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Este jueves el Senado aprobó la iniciativa que evitaría el corte de servicios básicos durante el Estado de Catástrofe decretado ante la pandemia del Coronavirus. A pesar de que el proyecto de ley ayudaría a los usuarios morosos que arriesguen perder sus suministros de agua, luz, internet, telefonía o gas, el Gobierno advirtió que este podría considerarse inconstitucional. Al respecto, el abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Francisco Zambrano, explicó que para que sea declarado inconstitucional, “la decisión tendría que pasar por la evaluación del Tribunal Constitucional a petición del presidente de la República, de las Cámaras o de una parte de ellas”. “El proyecto, mientras no cuente con el patrocinio del Ejecutivo, es inconstitucional porque implica gasto fiscal. En la elaboración del presupuesto, dado que es una ley, interviene también el Congreso, pero este solo puede aprobar, disminuir o rechazar el gasto público, no aumentarlo. En cualquier caso, esto no es un pronunciamiento sobre el fondo del proyecto, sino una evaluación de su constitucionalidad”, explicó el académico. Por otro lado, el experto en derecho público indicó que si tanto el Tribunal Constitucional como el Presidente de la República no actúan en sus atribuciones, el proyecto de la prohibición de cortes de servicios básicos sería aprobado sin ningún cuestionamiento. “Si el Tribunal Constitucional o el Presidente de la República no actúan en sus atribuciones, la ley podrá ser aprobada y promulgada sin problemas. Será, entonces, ley de la República. Ahora, si llegase a declararse inconstitucional, no existe otro mecanismo para aprobarla, sino el trámite legislativo que incluye al Congreso y al presidente”, advirtió. “Considero altamente positivo que el Gobierno esté disponiendo de una batería de ayudas sociales para la crisis sanitaria y, más aún, para la crisis económica que venimos arrastrando desde octubre. Buena parte de esas medidas han contado con la participación del Congreso Nacional, quienes deben colaborar. Espero, en todo caso, que el Gobierno considere esta iniciativa junto con otras para aliviar a las familias chilenas más necesitadas”, finalizó Zambrano.  Una visión crítica Para el también académico de la Facultad de Derecho, abogado y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Santiago, Luis Bobadilla, el proyecto para la suspensión de cobro de servicios básicos, “en términos estrictamente jurídicos, es inconstitucional”. “Es cierto que las empresas de servicios públicos, precisamente, prestan un servicio a la comunidad, pero ellos tienen un derecho de propiedad sobre sus instalaciones y sobre sus servicios y, desde el momento en que usted, mediante una ley, vulnera el derecho de propiedad de estas empresas, lo que está haciendo, en pocas palabras, es iniciar una acción expropiatoria”, acusa. En palabras de Bobadilla, “como ciudadano, claro que me parece una buena idea esto de impedir los cortes por no pago. De buenas a primeras, suena muy bien. Pero en términos estrictamente jurídicos, cuando el Estado, ya sea a través del Congreso o del Gobierno, interviene en la propiedad privada, iniciamos un camino que es muy difícil”. “Hay […]

Organizaciones sociales junto a partidos de oposición presentaron el “Pliego Popular”, articulación de propuestas para hacer frente a la grave crisis social y económica que se vive en el país. Destacan en las propuestas instalar un Comité Nacional de Crisis, un cambio en la estrategia sanitaria y un Ingreso Básico de Emergencia de $460 mil para una familia de cuatro personas.  Este sábado se presentaron las propuestas de la plataforma conformada por organizaciones sociales, partidos políticos pertenecientes a Unidad para el Cambio, el Frente Amplio, y otras orgánicas y movimientos donde se llama al gobierno a tomar medidas para enfrentar la grave crisis sanitaria, social y económica que afecta al país. En este sentido, las propuestas se ajustan en dos ejes: Comité Nacional de Crisis y un Ingreso Básico de Emergencia de $460 mil, con las cuales se busca dar una rápida respuesta a las miles de familias que se ven expuestas a la crisis sanitaria y económica en medio de la pandemia del Covid-19. Las propuestas fueron presentadas a través de paneles emitidos por redes sociales en los que participaron Camila Aguayo (IL); Marco Enríquez-Ominami (PRO); Mauricio Concha (PI);  Jaime Mulet (FRVS); Daniel Jadue (PC); Sandra Jeldres, encargada Frente de Salud Convergencia Social y dirigente sindical de la APS; Marcos Vargas, dirigente nacional de CONFUSAM; Claudia Sanhueza, economista; Doris González, vocera  nacional de UKAMAU y referenta Poderosas; Javiera Toro, presidenta Comunes; Fernando Atria, líder de Fuerza Común, y Hillary Hiner de la Red de Historiadoras Feministas. Además, participaron de estos paneles, a través de intervenciones en video, el Dr. Christian García y la Dra. en Literatura Carolina Gainza, firmantes de una carta pública con propuestas para evitar una catástrofe, redactada por un grupo de 40 expertos, científicos y divulgadores de diversas ramas a fines del mes pasado. Según destaca el documento, el Comité Nacional de Crisis debe incluir representación de la Atención Primaria en Salud, de las Asociaciones Municipales, el Colegio Médico y los expertos en epidemiología y organizaciones relevantes de la sociedad civil, para que genere una estrategia sanitaria con capacidad de ejecución y de gestión en cada rincón de nuestro país. Junto con esto, se propone  aumentar el presupuesto de la atención primaria de salud en al menos dos mil pesos por cada inscrito en FONASA para enfrentar la pandemia, los efectos de esta y el control de precios en elementos de protección personal y fármacos. Por otro lado, la propuesta busca concretar un Ingreso Básico de Emergencia de $ 460 mil pesos por familia de 4 personas, que marca la línea de pobreza; para así detener el retiro de los fondos de cesantía y articular la protección de las mujeres como cuidadoras y madres cabeza de familia. Además se propone el retiro de un ingreso mínimo mensual de los fondos de pensiones por razones de catástrofe a todas las personas que no reciban el ingreso de emergencia, lo que debe ser compensando por el Estado con su reposición en un plazo de 5 a 10 años. […]

A momentos de que se confirmara un nuevo cambio de gabinete donde sale de la cartera de Salud el otrora Ministro Mañalich y asume el cargo Enrique Paris, la diputada Karol Cariola (PC) fue enfática en criticar el nombramiento de la nueva autoridad sanitaria calificandolo como un “blindaje personal” del Presidente Piñera en vez de un cambio que responda a rectificar la estrategia en el manejo de la crisis sanitaria y recuperar la fe pública. La parlamentaria representante de las comunas de la zona norte de la capital, donde se ubican dos de los hospitales que hace meses han anunciado colapso en la atención como lo son el Hospital San José (Independencia) y el Félix Bulnes (Cerro Navia), expresó que era esperable el cambio de gabinete en Salud además de urgente y necesario. “La salida del Ministro Mañalich no solo era esperable sino que también era urgente y era necesaria. El mal manejo de la crisis, la catástrofe sanitaria a la que llevó a nuestro país por las malas decisiones, por no saber escuchar, por su tozudez, además ha generado un daño irreparable a la fe pública a las autoridades sanitarias”, dijo Cariola. A raíz de los cambios en el método de contabilidad de fallecidos y el reportaje emitido por Ciper hace unas horas atrás donde se establece que el Ministerio ha informado a la OMS más del doble de muertes a diferencia de lo que se ha informado al país, la diputada agregó que “el manejo dudoso de la información, el ocultar y manipular las cifras, entre otras cosas, ha sido una de las situaciones que nos ha llevado a poner en duda a la autoridad sanitaria y eso, en medio de una crisis como ésta es tremendamente grave. Frente al nombramiento del ex presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, como nuevo Ministro de Salud, Cariola expresó que “recuperar la fe pública debiera ser uno de los principales objetivos de la próxima autoridad sanitaria y, lamentablemente, creo que Enrique Paris difícilmente es la persona que puede estar a cargo de llevar esa voz de confianza a la ciudadanía, sobretodo porque ha sido él quien ha puesto en duda, ha recriminado y cuestionado una de las principales voces de confianza de la ciudadanía como es la presidenta del Colegio Médico”. Finalmente la diputada Karol Cariola dijo que “el Presidente (Piñera) debe elegir un ministro o ministra que entregue confianza a Chile no un ministro que continúe en la trinchera, sin capacidad de diálogo, como creo que lo va a demostrar el Ministro Paris también. Creo que como nuevo ministro de salud, el presidente al nombrar al señor Paris confirma que el interés por recuperar la fe pública y el trabajo colectivo para superar esta crisis está en segundo lugar, lo primordial para el Presidente de la República hoy día es elegir ministros para su blindaje personal y no para la protección de la ciudadanía”. Santiago de Chile, 14 de junio 2020 Crónica Digital

El diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, se refirió a la salida del ministerio de Salud de Jaime Mañalich, señalando que “más vale tarde que nunca”, y como impulsor de la orgánica de partidos y agrupaciones sociales “Pliego Popular”, hizo un llamado al nuevo ministro, Enrique Paris, a escuchar a los expertos, partidos y ciudadanía, y no cometer los mismos errores que su predecesor. “Más vale tarde que nunca. Menos mal que el ministro Mañalich dio un paso al costado. Era muy importante que así lo hiciera. Hoy día hay gente que está sufriendo, y que no debería estar sufriendo como lo está haciendo, hay vidas que creo que han costado demás, que se podrían haber salvado. Él no escuchó, él tomó una decisión de manera vertical, no se escuchó a los alcaldes ni a las regiones al debido tiempo, no se escuchó a los funcionarios de la salud, por eso que era importante que diera un paso al costado y al nuevo ministro que llega le deseamos lo mejor”. Y precisamente, para el nuevo ministro, Mulet recalcó “desde diversas organizaciones sociales y políticas hemos propuesto siete medidas inmediatas, el Pliego Popular, hoy día mismo lo hemos estado lanzando en distintos lugares del país. Y desde ahí le decimos al nuevo ministro Enrique Paris, que escuche a la ciudadanía, a los científicos, a los alcaldes, a los partidos políticos que le hacemos propuestas, a las organizaciones sociales, a los gremios, pues entre todos vamos a avanzar y vamos a poder manejar de mejor manera esta pandemia”, concluyó. santiago de Chile, 13 de junio 2020 Crónica Digital

El Partido Progresista de Chile declaró que el ahora ex Ministro de Salud Jaime Mañalich debe ser acusado constitucionalmente y sancionado por su responsabilidad política en la catástrofe sanitaria que afecta el país, más allá que Sebastián Piñera hubiera decidido removerlo hoy de su cargo. El presidente de la colectividad Lagos, manifestó: “Hemos venido pidiendo la renuncia de Mañalich desde abril. Dijimos que si no parábamos el país nos quedaríamos sin país, y estos meses nos hemos venido quedando sin país miles de veces, porque cada vida perdida, es perder en parte la patria”, dijo el economista. Asimismo, recalcó que “Mañalich, con su indolencia, prepotencia y falta de profesionalismo, es responsable de la pérdida de muchas vidas que pudieron haberse evitado. No sólo basta con su renuncia, debe ser sometido a juicio, no puede quedar impune esta incompetencia en una autoridad como la suya”. Lagos aseguró que “el cambio de Ministro de Salud no resuelve nada sin un cambio de orientación de la política del Gobierno para enfrentar la pandemia”. Por su parte, el Secretario General del Partido Progresista, Jonatan Díaz, emplazó a todas las fuerzas políticas a que “por responsabilidad política e histórica, impulsen una acusación constitucional contra Mañalich ahora que no cuenta con el blindaje de la Moneda”. “Su renuncia no es suficiente, debe responder políticamente y tendrá que responder ante la justicia”, concluyó. Santiago, 13 de junio 2020. Crónica Digital.

La Red de Centros de Estudios por una Nueva Constitución expresó su preocupación “ante los intentos, reiterados e injustificados” de no realizar un plebiscito para determinar si se inicia el proceso de elaboración de una nueva Carta Fundamental, según está establecido hoy en la Constitución vigente. Indicaron que, por lo tanto, la realización del plebiscito no es optativa “sino que obliga a todos los órganos y autoridades que corresponda”. Así fue expresado en un pronunciamiento suscrito por las fundaciones y centros de estudios de la oposición: Fundación por la Democracia, Fundación Participa, RED de Estudios para la Profundización Democrática, La Casa Común, Centro Democracia y Comunidad, Instituto Igualdad, Chile Movilizado, Red Liberal, Marca AC, Fundación Horizonte Ciudadano, Fundación Progresa, Fundación Socialdemócrata, Fundación Chile 21 e Instituto Bilbao. Junto con cuestionar los intentos “por poner en duda una de las certezas democráticas más relevantes de los últimos tiempos”, señalaron que “tomar a la ligera el camino institucional trazado para el proceso constituyente” es desconocer el esfuerzo por dar respuesta a una demanda prioritaria de la ciudadanía. “Más grave aún, restringir la participación y modificar las alternativas que permitirán a la ciudadanía señalar su preferencia, desprestigia aún más a la actividad política”, dijeron. Ello, agregaron, “abre la puerta a nuevas incertidumbres, con resultados imprevisibles. “Resulta impresentable que los mismos que exigen que se cumplan, a todo evento, aquellas clausulas constitucionales que sí les gustan, pretendan sabotear la aplicación de un cambio constitucional logrado en democracia, por la democracia y para la democracia. No han cambiado ni las razones que motivan un proceso constituyente ni el deber de los servidores públicos de respetar la institucionalidad”, enfatizaron. Puntualizaron, asimismo, que la declaración de estado de catástrofe no impide la realización del plebiscito. “Ningún estado de excepción constitucional autoriza a restringir derechos políticos, por lo que ninguna medida sanitaria que se disponga podría interferir con ellos”, detallaron. Al contrario, “la obligación de las autoridades es tomar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos políticos por la ciudadanía en condiciones que protejan la salud de cada persona”. A su juicio, es posible “realizar un proceso eleccionario viable y seguro, como lo muestra la experiencia internacional reciente”. En ese último sentido, expresaron que el SERVEL “tiene facultades que le permitirían tomar medidas para reducir los riesgos, pero estas son muy restringidas. Consideramos que debe evaluarse con urgencia la necesidad de modificar la Ley de votaciones (18.700) para que cuente con las mejores herramientas. Debido a los plazos del cronograma electoral, tales modificaciones legales deberían estar aprobadas con suficiente anticipación para comenzar a ser difundidas e implementadas a más tardar el 26 de agosto, día en que comienza la difusión de información electoral y de propaganda”. “La ciudadanía espera mucho más de los actores políticos nacionales. Hacemos un llamado a actuar con seriedad y responsabilidad para estar a la altura del crítico momento que atravesamos. Lo que necesita nuestra democracia para su buen funcionamiento son certezas, no provocaciones lanzadas sin medir las consecuencias”, concluyeron. Santiago, […]

  La Bancada de Diputadas y Diputados del PPD se refirió hoy a la salida del Ministro de Salud, Jaime Mañalich, señalando que “su permanencia en el cargo era insostenible, ya que le pasó la cuenta su soberbia y sordera para enfrentar la pandemia”. “Esperábamos la salida del ministro Mañalich, creemos que tuvo una errática conducción de la pandemia del Covid- 19. Hace tiempo que pedíamos medidas mucho más drásticas de confinamiento, de aislamiento, para cuidar la salud y la vida de las personas. Esas medidas han llegado tarde, y la ciudadanía está viviendo las consecuencias de aquello, de una curva que se sigue disparando, que no ha podido ser aplanada”, afirmó el Jefe de Bancada, Raúl Soto. El parlamentario agregó que “esperamos que el cambio de ministro signifique un cambio en la mirada, en la conducción que se está teniendo de esta pandemia. Necesitamos medidas mucho más oportunas, más drásticas desde el punto de vista sanitario, y que vayan acompañadas de mayor apoyo económico para las familias vulnerables y para la clase media para que las puedan cumplir”. Por su parte, el Presidente de la Comisión de Salud, Ricardo Celis, indicó que “el ministro Mañalich y las autoridades sanitarias han sido absolutamente sordas, no han escuchados a los alcaldes, a las sociedades científicas, a las comisiones especializadas de la Cámara y del Senado, y eso ha traído unos resultados pésimos en el manejo de la pandemia”. “Me alegra que el Presidente Piñera cobre las responsabilidades políticas. Sin embargo, más importante que eso es el manejo del Covid-19 y por eso esperamos que el nuevo ministro la haga bien, con un sentido sanitario. El gobierno debe retomar el control de la pandemia, de lo contrario podríamos tener una tremenda catástrofe y tragedia nacional. Necesitamos autoridades competentes y comprometidas con los chilenos y no con partidos políticos o visiones políticas”, aseguró el legislador. Asimismo, la diputada Andrea Parra, sostuvo que “más vale tarde que nunca. Esperamos que esto no sólo sea un cambio de nombre sino que refleje una nueva estrategia. La salida de Mañalich se da en el peor de los contextos, no sólo por el fracaso de su gestión, sino que la cifra de fallecidos es de más de 5 mil personas y no los 3 mil que nos reportaban. Se derrumbó el castillo de naipes. Todo no sólo era un error sino que una mentira. Hay una oportunidad sin duda. Nadie quiere que al gobierno le vaya mal en esto, pero observaremos con detención el desempeño del doctor Paris. Esperamos que sea más dialogante y menos soberbio que su antecesor”. Finalmente, la subjefa de la Bancada del PPD, manifestó que “es un cambio necesario y predecible desde La Moneda. La verdad es que hace semanas había un cuestionamiento muy objetivo respecto a las cifras, las informaciones que se daban y una testarudez en concordancia con el Presidente de la República. No es menor lo que se dio a conocer en Ciper sobre las cifras de fallecidos. Mi llamado hoy […]

1- La realización de un plebiscito para determinar si se inicia el proceso de elaboración de una nueva Carta Magna está establecida en la constitución vigente. Su realización no es optativa, sino que obliga a todos los órganos y autoridades que corresponda. Es el fruto de un largo proceso de movilización ciudadana. Es, además, el resultado de un acuerdo histórico entre fuerzas políticas de gobierno y oposición para encauzar la demanda por un contrato social legítimo tras las manifestaciones de octubre 2019. A la fecha es el único acuerdo de este tipo, tanto por su relevancia como por su representatividad. 2- Como Red de Centros de Estudio por una Nueva Constitución queremos hacer pública nuestra preocupación ante los intentos, reiterados e injustificados, por poner en duda una de las certezas democráticas más relevantes de los últimos tiempos. Tomar a la ligera el camino institucional trazado para el proceso constituyente es desconocer el esfuerzo transversal por dar respuesta a una demanda prioritaria de la ciudadanía. Más grave aún, restringir la participación y modificar las alternativas que permitirán a la ciudadanía señalar su preferencia, desprestigia aún más a la actividad política y abre la puerta a nuevas incertidumbres, con resultados imprevisibles. 3- Resulta impresentable que los mismos que exigen que se cumplan, a todo evento, aquellas clausulas constitucionales que sí les gustan, pretendan sabotear la aplicación de un cambio constitucional logrado en democracia, por la democracia y para la democracia. No han cambiado ni las razones que motivan un proceso constituyente ni el deber de los servidores públicos de respetar la institucionalidad. La declaración de estado de catástrofe, como medida de control de la pandemia, no impide la realización del plebiscito. Ningún estado de excepción constitucional autoriza a restringir derechos políticos, por lo que ninguna medida sanitaria que se disponga podría interferir con ellos. 4- La obligación de las autoridades es tomar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos políticos por parte de la ciudadanía en condiciones que protejan la salud de cada persona. Es perfectamente posible realizar un proceso eleccionario viable y seguro, como lo muestra la experiencia internacional reciente. 5- El SERVEL tiene facultades que le permitirían tomar medidas para reducir los riesgos, pero estas son muy restringidas. Consideramos que debe evaluarse con urgencia la necesidad de modificar la Ley de votaciones (18.700) para que cuente con las mejores herramientas. Debido a los plazos del cronograma electoral, tales modificaciones legales deberían estar aprobadas con suficiente anticipación para comenzar a ser difundidas en implementadas a más tardar el 26 de agosto, día en que comienza la difusión de información electoral y de propaganda. 6- La ciudadanía espera mucho más de los actores políticos nacionales. Hacemos un llamado a actuar con seriedad y responsabilidad para estar a la altura del crítico momento que atravesamos. Lo que necesita nuestra democracia para su buen funcionamiento son certezas, no provocaciones lanzadas sin medir las consecuencias. Declaración de la Red de Centros de Estudio por una Nueva Constitución. Santiago de Chile, 12 de […]