La Red de Centros de Estudios por una Nueva Constitución expresó su preocupación “ante los intentos, reiterados e injustificados” de no realizar un plebiscito para determinar si se inicia el proceso de elaboración de una nueva Carta Fundamental, según está establecido hoy en la Constitución vigente. Indicaron que, por lo tanto, la realización del plebiscito no es optativa “sino que obliga a todos los órganos y autoridades que corresponda”.
Así fue expresado en un pronunciamiento suscrito por las fundaciones y centros de estudios de la oposición: Fundación por la Democracia, Fundación Participa, RED de Estudios para la Profundización Democrática, La Casa Común, Centro Democracia y Comunidad, Instituto Igualdad, Chile Movilizado, Red Liberal, Marca AC, Fundación Horizonte Ciudadano, Fundación Progresa, Fundación Socialdemócrata, Fundación Chile 21 e Instituto Bilbao.
Junto con cuestionar los intentos “por poner en duda una de las certezas democráticas más relevantes de los últimos tiempos”, señalaron que “tomar a la ligera el camino institucional trazado para el proceso constituyente” es desconocer el esfuerzo por dar respuesta a una demanda prioritaria de la ciudadanía. “Más grave aún, restringir la participación y modificar las alternativas que permitirán a la ciudadanía señalar su preferencia, desprestigia aún más a la actividad política”, dijeron. Ello, agregaron, “abre la puerta a nuevas incertidumbres, con resultados imprevisibles.
“Resulta impresentable que los mismos que exigen que se cumplan, a todo evento, aquellas clausulas constitucionales que sí les gustan, pretendan sabotear la aplicación de un cambio constitucional logrado en democracia, por la democracia y para la democracia. No han cambiado ni las razones que motivan un proceso constituyente ni el deber de los servidores públicos de respetar la institucionalidad”, enfatizaron.
Puntualizaron, asimismo, que la declaración de estado de catástrofe no impide la realización del plebiscito. “Ningún estado de excepción constitucional autoriza a restringir derechos políticos, por lo que ninguna medida sanitaria que se disponga podría interferir con ellos”, detallaron. Al contrario, “la obligación de las autoridades es tomar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos políticos por la ciudadanía en condiciones que protejan la salud de cada persona”. A su juicio, es posible “realizar un proceso eleccionario viable y seguro, como lo muestra la experiencia internacional reciente”.
En ese último sentido, expresaron que el SERVEL “tiene facultades que le permitirían tomar medidas para reducir los riesgos, pero estas son muy restringidas. Consideramos que debe evaluarse con urgencia la necesidad de modificar la Ley de votaciones (18.700) para que cuente con las mejores herramientas. Debido a los plazos del cronograma electoral, tales modificaciones legales deberían estar aprobadas con suficiente anticipación para comenzar a ser difundidas e implementadas a más tardar el 26 de agosto, día en que comienza la difusión de información electoral y de propaganda”.
“La ciudadanía espera mucho más de los actores políticos nacionales. Hacemos un llamado a actuar con seriedad y responsabilidad para estar a la altura del crítico momento que atravesamos. Lo que necesita nuestra democracia para su buen funcionamiento son certezas, no provocaciones lanzadas sin medir las consecuencias”, concluyeron.
Santiago, 13 de junio 2020.
Crónica Digital.
