Hales indicó que “conseguimos mejorar notablemente el proyecto, por lo que el país podrá contar con un sistema de financiamiento del equipamiento bélico basado en la verdad de las necesidades, usando con transparencia los dineros con transparencia y con el control democrático que el país hará a través de sus representantes en el Congreso”. “Esta aprobación la hemos hecho por el país no por el gobierno”, señaló, puntualizando que con trabajo se ha logrado satisfactoriamente, “eliminar del texto ley, la referencia de la Ley Reservada del Cobre, como modelo de cálculo para la base presupuestaria”. “Se borró en espíritu y en letra se dejó establecido que los cálculos para la base del presupuesto serán hechos a partir de los gastos que Chile está obligado a informar al Consejo Sudamericano de Defensa y no como venía en la propuesta del gobierno, a partir de un porcentaje de lo que arrojaba la ley del cobre en los últimos años”, explicó. De igual manera, agregó, “conseguimos consignar en el artículo 99, que el piso establecido para los primeros años puede ser reducido o eliminado por cada Presidente de la República en el primer año de su mandato, abriéndolo a la transitoriedad, a diferencia de lo que establecía el proyecto originalmente que era un piso presupuestario permanente”. Además, dijo, “trabajamos proponiendo distintos aspectos de formas de control que tiendan a evitar los riesgos de corrupción en las compras a las que ha dado origen la muy mala transparencia la legislación vigente y en particular de la Ley Reservada del Cobre”. Patricio Hales expresó que no esperaba que un gobierno tan agresivo como el actual reconociera la tarea patriótica realizada por los parlamentarios de oposición. “Hemos votado a favor por hacer un bien a Chile y no por hacerle un bien a los políticos de este gobierno que se han dedicado a agredirnos, descalificarnos, ofender a nuestros líderes y que han sido ciegos para la actitud cooperadora y constructiva que hemos tenido”, aseveró. Por último, el legislador expuso que “hemos logrado transformar este proyecto y aprecio la disposición positiva y flexibilidad que ha tenido para esto el ministro Allamand”. Santiago de Chile, 13 de junio 2012 Crónica Digital
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Se trata de una jornada de reflexión y marcha que realizarán los estudiantes secundarios el miércoles 20 de junio, a la cual se unirá la Confech, y un Paro Nacional contra el Lucro en que convergerán todas las organizaciones estudiantiles del ámbito escolar y de educación superior el 28 de junio. “Entendemos que los problemas de la educación son sistémicos y generales. El lucro no solo afecta a la educación superior, sino también a la secundaria. Hay establecimientos subvencionados en que se está lucrando con recursos de todos los chilenos y este es un problema que nos atañe a todos”, afirmó Noam Titelman. Luego puso énfasis en la falta de regulación de las universidades privadas que ha derivado en complejas situaciones como la que afecta hoy a la Universidad del Mar y respondió a quienes critican a la Confech por perseguir el fin del lucro en la educación. “Recientemente escuchamos a la senadora cuestionablemente designada, Ena Von Baer , planteando que la Confech buscaba el fin de las universidades privadas. Hoy día se lo dice el presidente de la federación de una universidad privada: la Confech, junto a todos los estudiantes, sin distinción, está buscando recuperar las universidades para la educación porque es el lucro el que las convierte en empresas y fábricas de engaño”, recalcó el presidente de la FEUC. El dirigente destacó que “queremos recuperar la universidad como un espacio de encuentro, un espacio que rompa con la segregación que estamos viviendo en nuestro sistema educacional actual y es por eso que hemos llamado el día 28 a un paro nacional en contra del lucro, apoyando la causa de muchos estudiantes que hoy están sufriendo”. Recordó que en el Congreso hay un proyecto de ley presentado por ocho parlamentarios, de oposición y de gobierno, que busca terminar con el lucro en la educación escolar y universitaria “para que el esfuerzo y los recursos de todos los chilenos no vayan a parar a manos de unos pocos empresarios”. Santiago de Chile, 13 de junio 2012 Crónica Digital
1. El Estado debe dar prioridad al financiamiento de las escuelas públicas, antes que de las particulares, ya que en sí mismo considerado, el financiamiento educativo es una decisión política que lleva implícita una visión de sociedad, una idea de justicia social y una voluntad de construir oportunidades igualitarias para todos y todas. En el caso de Chile, llama la atención el portentoso mecanismo de subvenciones, indicativo de la existencia de un sistema escolar complicado en su institucionalidad y en su funcionamiento, que pareciera obedecer a tutelar, preferentemente, la libertad de enseñanza antes que a garantizar el derecho a la educación. La subvención a escuelas particulares, como una práctica extendida, tiene el efecto de reducir la garantía de este derecho a la mera función de proveedor, pues a pesar de los controles que pudieran existir sobre la eficiencia y eficacia institucional y sobre el cumplimiento de los objetivos curriculares, la gestión educativa sale de las manos del Estado, por lo que en realidad se está en presencia de una delegación impropia de las obligaciones establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos. 2. El financiamiento público de la educación no tiene un sentido exclusivamente económico, ya que se trata de una acción que permite garantizar la universalización de este derecho humano y busca, por lo tanto, crear, mantener y potenciar condiciones de igualdad, al amparo del principio de no discriminación, que fundamentalmente se logran con el afianzamiento de procesos de socialización. 3. En contradicción con lo que establece la Ley General de Educación, lo cierto es que el sistema de educación media subvencionado no es gratuito. Además, los centros educativos subvencionados bajo la modalidad denominada “establecimientos educacionales de financiamiento compartido”, pueden efectuar cobros mensuales a los alumnos y alumnas, según indica el artículo 24 del Decreto con Fuerza de Ley 2 (…). El concepto de educación gratuita debería entonces tener un alcance más amplio, de manera que los obstáculos económicos que enfrentan las familias y que impiden el acceso a la educación, puedan abordarse de manera integral. 4. La Ley General de Educación presenta elementos estructurales que no consideran a la educación como un derecho y son causales de la emergencia que vive el país actualmente (…). Estos elementos generaron el rechazo de los estudiantes a la ley, así como al sistema educativo en su conjunto, que favorece una desmedida participación del sector privado. Sostener la validez de una educación pública y gratuita es promover el debate sobre las consideraciones académicas que le dan fundamento y concebir una sociedad también diferente. En ese arduo camino, es gratificante constatar que los planteamientos que ha hecho Academia Libre empiezan a abrirse espacio en otras instancias. Por Academia Libre Santiago de Chile, 13 de junio 2012 Crónica Digital
El legislador había planteado esta alternativa en diciembre pasado e insistió en el tema, hace unas semanas, a raíz del avance de una iniciativa en ese sentido en el congreso peruano. El Ministerio del Trabajo respondió negativamente postulando mantener el actual mecanismo de comisiones por depósito. A través de un oficio suscrito por el Subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias, se defendió la actual estructura de cobros al usuario, señalando que descontar las comisiones del saldo de la cuenta de capitalización individual, en lugar de los depósitos, las harían menos perceptibles para el trabajador, pudiendo de ese modo incrementarse. Asimismo, se señala que ligar las comisiones a la rentabilidad de los fondos “no es recomendable, ya que las AFP deben financiar sus gastos fijos derivados de los servicios que, de acuerdo a la ley, deben ofrecer a sus afiliados (administración de las cuentas, servicios en sucursales y en su página web, a la recaudación y cobranza de las cotizaciones, etc.) los que no tienen relación con la rentabilidad que generen los fondos de pensiones.” La nota añade que la actual legislación ya cuenta con un incentivo para que las AFP generen mayor rentabilidad, consistente en la obligación que se les impone de mantener un encaje e invertirlo en las mismas cuotas que componen los fondos de pensiones. El parlamentario socialista refutó cada una de las explicaciones entregadas por el Ministerio del Trabajo, señalando, en primer término, que la ignorancia de los afiliados sobre el destino y magnitud de sus ahorros, es precisamente un elemento negativo del actual sistema, que debiera corregirse, sin embargo no tendría ningún impacto en una modificación como la planteada. “La Subsecretaría parte del supuesto que las Comisiones seguirán quedando a la completa libertad de las AFP, en circunstancia que, precisamente lo que queremos es que existan rangos limitados ligados a la rentabilidad obtenida” – explicó el senador PS. “Existiendo marcos precisos se diluye el razonamiento del Ejecutivo” – sentenció. Asimismo, Muñoz descartó la explicación acerca que la comisión cubre gastos que son fijos de las AFP y que derivan del servicio. “No se detalla por qué éste debiera ser el único servicio en que los costos del prestador deben estar asegurados” – manifestó el legislador – agregando que “para la Subsecretaría, entonces, el afiliado sí puede perder todos los meses, pero las AFP, no.” Por último, rechazó el argumento en torno a que la inversión del encaje en los mismos fondos asegura una preocupación por la rentabilidad, por cuanto se trata de un empozamiento de largo plazo y que, por lo tanto, tiende a ser positivo. “El problema es que el ahorro de los afiliados no es permanente como el encaje, sino sujeto a una necesidad temporal acotada, de pensionarse en el mediano plazo” – recalcó. El parlamentario recalcó que continuará insistiendo en la necesidad de corregir el esquema de comisiones, pero más aún para introducir correcciones radicales al actual sistema de pensiones, que a su juicio ha fracasado rotundamente. Santiago de Chile, 12 de junio […]
“Me siento muy contento que esta Cámara haya aprobado esta iniciativa de manera transversal, pues la calidad de vida y bienestar de nuestros adultos mayores debiera ser una preocupación de todos los sectores, y hoy aquí hemos demostrado que podemos lograrlo” indicó Farías. El parlamentario reafirmó su fuerte compromiso con los más necesitados, pues “los esfuerzos y el trabajo desplegado en las últimas décadas apuntaban a proteger a quienes alcanzan la tercera edad, entregándoles beneficios como la Pensión Básica Solidaria y los Bonos de Invierno, entre otras medidas muy agradecidas por los beneficiarios”. “Es por eso que cuando nos enteramos de la grave situación que viven 112 mil personas, quienes ya no pueden acceder a comprar bonos en FONASA, inmediatamente solicitamos a las autoridades una explicación y que tomaran medidas para revertir el perjuicio generado. Lamentablemente, la respuesta no fue positiva y por eso solicitamos al Presidente de la República, a través de este proyecto de acuerdo, que tome la decisión e instruya a sus ministros para que repongan los beneficios arrebatados” explicó. Finalmente, Farías señaló que “ahora la pelota está en el campo del gobierno, nosotros como parlamentarios expresamos nuestra voluntad y disposición para legislar y encontrar una solución en el menor plazo. Estamos disponibles para trabajar en conjunto y devolver los beneficios arrebatados arbitrariamente, porque nuestros adultos mayores lo merecen y requieren con urgencia. Espero que el gobierno de Sebastián Piñera no desaproveche esta oportunidad y se allane a revertir el perjuicio provocado a miles de ancianos de nuestro país”. Santiago de Chile, 12 de junio 2012 Crónica Digital
Lo peor de todo es que hasta aquí, no se ve nada nuevo en la palestra, ya que lamentablemente es frecuente tomar conocimiento de esta clase de hechos. No obstante, uno de los elementos que hace especialmente sensible esta realidad, no sólo es que las víctimas sean menores de edad, sino que a esto se suma, la falta de fiscalización de los actores de este proceso educativo, llámese municipalidad, Sesma, y, particularmente, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI). En relación a los dos primeros actores diré que no me extraña la falta de fiscalización a este recinto, que funcionaba a pesar de las deficiencias en sus instalaciones. Y no me causa extrañeza, porque existe la mal entendida tendencia municipal a fiscalizar empresas o personas que desarrollan labores que, en la práctica, no afectan directamente a terceros. Pareciera que el foco se fija en la vereda equivocada. Al resto de la ciudadanía le hacen caer todo el peso de la ley, los crucifican, mientras que los jardines infantiles que no son fiscalizados y cuyos propietarios se llenan los bolsillos con la plata de las matrículas, ¡bien gracias, que sigan no más! Por otra parte, tenemos a la JUNJI, entidad que carece de todas las facultades para impedir el funcionamiento de jardines no empadronados (ojo, es cosa de cada jardín acreditarse, no es obligatorio). Y no sólo eso, la JUNJI tampoco tiene la facultad de obligar a implementar proyectos educativos en los jardines infantiles que ya funcionan… El proceso es así de perverso y para que al lector le quede suficientemente claro, lo ejemplifico: si a usted, se le pasa por la cabeza instalar un jardín infantil y no empadronarlo lo puede hacer. Lo mismo, en el caso de un pedófilo que tiene una casa común y corriente y pone un cartel que dice “Jardín Infantil”. ¡Como verá el trámite es fácil! Mientras tanto, el pedófilo pide permiso municipal para obtener la patente y lo fiscalizarán un par de meses más tarde y el Sesma le entrega la autorización de sanidad. Son trámites sencillamente, no más que eso. ¿Y qué pasa, con la JUNJI durante todo ese proceso? Brilla por su ausencia y cuando aparece, si es que lo hace, sólo es para “pedir permiso para entrar a fiscalizar…, pero ¿fiscalizar qué?La JUNJI, en el caso de los jardines que están empadronados los fiscaliza cada cierto tiempo y resulta que, en cada ocasión, envía a distintos funcionarios, los que aplican criterios diferentes. Mientras uno le dice a la propietaria del jardín que debe hacer una cosa, al mes siguiente va otro funcionario y pide algo totalmente diferente a lo requerido por su antecesor, desacreditándolo. ¿A eso llaman fiscalizar? Acaso, ¿fiscalizar es pedir que el lavaplatos esté a tantos metros del suelo?, ¿no será más prudente fiscalizar también que quien instala un jardín infantil sea una persona idónea, que tenga conocimiento de cómo tratar a los menores de edad y no sea un peligro para su integridad?, ¿fiscalizar no será chequear que […]
Según cifras de la Fundación Sol, Chile se encontraría dentro de los países con mayor carga efectiva de trabajo en el mundo, a lo que se agrega el que un 56% de los trabajadores, labora en condiciones de subempleo con signos de precariedad, según definición de la OIT, con más de 1 millón, 100 mil trabajadores sin contrato formal y Chile. Frente a esta realidad, diversas organizaciones sindicales y sociales, en conjunto con la Fundación Sol, dieron inicio a la campaña Tu Trabajo Vale, que pretende enfrentar con diversos fundamentos la discusión del salario mínimo. En la oportunidad el director y economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman, señaló que en los últimos 20 años la economía chilena ha crecido en promedio 5% al año, “sin embargo nuestro país se encuentra entre las 15 naciones con peor distribución del ingreso en el mundo”, lo que nos lleva a impulsar una campaña a mediano plazo, donde como primera iniciativa se plantearía una discusión sobre el salario mínimo. La cita contó con presencia de presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Cristian Cuevas, el presidente de la FECH Gabriel Boric, Andrea Riquelme, presidenta de la Confederación Bancaria, Pedro Davis, presidente de la CONUPIA, Carolina Espinoza de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal, CONFUSAM, entre una cincuentena de dirigentes que adhirieron a la convocatoria. Cuevas señaló que la precarización es la forma de sustentación de este modelo y por el contrario esta iniciativa buscar hacer un trabajo real, donde la unidad, la acción colectiva y la movilización serán fundamentales. Consultado sobre las medidas anunciadas por la ministra del trabajo Evelyn Matthei, que introduce alternativas de flexibilidad laboral en el marco de medidas anticrisis inspiradas en la Declaración de Voluntades CPC-CUT, el presidente de la CTC, Cristian Cuevas, señaló que “en enero rechazamos este acuerdo ya que en más de una de sus indicaciones planteaba flexibilización laboral, pactando horas y rebaja salarial ante una situación de crisis, que sabíamos que se transformarían en permanentes”. Por su parte el presidente de la CONUPIA, Pedro Davis, señaló que el país tiene una deuda con el mundo del trabajo y con la pequeña y mediana empresa que genera el 80% del empleo, no obstante no cuenta con condiciones para desarrollarse, “nosotros dependemos del mercado nacional, nosotros no formamos parte del mundo exportador, por tanto dependemos del mercado interno y ¿quién compone el mercado interno?…los trabajadores”, enfatizó. “Estamos aquí porque entendemos que el país tiene que entender a los sectores segregados e excluidos del modelo de desarrollo, donde nosotros la MYPIME, somos uno de ellos sin lugar a duda”. De la misma forma el presidente de la FECH Gabriel Boric, señalo que los estudiantes son los futuros trabajadores de Chile y “somos hijos de familias trabajadoras que hoy día viven en carne propia las inequidades de este modelo que está pensado solo para favorecer a unos pocos, entendiendo también que no podemos reducirnos a comprender la lucha estudiantil como una lucha de carácter sectorial, sino […]
La Bancada de Diputados del PPD valoró los dichos del Ministro Secretario General de Gobierno, Andrés Chadwick, quien se declaró profundamente arrepentido de no haber hecho algo más frente a las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el régimen militar, e instó a personeros de derecha a seguir su ejemplo. “Valoramos las declaraciones del Ministro, ya que ése es el camino correcto para que realmente exista perdón y reconciliación en nuestro país. Creemos que realizar actos de homenaje a la figura de Augusto Pinochet sólo abren la herida que existe en muchos de nuestros ciudadanos que sufrieron en carne propia los horrores de la dictadura”, indicó la jefa de la Bancada PPD, Adriana Muñoz. La diputada indicó que “esperamos que sus palabras no se las lleve el viento y se traduzca en un gran acuerdo nacional que sitúe el respeto a los derechos humanos, a todo nivel, en una materia prioritaria para el gobierno”. Por su parte, el subjefe de la Bancada PPD, Enrique Accorsi, instó al resto de los personeros de derecha a seguir la actitud de Chadwick y de Joaquín Lavín para así contribuir a la paz social. “Nos gustaría que quienes asistieron al acto de Chacarillas para brindarle su apoyo a Pinochet, entre ellos, los ministros Cristián Larroulet y Pablo Longueira ,además del actual timonel gremialista, Patricio Melero, hicieran su propio mea culpa”. “La violencia vista el día domingo no queremos que se repitan en nuestro país”, concluyó el legislador. Santiago de Chile 12 de junio 2012 Crónica Digital
El diputado del Partido por la Democracia (PPD) e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Tucapel Jiménez, solicitó al Ejecutivo ponerle urgencia al proyecto de ley que tiene por objetivo castigar a quienes nieguen, justifiquen o minimicen públicamente los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile. “No puede ser que las víctimas, las personas que han sufrido en carne propia el dolor de lo que significó la dictadura militar, los asesinatos, las torturas, sean las que tengan que funar o tratar de parar homenajes, cuando debiera ser el Estado el encargado de hacerlo”, indicó Jiménez. Lo anterior, en referencia al acto en honor a Augusto Pinochet realizado en el Teatro Caupolicán el domingo pasado, que terminó con violentas manifestaciones y más de sesenta detenidos. Anteriormente, también se había producido una situación compleja en el homenaje al brigadier(r) Miguel Krassnoff, condenado a más de100 años de presidio por violaciones a los derechos humanos. Asimismo, el diputado PPD, señaló que la iniciativa planteada constituye una oportunidad para que el ministro Secretario General de Gobierno, Andrés Chadwick, “demuestre realmente su arrepentimiento y desde el interior del gobierno patrocine y ponga urgencia al proyecto que presenté hace un tiempo atrás y que se está discutiendo en la Comisión de Derechos Humanos. Queremos que tal como ocurre en Europa donde se castiga con cárcel a quienes niegan, condonan o justifican la existencia del Holocausto”. Santiago de Chile 12 de junio 2012 Crónica Digital
¿Qué ocurre? me pregunto, cuando un octogenario dirigente político como Patricio Aylwin, decide sacar la voz y descargar todo el peso histórico del golpe de Estado, en la figura de Salvador Allende, por su incapacidad política y mal gobierno, según sus declaraciones, como si esos argumentos aunque tuvieran visos de verdad, pudieran explicar por sí mismos, la interrupción del sistema democrático chileno. Don Patricio, en un arranque de amnesia imperdonable, deja en el olvido hechos tan graves, como el asesinato del comandante en jefe del ejército, General Shneider, antes de asumir siquiera el presidente mártir -y lo más peligroso- se libera a sí mismo de toda culpa, olvidando la propia incongruencia de su liderazgo, dentro de un partido que participó en las elecciones y fue derrotado, con un programa muy parecido al de la Unidad Popular. ¿Se puede justificar tanta incoherencia, bajo el escudo de haber sido el rostro de una transición como la chilena? Una de carácter mezquina y llena de vacíos, todos en favor de la protección de un modelo político y económico impuesto a sangre y fuego. Aylwin, a pesar de esa crítica, pudo pasar a los anales de la república como un personaje por encima del bien y del mal, lejos del bullicio de unos y otros, sin embargo, ha preferido inmortalizarse como un golpista póstumo. ¿Qué ocurre en Chile? Cuando un reo rematado como Álvaro Corbalán Castilla, junto a otros ex -militares de la Fundación Augusto Pinochet, organizan un homenaje al dictador y los civiles que participaron de su gobierno siendo directos beneficiados de su “obra” no asisten, se disculpan y esconden, dejándolos en la triste soledad, de asumir con sus roídos uniformes, las barbaridades sistemáticas y cotidianas conocidas por la gran mayoría de los chilenos, en los casos de tortura y exterminio. Habría que preguntarse ¿Qué pasaría si en uno de esos actos, los militares encarcelados, se decidieran a contar la verdad de los hechos; y nos dijeran qué participación tuvieron esos civiles en la gran “gesta patriótica” de eliminar a los disidentes? ¿Por qué no se deciden a realizar un documental dónde cuenten al país qué hicieron con los “enemigos de la patria”? Pero en cambio, han optado por negar de manera contumaz los hechos, basta escuchar a Hermógenes Pérez de Arce, arcano mayor del tarot pinochetista, capaz de proponer una nueva doctrina sobre el tema de los Derechos Humanos, uno de uso particular y exclusivo para los crímenes de lesa humanidad, todos justificables y necesarios. Su fanatismo y terquedad llega a un punto tan inaceptable como la explicación que da, sobre los asesinatos alevosos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino conocidos mundialmente como el “caso degollados” el abogado Pérez, en primer lugar afirma que la acción de los organismos de seguridad, se justificaba por ser dichas personas “los más altos jefes del frente Manuel Rodríguez” y por tanto culpables de delitos de sangre, como lo sugiere uno de los periodistas del programa Tolerancia Cero, el abogado dice tener documentos […]
