El Partido Comunista ha reiterado una y otra vez, a través de diversos canales, su cuestionamiento al establecimiento, por parte del Congreso Nacional, de un quorum de 2/3 para aprobar las normas en la Convención Constitucional. Vale la pena señalar, en primer lugar, que la razón mas importante de este cuestionamiento consiste en la convicción de que el quorum lo debe decidir la Convención. Este planteamiento se ve con claridad en un proyecto de reforma constitucional presentado por la bancada PC junto con la Federación Regionalista Verde Social el 27 de noviembre del 2019, boletín N°13.100-07 (https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=13646&prmBOLETI N=13100-07). En dicha iniciativa propusimos una Asamblea Constituyente paritaria, con escaños reservados y democrática. Incluso propusimos la facilitación de la participación de independientes y la posibilidad de votar desde los 14 años. Junto con ello, propusimos incluir las personas migrantes con derecho a voz y que una parte de los y las constituyentes fueran nominadas por sorteo. En el numeral 9), en su primer inciso, postulamos que “Numeral 9) El funcionamiento del órgano constituyente y los quórums para la aprobación de sus definiciones serán establecidos por sí mismo en un Reglamento.” Mas adelante, de ese mismo numeral, sostuvimos la obligatoriedad de la participación ciudadana. Reiteramos el planteamiento sobre el derecho de la Convención de fijar su quorum el año pasado (https://elsiglo.cl/2020/09/22/la-convencion-constitucional-puede-cambiar-el-quorum-de-los-dos- tercios/). Esta apreciación fue rebatida duramente por El Mercurio días después en una editorial que nos dedicó sobre nuestra “pretensión” de desconocer los acuerdos. Nuestro argumento se centraba en algo esencial; el reconocimiento a la existencia de la potestad constituyente, es decir, el poder de crear una constitución. Nuestro planteamiento consiste en reconocer que esa potestad originariamente radica en el pueblo, representado por el órgano constituyente que escoja, en este caso, una Convención Constitucional. Es lo que se conoce como potestad constituyente originaria (a diferencia de la derivada). Darle tratamiento de “autonomía” a la Convención, como lo han hecho algunos, es conceptualmente incorrecto dado que autonomía no es potestad constituyente. La autonomía se otorga o se reconoce en virtud de un acto de poder del propio constituyente. Sin embargo, la potestad constituyente se tiene por el hecho de representar al pueblo con el propósito de redactar una Constitución sobre una hoja en blanco. Son cosas distintas. Tras este planteamiento, como PC nos abocamos a trabajar otro proyecto de reforma constitucional que reconociera este hecho, cuyo boletín es el N°13.896-07. Fue presentado el 15 de noviembre del año pasado para modificar el Capítulo XV de la Constitución Política con el objeto de crear el quórum democrático; fortalecer la hoja en blanco; garantizar la participación ciudadana; posibilitar elección de delegados del exterior y creación de régimen de transición, (https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=14459&prmBOLETI N=13896-07). Las razones son varias, pero conviene resaltar dos: La necesidad de reafirmar el poder en la Convención, propiciando que fuera más constituyente y menos constitucional. De modo que la fijación del quorum es una decisión de la Convención y no del Congreso. No se trata de cuestionar el quorum sino algo mas relevante; la […]
Opinión
Los indicadores de salud mental en nuestro país son alarmantes. Somos, tristemente, una “potencia mundial” en las tasas de depresión, estrés, consumo de sustancias, violencia intrafamiliar y de género, vulneraciones de derechos y suicidio, no solo a nivel adulto, sino también infantil y juvenil. Y estos datos críticos ya los teníamos antes del estallido social y del Covid-19. La emergencia actual ha venido a evidenciar no solo las enormes brechas y diferencias para obtener bienes y servicios, sino también en cuanto a las condiciones de vida y acceso a la salud mental, en un país en donde aún es un tema tabú reconocer que se tienen problemas de esta índole. Es en este contexto de enorme incertidumbre, de amenaza constante e invisible, que nos obliga a estar alejados y encerrados para protegernos, en que se hace necesario reconocer los sentimientos que afloran de inseguridad, ansiedad y miedo; y explorar nuevas formas de comunicarnos y de abordar estas problemáticas. Las nuevas plataformas tecnológicas nos permiten romper barreras y resistencias a los dispositivos presenciales clásicos, pero también nos imponen a los profesionales nuevos desafíos técnicos y éticos, pues comunicarse a distancia por una pantalla y micrófono es complejo, requiere de competencias comunicacionales “clásicas” y “modernas” ad hoc al entorno en que ocurre este encuentro; además de imponer que el profesional se haga cargo de todos los nuevos elementos que se visualizan al acceder al espacio íntimo de la persona a la cual atendemos, ya que ingresamos directamente a su casa y a las condiciones en que vive, a las modalidades de relación de quienes coexisten en ese domicilio, entre otros. En este nuevo escenario, los programas deben desarrollar estrategias de supervisión y acompañamiento a los profesionales, de formación y capacitación en estas instancias que nos resultas descocidas, además de recursos tecnológicos que permitan el correcto funcionamiento de estos dispositivos. Finalmente, se hace imprescindible entonces que el trabajo psicológico continúe, porque las personas que ya estaban en atención profesional siguen demandando su espacio de interacción y porque aquellas que no lo requerían, ahora sí lo están necesitando; y por último, es fundamental que la salud mental también sea una prioridad para todos. Por Javier González, Psicólogo- académico UCEN Región Coquimbo Santiago de Chile, 6 de julio 2021 Crónica Digital
Por Paula Klachko* El viernes 21 de mayo, Raúl Zibechi publicó en La jornada de México un artículo que se titula: “Chile: la convención constitucional puede ser la tumba de la revuelta”[1]. Allí menciona que “en América Latina hubo tres nuevas constituciones en pocos años” y curiosamente “se olvida” de la venezolana de 1999 que marcó el inicio del proceso emancipatorio del siglo XXI en Nuestra América. A continuación pone en la misma bolsa los procesos constituyentes realizados en un país con terrorismo de estado continuado hace 70 años con otros dos emanados de intensas luchas y participación popular: Colombia, en 1991; en Ecuador, en 2008, y en Bolivia, en 2009. Pero además el autor afirma que en los dos últimos casos en los que se escribieron “capítulos bien interesantes”: sobre la naturaleza como sujeto de derechos en la ecuatoriana, y sobre la refundación del Estado, en la boliviana, no se cumplieron esas aspiraciones. Para luego seguir argumentando falsamente que durante los gobiernos populares de Ecuador y Bolivia “el neoliberalismo extractivista continuó despojando a los pueblos de los bienes comunes, y la situación concreta de los pueblos originarios y de los sectores populares no hizo más que empeorar”. Sobre la profundización del extractivismo y los grados de avances, posibilidades y dificultades en los procesos de diversificación de la matriz productiva -heredada desde la colonia y los estados nacionales dependientes que luego forjaron las elites latinoamericanas-, durante los gobiernos progresistas ya se ha discutido bastante[2]. A esta altura en la que la historia transcurrida nos permite hacer comparaciones de las experiencias progresistas en posición de gobierno con aquellos gobiernos de derecha, en algunos casos neofascistas, que los desalojaron en su mayoría por golpes de estado -a excepción de Argentina, Ecuador y Uruguay, en el que se valieron de traiciones o mentiras para ganar las elecciones (en el caso de Macri: pobreza 0, inflación nuca más, entre otras; en el caso de Ecuador traición pura pues su pueblo votó por la continuidad del programa de la Revolución ciudadana)-, no solamente podemos valorar los indicadores de la calidad de vida sustancialmente mejorados en Bolivia y en Ecuador mientras gobernaron las fuerzas políticas mayoritarias y protagónicas de los procesos constituyentes, para atenernos a los casos que menciona Zibechi, sino que si comparamos con lo que vino después la valoración se agiganta. Es una vulgar mentira que empeoraron las condiciones de vida de “los sectores populares y de los pueblos originarios” (no sabemos por qué los distingue). En 2015 en Bolivia se había reducido a la mitad la tasa de pobreza extrema respecto de 2005: de un 38,2% se pasó a un 17,8 %; en el mismo lapso el Índice de Gini que mide la desigualdad bajó de 0,60 a 0,47 y la tasa de desempleo de 8,1% a 3,5% solo por mencionar algunos indicadores[3]. A su vez en Ecuador, el indicador de la tasa de pobreza multidimensional se redujo de 51,5% en diciembre de 2009 a 35% en diciembre de 2015[4]. Y la tasa […]
Ustedes, convencionales, son nuestra última esperanza de tránsito pacífico a una nación con igualdad de derechos y deberes. Por eso les damos la bienvenida, ustedes son nuestros hermanos. Cuenten con nosotros. El conservadurismo -de derechas e “izquierdas”- les impidió usar el nombre de Asamblea Constituyente. Pero éso es lo que ustedes verdaderamente son. Una Asamblea del pueblo que dictará la nueva norma magna que regirá leyes, decretos y reglamentos de una república diferente. Por eso lo primero de lo primero es recuperar la identidad. Ustedes son una Asamblea Constituyente, la primera de nuestra historia. Dotada de todos los poderes para escribir una nueva Constitución Política. En definitiva será el pueblo, en referéndum, el que aprobará o rechazará vuestra propuesta. Por eso, la primera definición que les espera es decidir si asumirán la plenitud de sus poderes, rechazando toda sumisión a un orden que es necesario cambiar en sus raíces. Confiamos en ustedes. La nueva Constitución Política de la República de Chile tiene que colocarse, sin ambages, de lado de los pobres del campo y la ciudad. De los que sufren discriminación social, racial y de género en salud, educación, vivienda, trabajo, salarios, pensiones, etc. Necesitamos que todo chileno que lo merezca, sin perjuicio de su origen, pueda ser juez de la Corte Suprema, comandante en jefe del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, diputado o Presidente de la República. Igualdad de derechos y deberes, es la medida democrática de la nueva Constitución que esperamos los chilenos. Recuperado su carácter de Asamblea Constituyente, la “Convención” tiene que tomar partido por los pobres, por los que fingen ser “clase media” por un salario de 400 mil pesos y un auto usado. Ellos son la mayoría de nuestro país. Y hay los extremadamente pobres, los miserables de esta sociedad: las 81 mil familias que sobreviven en 969 campamentos de tablas, cartones y plástico, sin agua potable ni baño, los esperpentos de niños y ancianos vagabundos del barro y la desesperanza. ¿Cómo tolerar una Constitución que admite que en tiempo de pandemia y aumento de la pobreza, un puñado -entre ellos el presidente de la República- hayan aumentado sus riquezas en miles de millones de dólares? Ustedes, constituyentes, tienen el deber de poner fin a la injusticia social desechando el modelo neoliberal que nos estrangula. Ustedes pueden escribir el mandato supremo que obligue a leyes e instituciones a ceñirse a una época de cambios. La nueva Constitución permitirá al pueblo demandar, sin obstrucciones leguleyas, los derechos que les son negados. Las instituciones civiles y militares, hoy en crisis profunda, tendrán que adaptarse a las nuevas reglas. La Constitución -esperamos- consultará el mecanismo antigolpista que permita remover, mediante plebiscito, los gobiernos corruptos que traicionan sus promesas. Del mismo modo, la Constitución democrática seguramente abrirá paso a la iniciativa popular en materia de leyes y desbrozará el camino legislativo eliminando el Senado y el Tribunal Constitucional, que hoy enmarañan y facilitan el cohecho y prevaricación de las instituciones. Una Asamblea Nacional con diputados que reciban salario similar al […]
El conflicto por Nagorno Karabaj tiene aristas que muestra a Estados Unidos con una bajísima actividad diplomática en las tareas que se supone le corresponde en su condición de copresidente del grupo de Minsk de la OSCE. Afirmación comprobable, ante la conducta de Washington de evitar incluir en las negociaciones el punto relativo al despliegue de una misión de mantenimiento de la paz de la OSCE en Nagorno Karabaj, considerado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como un territorio ocupado por Armenia. A la par del desarrollo de los acontecimientos, tras la guerra entre el 27 de septiembre y el 10 de noviembre del año 2020 entre Armenia y Azerbaiyán, la zona del Transcáucaso y de Asia Central, va concretando una zona de influencia en que Turquía tiene anhelos de predominio. Esto, será una realidad en caso de que la política exterior de Washington, tras la toma de posesión de Joe Biden se niegue o retarde la toma de medidas, que permitan contrarrestar la política llevada a cabo por Recep Tayyip Erdogan, que se supone aliado de Estados Unidos y la OTAN (1) y hoy con la idea de volver a impulsar la teoría de profundidad estratégica y que significará un debilitamiento cualitativo de las posiciones de Estados Unidos en la región (2) Los críticos, tanto de Erdogan como de Joe Biden consideran que este último, con esta inmovilidad, propicia la política del dirigente turco de difundir ideas radicales entre la población de Asia Central y la región Transcaucásica, sobre todo tomando en consideración la negativa del gobierno estadounidense de revisar el rumbo en la idea de mantener una asociación estratégica con Ankara. Impedimento, que ha obligado al gobierno turco como también al de Azerbaiyán a extremar acercamientos con el régimen estadounidense, que impida la imposición de sanciones contra funcionarios y representantes comerciales de ambos países. Una muestra de la ambición de Washington de no perder influencia en la zona. El análisis de las opiniones respecto al manejo del conflicto con Azerbaiyán hace notar que la actual administración norteamericana “hace la vista gorda” ante lo que considera errores del liderazgo armenio en materia de reformas políticas, económicas y militares, que para el mundo opositor a Nikol Pashinian (reelecto el pasado 20 de junio en las elecciones parlamentarias celebradas en Armenia) son parte de las causas de su fracaso en las escaramuzas sostenida por Nagorno Karabaj contra la República de Azerbaiyán entre el 12 al 16 de julio del año 2020 y la mencionada guerra entre el septiembre y noviembre del mismo año. Un gobierno estadounidense que a su vez se ha desligado de cualquier investigación relativa a los costos humanos de dicho conflicto. Tal vez, la explicación a esta indolencia de Washington obedece a que el conflicto por Nagorno Karabaj está demostrando que la alianza entre Ankara y Bakú, no tiene intención alguna de promover los intereses estadounidenses en la región y bien sabemos que cuando Washington no es el centro de la fiesta suele irse a casa […]
A través de la COVID–19, la Madre Tierra está llevando a cabo un contraataque sobre la humanidad, como reacción a la agresión avasalladora que ella viene sufriendo desde hace siglos. La COVID–19 es igualmente una señal y una advertencia que nos envía: no podemos hacerle una guerra como hemos hecho hasta ahora, pues está destruyendo las bases biológicas que la sustentan y sustentan también todas las demás formas de vida, especialmente, la humana. Tenemos que cambiar, de lo contrario podrá enviarnos virus más letales todavía, quien sabe, hasta un virus invencible contra el cual nada podríamos hacer. Entonces quedaríamos seriamente amenazados como especie. No sin razón la COVID–19 ha atacado sólo a los seres humanos, como aviso y lección. Ha llevado ya a la muerte a millones de personas, dejando un viacrucis de sufrimientos a otros millones y una amenaza letal que puede alcanzar a todos los demás. Los números fríos esconden un mar de padecimientos, por vidas perdidas, por amores destrozados, por proyectos destruidos. No hay suficientes pañuelos para enjugar las lágrimas de los familiares queridos o de los amigos muertos, a los cuales no pudimos darles un último adiós, hacerles el duelo y acompañarlos a la sepultura. Como si no bastase el sufrimiento producido a gran parte de la humanidad por el sistema capitalista y neoliberal imperante, ferozmente competitivo y nada cooperativo, que ha permitido que el 1% de los más ricos posea a título personal el 45% de toda la riqueza global mientras que el 50% más pobre queda con menos del 1%, según un informe reciente del Crédit Suisse. Oigamos a quien más entiende de capitalismo en el siglo XXI, el francés Thomas Piketty, refiriéndose al caso brasilero. Aquí, afirma, se verifica la mayor concentración de renta del mundo; los millonarios brasileros, entre el 1% de los más ricos, están por delante de los millonarios del petróleo de Oriente Medio. No sorprende los millones de marginados y excluidos que esta nefasta desigualdad produce. Nuevamente los números fríos no pueden esconder el hambre, la miseria, la alta mortandad de niños y la devastación de la naturaleza, especialmente en la Amazonia y en otros biomas, implicadas en este proceso de saqueo de las riquezas naturales. Pero en este momento, debido a la irrupción del coronavirus, la humanidad está crucificada, y mal sabemos cómo bajarla de la cruz. Es ahora cuando debemos activar en todos nosotros una de las virtudes más sagradas del ser humano: la compasión. Está atestiguada en todos los pueblos y culturas: la capacidad de situarse en el lugar del otro, compartir su dolor y, así, aliviarlo. El mayor teólogo cristiano, Tomás de Aquino, señala en su Suma Teológica que la compasión es la más elevada de todas las virtudes, pues no solamente abre la persona a otra persona, sino que la abre hacia la más débil y necesitada de ayuda. En este sentido, concluía, es una característica esencial de Dios. Nos estamos refiriendo al principio compasión, no simplemente a la compasión. “Principio”, en sentido más […]
El 24 de junio de 1922, Talca era azotada por un fuerte temporal. Lluvia y viento. El río Maule, que corre al sur de la ciudad comenzaba a subir peligrosamente. La gente pasaba corriendo por las calles avisando la amenaza de inundación en algunos sectores más pobres. Carlos Ortiz, al escuchar esas voces y, en vez de quedarse al lado de su esposa Estela, que ya iba a dar a luz, salió para ir a ayudar a los damnificados. Los elementos de la naturaleza estaban desatados, cuando nació el hijo de Carlos y Estela. Le pusieron el nombre de Juan por indicar ese onomástico el calendario católico. Era el hijo mayor. Juan Fernando Ortiz Letelier llegó a la vida cuando el agua invadía los barrios pobres de Talca y cuando el mundo aún estaba estremecido por la Revolución Rusa ocurrida sólo cinco años atrás. SUS PRIMERAS ACCIONES POLÍTICAS Puerto Montt en los años 30 Tenía 13 años cuando su familia se trasladó a Puerto Montt, pues al padre se le presentó la oportunidad de instalarse en esa austral ciudad con una tienda de géneros. Con ello las cosas mejoraron para la familia formaba por los padres, Fernando y dos hermanas: Marta y Eliana. El muchacho no había cumplido los 16 años y ya salía por los barrios modestos de la ciudad y le hablaba de la necesidad de votar por Pedro Aguirre Cerda. En diciembre de 1939, luego de finalizar con excelentes calificaciones su Sexto Año de Humanidades, viajó a Santiago a rendir su prueba de bachillerato. Reprobó y volvió a Puerto Montt. INGRESA A LAS JJ CC En marzo de 1940 rindió de nuevo el bachillerato y lo aprobó. Se matriculó en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, en el Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Educación. A mediados de 1942, cuando cursaba el tercer año, debió viajar urgentemente a Puerto Montt. Su padre había fallecido y tuvo que hacerse cargo de la tienda. Debió jugar el papel de jefe de hogar a la edad de 20 años. La madre, poco a poco, se fue haciendo cargo de la tienda. Entonces Fernando buscó un trabajo extra. Logró que la directora del Liceo de Niñas le diera algunas clases de Historia. En 1943 se incorporó a las Juventudes Comunistas. Fue en una reunión realizada en medio de un bosque en los alrededores de Puerto Montt. DE NUEVO EN SANTIAGO Fernando era un estudiante de escasos recursos, que necesitaba buscar la manera de costear su estada en Santiago. Afortunadamente logró un puesto como inspector en el Internado Nacional Barros Arana, donde tenía alimentación y alojamiento. Precisamente fue en esas condiciones que vi por primera vez a Fernando Ortiz en 1947. Yo cursaba sexto humanidades en el Internado Nacional Barros Arana; él ejercía las funciones de Inspector o “serrucho” como los llamábamos. Por entonces él era dirigente estudiantil y de las Juventudes Comunistas. Había retornado a Santiago en agosto de 1945, después de haber permanecido tres años […]
Por Farid Herrera Ismail Ingeniero Civil Industrial “Colipatos piden chicha y chancho. Hicieron mitín frente a la calle Phillips” titulaba la portada del diario El Clarín el 24 de abril de 1973, frente a la primera manifestación pública en la Plaza de Armas de Santiago dónde 12 travestis iniciaron una protesta por los derechos homosexuales, la prensa de la época clasificó de “sodomitas», «locas», «anormales» y «maricones». La revista VEA afirmó que “estaban vestidos de manera estrafalaria, comenzaron a lanzar gritos y a bailar, con movimientos feminoides y chocantes» . Esta noticia, nos hizo pensar en el espantoso prejuicio que todavía pende sobre la comunidad LGBTIQ. Cada 28 de junio se conmemora el “Día Internacional del Orgullo LGBTIQ”. A raíz de los disturbios ocurridos en 1969 en el local nocturno de Nueva York “Stonewall Inn”, donde, una redada policial evidenció la discriminación contra homosexuales, transgéneros y personas racializadas (afrodescendientes). Probando lo que debía soportar la comunidad LGBTIQ en una sociedad que les obligaba a vivir como forajidos y en total secreto, ya que consideraban que cometía “un crimen contra la naturaleza”. Las protestas de días posteriores iniciaron una lucha que continúa, a pesar de que el escenario actual ha cambiado, lo vivido en esos años no se aleja de nuestra realidad. Hoy en día 69 países condenan las relaciones entre personas del mismo sexo, y en solo 28 existe el matrimonio igualitario, como indica la última actualización del informe “Homofobia de Estado” que elabora la asociación internacional ILGA. Sin olvidar que sólo en Junio del 2018 la Organización Mundial de la Salud (OMS), eliminó la transexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) y sólo en 1990 la homosexualidad fue eliminada de esta lista. Solo en 2020, Chile registró un aumento del 14,7% en denuncias por homofobia y transfobia, cifra preocupante que demuestra un alza en la discriminación, por parte de opositores a la libertad. El año 2019 se promulgó la Ley de Identidad de Género, que establece como un derecho el reconocimiento de las personas con una identidad de género diversa, mientras se sigue discutiendo sobre la ley de adopción homoparental y el matrimonio igualitario, cómo si la orientación sexual o género fueran un atributos para estratificar ciudadanos, privando de derechos fundamentales a algunos, solo por paradigmas sociales obsoletos. Y por último la Ley Zamudio, promulgada el 2012, a raíz del asesinato de Daniel Zamudio a manos de un grupo neonazi, que instaura, un mecanismo judicial que permite restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria, estableciendo un procedimiento judicial y medidas sancionatorias en caso de comisión de un acto de ese tipo, según su primer artículo. Se ha avanzado, pero en un lugar donde aumenta la violencia, hasta qué punto estas medidas nos ayudan a erradicarla. ¿Cómo podemos avanzar en estas materias? Creando políticas que aseguren el bienestar de la comunidad LGBTIQ en su integridad, desde el año 1991 en Chile se inició la implementación de la perspectiva de género […]
Por Cira Rodríguez César América Latina está atrapada en un círculo vicioso exacerbado por la pandemia de la Covid-19, que genera avances muy desiguales, bajo crecimiento económico, una enorme brecha entre riqueza y pobreza extremas y gran vulnerabilidad. El Informe Regional de Desarrollo Humano 2021, divulgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), destaca que la región se encuentra en una trampa que no le permite seguir hacia la consecución de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los progresos alcanzados en las últimas décadas son más desiguales en los países latinoamericanos y caribeños que en otras partes del mundo comparables con sus niveles de desarrollo; además, sus indicadores sociales están por debajo teniendo en cuenta que es una zona de renta media. El PNUD considera que el subcontinente está inmerso en un círculo vicioso alimentado por la concentración de poder, la violencia y políticas de protección social deficientes, tres factores que se retroalimentan, explicó el director de ese programa de la ONU para América Latina y el Caribe, Luis Felipe López. Al respecto, hizo un llamado a los latinoamericanos para que comprendan la conexión entre todos estos elementos y logren liberarse de la alta desigualdad, para lo cual es necesario la implementación de sistemas universales de protección social redistributivos, fiscalmente sostenibles y más favorables al crecimiento. No puede olvidarse que Latinoamérica es la zona más violenta del mundo, flagelo que junto a la desigualdad forman un ciclo cerrado en el que la inseguridad es causa y consecuencia de la desigualdad y viceversa. La primera afecta y priva desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables. Además, obstaculiza el desarrollo al golpear el capital humano, la productividad y la inversión pública y privada, mientras que obliga a aumentar el presupuesto para la seguridad. En cuanto a los sistemas de protección social, el PNUD los considera frágiles y destaca la capacidad limitada de respuesta durante la pandemia, pues los Gobiernos han creado métodos paralelos de menor calidad para cubrir a las personas excluidas, ‘que en la región son la mayoría’. A ello se suman mercados de trabajo segmentados y con mecanismos que reproducen desigualdades e incentivan la organización de la producción en negocios muy pequeños y poco productivos. Una realidad ante la cual se sugiere repensar la protección social para asegurar la cobertura universal. Para salir de la trampa que frena el avance de los países de la región se deben buscar soluciones con el fin de impulsar un crecimiento ambientalmente sostenible y propiciar la inclusión y la movilidad social. (Tomado de Orbe) La Habana, 26 de junio 2021 Crónica Digital/PL
Una de las dimensiones de la vida social del país en que el patriarcado aún es predominante es el territorio de las universidades públicas y/o del Estado. Por cierto, estamos hablando del “patriarcado”, en el sentido más general de un predominio o supremacía del género masculino en una sociedad, institución o grupo social. En el caso de estas Casas de Estudios Superiores, el fenómeno es observable a partir de una mera constatación de los hechos. Respecto de las 18 entidades académicas agrupadas en el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), en el inicio del Año Académico 2021 sólo en una de ellas existía una mujer ejerciendo como Rectora: las otras 17 tenían hombres en el cargo de rectores. La excepción era la Universidad de Aysén, aunque era un caso con rasgos singulares: se trata de una Casa de Estudios que fue creada en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, en 2015, y en la que la actual Rectora, Natacha Pino Acuña, se impuso electoralmente el 2019 en competencia con otra mujer, María Teresa Marshall, la cual había sido designada en el cargo tres años antes por la entonces Jefa de Estado. La situación no cambiaba sustancialmente si la mirada se extendía a las Casas de Estudios del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), organismo conformado por los rectores de treinta universidades estatales y públicas no estatales del país. Al comienzo del Año Académico 2021, la sola y única excepción en esas Casas de Estudios era la citada Natacha Pino: todos los otros 29 rectores eran hombres. Este cuestionable cuadro en términos de la equidad de género, comenzó a modificarse en mayo pasado, cuando la académica Marisol Durán Santis se impuso como nueva Rectora en las elecciones de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), logrando un 73,8% en segunda vuelta. Poco después, la académica Elisa Araya Cortez fue electa como Rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), con el 62,81% de las preferencias. Ninguna de estas dos universidades había tenido en toda su historia una mujer ejerciendo la responsabilidad principal de su conducción académica e institucional. Ambos casos tienen similitudes institucionales, puesto que estas Casas de Estudios tienen su origen el desmembramiento que la dictadura cívico–militar impuso a la Universidad de Chile. La UMCE fue constituida en 1985 como sucesora y continuadora legal de la Academia Superior de Ciencias Pedagógicas de Santiago, que fue creada en 1981 a partir del Instituto Pedagógico de la Casa de Bello. La UTEM fue constituida en 1993, como continuidad legal del Instituto Profesional de Santiago, formado también en 1981, cuando la dictadura separó de la Universidad de Chile su Instituto Politécnico y carreras tales como Cartografía, Trabajo Social y Diseño, entre otras. El tamaño del universo de académicos que participan como electores de la Rectoría es más o menos similar. En términos de la equidad de género, los recientes procesos de elección rectoral en estas dos universidades tienen una diferencia importante. En la UTEM, Marisol Durán conquistó la […]
