Para la especialista en inmigración y académica de la Universidad de Santiago, Dra. Daisy Margarit, el estudio de la OCDE que señala que el aporte de extranjeros es mayor al gasto que generan, es un reflejo de lo que ocurre en Chile y del aporte que significan para la economía nacional. Sin embargo, estima que existen deficiencias en la regulación para que la población foránea permanezca en el país. Principalmente, en vivienda y trabajo. “Es necesaria una legislación migratoria que permita tener lineamientos con un enfoque de derecho, que garantice la acogida e ingreso de todos los ciudadanos a este país”, sentencia.
Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la OIT analizó una decena de países y en ocho, constató que la recaudación pública obtenida por el aporte de personas nacidas en el extranjero es superior al gasto que generan. Es decir, los inmigrantes no cuestan más de lo que aportan. Por otra parte, los autores del informe enfatizan que no hay datos para concluir que los inmigrantes bajen la renta per cápita de los países receptores.
La experta en migración y académica del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Universidad de Santiago, Dra. Daisy Margarit, concuerda con el resultado de este estudio e indica que es un reflejo de lo que ocurre en Chile. Sin embargo, señala que las políticas de acogida para favorecer la integración de los extranjeros, para reforzar su contribución al país, son “insuficientes, al no existir una legislación migratoria y que el proyecto en la materia no fue aprobado”.
De acuerdo a la académica, dos son las áreas en las que se debiera avanzar con mayor urgencia: vivienda y trabajo. “Los inmigrantes pueden acceder al subsidio de arriendo y de vivienda, pero tienen que tener residencia, por lo que todos los que están en proceso de regularización e indocumentados quedan al arbitrio de este mercado informal de vivienda, con condiciones de habitabilidad mínimas, peligrosas para su vida”, sostiene.
En materia laboral, en tanto, señala que buena parte de los puestos de trabajo para inmigrantes son precarios –malas remuneraciones y condiciones-. “Lo que se ha regulado es la VISA de residencia y temporal, con que la persona no queda al arbitrio del empleador, pero lo que falta es una regulación global que iguale los derechos de los ciudadanos chilenos con los de los extranjeros”.
“La población inmigrante no solo debe ser vista como demanda de trabajo”, continúa la Dra. Margarit, “sino también como oferta laboral. Ellos, a través del autoempleo y negocios que generan, además de sus propios emprendimientos, también generan oportunidades de trabajo, no solo para sus connacionales, sino también para los chilenos, porque desde el punto de vista de la opinión pública, esto ha sido poco visibilizado”.
Finalmente, valora que el informe de la OCDE y la OIT desmitifique el supuesto de que los inmigrantes, al recibir menos remuneraciones, quiten puestos de trabajo al resto o terminen reduciendo el salario que se ofrece por un mismo puesto.
“Este estudio es un reflejo de lo que pasa en nuestro país, en cuanto a la cifra de extranjeros en Chile, por cuanto la fuerza laboral inmigrante viene a contribuir en el PIB”, afirma. “Es necesaria una legislación migratoria que permita tener lineamientos con un enfoque de derecho, que garantice la acogida e ingreso de todos los ciudadanos a este país”, concluye.
Santiago de Chile, 28 de enero 2018
Crónica Digital / usach.cl
