Seminario Internacional en la UTEM examina nuevas tendencias en modernización de la gestión pública

La Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) del Estado de Chile fue la sede en que se realizó el Seminario Internacional “Red Internacional de Modernización e Innovación en la Gestión Pública”, con el propósito de impulsar la difusión de conceptos, herramientas y perspectivas relacionadas con la innovación en el ámbito de la gestión de políticas públicas, a través de un enfoque comparativo.

El encuentro académico, organizado por el Programa de Estudio de Políticas Públicas de la UTEM, con la cooperación de la Dirección de Asuntos Nacionales Internacionales, contó con la presencia de representantes de Argentina, Brasil, Costa Rica, México, España, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y China, quienes compartieron su visión y experiencias para analizar y compartir nuevas tendencias sobre la materia.

Durante el seminario, se abordaron temas como Big Data y Smart Cities; probidad en los gobiernos regionales; regulación de la Inteligencia Artificial; Desafíos del Estado Abierto; y casos de éxito en la gestión pública, a través de paneles que contaron con la participación de figuras nacionales como Mauricio Silva, Ministro de la Corte Suprema de Chile; Gloria Hutt, ex Ministra de Transporte y Telecomunicaciones; Karina Delfino, Alcaldesa de Quinta Normal y Vicepresidenta Nacional de la Asociación Chilena de Municipalidades; y Matías Salazar, Director del Metro de Santiago, entre otros.

Además, durante la jornada inaugural Rodrigo Lavandero, Coordinador Interministerial de Modernización del Gobierno de Chile, ofreció una charla magistral, mientras el periodista y ex candidato presidencial Alejandro Guillier y el ex Ministro de Estado y académico de la UTEM, Víctor Osorio, moderaron algunos de los conversatorios. La charla de clausura estuvo a cargo del economista y académico de la Universidad de Barcelona, Frances Trillas.

“El objetivo de esta actividad es generar un punto de encuentro y reflexión en torno a la gestión gubernamental, las políticas públicas y también en cómo se está transformando la dinámica entre los ciudadanos y las entidades de gobierno. Desde la academia, queremos ser un aporte en la discusión de estos temas”, señaló Gerardo Vergara, director del Programa de Estudio de Políticas Públicas UTEM (PEPP).

El Seminario contó con la colaboración de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas (FLACMA), la Red  Internacional de Modernización e Innovación de las Políticas Públicas; y el Laboratorio de Gobierno del Ministerio de Hacienda; y con el patrocinio del Departamento de Tecnologías de Gestión de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) y la Red Académica de Gobierno Abierto de Chile.

La Rectora de la UTEM, Marisol Durán Santis, destacó que el modelo de “Estado o Gobierno Abierto” fuera la clave del encuentro, por su “evidente importancia para las perspectivas de democratización y bienestar de nuestras sociedades”. Indicó que es un modelo que “es un aporte a la resolución de los problemas de la representación y la participación en las actuales democracias, superando el déficit de transparencia y la escasez de los canales de participación proporcionados desde las instituciones”.

“Uno de los sellos institucionales de la UTEM es la Responsabilidad Social. No hay dudas de que el desafío conceptual y programático del ‘Estado Abierto’ requiere de la contribución proactiva de las universidades estatales y públicas, que reconocen en la responsabilidad con el entorno social uno de los ejes de sus prácticas académicas”, valoró.

Santiago, 10 de noviembre 2023.

Crónica Digital.

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El devastador pronunciamiento de economistas por el voto en contra de la propuesta de Constitución

Vie Nov 10 , 2023
Por su evidente importancia, reproducimos el pronunciamiento de un grupo de destacados economistas que se pronuncia por el voto en contra a la propuesta aprobada en el Consejo Constitucional. ¿Por qué estamos en contra? Los acuerdos que logró la Comisión Experta dieron pie a un texto que, con algunos ajustes, podría haber convocado a la mayoría del país. Sin embargo, las modificaciones efectuadas en el Consejo Constitucional, lideradas por una abrumadora mayoría de derecha, impiden que nos sintamos interpretados por la propuesta final y, en consecuencia, votaremos en contra. Una eventual aprobación del texto arriesga afectar la economía mediante una mayor incertidumbre y problemas de funcionamiento institucional. La Constitución que nos rige requiere mejoras, pero el texto que se ofrece a la ciudadanía no es una Constitución para todos. En particular, no da paso al Estado Social de Derecho que se acordó al iniciar esta etapa, pues no da herramientas para su satisfacción efectiva, ni ayuda a crear un sistema político representativo y eficaz. Además, sus modificaciones se hacen más difíciles que bajo la actual. En nuestra calidad de profesionales dedicados a la economía, reseñamos aquí algunas de nuestras principales observaciones en este ámbito. Un tema central es que la Constitución no debe decidir temas de política pública. Existen modalidades y preferencias que pueden evolucionar en el tiempo y que, por tanto, son materia de ley. Una cosa es definir instituciones económicas como la independencia del Banco Central o la protección de la propiedad, sobre las que existe amplio acuerdo. Otra distinta es prohibir variantes de política pública que son habituales en los países desarrollados. El caso más claro de políticas públicas que quedarían a nivel constitucional de aprobarse la propuesta, es el del financiamiento de derechos sociales. Esto porque dificultaría la solidaridad en las cotizaciones de seguridad social, cerrando la puerta a un modo eficaz de financiar la salud y la previsión que es utilizado en la mayoría de los países más avanzados. En la misma línea, la obligación de incluir aseguradores privados y públicos en la provisión de estos derechos sociales tampoco es materia constitucional en los países desarrollados. Sin la adecuada regulación, la elección individual en estos ámbitos entraña el riesgo de dejar estos derechos al arbitrio del mercado, con los problemas que la ciudadanía conoce de una protección que se relaciona con los ingresos de los hogares. Por otro lado, la propuesta constitucional también contiene artículos que dificultan una política tributaria efectiva y moderna. Un ejemplo es la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda. Dicha norma es regresiva y populista, y aunque considera una transición, pone en riesgo una fuente significativa de recursos que se distribuyen desde las comunas más ricas del país a los municipios más pobres. A modo de ilustración, prácticamente ninguna vivienda en Lota paga contribuciones, mientras que casi el 100% de las viviendas en Vitacura está sujeto a su pago. Un segundo ejemplo es el artículo que establece como deducibles de impuestos “los gastos objetivamente necesarios para la vida, cuidado […]

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