El ciclo de movilización ciudadana que tuvo su punto de partida en las evasiones al Metro y que desde el viernes 18 de octubre se propagó por todos los rincones de la patria, tiene un origen que procede fuera de nuestras fronteras nacionales. Sin embargo, no se trata del Foro de São Paulo, el Grupo de Puebla o de los Gobiernos de Venezuela, Cuba o Rusia, como se ha sostenido, con indisimulado delirio, desde la derecha y la ultraderecha chilena y extranjera. En Internet han circulado innumerables fake news y “memes” reiterando esa aseveración, incluso con la pretendida develación de los siniestros planes de la izquierda, propagados por las legiones virtuales de bots, haters y trolls fanáticos de la derecha extrema. También fue comentado en el reportaje de “La Tercera” que apuntaba a una “posible vinculación con los servicios secretos” de Cuba y Venezuela en los ataques incendiarios al Metro, que supuestamente era investigada por las autoridades. Ello provocó que se publicara una retractación del medio casi inmediata, luego de que la “información” fue desmentida por el Fiscal preferente de la Zona Oriente de la Región Metropolitana, Omar Mérida. No es todo. Desde Estados Unidos se acusó a Rusia de usar agitadores en las redes sociales para “exacerbar las divisiones” en Chile. “Tenemos indicios de actividades rusas para dar un curso negativo al debate”, dijo a la prensa un funcionario del Departamento de Estado. La Casa Blanca informó que Donald Trump llamó a Sebastián Piñera para expresarle su apoyo y denunció que hay “esfuerzos extranjeros para minar las instituciones” en el país. El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, denunció un “patrón” de desestabilización proveniente de Venezuela y Cuba –que incluiría a Chile–, atribuyéndoles a esos países una responsabilidad en las multitudinarias movilizaciones. Hay un origen extranjero, pero no está en Moscú, en La Habana o Caracas. Más bien hay que rastrearlo en Washington, Chicago y Langley. ¿Cuáles son los ejes principales que han articulado las movilizaciones de la ciudadanía? La indignación con los abusos y la desigualdad, el rechazo a las elites políticas y económicas, por lo que han apuntado al sistema político–institucional, sobre todo a la Constitución, y el modelo económico–social. Allí radica el origen del malestar y de la protesta. Ello puede confirmarse a través de las diversas encuestas de opinión pública conocidas desde el 18 de octubre, pero también por el camino de observar en terreno las demandas que levantan las personas en las calles. Y ese origen efectivamente fue resultado, en gran medida, de la intervención extranjera en Chile. LA ACCIÓN ENCUBIERTA Poco más de tres años después del golpe de Estado en Chile, el 18 de diciembre de 1975, se conoció en Washington el “Informe de la Comisión (del Senado de los Estados Unidos) designada para estudiar las operaciones gubernamentales concernientes a actividades de inteligencia”. La Comisión fue presidida por el senador demócrata Frank Church, por lo cual se le conoce generalmente como el “Informe Church” o la “Comisión Church”, y su propósito […]
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Más de cinco mil detenidos y mil 778 heridos reportó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile desde el inicio del estallido social hasta el miércoles. Ese es el resultado de las observaciones de esa entidad en 112 comisarías de policía y en 61 centros de salud, por lo cual la cantidad de detenidos y heridos podrían ser superiores, según ha admitido el propio INDH. El informe revela como una de las situaciones más graves, que de la cifra de detenidos 549 son niños y adolescentes. En centros hospitalarios los observadores del INDH constataron mil 778 heridos, entre ellos 146 niños y jóvenes, y del total, 933 presentan heridas por disparos y 519 por perdigones, mientras que 172 padecían de serias lesiones y traumas oculares, incluido en numerosos casos la pérdida de un ojo. El informe del INDH insiste en que las fuerzas de Carabineros han cometido una serie de incumplimientos a los Protocolos para el Mantenimiento del Orden Público, como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, y empleo de bombas lacrimógenas pese a la presencia de adultos mayores, menores de edad y mujeres embarazadas. Asimismo, han constatado disparos con las escopetas lanza gases directamente al cuerpo de los manifestantes y perdigonazos al cuello y rostro e incluso tres observadores del INDH fueron víctimas de esos ataques con perdigones. Además, el INDH interpuso hasta el 6 de noviembre 219 acciones judiciales, 168 de ellas querellas por torturas y tratos crueles, y 19 por torturas y tratos crueles con violencia sexual. El informe plantea que “en 20 días se presentaron casi la misma cantidad de querellas contra carabineros por torturas que en los nueve años de historia del INDH, en los que se presentaron 174, y se superó la cantidad de querellas presentadas contra carabineros por tortura sexual, que era de 16”. Según el reporte entregado a los medios el INDH ha registrado también testimonios de simulacros de ejecución, desnudamientos, amenazas de violación y otras formas de violencia sexual, grave maltrato verbal y golpes. Santiago, 7 de noviembre 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
La creación de una nueva Constitución centra cada vez más las demandas del movimiento social y ciudadano, según puede constatarse en pronunciamientos convergentes desde las Universidades del Estado y los municipios progresistas del país. En una asamblea nacional celebrada en esta capital, alcaldes y concejales de todas las regiones del país acordaron entregar a la dirección de la Asociación Chilena de Municipalidades el mandato para la organización de una consulta nacional. La fecha propuesta para la celebración de tal consulta es el 7 de diciembre y su objetivo, según un comunicado emitido por la organización, “es dar solución a los temas que está demandando la ciudadanía, para escuchar directamente la voz de la gente en un proceso transparente y democrático”. Entre los temas que se consultarán están la necesidad o no de una nueva Constitución para Chile, y priorizar las demandas sociales más reclamadas por la ciudadanía. Asimismo, diez alcaldes de esta capital y de la ciudad de Valparaíso, rechazaron por su parte la propuesta del gobierno de la derecha de desarrollar a partir de la próxima semana un “diálogo social” y en cambio reclamaron también un plebiscito para que la ciudadanía se exprese y decida el camino para el cambio a la actual constitución. También en el mundo intelectual aumentan las voces que reclaman ese paso y como prueba de aqueello el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) en reunión extraordinaria en esta capital analizó la crisis actual y señaló como una de las vías para salir de ella la necesidad de cambiar la actual Constitución. Al respecto el vicepresidente del Cruch, Aldo Valle, en representación de 29 universidades que lo integran, llamó al Gobierno y al Congreso a cambiar la Carta Fundamental. El Cruch anunció además la realización de diálogos ciudadanos en cada región, aprovechando la infraestructura de las universidades, y recoger las opiniones que emanen de esas reuniones en un documento, que será entregado a las autoridades. A partir del estallido social del 18 de octubre la demanda de una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución han ido ganando espacio dentro del amplio movimiento popular y ciudadano, junto a la persistencia de un gran número de reclamos más inmediatos para solucionar las desigualdades imperantes en la sociedad chilena. Crece el convencimiento de que una nueva Ley Fundamental, cuya materialización requiere lógicamente un plazo más largo, sería garantía del mantenimiento de los cambios sociales que se reclaman en lo inmediato. Ello, porque la actual Carta Magna, que data de 1980 en plena dictadura, no es más que el fundamento legal de las inequidades que caracterizan al modelo político y social chileno. Todo indica que precisamente por eso, en el gobierno y los partidos de derecha cunde el pánico cada vez que se habla de una Asamblea Constituyente que dé paso a una nueva Constitución. De la boca para afuera el Presidente Sebastián Piñera dice estar dispuesto a realizar cambios a la constitución (no una nueva), pero aún así lo condiciona a que primero se resuelva la […]
Empleados fiscales, de la salud, mujeres y transportistas protagonizaron protestas en Santiago en medio del indetenible movimiento social que desde el 18 de octubre reclama cambios profundos en Chile. Organizaciones de la salud marcharon pacíficamente por la Avenida Providencia hasta la sede de la Organización Mundial de la Salud, donde llamaron a esa entidad a pronunciarse ante la violación de los derechos humanos y contra las agresiones de que han sido víctimas más de dos mil personas, heridas por las fuerzas policiales. En esa marcha numerosas personas desfilaron con parches en los ojos, en alusión a los cientos que han sufrido graves traumas oculares producto de los impactos de balines y perdigones directamente en el rostro. Las protestas del sector se realizaron también en varios centros médicos, y en el Hospital El Salvador un numeroso grupo de manifestantes interpeló al ministro del ramo, Jaime Mañalich, de visita allí, por las deficiencias en los servicios públicos y la falta de insumos esenciales para atender a los pacientes. Asimismo, exigieron la renuncia del ministro, a quien calificaron de “asesino con delantal”, mientras que una profesional declaró a los medios que “la gente se está muriendo, mis pacientes se están muriendo, porque no tenemos medicamentos”. En el centro de la ciudad funcionarias del sector público y representantes de organizaciones feministas se congregaron frente al Ministerio de la Mujer para reclamar a la titular Isabel Plá que responda por violaciones de derechos humanos contra mujeres participantes en las protestas, por fuerzas de Carabineros. Una concentración similar protagonizaron cientos de funcionarios fiscales ante la sede del Ministerio de Desarrollo Social, donde clamaron por una Asamblea Constituyente. Igualmente criticaron el diálogo ciudadano convocado por el Gobierno de Piñera y que será encabezado por el titular de esa cartera, Sebastián Sichel. Los manifestantes calificaron esa iniciativa como una maniobra del Ejecutivo sin ninguna credibilidad, al igual que la denominada Agenda Social que Piñera ha presentado como la vía para solucionar las demandas más inmediatas de millones de chilenos. Gremios de camioneros y taxistas, que protagonizaron el miércoles un paro que bloqueó durante toda la jornada numerosas autopistas en la periferia de la ciudad, volvieron a la carga manifestándose de igual manera en varias vías. Dirigentes de los transportistas aseguraron a la prensa que mantendrán las movilizaciones mientras no haya respuestas concretas del gobierno a su demanda de reducción de los abusivos precios de los peajes que le consumen casi la mitad de sus sueldos. Santiago, 7 de noviembre 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
La Cámara de diputados aprobó un proyecto de ley para reducir de 45 a 40 horas la jornada laboral semanal, considerado un éxito de los trabajadores de Chile en medio de la coyuntura actual. Esa iniciativa, impulsada por las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola, contó con el respaldo de todas las bancadas de oposición y para sorpresa generalizada, de varios diputados del conglomerado oficialista Chile Vamos. El proyecto salió adelante con 86 votos a favor, 33 en contra y 31 abstenciones. Tras la votación, el presidente de la Cámara de diputados, Iván Flores, dijo que el debate realizado en el plenario fue “profundo, serio y de fondo” y que va en beneficio de millones de trabajadores chilenos. Por su parte, la diputada Camila Vallejo recordó que la aprobación del proyecto de las 40 horas costó mucho trabajo por las reticencias del gobierno y la derecha a reconocer la necesidad de mejores condiciones laborales para los chilenos. Advirtió que incluso en el actual contexto, en el que millones de personas reclaman cambios profundos en el país, Sebastián Piñera mantiene su actitud contraria al proyecto. Ahora, para que el texto se convierta en ley todavía debe pasar por la aprobación del Senado, instancia donde se encuentra otra propuesta, impulsada por el Ejecutivo, basada en una denominada flexibilización laboral, que no contempla la reducción de la jornada y que es rechazada por el movimiento sindical y otros sectores. El lunes último la iniciativa de las 40 horas dio otro paso adelante al aprobarse de forma unánime una gradualidad al proyecto, mediante la cual las pequeñas y medianas empresas tendrían un plazo de cinco años para aplicar la reducción de la jornada. En cambio, las grandes compañías dispondrán de solo un año para ponerlo en práctica. En medio del estallido social que vive Chile desde el 18 de octubre último la aprobación de la jornada laboral de 40 horas semanales ha estado presente entre las muchas exigencias de los millones de chilenos que se han manifestado en las calles diariamente. Santiago, 7 de noviembre 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
Ayer comenzó el trabajo de la Misión Internacional de Observación sobre la situación de Derechos Humanos en Chile en el contexto de las movilizaciones sociales posteriores al 18 de octubre. A primera hora de la mañana, con la reunión de los observadores internacionales que componen la Misión con representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, para luego por la tarde reunirse con organizaciones sociales, de derechos humanos, defensa legal, gremios profesionales y de grupos de verificación en terreno de estas vulneraciones, a fin de recabar antecedentes de forma directa y testimonios de estas graves denuncias. La Misión, compuesta por diez observadores de organizaciones y ligas internacionales de reconocida trayectoria, realizó además una conferencia a mediodía para dar cuenta de sus objetivos, metodología y agenda, destacándose “que se trata de una Misión histórica, en un momento muy particular de exigibilidad de derechos y movilizaciones sociales en Chile, y podríamos señalar de represión a la protesta social en diferentes países de América Latina, pues articula las capacidades y experiencia de organizaciones con gran competencia en la verificación de violaciones a derechos humanos, que puede replicarse en estos contextos regionales”, señaló Paulina Acevedo, coordinadora del Programa de Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio, al referirse a las particularidades de la Misión. Por su parte Lorena Fries, abogada y presidenta de Corporación Humanas, advirtió que es de público conocimiento la fuerza y la acción con la que se han vulnerado los derechos manos en el país. “Nos preocupa mucho la situación de mujeres y niñas que en todo este proceso han pasado por toda la etapa de la represión, siendo detenidas, ha sido objeto de lesiones, violentadas, víctimas de violencia sexual e incluso de violación que no necesariamente han llegado al conocimiento de los organismos oficiales”. Para las organizaciones chilenas es de la mayor relevancia que la grave vulneración de derechos humanos trascienda a los medios de comunicación. En un contexto de democracia, nos preocupa que se vuelvan a repetir prácticas tan represivas, “la ciudadanía tiene el legítimo derecho a movilizarse, más aún por razones de derechos humanos”, puntualiza Fries. Agrega, que los temas que están a la base de la movilización tienen que ver con la falta de garantías de derechos sociales que no están reconocidos, que están entregados al mercado y que han provocado una desigualdad estructural la que ha generado el malestar de la ciudadanía y por consiguiente su expresión en las calles, advierte la presidenta de Corporación Humanas. Enrique Font, representante de la Organización Mundial contra la Tortura, señala que, respecto de la situación de Chile y las informaciones recibidas, se encuentran con muchas continuidades de lo que ya venía sucediendo. “Si bien la escala de la protesta y la escala de la violación a los derechos humanos la hace significativa, nos muestra que esto no es nuevo. Más bien se apoya en situaciones que ya venían sucediendo”. Recordó que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ya había recalcado en 2018 la militarización de los conflictos, el uso […]
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otras organizaciones rechazaron un proyecto de ley presentado hoy por el presidente Sebastián Piñera que elevaría en 50 mil pesos chilenos el ingreso mínimo. Según explicó el mandatario, todos aquellos que tengan un ingreso inferior a 350 mil pesos y superior al salario mínimo de 300 mil, recibirán un subsidio del Estado que les permitirá alcanzar un mínimo de 350 mil (alrededor de 480 dólares). En un comunicado, la CUT advirtió que ese ingreso no permitirá a los trabajadores chilenos superar la pobreza ya que solo cubrirá poco más de la mitad de las necesidades básicas de los más pobres. A juicio de la central obrera, resulta necesario «avanzar hacia un ingreso mínimo de 510 mil pesos líquido», acorde con lo que plantean estudios del Ministerio de Desarrollo Social. Puntualizó la CUT que el aumento de los salarios debe ser con cargo a las utilidades de las empresas y no de todos los chilenos, porque de lo contrario no se distribuye efectivamente la riqueza y la propuesta del Gobierno sigue subsidiando la concentración de la riqueza y profundizando la desigualdad. Asimismo el texto señala que la propuesta del Gobierno agrava el escenario de descontento social y solo llegará al 5,5 por ciento de la fuerza de trabajo, por lo que tendrá un impacto menor que si se sube el salario mínimo para todos los empleados. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de diputados, Gael Yeomans, del partido Convergencia Social, opinó que el anuncio de Piñera sobre el ingreso mínimo sigue siendo insuficiente para las grandes mayorías que se encuentran en las calles pidiendo una vida más digna. Añadió que esa medida conlleva que los trabajadores financien el incremento con su propio dinero, mientras que los más ricos y las grandes empresas no estarán renunciando a nada y tampoco pondrán ni un peso de su bolsillo para mejorar la vida de los asalariados. Para la diputada comunista Karol Cariola, el ingreso mínimo bruto será complementado a las empresas por el Estado, o lo que es lo mismo, con el dinero de todos los chilenos se completarán los malos sueldos que pagan los multimillonarios. Según se conoció, la CUT junto a otros sindicatos de mineros, portuarios, el comercio, la educación e industria, llamaron a una huelga nacional para el próximo martes 12 de noviembre, uno de cuyos objetivos será reclamar salarios dignos para todos los chilenos. Santiago de Chile, 7 de noviembre 2019 Crónica Digital /PL
Un proyecto para reducir la jornada laboral semanal en Chile de 45 a 40 horas será votado hoy por el pleno de la Cámara de diputados, informó el presidente de esa instancia, Ivan Flores. El análisis del texto, impulsado por las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola ha debido transitar un largo camino, a pesar del apoyo mayoritario de la población, debido a las reticencias del Gobierno y los partidos de derecha a aprobarlo. De hecho, en el Senado se encuentra otra propuesta, impulsada por el ejecutivo, basada en una denominada flexibilización laboral, que en principio no implicaba una reducción de la cantidad de horas semanales, aunque finalmente también lo incluyó, pero hasta 41 horas. Al referirse a este trámite, Flores advirtió que se están acabando los proyectos priorizados por el Gobierno, por lo cual se puso en la agenda de la Cámara para este jueves el proyecto de las 40 horas para someterlo a votación. El lunes último la iniciativa de las diputadas comunistas dió otro paso adelante al aprobarse de forma unánime una gradualidad al proyecto, mediante la cual las pequeñas y medianas empresas tendrían un plazo de cinco años para aplicar la reducción de la jornada. En cambio, las grandes empresas dispondrán de solo un año para ponerlo en práctica. En medio del estallido social que vive Chile desde el 18 de octubre último la aprobación de la jornada laboral de 40 horas semanales ha estado presente entre las muchas exigencias de los millones de chilenos que se han manifestado en las calles diariamente. Santiago de Chile, 7 de noviembre 2019 Crónica Digital /PL
Hoy se presentó un recurso al Tribunal Constitucional, por parte de diputados del gobierno (UDI, Partido Republicano, RN) que busca que se remueva de sus cargos a las y los parlamentarios que demostraron desde el inicio del estallido social, que independiente de su cargo, el lugar en el que les corresponde estar es con la gente que mayoritariamente se moviliza por construir una vida justa y digna; y en contraposición a los abusos que ha generado el modelo que han defendido los últimos 30 años quienes hoy nos acusan. Lo que ellos, estos diputados de gobierno, llaman “incitar a la alteración del orden público”, nosotras y nosotros lo llamamos cambiar el status quo que hoy defiende sus privilegios y que tiene a nuestro país como uno de los líderes en desigualdad social. Que les quede claro, nosotras y nosotros lo llamamos luchar por justicia social. Además, interponen este recurso ante el Tribunal Constitucional que hoy defiende una constitución que la gente ya desechó, por ilegítima y responsable del resguardo de la desigualdad y los privilegios de unos pocos. Ya han acudido al TC antes, cada vez que no quieren que avancemos con la agenda de transformaciones que Chile necesita, por la que la gente se moviliza y demanda. Nosotras y nosotros, como Comunes, no nos perdemos, estamos en política para ponernos del lado de la gente, ese es nuestro lugar. Creemos en la disputa de todos los espacios de poder, porque nuestra convicción es que a las instituciones debe entrar la gente común, pero no para acomodarse allí, sino con el objetivo de poner estas instituciones al servicio de la gente. Estamos en política para que la gente gane. Por eso ratificamos sin ningún complejo y con la responsabilidad política y ética que nos corresponde como luchadores sociales, que mantendremos siempre un pie en la calle y otro en las instituciones, porque asumimos como responsabilidad política la recuperación de nuestros derechos, la recuperación de la patria para todas, todos y todes. Por eso no nos extraña que interpongan el recurso contra nuestra compañera y diputada Claudia Mix Jiménez , quien está en el Congreso para defender a la gente y enfrentarse a los poderosos y sus privilegios, ese es su mandato. Ya lo hicimos contra el fiscal nacional Jorge Abbott, a pesar de todas las presiones de los poderes fácticos que recibimos; lo hicimos cuando nuestra diputada Camila Rojas se enfrentó a los poderes que sustentan el lucro en la educación liderando la comisión investigadora del CAE; lo hemos hecho cuando hemos presentado proyectos de ley para terminar con los privilegios de unos pocos, incluidos estos diputados de derecha. Cuando los poderosos tiemblan, nos amenazan y utilizan todos los recursos que les ha dado siempre el poder para amedrentarnos, es porque estamos haciendo las cosas bien. Nuestra diputada Claudia Mix cuenta con todo el apoyo de nuestro partido y del Frente Amplio, pero además sabemos que cuenta con el apoyo de la ciudadanía, que la verá una y otra vez […]
Más de cinco mil detenidos y mil 778 heridos reportó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile desde el inicio del estallido social hasta el miércoles. Ese es el resultado de las observaciones de esa entidad en 112 comisarías de policía y en 61 centros de salud, por lo cual la cantidad de detenidos y heridos podrían ser superiores, según ha admitido el propio INDH. El informe revela como una de las situaciones más graves, que de la cifra de detenidos 549 son niños y adolescentes. En centros hospitalarios los observadores del INDH constataron mil 778 heridos, entre ellos 146 niños y jóvenes, y del total, 933 presentan heridas por disparos y 519 por perdigones, mientras que 172 padecían de serias lesiones y traumas oculares, incluido en numerosos casos la pérdida de un ojo. El informe del INDH insiste en que las fuerzas de Carabineros han cometido una serie de incumplimientos a los Protocolos para el Mantenimiento del Orden Público, como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, y empleo de bombas lacrimógenas pese a la presencia de adultos mayores, menores de edad y mujeres embarazadas. Asimismo han constatado disparos con las escopetas lanza gases directamente al cuerpo de los manifestantes y perdigonazos al cuello y rostro e incluso tres observadores del INDH fueron víctimas de esos ataques con perdigones. Ademas, el INDH interpuso hasta el 6 de noviembre 219 acciones judiciales, 168 de ellas querellas por torturas y tratos crueles, y 19 por torturas y tratos crueles con violencia sexual. El informe plantea que ‘en 20 días se presentaron casi la misma cantidad de querellas contra carabineros por torturas que en los nueve años de historia del INDH, en los que se presentaron 174, y se superó la cantidad de querellas presentadas contra carabineros por tortura sexual, que era de 16’. Según el reporte entregado a los medios el INDH ha registrado también testimonios de simulacros de ejecución, desnudamientos, amenazas de violación y otras formas de violencia sexual, grave maltrato verbal y golpes. Santiago de Chile, 7 de noviembre 2019 Crónica Digital /PL
