“Los camiones aljibe, diseñados como una solución de emergencia, han pasado a ser una solución permanente, que sin duda esconde un tremendo negocio”, afirmó el senador por Valparaíso.
El senador Kenneth Pugh (Ind.) adelantó que impulsará una iniciativa que permita hacer la trazabilidad del agua con que son llenados los camiones aljibe que surten a las localidades que carecen de dicho elemento, lo mismo que establecer la operatividad de las flotas de esos vehículos que, arrendados por municipios o de particulares, recorren comunas repartiendo y vendiendo agua.
El parlamentario explicó que “un medio de comunicación reveló que el gasto fiscal en camiones aljibe ascendía, hasta el 17 de febrero pasado, a 9.720 MM$, según cifras entregadas por la Subsecretaría del Interior, y hoy no existe claridad del origen del origen de esa agua”.
Al respecto, Pugh expresó una serie de dudas en torno al reparto de los vehículos, tales como “si son llenados de grifos, si se informa adecuadamente el origen del agua de estos camiones y quién fiscaliza su calidad”, poniendo especial atención en la certificación de los camiones aljibes y si son realmente aptos para el traslado de agua potable.
Agregó que “los camiones aljibes que están diseñados como una solución de emergencia para surtir de agua a la población, han pasado a ser una solución permanente, que sin duda esconde un tremendo negocio.” A propósito, dijo que “es inaceptable que se esté lucrando con el agua, por ello es urgente crear un sistema de gestión para el caso de los aljibes, que sean financiados con fondos públicos y un sello de calidad de agua”.
A modo de ejemplo, el senador por Valparaíso planteó que “hoy en El Tabo un camión repartidor de agua vende en $10.000 los mil litros de agua y los 5 mil litros en $50 mil. En Petorca el precio del agua a través de camiones varía entre $2.500 y $17.000 por m3; es decir, negocio redondo ante una situación de sequía que se está incrementando y por ello es urgente trazar el agua, cambiar la cultura en su uso y modernizar los sistemas de acuíferos de embalses, al mismo tiempo que acelerar la construcción de plantas desaladoras.”
También mencionó que “la Gobernación Provincial de Petorca, entre 2012 y 2018, compró agua potable y su proceso de distribución a través de camiones aljibe por un valor total de $8.754.121.511, lo que confirma la urgencia de abordar esta situación”.
Finalmente, sostuvo que “debe haber una fiscalización efectiva con registro de entrega, que debería integrar el control del Servicio de Impuestos Internos, pues se está vendiendo el producto al usuario final, además de monitoreo remoto de los camiones a través de GPS, que permita verificar su trayectoria y así poder controlar, por ejemplo, cargas o descargas fraudulentas. Tenemos la tecnología para hacer una eficiente fiscalización que le asegure al Estado y a los vecinos que el agua que se reparte y se vende es potable y que tiene un origen formal”.
Crónica Digital
29 de marzo de 2022
