Nacional

l parlamentario socialista y actual presidente de la Comisión de Salud, fue enfático al admitir que “nunca una clínica privada, que rechace interrumpir el embarazo, puede seguir recibiendo dineros del Estado, a propósito de derivaciones que vengan del sector público”. El diputado socialista, Juan Luis Castro, anunció después de la interpelación en la Cámara, al ministro de Salud, Emilio Santalices, que en su calidad de presidente de la Comisión de Salud, el próximo lunes 7 de mayo pondrá en tabla en esta instancia, el proyecto de ley que interpreta la interrupción del embarazo, luego de la modificación que el Ejecutivo realizó al protocolo que regula la objeción e conciencia, en el marco de la ley de aborto en tres causales, permitiendo invocarla a cualquier institución privada de Salud, tenga o no convenio con el Estado. El parlamentario agregó que “para que este tema quede a fuego, en la letra de la ley y no en un rango inferior de la interpretación de un ministro, las causas por las cuales pueda haber excepcionalidad en la objeción de conciencia y, particularmente, que nunca una clínica privada que rechace interrumpir el embarazo, siga recibiendo dineros del Estado, a propósito de derivaciones que vengan del sector público”. El legislador (PS) por la Región de O’Higgins sostuvo que “quiero decirle al Presidente Piñera, que no va ser esta la ocasión en que se pretenda legislar poniendo una vez más, letra chica a una autoridad que quiere interpretar las cosas de una manera particular y, por ello, anuncio que el lunes 7 de mayo pondré en tabla de la comisión de Salud, el proyecto de ley que interpreta la interrupción del embarazo, para aclarar las causas por las que se puede aplicar la excepcionalidad». El diputado Juan Luis Castro, expresó que “queremos marcar una frontera por ley y eso nos parece que es lo más útil para resolverle a las mujeres afectas a esta nueva ley, que nunca van a ser derivadas o traspasadas o rechazadas; producto del interés del dinero que esta detrás de las clínicas privadas en relación a este tema”. Santiago de Chile, 5 de mayo 2018 Crónica Digital

El Consejo Regional Arica del Colegio de Periodistas de Chile busca alertar a la opinión pública sobre la grave precarización laboral que afecta actualmente nuestro sector, debido a las malas prácticas que se han puesto en marcha para excluir a los profesionales de las comunicaciones del libre ejercicio de su profesión, tanto en la administración del Estado como el sector privado. Este Consejo Regional denuncia públicamente que, tras la llegada de las autoridades del actual Gobierno, hemos recibido denuncias por episodios de prácticas discriminatorias, en contra de los y las profesionales que trabajan a cargo de realizar las comunicaciones de los servicios públicos en Arica y Parinacota. Estos hechos afectan a los profesionales que han trabajado por años en servicios públicos y que cuentan –según el Estatuto Administrativo que los rige- con la calificación de “confianza legítima” como funcionarios y funcionarias del Estado de Chile; y también a quienes trabajan en calidad de honorarios, enfrentando una mayor precariedad laboral, pese a que –en muchos casos- su ingreso a la administración del Estado fue a través de concursos públicos. Lamentablemente, a través de estas denuncias hemos podido constatar que se pretende calificar –de forma subjetiva y antiética-  a los y las periodistas, como personas “de confianza política”, “militantes” y “operadores políticos”, con la finalidad de desvincularlos de la administración pública, además de sugerir su no contratación en otros servicios; situación que se vuelve repetitiva y que ha ocurrido cada vez que asume un nuevo Gobierno, sin importar su color político. Como gremio rechazamos estas prácticas y damos cuenta de lo siguiente: En primer lugar, de la profunda subestimación y subvaloración que ha existido de nuestra profesión por parte de los sucesivos gobiernos, los cuales nunca se han preocupado de crear cupos de plantas para la contratación de periodistas en la administración pública, o de garantizar contratas con grados profesionales acordes a la responsabilidad estratégica de nuestras funciones; situación que ha desembocado en la precarización de nuestro trabajo bajo la fórmula de contrataciones vía honorarios, subvalorados económicamente y dejando nuestra continuidad laboral al arbitrio de las autoridades de turno. En segundo lugar, del profundo desconocimiento que han demostrado quienes asumieron como autoridades de Gobierno, específicamente de lo que significa el trabajo de los funcionarios públicos y, puntualmente, del valor que tienen las comunicaciones para los servicios del Estado.  Tristemente, sólo apelan a su importancia sólo cuando un determinado conglomerado pierde su poder político, argumentando que la continuidad de su Gobierno no pudo concretarse porque “no se supo comunicar bien sus logros”. Lamentablemente, estos hechos de precarización laboral se suman a otros registrados en el país en este último tiempo en el área corporativa privada, generando gran inestabilidad económica y falta de proyección profesional en el mundo de la prensa y las comunicaciones. Porque rechazamos firmemente esta persecución profesional, reafirmamos ante la opinión pública nuestro compromiso a no detenernos en nuestro deber de proteger y exigir el respeto a los derechos laborales de todos y todas quienes desarrollan las tareas de informar y comunicar, a […]

Los servicios de telecomunicaciones en Chile marcaron un aumento significativo en 2017, con accesos 4G de 10,8 millones de personas, un 71,2 por ciento más que el año anterior. De acuerdo con un informe de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), los planes de internet fijo, internet móvil, telefonía fija, telefonía móvil y televisión de pago cada vez adquieren más relevancia en el país austral. Según Subtel, los servicios en su totalidad alcanzaron los 48,9 millones de suscripciones al cierre de 2017 y en específico, las conexiones de internet móvil (3G+4G) llegaron a los 16,3 millones durante 2017, un 23,5% más que el año anterior. Plataformas tipo streaming como Netflix, Amazon Prime, YouTube, entre otras, anotaron un crecimiento interanual del 8%. La ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, destacó que Chile crece junto con su economía digital, y para afianzar este proceso «necesitamos que la inversión retorne al sector». «Para conseguir ese objetivo, impulsaremos el nuevo concurso para la licitación de la banda de 5G y aumentaremos las medidas pro competencia, como el reglamento de la ley de ductos y el de velocidad mínima garantizada de internet», precisó. En tanto, la viceministra a cargo de Subtel, Pamela Gidi, apuntó que tras los procesos de licitación de espectro en las bandas de 2.600 megahertz (MHz) y 700 MHz,  en menos de cinco años se ha dado un salto explosivo de las conexiones a 4G. Chile es el segundo país de Latinoamérica y el Caribe, detrás de Uruguay, en mayor velocidad en Internet, y es el cuarto del continente americano, que lideran Estados Unidos y Canadá. Santiago de Chile, 5 de mayo 2018 Crónica Digital /PL

El diputado socialista Marcelo Díaz junto al abogado Andrés Silva, presentaron ante el Tribunal de Garantía de Viña del Mar una querella por fraude al fisco en contra de todas aquellas autoridades y/o funcionarios de la Municipalidad de Viña del Mar, que resulten responsables. El Diputado (PS) Marcelo Díaz junto al abogado Andrés Silva, presentaron una acción judicial que busca determinar si la Alcaldesa Virginia Reginato y varios directivos de la Municipalidad de Viña del Mar, sabían o debían haber estado en conocimiento del traspaso de la concesión de estacionamientos de la Población Vergara entre dos empresas para permitir que una de ellas cobrara una tarifa más elevada a los usuarios y pagara una renta menor a la que originalmente estaba dispuesta a pagar al Municipio. El parlamentario socialista por la Región de Valparaíso dijo que “hemos presentado una querella contra quienes resulten responsables, en este caso funcionarios de la Municipalidad de Viña del Mar, en relación a la fallida concesión de los parquímetros de la Población Vergara”. Díaz agregó que “han ocurrido hechos bastante extraños, primero se le adjudica a una empresa que presenta como respaldo de trayectoria a la figura de Raúl Alcaíno, titular de una concesionaria de parquímetros en Santiago. A los 45 días, este vende su parte en apenas 2 millones de pesos. Con posterioridad esta empresa vende la concesión a otra empresa que en la licitación original había resultado segunda y ofrecía mejores términos económicos para el municipio y un menor costo para el usuario”. El parlamentario (PS) informó que “hay que recordar que el viernes de la semana pasada la Municipalidad decidió poner término anticipado a este contrato de concesión aduciendo que este ilegal traspaso de concesión le había sido ocultado todos estos meses. En el texto los querellantes dan cuenta de una serie de antecedentes que demostrarían que la Alcaldesa Reginato y varios Directores sabían o debían haber estado al tanto de este traspaso fraudulento que tenía como propósito perjudicar las arcas del municipio pagando menos renta de concesión y cobrando una mayor tarifa a los usuarios”. Según el diputado Díaz “en el texto se da cuenta de una reunión que sostuvo la jefa comunal con los representantes de la empresa en el mes de febrero de este año, registrada en la ley del lobby, en el preciso momento que se estaba traspasando la concesión, así como también una serie de otras comunicaciones de la empresa que podrían haber sido fácilmente verificadas que daban cuenta del cambio de propietario”. El parlamentario añadió que “también se hace referencia a solicitudes de concejales que advertían de este traspaso y que fueron desatendidas por la administración del municipio, lo que permitió que el contrato se prolongara más allá de lo que era legalmente procedente”. El diputado por el distrito 7 sostuvo que “dentro de las diligencias que solicitaron en el escrito presentado hoy está el que el Ministerio Público tome declaración a la Alcaldesa Virginia Reginato, a su jefa de gabinete María Angélica Maldonado, a los representantes legales de la […]

Este miércoles 2 de mayo se efectuó finalmente la interpelación por parte de la Cámara de Diputados en contra del ministro de Salud, Emilio Santelices. La diputada Karol Cariola criticó la evasión del secretario de Estado a las preguntas formuladas por la diputada Marcela Hernando. Desde la oposición fueron críticos con las respuestas entregadas por el ministro de Salud, Emilio Santelices, durante la interpelación en su contra a propósito del polémico decreto emanado desde el Misal que permite a instituciones privadas ejercer la objeción de conciencia en el marco de la ley que despenaliza el aborto en tres causales. Para la diputada Karol Cariola, integrante de la comisión de Salud de la Cámara, las intervenciones del ministro de Salud fueron utilizadas para la “pirotecnia mediática”, pero no para entregar respuestas concretas. “Mucho gesto, muchas frases comunes, pero no contestó nunca las preguntas. De hecho, lamento mucho más que el ministro, sabiendo que él cayó en un acto ilegal, no lo haya reconocido. A todas luces, con el cambio de protocolo, el ministro incurrió en un acto ilegal. Pasó por encima del decreto de ley 36. La diputada Hernando se lo hizo ver en reiteradas oportunidades y aún así él no lo quiso reconocer”, aseveró la parlamentaria. Cariola afirmó estar “muy preocupada, porque lo que queda es que este gobierno no tiene la voluntad de garantizar los derechos que a las mujeres nos ha constado tanto conseguir, como lo es la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, buscando modificaciones por decreto” La diputada por el distrito 9, recordó que la bancada en conjunto con dirigentas de organizaciones sociales, ingresaron un requerimiento a la Contraloría para que se pronunciara respecto de las irregularidades existentes en el cambio al protocolo. “Esperamos que el Contralor pueda dar claridad respecto del pronunciamiento. Nosotros estamos esperando el dictamen de la Contraloría, pero no nos cabe duda de que al menos hay dos actos irregulares e ilegales derechamente dentro de la modificación de protocolo que hizo el ministerio. Lamento que el ministro haya desaprovechado la oportunidad de reconocerlo. Yo esperaba que el ministro intentará acá modificar el protocolo, tal como lo quiso hacer en algunas reuniones que citó, pero que finalmente hoy en su disposición  pública, fue incapaz de admitir”, concluyó la diputada Cariola. Santiago de chile, 4 de mayo 2018 Crónica Digital

A pocos días de que el Décimo Quinto Juzgado Civil de Santiago diera curso a la demanda de nulidad de derecho público contra el Tribunal Constitucional presentada por la bancada del Partido Comunista, el diputado Hugo Gutiérrez arremetió contra el TC por invadir las atribuciones del Congreso Nacional. Gran expectativa ha generado la demanda de nulidad de derecho público presentada por la bancada del PC, el pasado 12 de abril, en contra del TC por sobrepasar sus facultades en el fallo respecto de la ley de despenalización del aborto en 3 causales, que dio paso a la creación de la objeción de conciencia institucional. Incluso la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, tras ser acogida la demanda durante la semana recién pasada, sostuvo que  la “objeción de conciencia institucional debe respetarse”, en alusión a la acción comunista. En ese marco, el diputado Hugo Gutiérrez, presidente de la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados, destacó que la demanda de nulidad de derecho público contra el TC es una buena estrategia jurídica, calificándola como “un paso gigantesco en una demanda que sin duda es una novedad”. “Creo que cuestionar al TC por excederse en el ejercicio de facultades, es decir, en buena cuenta actuar fuera de su competencia y atribuciones, creo que va a significar un paso gigantesco en la jurisprudencia nacional” subrayó el representante por la región de Tarapacá. Gutiérrez concluyó: “El que el 15to juzgado de letras de Santiago haya tenido por presentada la demanda de nulidad de derecho público contra el Tribunal Constitucional es un paso gigantesco en una demanda que sin duda es una novedad”. Santiago de Chile, 4 de abril 2018 Crónica Digital