Con el respaldo de diputados y diputadas de diversas bancadas de la oposición, este martes se ingresará la Acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país en el último mes. Este lunes 18 de noviembre diputados y diputadas de bancadas de oposición se reunieron para afinar los últimos detalles de la Acusación Constitucional contra Sebastián Piñera, que será presentada este martes 19 ante la Cámara de Diputados. En ese marco, el diputado Daniel Núñez sostuvo que el Presidente Sebastián Piñera es “responsable de las brutales violaciones a los Derechos Humanos que han ocurrido en estos días en Chile. El tomó las decisiones políticas que condujeron al accionar de las fuerzas militares, policiales y él tiene que responder por sus actos. Para ello vamos a ocupar un mecanismo legal constitucional, vamos a usar las armas de la democracia para que Sebastián Piñera asuma su responsabilidad política que él elude”. Por su parte, la diputada Carmen Hertz destacó que “la unidad de parlamentarios de diversas bancadas que hemos concordado en el imperativo ético y político de establecer a través del mecanismo de la Acusación Constitucional, las responsabilidades políticas del Presidente de la República ante las graves y generalizadas violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en nuestro país”. Hertz agregó que dentro de los apoyos al libelo se encuentran parlamentarios del Frente Amplio, del PS, del PPD, además de los parlamentarios del Partido Comunista y de la Federación Regionalista. “Es un apoyo transversal a este imperativo ético, porque los diputados estamos obligados a usar las herramientas que la Constitución nos entrega para hacer efectiva las responsabilidades políticas”. Por su parte, el diputado Jorge Brito (RD) reveló que “este es un documento que se ha trabajado hace bastante tiempo con los equipos de los parlamentarios y las bancadas que se han anunciado. A nosotros nos motiva un profundo compromiso de responsabilidad democrática, ese que el Presidente Sebastián Piñera ha intentado eludir, no ha querido hacer su trabajo y se ha escondido detrás de policías y militares para negar la democracia”. Finalmente, la diputada Claudia Mix (Comunes) agregó que “hemos estado trabajando con nuestros equipos para sacar el mejor documento, robusto, que pudiese incorporar todos los antecedentes que día a día a salen. Estamos conformes con el documento y esperamos que podamos tener al Presidente dando las explicaciones y asumiendo las responsabilidades que le competen en las violaciones a los derechos humanos durante este mes que se ha cumplido de la movilización social”. Santiago de chile, 19 de noviembre 2019 Crónica Digital
Portada
Una petición online para que los líderes de los partidos políticos británicos celebren un debate televisivo sobre el cambio climático, previo a los comicios del 12 de diciembre, acumula hasta hoy cerca de 200 mil firmas. La convocatoria fue lanzada dos semanas atrás por la fundación caritativa Possible y la Red Estudiantil sobre el Clima del Reino Unido (UKSCN) en el sitio electrónico 38degrees.org.uk, administrado por la organización británica homónima. Un debate televisivo sobre el clima y la naturaleza pondrá en primer plano un tema definitorio para nuestra generación, pero los líderes solo accederán a participar en uno si saben que cientos de miles de nosotros lo exigimos, afirma la solicitud, que hasta este martes acumulababa más de 188 mil firmas. El tema del cambio climático ha cobrado gran notoriedad entre el electorado británico en los últimos tiempos, sobre todo a partir de las protestas masivas protagonizadas este año por el grupo ecologista Extinction Rebellion para llamar la atención sobre la inacción de las autoridades frente a la emergencia que se avecina. Según una encuesta divulgada la víspera por el diario The Independent, el 21 por ciento de los votantes está más preocupado por el medioambiente y la naturaleza que por la educación (18 por ciento), la pobreza y la desigualdad (15 por ciento), la economía (12 por ciento) y la inmigración (11 por ciento). Varios activistas de Extinction Rebellion iniciaron ayer una huelga de hambre frente a las sedes de los principales partidos políticos que compiten en las elecciones generales del mes próximo, con el objetivo de recabar su compromiso con el enfrentamiento al cambio climático. La organización ecologista, cuyas protestas son replicadas en diferentes ciudades del mundo, exige a los gobiernos que declaren una emergencia climática, actúen de inmediato para frenarla y permitan la constitución de asambleas ciudadanas para trazar las políticas protectoras del medioambiente. Los políticos tampoco están ajenos a la preocupación del electorado, pues el opositor Partido Laborista, por ejemplo, incluye en su plataforma de gobierno la promesa de implementar una ‘revolución industrial verde’, y crear un fondo de 250 mil millones de libras esterlinas para promover políticos amigables con el medioambiente. Un futuro ejecutivo liderado por Jeremy Corbyn también trabajaría por reducir a cero para 2030 las emisiones de gases de carbono causantes del llamado efecto invernadero. De su lado, el gobernante Partido Conservador anunció recientemente una moratoria sobre la fracturación hidráulica o fracking que se utiliza para extraer el gas de esquisto, y aseguró que de continuar en el poder, invertirá en la construcción de parques eólicos en el mar, y cortará las emisiones contaminantes para 2050. Aunque representan una fuerza minoritaria, los Verdes prometen, a su vez, invertir 100 mil millones de libras esterlinas anuales para enfrentar la emergencia climática. Londres, 19 de noviembre 2019 Crónica Digital /PL
Cinco nuevos hoteles están incluidos desde hoy en la controvertida lista de entidades y subentidades cubanas restringidas para los estadounidenses por decisión del gobierno del presidente Donald Trump. El secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo, anunció el viernes que una vez más se ampliaría ese listado, dado a conocer por primera vez en noviembre de 2017 como parte de las medidas de la administración Trump para limitar más el comercio con la isla caribeña y los viajes de los norteamericanos. Desde este martes, y como ocurre ya con más de 200 entidades y subentidades, los estadounidenses tiene prohibido hacer transacciones financieras directas con el Gran Hotel Bristol Kempinski, ubicado en La Habana; y Grand Aston Varadero Resort, localizado en el famoso balneario de Varadero, Matanzas. También quedan vetados para los viajeros norteamericanos el Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort y Spa, el Gran Muthu Imperial Hotel y el Gran Muthu Rainbow Hotel, los tres localizados en el archipiélago Jardines del Rey. Esta es la quinta ocasión en que el ejecutivo estadounidense actualiza la lista para incluir nuevos nombres, pues anteriormente ya lo hizo en noviembre de 2018, y en marzo, abril y julio de 2019. Cuba ha calificado de arbitrario ese listado, integrado por una diversidad de estructuras supuestamente vinculadas al sector de la defensa y la seguridad nacional. En él se incluyen desde los ministerios de las Fuerzas Armadas y del Interior, y la Policía Nacional Revolucionaria, hasta empresas, sociedades anónimas, la Zona Especial de Desarrollo Mariel, y las Terminales de Contenedores de Mariel y La Habana, además de una gran cantidad de hoteles. La relación forma parte de las muchas medidas adoptadas por el gobierno de Trump a raíz de la decisión del republicano de revertir el proceso de acercamiento que iniciaron los dos países durante el ejecutivo de su predecesor, Barack Obama (2009-2017). El anuncio de Pompeo de que se ampliaría la lista se dio a conocer un día antes del 16 de noviembre, cuando Cuba celebró el 500 aniversario de la fundación de su capital, La Habana, una efeméride en torno a la cual se realizaron importantes actividades a nivel nacional e internacional. De acuerdo con un comunicado del secretario de Estado, la fecha escogida para la nueva arremetida contra la isla estuvo relacionada precisamente con tal conmemoración. Mediante su declaración, Pompeo acusó a las autoridades del territorio vecino de fallas en su gestión económica y de presuntas violaciones de los derechos humanos, al tiempo que volvió a mencionar la solidaridad de Cuba con Venezuela y el gobierno constitucional de Nicolás Maduro. Ese texto nuevamente omitió los graves daños económicos que provoca a Cuba el bloqueo impuesto por Washington hace casi 60 años, una política condenada una vez más este mes en la ONU por la abrumadora mayoría de la comunidad internacional y considerada la principal violación de los derechos humanos de los cubanos. Washington, 19 noviembre 2019 Crónica Digital /PL
Como se sabe, el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” estableció que los acuerdos del futuro órgano constituyente, Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional, deberán ser adoptados por dos tercios de sus integrantes. Los apologetas del acuerdo han apelado, para justificar aquel elevado quórum, al caso de la Asamblea Constituyente de Bolivia (2006), lo que resulta sorprendente, a lo menos en una parte de quienes así argumentan, porque hasta hace un mes atrás con seguridad sostenían que la experiencia del país altiplánico era una expresión de “populismo”. Es pertinente reflexionar al respecto, considerando que estamos hablando de un debate que tendrá un impacto de larga duración en el devenir futuro de la sociedad chilena, y cuando ha transcurrido un mes desde el recodo que instaló el ciclo de la movilización de la ciudadanía que, a lo largo de las calles y barrios de todo el país, abrió paso al “momento constituyente” que puso fin a la “normalidad” de casi 30 años de la transición pactada. Los apologetas dicen que los dos tercios que se han definido en “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” no son contradictorios con la democracia, considerando que la Asamblea Constituyente de Bolivia habría funcionado con un quórum, aseveran, de dos tercios. Para ese efecto, se ha citado el Informe “Mecanismos de Cambio Constitucional en el Mundo”, publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. En el punto 3, sobre “Análisis comparado de casos de Asambleas Constituyentes”, en lo que se refiere a funcionamiento, se indica: “La adopción de acuerdos mediante consenso fue una práctica bastante usada en el funcionamiento de las asambleas constituyentes de Sudáfrica, Uganda, Islandia, y también de Bolivia (…) En las comisiones temáticas de la asamblea constituyente de Bolivia también se privilegiaba el consenso o unanimidad para la elaboración de sus textos finales, y si ello no era posible, la comisión entregaba al comité redactor más de un borrador para su consideración, los que en todo caso debían estar apoyados por al menos 1/3 de los miembros de la respectiva comisión. El texto final fue votado artículo por artículo en el pleno, necesitando para su aprobación los 2/3 de los miembros presentes”. Por cierto, los apologistas suelen omitir que en el mismo Informe del PNUD se consignan, además, experiencias diferentes: “Una combinación de votaciones por mayoría absoluta y mayorías calificadas se usó tanto en Colombia como en Túnez. En el primer caso, por ejemplo, en un primer plenario se decidía por mayoría absoluta el articulado decidido por las diferentes comisiones, y luego en un segundo plenario, se discutían temas calificados como sensibles o que no habían podido ser resueltos en el primer plenario, y en este caso las decisiones debían obtenerse a través de mayorías calificadas. En Túnez, el pleno votaba artículo por artículo, aprobándolos por mayoría absoluta. Pero para la aprobación del texto final, se exigía un quórum de 2/3, el que si no se […]
La encuesta Plaza Pública CADEM, generalmente vinculada con el oficialismo, mostró que un 66 por ciento de las personas identificadas con la izquierda y centro izquierda no comparten los dos tercios que el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” ha pretendido imponer como para los acuerdos del futuro órgano constituyente. Asimismo, resulta llamativo que casi un tercio de la población (28 por ciento), considere “mal” o “muy mal” el acuerdo, considerando que se le ha querido presentar, con una majadera campaña de los medios de comunicación, como expresión del consenso de casi la totalidad de los actores políticos. El apoyo a una Nueva Constitución es claramente abrumador: un 82 por ciento se expresa de acuerdo (un 90 entre las personas de izquierda y centro izquierda; un 88 entre aquellos que se consideran independientes; un 79 en el centro e incluso un 55 en la derecha). Un 60 por ciento quiere, asimismo, que esa Nueva Constitución sea resultado de un órgano integrado en su totalidad por ciudadanos electos. Un 67 por ciento piensa que es necesario “cambiar totalmente la actual Constitución y redactar una nueva” y un 87 está de acuerdo con un plebiscito de entrada. En este cuadro, es interesante que un 56 por ciento está de acuerdo con que continúen las movilizaciones y marchas. Constata también la encuesta que los cuatro principales problemas a los la ciudadanía piensa que el Gobierno debiera dar mayor prioridad son la salud (34), pensiones (31), empleo y sueldos (25) y nueva Constitución (23). Por Iván Gutiérrez Lozano. El autor es periodista. Santiago, 18 de noviembre 2019 Crónica Digital.
El término ‘acuerdo’ en el ámbito político tiene una historia controversial en Chile. En la raíz de la explosión social vivida en estas semanas se manifiestan los efectos de los ‘acuerdos’ más gravitantes con su correlato de exclusiones de distintos sectores, especialmente de quienes colocan los muertos y heridos en la lucha callejera, el dominio de minorías poderosas que imponen su voluntad a las mayorías, un modelo económico que no se toca, abusos de todo tipo y la corrupción creciente de la élite civil y militar. La consigna “no son 30 pesos, sino 30 años” denota el descontento acumulado no solo en dictadura, sino también en las tres décadas de democracia restringida. En agosto de 1985, propiciado por la Iglesia Católica, algunos sectores opositores y de partidarios de la dictadura, firmaron el denominado Acuerdo Nacional que sentó las bases de la posterior transición democrática y legitimó la Constitución de 1980, impuesta mediante fraude electoral. De este pacto fueron excluidos los movimientos sociales que luchaban en las calles e importantes sectores de izquierda, principalmente los que habían soportado los costos de resistir al terrorismo de Estado. Iniciada la transición hacia una democracia restringida, un político acuñó el término ‘democracia de los acuerdos’ para referirse al fenómeno por el cual las mayorías fueron obligadas a ‘acordar’ reformas políticas con una minoría provista de gran poder de veto y sobre-representación parlamentaria. Esto en el marco de la exclusión de importantes sectores de izquierda y de desmovilización y desarticulación social. Entre los frutos de este tipo de democracia, en el campo de los derechos humanos, se trató de imponer una versión edulcorada de impunidad bajo la consigna “justicia en la medida de lo posible” y se constituyó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación encabezada por el jurista Raúl Rettig. Esta instancia elaboró en 1991 un informe sobre desapariciones forzadas y asesinatos por razones políticas, mezclando en un plano de igualdad las atrocidades cometidas por agentes del Estado con las muertes provocadas por la acción de organizaciones políticas de izquierda. Otro ejemplo fue la constitución en 2004 de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura que recibió miles de testimonios de víctimas, determinó que se les pagaran minúsculas pensiones reparatorias y puso sus testimonios bajo candado, por cincuenta años. Una consigna, dentro de las muchas voceadas en las calles en estas semanas de movilización, viene a la memoria en medio de las celebraciones por la firma del denominado Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. La frase es “No son 30 pesos, sino 30 años” y pone en evidencia la profundidad del descontento acumulado, tanto por las herencias de la dictadura como también por las injusticias, abusos y corruptelas surgidas en los treinta años de transición democrática. En el fondo, el volcán que hizo erupción en estas semanas es producto de la “democracia de los acuerdos”, de estos treinta años de empate político, de veto de minorías poderosas y de los abusos de la élite empresarial, política y militar, acostumbrada a […]
Una acusación constitucional contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera, presentarán esta semana ante el Congreso Nacional un grupo de diputados de oposición, por su deficiente gestión ante la crisis social y política del país. La acusación cuenta con el respaldo de diputados de los partidos Socialista, Comunista, Por la Democracia, Federación Regionalista Verde Social, Humanista, Convergencia Social y Comunes. Tras un primer intento fallido la semana anterior, por no contar con las suficientes firmas para presentar la acusación, los promotores de esta medida aseguraron que ya alcanzaron los respaldos necesarios para que el documento sea admitido en la Cámara de diputados. El diputado y presidente del Partido Humanista, Tomás Hirsch, declaró a los medios que la acusación constitucional es un deber ético, ya que se enfoca en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el último mes en Chile y cuyo responsable directo es el presidente de la República. Explicó que en la acusación se detallan una gran cantidad de hechos sumamente graves de violaciones a los derechos humanos y luego se exponen los capítulos acusatorios, que dejan claras las razones para señalar la responsabilidad directa de Piñera en esas violaciones. Este proceso permitiría que Piñera sea acusado en la Cámara de Diputados y que el Senado, posteriormente, lo declare culpable de los atropellos a los derechos humanos que se señalan, lo que conduciría a su destitución y la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante cinco años. Hirsch dijo esperar que la acusación progrese en el Congreso, para lo cual se requiere de una mayoría de votos. No obstante advirtió que si no se alcanza esa mayoría, de todas formas Piñera quedará como el primer mandatario chileno acusado constitucionalmente por violaciones a los derechos humanos, un hecho que quedará grabado en la historia del país. Santiago de Chile, 18 de noviembre 2019 Crónica Digital /PL
Por Rafael Calcines Armas Bajo una fuerte represión, las manifestaciones continúan en Chile a un mes de iniciarse el estallido social en reclamo de mejoras sociales que solo reciben tibias respuestas del gobierno para apaciguar el malestar popular. Desde que se produjo el estallido social el 18 de octubre, el país ha vivido innumerables sucesos, con protestas sociales casi constantes, la declaración del estado de excepción, toques de queda, desmanes, violaciones de los derechos humanos por las fuerzas policiales y el ejército. Para apaciguar el malestar social el presidente Sebastián Piñera presentó una agenda social con tibias medidas que hasta ahora no pasan de los anuncios o se quedan muy por debajo de las expectativas de la población, que reclama cambios radicales para el país. Uno de esas exigencias es la convocatoria a una Asamblea Constituyente y plebiscito que abran el camino a la redacción de una nueva constitución. Obligados por la fuerte presión social, la coalición de partidos de derecha y algunos de la oposición alcanzaron el viernes último un acuerdo para una nueva constitución, que significa un paso de avance pero con limitaciones que no satisfacen a la voz de la calle. Los detractores de esa iniciativa advierten que al acuerdo fue construido por diputados y políticos de escasa credibilidad sin contar con la opinión del movimiento social, y el mantenimiento de un sistema de votación de dos tercios para lograr acuerdos, que podría obstaculizar los cambios de mayor envergadura. En consecuencia, Unidad Social, el movimiento que encabeza las protestas populares, así como sindicatos, gremios profesionales y organizaciones estudiantiles y sociales, llamaron a continuar las movilizaciones en las calles para reclamar que el gobierno cumpla con sus demandas. Las protestas sociales han estado marcadas por la fuerte represión de militares y carabineros contra manifestaciones pacíficas que ha sido denunciada por entidades nacionales y personalidades internacionales como violaciones flagrantes de los derechos humanos, críticas que el gobierno ha pretendido minimizar. Sin embargo, las cifras dicen lo contrario: 25 fallecidos, varios de ellos por responsabilidad directa de los uniformados, más de dos mil 300 heridos (solo en los hospitales que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pudo visitar), y de ellos alrededor de 230 con graves lesiones oculares por perdigones, balas de goma y bombas lacrimógenas. También el INDH reportó más de seis mil 300 detenidos, incluyendo cientos de niños y adolescentes, y son cientos las denuncias y querellas judiciales por detenciones arbitrarias, torturas y violaciones sexuales. La crisis política y social que vive Chile mella profundamente la credibilidad del presidente Sebastián Piñera, que apenas tiene 13 por ciento de respaldo a su gestión mientras que casi el 80 por ciento de los chilenos lo rechaza. Tampoco se salva de la mala valoración su gabinete, a pesar de que el mandatario hizo cambios en ocho ministerios el 28 de octubre, lo que incluyó como elemento más significativo la salida del muy cuestionado ministro del Interior, Andrés Chadwick, y otros miembros del denominado ‘núcleo duro’, remplazados por caras jóvenes. Pero […]
En forma majadera, los medios de comunicación del establishment han querido instalar la idea de que el Partido Comunista de Chile fue la única colectividad política existente que no suscribió el llamado “Pacto por la Paz Social y la Nueva Constitución”, que es el resultado de la “cocina” de la élite política, y que ese acuerdo contaría con un respaldo transversal “desde la derecha al Frente Amplio” y que sólo los comunistas “se autoexcluyeron”. De esta forma, procuran afirmar la legitimidad de la movida que dieron a conocer una madrugada. Ello no es cierto. En verdad, las colectividades políticas constituidas legalmente en el país que no aceptaron suscribir el acuerdo, en particular por el quórum supramayoritario que impone para los acuerdos de un eventual futuro órgano constituyente, son diversos y son los siguientes: Partido Comunista de Chile: Por cierto, es una de las principales fuerzas históricas de la izquierda chilena. Fue fundado el 4 de junio de 1912 como Partido Obrero Socialista (POS) y uno de sus principales articuladores fue Luis Emilio Recabarren, uno de los forjadores del movimiento obrero. Integró los Gobiernos de Pedro Aguirre Cerda y Salvador Allende, fue víctima de la persecución en tiempos de Gabriel González Videla y de la dictadura cívico–militar. Su principal figura en la transición pactada fue Gladys Marín. Integró también el segundo Gobierno de Bachelet. Su presidente es Guillermo Teillier. En las elecciones parlamentarias lograron ocho diputados, entre ellos Camila Vallejo y Karol Cariola. Integra la coalición Unidad por el Cambio. Federación Regionalista Verde Social (FREVS): Se formó oficialmente en el año 2017 como resultado de la fusión de cuatro partidos regionales, conformándose legalmente en las Regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, O’Higgins y Aysén. Su presidente es el diputado Jaime Mulet y además cuenta en sus filas con otros dos parlamentarios: Alejandra Sepúlveda y Esteban Velásquez. Sepúlveda y Mulet fueron, asimismo, figuras destacadas de la Democracia Cristiana en las Regiones de Atacama y O’Higgins, y a nivel nacional. Integra la coalición Unidad por el Cambio. Partido Progresista de Chile. Su origen se remonta a la primera candidatura presidencial del ex diputado Marco Enríquez–Ominami en 2009, cuando logró el 20.13 por ciento. En 2018 desarrolló un proceso de fusión legal con el Partido País y al año siguiente sumó a la Izquierda Ciudadana (IC). Su sigla oficial es Los Progresistas y se encuentra constituido en todo el país. Por dos años consecutivos ha sido considerado el partido con mayor cumplimiento en estándares de transparencia. En las elecciones parlamentarias de 2017 lograron elegir una diputada. Integra hoy sus filas el Senador Alejandro Navarro y el ex Ministro Víctor Osorio. Su presidente es el economista Camilo Lagos. Integra la coalición Unidad por el Cambio. Convergencia Social: Es uno de los partidos principales del Frente Amplio. Fue el resultado de la unidad que el año pasado se produjo entre los grupos políticos Movimiento Autonomista, Izquierda Libertaria, Nueva Democracia y Socialismo y Libertad (SOL). Entre sus principales figuras se encontraban el diputado Gabriel Boric y el Alcalde […]
La Mesa de Unidad Social, que encabeza el vasto movimiento de protestas en Chile, llamó a mantener las movilizaciones a favor de lo que calificó como una verdadera Asamblea Constituyente plurinacional y paritaria. Esa plataforma de más de 200 organizaciones de todo tipo, convocó igualmente a apoyar una agenda inmediata de restitución de derechos sociales y contra la precarización de la vida y la crisis socioambiental, así como a frenar “la agenda legislativa neoliberal” del gobierno. En consecuencia, rechazó el denominado acuerdo por la paz y una nueva constitución, alcanzado el viernes último por los partidos de la coalición de derecha y parte de la oposición. En una declaración, esa plataforma señaló que ese entendimiento fue alcanzado sin la participación y legitimidad de quienes han participado en las movilizaciones, construido entre cuatro paredes, a espaldas de los movimientos sociales y en medio de la represión y violación de los derechos humanos. El manifiesto rechaza el elevado quorum que plantea el acuerdo, que –subraya– perpetúa el veto de la minoría. Asimismo, acusó que discrimina a los menores de 18 años, no contempla mecanismos de participación plurinacional y de paridad de géneros y establece un mecanismo de representación y elección funcional de los partidos políticos que han sido responsables de la actual crisis política y social. Señala que el avance de una Asamblea Constituyente es resultado de la movilización popular e implica una ruptura con el modelo neoliberal impuesto por la dictadura y consolidado en los últimos 30 años y se debe “transitar irrenunciablemente hacia una Asamblea Constituyente plurinacional y paritaria”. Llama igualmente a la conformación de una comisión de verdad y justicia y el cese inmediato de toda política de represión a los movimientos sociales y activistas sociales porque ninguna democracia se puede construir sobre la impunidad. Puntualizó además que a pesar de la represión en todo el país se ha generado un proceso de participación mediante cabildos populares, asambleas territoriales y trawün (asambleas mapuches) que están “construyendo democráticamente las propuestas de transformaciones necesarias para la sociedad” chilena. Finalmente, anunció que en los próximos días se hará un llamado a la población y a las organizaciones sociales a una nueva huelga general y jornadas de protestas, y que presentarán una propuesta de Asamblea Constituyente plurinacional y un programa de transformaciones elaborado por los movimientos sociales. Santiago, 16 de noviembre 2019 Crónica Digital / Prensa Latina.
