguna contemplación de las normas que rigen a la OCDE, ya que la fábrica es de origen Danés y ese país pertenece a ese organismo internacional. Hemos logrado mayoría en todas las bancadas para pedirle al Presidente de la República que aplique todas las normas laborales con la mayor celeridad en protección de los trabajadores(as), especialmente, de las mujeres que están con fuero maternal, otros con fueron sindical, personas enfermas y de todos los que han sufrido daños con esta medida brutal e inhumana», aseveró el diputado. Por otro lado, el parlamento acordó solicitar se tomen las medidas de reconversión laboral, incluida la posibilidad que se pueda desarrollar un proyecto cooperativo en la empresa Maersk, con apoyo del Estado, de los propios trabajadores y del movimiento cooperativo. Al respecto Gonzalez señaló, que «este es un avance sustantivo ya que se acordó que es posible desarrollar un proyecto autogestionado por los trabajadores(as) con viabilidad económica; que pueda explotar la fabricación de contenedores en el área de la vivienda y otras materias en que los trabajadores tengan un proceso productivo para que los resultados generen mejores empleos, se distribuya la riqueza y ellos tengan control sobre el proceso productivo como ocurre en los proyectos de carácter cooperativo», finalizó diciendo el diputado por la zona. Santiago de Chile, 25 de junio 2018 Crónica Digital
Nacional
El Presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, afirmó que es justo que las empresas que se ofrecen a través de plataformas electrónicas tengan que pagar impuestos “al igual como lo hacen todas las empresas que tributan en Chile”. “Nos parece que es correcto. Cualquier actividad empresarial de carácter remunerada tiene que pagar sus impuestos como corresponde, tiene que haber igualdad de trato en un mercado que debe funcionar con equidad”, dijo. El representante radical, eso sí, aseguró que esta propuesta ya deslizada por el Gobierno, debe ser analizada con mucho cuidado por las dobles lecturas que puede implicar. En primer lugar Velasco planteó la necesidad de impulsar esta reforma tributaria de cara ala ciudadanía, de manera que el Ejecutivo garantice que la carga impositiva no va a ser cubierta en base a los aportes de los usuarios de los sistemas porque “estas plataformas digitales no le deben traspasar este aumento de tributo a los usuarios” En segundo lugar el timonel pidió poner ojo en los fines que persigue el Gobierno ante este anuncio. Velasco pidió aclarar si esta nueva recaudación tributaria implicará un mejor desempeño en el gasto social o, por el contrario, servirá para paliar los actuales aportes de las grandes empresas. “Nosotros esperamos es que esto no sea una mirada encubierta de una Reforma Tributaria del Gobierno para volver al origen de su propuesta, que es bajar el impuesto a las grandes empresas y mantener la recaudación tributaria. Creemos que esto debe aumentar la recaudación tributaria para que vaya a gasto social, y por ningún motivo signifique reducir partidas impositivas a grandes empresas o contribuyentes”, sentenció. Santiago de Chile, 24 de junio 2018 Crónica Digital
La Bancada de Diputados y Diputadas del PPD-PRO, encabezada por Ricardo Celis, se reunió con la Presidenta y Vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep), Alicia Lira y Silvia Fernández, respectivamente, para abordar la agenda político- legislativa en materia de Derechos Humanos. “Estoy muy contento de haber recibido a las dirigentas de la Agrupación, personas que han dado una lucha por largo tiempo por el respeto, justicia y reparación a las graves violaciones de los derechos humanos que han ocurrido en Chile”, señaló el diputado Celis. El parlamentario indicó que “tanto a ellas como a nosotros nos preocupa principalmente lo que está ocurriendo con el proyecto de degradación de oficiales que están condenados, pero que mantienen el grado que tenían cuando estaban en ejercicio, y gozan con las remuneraciones correspondiente a eso. Nos parece de plena justicia terminar con esa situación. Por eso, llamamos al Ministro de Justicia a que le ponga urgencia a este proyecto que fue presentado el 2010 en la Cámara y que aún no puede ver la luz”. En ese sentido, el diputado y uno de los firmantes de esta iniciativa, Tucapel Jiménez, sostuvo que “este proyecto ya tiene bastante tiempo y lamentablemente no hay señales que se le quiera dar urgencia. Si esta moción estuviera aprobada, a estos condenados se les quitarían todos los grados militares, que incluye la jubilación”. Por su parte, Alicia Lira indicó que “nos inquieta el momento político que vivimos en este país, sobre todo con un gobierno de derecha, que dificultará avanzar en los temas de los proyectos de ley que están pendientes para parar la impunidad. Para nosotros lo principal es lo que tiene que ver con la degradación a ex militares que son condenados por derechos humanos. No es posible que se reivindique, que se haga apología a lo que fue la cultura de la muerte por 17 años”. Finalmente, tanto los diputados como las dirigentas criticaron el rol que ha tomado el Tribunal Constitucional donde se encuentran varias causas de DD.HH paralizadas, impidiendo que “se avance en la verdad y la justicia”; y la interpretación al Código Penal -el articulo 93 y 103- para que los crímenes que se están juzgando en el Poder Judicial no sean condenados como crímenes comunes sino como crímenes de lesa humanidad. Santiago de Chile, 24 de junio 2018 Crónica Digital
Sacerdotes de la diócesis de Temuco, en la sureña región de La Araucanía, fueron acusados de abusos sexuales a menores, para incrementar la extensa lista de los expedientes de esta índole en Chile. Apenas cuatro días después de la segunda visita a la nación sudamericana de los enviados del Vaticano, el obispo de Malta, Charles Scicluna, y el sacerdote español Jordi Bertomeu, el tema no ha dejado de estar en la palestra pública. Primero con una entrevista realizada al papa Francisco en Roma, quien adelantó que no descarta aceptar nuevas renuncias de obispos de Chile, después de que se conociera que tres miembros del clero están involucrados directa o indirectamente con las transgresiones sexuales. Las alarmas saltaron hace varios años, con las denuncias de tres víctimas de abusos sexuales por ministros de la Iglesia católica, pero salvo la resonancia mediática, nada ocurrió. Un capítulo casi fortuito, permitió un giro de 180 grados. Durante el viaje a Chile del papa Francisco en enero del año en curso, las reiteradas acusaciones contra el entonces obispo de la sureña diócesis de Osorno, Juan Barros, cobraron protagonismo. El santo padre, mal informado como más tarde reconociera, hizo una defensa a ultranza a Barros, señalado como encubridor de los abusos sexuales cometidos contra seminaristas por el defenestrado cura Fernando Karadima. En lo informado por medios locales de Temuco, el obispado de la urbe manifestó su disposición a colaborar con la investigación judicial a partir de elementos recopilados, tras denuncias recibidas. Los escándalos que involucran al clero se incrementaron en las últimas semanas. Hay 14 curas suspendidos en Rancagua y una exmonja que dice haber sido violada por una superiora, entre varios casos. Además, las visitas a Roma por invitación del papa, de Juan Carlos Cruz, James Hamilton y Andrés Murillo, tres víctimas de Karadima; y de cinco sacerdotes y cuatro laicos, quienes también sufrieron vejámenes, subrayan la gravedad de los casos. Scicluna y Bertomeu entregaron al sumo pontífice un informe de 2,300 páginas como resultado de sus anteriores pesquisas en febrero. Ahora volvieron a efectuar indagatorias y seguramente dotarán de más argumentos a Francisco. Santiago de Chile, 24 de junio 2018 Crónica Digital /PL
El diputado comunista, Daniel Núñez, calificó como un triunfo de la presión política y social la decisión de Soquimich de terminar el contrato de “Asesor estratégico” a Julio Ponce Lerou. “Claramente la presión política y social fue clave para lograr que Soquimich desistiera de contratar oficialmente a Julio Ponce Lerou como asesor estratégico. Esa maniobra oscura generó repudio e indignación de parte la ciudadanía. Una gran mayoría la calificó como una burla. Distintas voces, parlamentarios, estudiantes, sindicatos, se manifestaron en contra. La indignación fue tanta que, incluso, el Movimiento Litio para Chile clausuró por corrupción el edificio corporativo ubicado en Las Condes, cerca de la Escuela Militar”, enfatizó. El parlamentario, sin embargo, tiene la convicción de que Ponce Lerou igual seguirá al mando de la minera. “Siempre advertimos que jamás cedería el control. Si bien ahora deja este rol más visible, estoy seguro que seguirá manejando desde su mansión los hilos de su botín apropiado en dictadura. Son muchos los millones en juego. Ponce Lerou no va a renunciar a seguir escalando en el Forbes y convertirse en el rico número 1 de Chile”, advirtió. El diputado por Coquimbo se prepara para la batalla por la renacionalización de Soquimich y la creación de una empresa estatal del litio que genere industria con alto valor agregado. De vuelta de la semana distrital, Núñez centrará sus esfuerzos en la comisión investigadora del acuerdo entre Corfo y SQM. “Centraremos el trabajo de la comisión investigadora en detectar las irregularidades del contrato CORFO-SQM y que nos permita invalidarlo. Fiscalizaremos con acuciosidad el rol que jugaron todas las instituciones del Estado involucradas en dar luz verde al nuevo contrato”, expresó. Por otra parte, el próximo 4 de julio la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados comenzará la tramitación de un proyecto de ley que Núñez ingresó el año 2016: La expropiación de SQM y la creación de una empresa estatal del litio en el Salar de Atacama. También se activará en la comisión de Minería otra moción de su autoría y que declara al litio de interés nacional. “Los Comunistas con las fuerzas sociales y políticas de la oposición daremos la batalla legislativa para nacionalizar el litio y para que Soquimich vuelva a ser pública y al servicio del pueblo. Así como Chile luchó con mucha valentía para nacionalizar el cobre, también lo haremos ahora para nacionalizar el litio”, remarcó Núñez. Santiago de Chile, 24 de junio 2018 Crónica Digital
Más de cinco millones de dólares y numerosas propiedades del extinto dictador Augusto Pinochet serán decomisados en Chile, a partir de un dictamen mayoritario de jueces de la Corte Suprema. El denominado caso Riggs queda todavía a mitad de camino si se toma en cuenta que un estudio del año 2010 de la Universidad de Chile concluyó que Pinochet amasó una fortuna de 21,32 millones de dólares, 17,86 millones de ellos sin justificación contable. La información del fallo de la Corte Suprema de Chile fue difundido hoy fuentes judiciales y con detalles ofrecidos por el diario conservador El Mercurio, que detallaron la acogida del recurso de casación interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado. El expediente se basa en una sentencia de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que revocó la resolución del entonces instructor del caso Riggs y juez especial de la Corte Suprema, Manuel Antonio Valderrama. Según los argumentos ofrecidos, se acreditó la sustracción de fondos públicos que fueron destinados a acrecentar ilegítimamente al patrimonio de Pinochet, pero revocó el fallo de Valderrama, en miras del fallecimiento del el ex general golpista. Mañana lunes, los jueces Milton Juica (presidente), Lamberto Cisternas, Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz y Jorge Dahm tendrán que decidir el procedimiento del decomiso y resolver qué propiedades de Pinochet deberán ser devueltas al fisco. La junta militar instalada de 1973 a 1990 con un sangriento golpe de estado, dejó de existir con un plebiscito que en 1988 determinó el fin del poder absoluto de Pinochet, quien falleció en 2006. En ese entonces, el dictador estaba procesado en el caso Riggs por fraude al fisco y falsificación de pasaportes y desaforado por malversación de fondos públicos. A pesar de que en 2007, el juez Carlos Cerda, adelanto un proceso contra 23 familiares y colaboradores de Pinochet por malversación de fondos públicos, luego la Corte Suprema revirtió 15 de los procesamientos. Lucía Hiriart, la viuda del ex general también sindicada por desvíos de bienes públicos a través de la fundación Cema-Chile, sus cinco hijos y colaboradores cercanos fueron eximidos y mantuvieron sus fortunas. Santiago de Chile, 24 de junio 2018 Crónica Digital /PL
Diputadas y diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana manifestaron hoy su preocupación ante los operativos de Carabineros junto a Sebastián Piñera y cuestionaron su efectividad. Hicieron un llamado a dejar de lado el populismo y la “pirotecnia mediática” y a enfocarse en combatir los problemas de fondo, como el narcotráfico, la prevención, la rehabilitación y la reinserción. Camila Vallejo, diputada por La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José; mostró su preocupación en primer lugar, por los recortes de presupuesto: “Hace un tiempo denunciamos los recortes presupuestarios en todos los ministerios, uno de ellos el de Justicia y el de Interior en programas de seguridad, de rehabilitación y prevención del delito. Obviamente valoramos que el gobierno haya echado pie atrás en esa medida, pero aún desconocemos cuál va a ser la inversión que va a hacer el Estado de Chile en materia de seguridad”. Frente a los operativos que se han realizado y que sólo en La Pintana registraron cinco mil detenidos, la diputada comunista señaló: “En nuestros distritos ha habido operativos, sabemos que han habido detenciones masivas y lo que nos preocupa qué tan efectivas están siendo estas detenciones. El último contó con cinco mil detenidos, pero sólo 1.500 pasaron a control de detención. Lo que no sabemos es qué está detrás de esas detenciones. Cuántos realmente son delincuentes, cuántos finalmente se les detuvo para sacarlos a pasear, a cuántos se les detuvo por orinar por la calle, versus cuántos se les detuvo, por ejemplo, por porte de armas. No podemos simplemente gastar recursos en operativos si éstos no van a ser efectivos, si no van con una adecuada coordinación entre los distintos Ministerios. Porque si solamente estamos deteniendo para salir a pasear, nos parece que el gobierno no está combatiendo la inseguridad”. Por su parte, la diputada de Izquierda Libertaria, Gael Yeomans, agregó: “Hasta el día de hoy, tenemos sólo dos proyectos de ley presentados por el Ejecutivo en la comisión de Seguridad, hemos estado ante una sequía legislativa, sin saber cuáles son las prioridades para el Ejecutivo en esta materia. Si las medidas que se van a tomar van a ser pura pirotecnia, creemos que no es el camino a seguir. Aquí estamos hablando de una problemática profunda que aqueja a la ciudadanía y a las poblaciones a las que nosotras también representamos, por tanto, hay que tomarlo con mayor seriedad”. Por su parte, la diputada del PPD, Andrea Parra, sostuvo que “es necesario esclarecer si las detenciones en los operativos son efectivas y están solucionando los problemas de la ciudadanía. Nos preguntamos cuánto de estas cifras sirve sólo para engordar los números de detenciones y no para mejorar la seguridad pública. Nosotras como parlamentarias tenemos claro hoy día que el principal problema de las poblaciones es el narcotráfico. Queremos foco, queremos respuesta, queremos de verdad hacer políticas públicas que solucionen los problemas de seguridad de las personas y no sólo pirotecnia, no sólo operativos que detengan a Pedro, Juan y Diego”. El diputado (PS) Leonardo Soto […]
El Partido Ecologista Verde manifiesta su indignación y abierto rechazo a la política migratoria de EEUU en relación al trato y violación de los Derechos Humanos de miles de niños, niñas y adolescentes que intentan entrar a Estados Unidos con sus familias, provenientes de México y Centroamérica. Como movimiento Ecologista queremos dejar en claro que ninguna migración es ilegal o “deportiva”, sino más bien, responde a la búsqueda de mejores oportunidades y seguridad que millones de personas no encuentran en sus países de origen, muchas veces desestabilizados por la violencia y una realidad económica y política que hace inviable permanecer en el lugar. Lo que presenciamos hoy día por parte de un país que se considera “desarrollado”, es algo que supera cualquier realidad aceptada en pleno siglo XXI y que vulnera la vida y dignidad de niños y niñas, al separarlos de sus padres y madres, enjaulándolos como criminales, bajo contención efectiva, terror e incertidumbre. Esto se traduce en un daño irreparable, tal como lo han confirmado todos los organismos de infancia a nivel internacional. El gobierno de los Estados Unidos no solo desconoce los acuerdos y tratados internacionales en relación a la infancia, sino que mantiene un trato hacia el resto de América de absoluto desprecio, considerándonos como simples colonias, incapaces de poner en jaque su poderío. Hacemos un llamado a Latino América y a sus gobernantes a no permanecer indiferentes y a reconocer que los niños y niñas encerradas son hijos e hijas de nuestro continente, y por tanto, el silencio de sus mandatarios solo actúa como cómplice frente al brutal y salvaje flagelo que se vive hoy en la frontera de EEUU. Emplazamos al Gobierno de Sebastián Piñera y al Congreso chileno para que manifiesten su repudio con determinación y firmeza frente a esta inhumana política migratoria liderada por Trump. Y aunque noticias de última hora informan que el gobierno estadounidense se retractó de la medida implementada, el daño ocasionado es irreparable. Por lo mismo, como Partido Ecologista nos comprometemos a monitorear y a estar alertas frente a esta cruda realidad y a velar porque se dignifique la vida de cada niño, niña y adolecente y se procure a su Buen Vivir. Santiago de Chile, 21 de junio 2018 Crónica Digital
La recién creada policía municipal la integran 7 hombres, entre ellos ex Carabineros y ex PDI. El alcalde de la comuna calificó la iniciativa como “inédita y necesaria” para el avance y desarrollo en estos temas entre quienes buscan proteger a la población. Con el fin de sensibilizar en torno a la temática de violencia contra la mujer, la Municipalidad de Cerro Navia capacitó al personal que forma parte de la nueva Policía Municipal. La actividad encabezada por la Oficina de la Mujer y Género de la comuna, busca entregar las herramientas para prevenir situaciones de violencia de género y tener el conocimiento respectivo para poder derivar los casos que se presenten cuando los policías municipales estén en terreno y deban enfrentarlo. Para el alcalde Mauro Tamayo, esta decisión responde a “la exigencia y el reconocimiento a vivir en un entorno sin violencia”, donde “el municipio debe aportar educando y frenando situaciones de transgresión, donde nuestros policías municipales pueden hacer la diferencia ayudando en este tipo de situaciones. Es una medida inédita y necesaria”, añadió. La violencia intrafamiliar es el delito más denunciado en Cerro Navia. Según la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2017, existieron 790 denuncias, siendo el 75% interpuestas por mujeres. Santiago de Chile, 21 de junio 2018 Crónica Digital
La Asociación Comunal de Funcionarios de la Atención Primaria de la Salud Municipal de Viña del Mar (CONFUSAM), realizó en la jornada del miércoles 20 de junio, una protesta en el frontis de la CONFUSAM Metropolitana, apelando a su derecho de participar en las elecciones de la directiva nacional del gremio, proceso del que fueron excluidos, por no aceptar el pago de una deuda anterior por aproximadamente $9 millones que dejó el ex presidente de la CONFUSAM, Viña del Mar, Fernando Kursan y actual presidente de la Federación V Región. Fernando Kursan, renunció al cargo de presidente de la CONFUSAM Viña del Mar, en abril de 2017, mientras se le realizaba unarevisión de cuentas interna, la que reveló irregularidades en los destinos de los gastos, lo que llevó a solicitar una auditoría externa (Franto Consultores) que dio cuenta de malversación de fondos por más de $ 50.000.000. Debido a esta situación, la CONFUSAM Viña del Mar interpuso una demanda, el 28 de marzo de 2018, en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, RUC 1810013827-8. Durante la mañana del miércoles 20 de junio, con pancartas y lienzos, los funcionarios de la CONFUSAM Viña del Mar llegaron hasta Santiago para protestar por el impedimento que se les aplicó a los 722 asociados de votar en la elección de la mesa directiva nacional del gremio que encabeza, Esteban Maturana. En el marco de la movilización, el presidente de la CONFUSAM Viña del Mar, Darío Espinosa calificó como una traición el que Esteban Maturana no interviniera para que los funcionarios de la Ciudad Jardín participaran en la elección. Según Darío Espinosa, “vamos a impugnar los resultados de esta elección nacional. Nosotros pedimos la intervención de Esteban Maturana y denunciamos lo que estaba ocurriendo en la Federación V Región. La Federación haciendo uso de argumentos no claros, porque interpreta a su antojo los estatutos internos y aplica la Ley Nº 19.296, en la que no aparece ninguna línea en la que se señale que si una comuna tiene deuda, que nosotros no tenemos, no podemos ejercer nuestro derecho a voto. Sentimos que Esteban Maturana no ejerció su autoridad, siendo el presidente de la CONFUSAM nacional, permitiendo que estos abusos ocurran y, por eso, nos sentimos traicionados”. Agregó que “Maturana sí medió, pero igual Fernando Kursan y los otros dirigentes de la Federación V Región, no respetó lo acordado que era hacer un documento del reconocimiento de la deuda y nada más. Ellos nos pidieron que, además, de reconocer la deuda firmáramos un convenio de pago, a lo que dijimos no”. Hay que señalar que debido a la presión ejercida por los trabajadores de la CONFUSAM Viña del Mar, Esteban Maturana accedió a reunirse con ellos, lo que antes no había ocurrido, pese a las variadas invitaciones extendidas por los dirigentes de la Ciudad Jardín para conversar con él. Tras escuchar los descargos de los funcionarios sindicalizados, Maturana insistió en que la mesa directiva no puede intervenir en los problemas de las Federaciones Regionales, porque, a su juicio, dijo, sería no respetar la […]
