El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó tres nuevas querellas por desnudamientos forzados a mujeres, esta vez en una Comisaría de la ciudad de Viña del Mar. En un comunicado el INDH denunció que tres mujeres fueron obligadas a despojarse de toda su ropa y realizar sentadillas (flexionar repetidamente las piernas manteniendo recto el cuerpo) frente a una funcionaria policial y otras detenidas, lo cual fue observado por uniformados a través de los monitores de una cámara de seguridad de esa instalación. Fernando Martínez, director del INDH en la región de Valparaíso, declaró a la prensa que esas prácticas de connotación sexual ocurrieron cuando las víctimas estaban detenidas, por lo cual no podían defenderse ni negarse al procedimiento. Asimismo recordó que la desnudez forzada está contenida en el concepto de violencia sexual y vulnera la integridad física y psíquica, por lo cual «debe ser investigado por los Estados, como una obligación jurídica propia». El INDH en esa región señaló que como promedio se ha presentado una querella diaria durante los últimos 40 días, de las cuales nueve incluyen diversos tipos de violencia con connotación sexual, las que incluyen desnudamientos forzados de las detenidas e incluso ser obligadas a realizar sentadillas en esas condiciones. Santiago de Chile, 6 de diciembre 2019 Crónica Digital /PL
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Pablo Monje-Reyes Lic. en Ciencias Políticas y Administrativas Mg. en Gestión y Políticas Públicas En Chile, el gobierno de derecha encabezado por un empresario, el mismo que en el día de ayer se anunció que sube 55 puestos en el ranking Forbes de los más ricos del mundo, se encuentra implementando las propuestas que él y sus ministros creen que van a solucionar la “crisis” social iniciada ya hace 45 días, y que aún continua con un alto apoyo social según diversas encuestas realizadas durante el mes de noviembre. Debemos prestar atención a que -hasta ahora- las propuestas elaboradas por el gobierno han sido dentro de los marcos y reglas institucionales del modelo de desarrollo neoliberal, todas ellas. Han echado mano a instrumentos como bonos, subsidios, incrementos, entre otros, y su implementación en algunos casos será por medio del escalonamiento en el tiempo del gasto, como por ejemplo en el caso del incremento de las pensiones de los adultos mayores. Todos estos instrumentos son discrecionales a la orden del ejecutivo cuando y como se deben otorgar, y cuando se deben suspender o simplemente anular. La idea es validar el olfato del empresario especulador en finanzas, pues, la hipótesis detrás de estas acciones de políticas públicas para implementar en nuestro país, es simplemente especular con la solución esperando que los “rotos” se calman con estas aspirinas. La derecha, y en particular el empresario Piñera, leen que no le pueden dar paso a las reformas estructurales y al cambio del modelo neoliberal por una razón obvia, el empresario Piñera se enriqueció con el modelo y hoy tiene una fortuna de más de 2.700 millones de dólares no solo por sus conocimientos y acciones financieras “exitosas”, sino también, porque el modelo le da ventajas para la acumulación y la concentración de sus riquezas. En términos empresariales sin duda que él mismo es un resultado explícito del modelo, y nadie objetivamente podría creer que una persona que se ha enriquecido gestionando el modelo neoliberal lo quiera cambiar reconfigurando su naturaleza. Desde un punto de vista de simple racionalidad lógica, sería “suicidarse” al negar el rol de su identidad y de su historia personal. Por estas razones, las propuestas que hace su gobierno -en términos de financiamiento fiscal- vienen del mismo presupuesto público, por medio de reasignaciones y/o endeudamientos que se van financiar con ingresos del Estado; ¡y aquí está lo grave! Los ingresos del Estado, que financian el presupuesto de la nación en un 50% provienen del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que lo pagan todos y todas las chilenas. Sólo un dato, más del 90% de la población chilena consume la totalidad de sus ingresos, por lo tanto, más del 90% de la ciudadanía paga IVA y terminará financiando esas magras limosnas de la “agenda social”. Esto explica por qué la derecha se ha negado rotundamente, y en los hechos, a financiar las medidas de su “agenda social” con cambios reales y potentes en la estructura de financiamiento del presupuesto fiscal. Esto viene […]
La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el carácter de público de las hojas de vida de Miguel Krassnoff Bassa, ex oficial y agente de la DINA; de Juan Edmundo Cornejo y del coronel Sergio Vásquez, estos dos últimos sometidos a proceso en 2018 por delitos de fraude al Fisco en el marco del caso denominado “Milicogate”, investigación a cargo de la jueza Romy Rutherford. Este fallo ratifica la decisión del CPLT tras los amparos presentados ante la institución (roles C5640-18, C5933-18 y C5641-18), obligando al Ejército de Chile a entregar estos registros. De esta forma, el tribunal confirma lo dicho por el Consejo respecto de la “naturaleza eminentemente funcionaria” del contenido de la hoja de vida de un servidor público que trabaja o trabajó en un órgano de la administración del Estado, vislumbrándose que su publicidad no vulneraría la privacidad de la persona. Lo anterior puesto que no se relaciona con aspectos íntimos de la vida privada de las personas respecto de quienes se realizaron las solicitudes, sino que con cuestiones propias de su carrera como miembros del Ejército mientras se desempeñaron en la institución. La Corte reconoce que si bien conforme al concepto legal de la hoja de vida contenido en el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas éstas pueden contener referencias a licencias médicas, sumarios o sanciones administrativas, sentencias civiles y criminales, en los tres casos presentados ante el CPLT en los períodos consultados se da cuenta sólo de antecedentes vinculados con el cumplimiento de la función pública desempeñada y no constan datos sensibles de los funcionarios. Asimismo, el fallo estableció que Ejército no acreditó oportunamente ante el CPLT alguna de las causales legales de secreto o reserva previstas en la Ley de Transparencia (Art. 21 Nº 5), en relación con lo dispuesto en los artículos 34 letra a) y b) de la Ley 20.424 y 436 Nº1 del Código de Justicia Militar. Tampoco se estableció que el amparo afectara la seguridad de la Nación en los términos exigidos por la norma de la Ley N° 20.285. Cabe destacar que el fallo de la Corte de Apelaciones de la capital puede ser llevado por el Ejército ante la Corte Suprema, instancia que deberá pronunciarse en el caso de que el organismo recurra de queja, acción que tiene como plazo el próximo martes 10 de diciembre. Santiago de Chile, 6 de diciembre 2019 Crónica Digital
Hemos tomado conocimiento que una cuenta en Twitter, aparentemente con una identidad falsa, ha comenzado a divulgar la siguiente “información”: “Se filtra la lista de los más de 100 dirigentes (…) que fueron financiados por Venezuela para dar un golpe de Estado en Chile”. A continuación, se reproduce una nómina de 110 personas, incluyendo dirigentes y militantes del Partido Progresista de Chile, junto a una diversidad de hombres y mujeres de la izquierda y el progresismo en general. Ver aquí En la publicación se pide dar RT a la lista y, más abajo, con impudicia se admite carecer de pruebas para sostener la imputación que se formula contra las personas de esa lista. Frente a estos hechos, el Partido Progresista de Chile considera necesario puntualizar lo siguiente: Repudiamos en forma categórica el burdo intento de esta fake news de denostar y acusar falsamente y sin prueba alguna a hombres y mujeres del mundo progresista y de izquierda de recibir financiamiento de un país extranjero para dar un golpe de Estado. Es expresión de la adicción de la derecha por los montajes, como el Plan Zeta o la Operación Colombo, en los que se recurre a la mentira para justificar la defensa del orden establecido. Las maniobras señaladas permitieron, además, fabricar una justificación para el crimen. En este caso, las calumnias e injurias que se imputan a las 110 personas ponen eventualmente en peligro sus vidas e integridad física. Estamos, por tanto, en presencia de un delito en Twitter y sus autores son delincuentes. El listado de 110 personas fue tomado de la nómina de firmantes de una Declaración Pública emitida el pasado 27 de enero, titulada “Por la paz y la democracia en Venezuela: respeto a la soberanía y autodeterminación de su pueblo”. Esta declaración fue publicada en una diversidad de medios y plataformas digitales de comunicación. Desde allí fue copiada la lista de las 110 personas, incluso sin alterar el orden y la forma de presentación de ellas. Así de burda y grotesca es la mentira de la ultraderecha: ciudadanas y ciudadanos chilenos que pedían paz y respeto a la democracia en Venezuela son calumniados en forma cobarde y antiética por alguien que actúa encubierto en las redes sociales para propagar odio y difundir información falsa. Es preciso que la derecha conservadora del país asuma que su persistente campaña de odio, calumnias, amenazas y miedo no pondrá fin a la movilización de la ciudadanía, cuyas aspiraciones, expresadas en forma pública y notoria, son poner fin al abuso y la desigualdad, a la exclusión social y política, construir un Chile de democracia y derechos sociales. La protesta ciudadana nació desde la profundidad de la sociedad civil chilena, expresa la indignación y el descontento frente al abuso cotidiano. Allí se encuentra su origen y –para quien quiera escuchar y ver– allí también se pueden encontrar las claves para superar la crisis social. En este sentido, lamentamos la falta de empatía de la derecha respecto al pueblo, y su majadera intención de culpar a […]
El pleno de la Cámara chilena de diputados votará el jueves próximo la acusación constitucional contra del presidente Sebastián Piñera por su responsabilidad política en la represión desmedida contra el movimiento social. La víspera, la defensa del mandatario presentó ya en la noche el texto con los descargos al secretario de la comisión que revisa la acusación constitucional. En el documento se desestiman los argumentos expuestos en contra de Piñera, que con calificados de inadmisibles porque según se alega los hechos que se imputan aun no son investigados y no han sido juzgados. La defensa señala también que la acusación constitucional solo puede proceder por actos imputables y no por aquellos que son cometidos por terceras personas. Algunos analistas consideran que es poco probable que prospere la acusación, pues para aprobarla es necesaria la mayoría absoluta de los diputados en la plenaria y que pase al Senado, donde para destituir al presidente se requiere del voto favorable de dos tercios de los senadores. Desde la comisión que analiza la acusación el diputado del Partido Socialista Jaime Naranjo, advirtió que con este proceso se pretende dejar establecido que ningún Presidente está por sobre la Constitución y la ley. El 19 de noviembre último, diputados de varios partidos de oposición presentaron la acusación constitucional con el argumento de que en el país se violaron los Derechos Humanos de forma generalizada y reiterada en el contexto de las manifestaciones sociales que comenzaron el 18 de octubre. Asimismo la comisión parlamentaria ha escuchado numerosos testimonios de víctimas, organizaciones sociales y de derechos humanos que refuerzan ese planteamiento. Esta acusación contra Piñera solo tiene como antecedentes en la historia de Chile los casos de los presidentes Manuel Montt en 1868, la cual fue rechazada; Carlos Ibáñez del Campo en 1931, que fue aprobada pero meses después que dejara la presidencia, y Arturo Alessandri en 1939, que ni siquiera fue admitida. Santiago de Chile, 5 de diciembre 2019 Crónica Digital/PL
La economía de Chile crecerá en 2019 solo uno por ciento según pronosticó hoy el Banco Central, que además señaló preocupantes perspectivas para el próximo año. En su último Informe de Política Monetaria (IPoM) el emisor presentó una fuerte corrección a la baja de las previsiones para 2019 ya que en septiembre había calculado un crecimiento de entre 2,25 y 2,75 por ciento, que ya representaba una reducción en relación con las previsiones realizadas a comienzos de 2019. El crecimiento de solo uno por ciento del producto interno bruto (PIB) representa el más bajo desde 2009, cuando a consecuencia de la crisis económíca internacional fue de 1,6 por ciento. Las perspectivas para 2020 tampoco son halagüeñas pues el pronóstico del Banco Central es de un crecimiento el PIB entre 0,5 y 1,5 por ciento, muy por debajo del rango entre 2,75 y 3,75 estimado en el noveno mes del año. Otro dato negativo en el IPoM es la fuerte caída prevista en las inversiones, principalmente en los sectores no mineros, pues aunque este año se considera un incremento de 2,5 ayudado por los resultados de los diez primeros meses,. para 2020 se prevé una caída del cuatro por ciento previsto inicialmente, a menos cuatro. Ello obedece, afirmó el Banco Central a un descenso significativo de la inversión privada, a tono con la aguda baja de la confianza empresarial, los mayores costos que enfrentan las empresas y el deterioro de las condiciones financieras. Santiago de Chile, 5 de diciembre 2019 Crónica Digital/PL
El senador Alejandro Navarro reaccionó con profunda molestia ante informaciones de prensa que indican que familia Piñera Morel habría invertido en el mercado de valores de Colombia durante las últimas semanas. “El Gobierno y el Presidente Piñera, deben aclarar a la brevedad si el aumento de participación accionaria en la Bolsa de Valores de Colombia, de Inversiones Odisea, de propiedad de la familia Piñera Morel, se hizo tras el estallido de la crisis social que afecta hoy a nuestro país”, manifestó el senador progresista. De acuerdo al Presidente de la Comisión de DDHH del Senado, “el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, rinde en estos momentos en el Senado una cuenta sobre el plan de rescate a la economía de Chile, mientras se anuncia que la familia Piñera Morel hace inversiones en el mercado bursátil de Colombia, sacando divisas, recursos, desde Chile, hacia el exterior”. “Esto debe ser despejado”, continuó, “el Ministro debe aclarar pues si el llamado del Gobierno es a invertir en Chile, es a hacer un gasto fiscal para dinamizar la economía, es del todo incoherente, es del todo improcedente, y una falta a la ética absoluta, si esta noticia es cierta”. “Se requiere una aclaración del propio Presidente de la República, Sebastián Piñera. Con esto no se juega, con la confianza ciudadana, incluso con la confianza de sus colegas empresarios. Ya que si esto es cierto, estamos frente a un problema grave y profundo, que confirma que el Presidente no ha entendido nada, no gobierna, no actúa y como remate, saca su dinero del país”, señaló Navarro. El senador por la Región del Biobío finalizó haciendo un llamado al mandatario, “esta situación es gravísima y el Gobierno no puede eludirla; nos acostumbra a cadenas de televisión cada día; yo espero ver al Presidente esta noche dando una explicación, negando esta noticia sobre capitales en Colombia, y explicando, qué es lo que ha pasado, nos merecemos esa respuesta, pues Chile cambió, Chile despertó y si esto no es explicado, va a transformarse por cierto en acción ciudadana de impredecibles consecuencias”. “Pues nadie ha olvidado que en su anterior mandato, su patrimonio subió en US$1000 millones durante su período presidencial, y en marzo de este 2019 vimos que subió 55 puntos en el Ránking Forbes de los más ricos del mundo. Por lo que de comprobarse esta información, significaría que él sigue engordando su billetera, mientras millones de chilenos y chilenas luchan por llegar a fin de mes”, sentenció el senador Alejandro Navarro. Santiago de Chile, 5 de diciembre 2019 Crónica Digital
Este martes 3 de diciembre, en el marco de la sesión de la comisión que revisa los antecedentes de la Acusación Constitucional contra Sebastián Piñera, 15 diputados y diputadas de oposición presentaron un oficio a la estación pública para que transmita en vivo el debate del libelo contra el mandatario, que se realizará el jueves 12 de diciembre. En el año 1956 se realizó la última Acusación Constitucional contra un Presidente de la República, a Carlos Ibáñez del Campo. En ese marco, la acusación contra Sebastián Piñera es además la primera acusación bajo la Constitución vigente, por lo tanto adquiere un carácter inédito e histórico. Ante esos antecedentes, 15 diputados y diputadas ingresaron un oficio a TVN para que la señal pública transmita en vivo toda la jornada de la Acusación, contemplada para el próximo jueves 12 de diciembre. Según los firmantes, la actual acusación constitucional es, más allá de la opinión que se tenga sobre su procedencia, un acontecimiento histórico que la ciudadanía debe conocer para formarse su propia opinión. “Creemos que Televisión Nacional de Chile tiene un rol indispensable que cumplir en la promoción del más abierto debate democrático”, señala el escrito. El diputado Boris Barrera, promotor de la propuesta, detalló que “esta acusación tiene una significación importante, ya que esta se realiza al Presidente de la República y no se realizaba una acusación de este tipo desde el año 1956. Creo que el desarrollo de esta acusación histórica ha sido poco informada en los medios y por eso mismo presentamos junto a un grupo amplio y transversal de diputados y diputadas, un oficio dirigido al presidente del Directorio de TVN para pedirle que el día que se vea la Acusación en la Sala de la Cámara de Diputados, se transmita en vivo por la señal abierta de TVN”. “Es un deber del canal público informar de este evento, más allá de la posición que se pueda tener del fondo de la Acusación. Es importante informarle a la comunidad del desarrollo de esta Acusación, inédita bajo esta Constitución”, concluyó el diputado integrante de la comisión que revisa los antecedentes de la Acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera. Los diputados firmantes de la solicitud planteada por Barrera son: Carmen Hertz (PC), Emilia Nuyado (PS), Jaime Mulet (FREVS), René Saffirio (IND), Esteban Velásquez (FREVS), Carolina Marzán (PPD), Raúl Saldívar (PS), Miguel Crispi (RD), Claudia Mix (COMUNES), Víctor Torres (DC), Renato Garín (IND), Jaime Naranjo (PS), Gastón Saavedra (PS) y Daniel Verdessi (DC), presidente de la comisión revisora de antecedentes. Santiago de Chile, 3 de diciembre 2019 Crónica Digital
Afectada por una profunda crisis social y política, la economía chilena se contrajo 3,4 por ciento en octubre último en comparación con el mismo mes del año anterior, informó hoy el Banco Central. Un informe sobre el comportamiento del índice mensual de Actividad Económica (Imaec) señala que ese porcentaje resultó el más bajo de los últimos diez años. Igualmente fue mucho menor que lo pronosticado tanto por los analistas de mercado como por el Ministerio de Hacienda, que cifraban la caída del Imacec a lo máximo en menos uno por ciento. El ente emisor recordó que la crisis que afecta al país comenzó el 18 de octubre, por lo que en el Imacec refleja lo ocurrido en las dos primeras semanas del estallido social, cuando numerosas actividades prácticamente se paralizaron . Por sectores, el Imacec de la minería reportó un crecimiento del dos por ciento, pero las actividades no mineras cayeron cuatro por ciento, lo que resulta el peor desenvolvimiento desde mayo de 1999 cuando el indicador decreció 4,1%. El Banco central detalló que la actividad económica de octubre se vio afectada por el desempeño de las actividades de servicios, comercio e industria manufacturera, y específicamente en los servicios se reportaron caídas de educación, transporte, servicios empresariales, restaurantes y hoteles. Santiago de Chile, 2 de diciembre 2019 Crónica Digital /PL
Muchos chilenos se preguntan hoy hasta dónde llegará el rechazo popular al presidente Sebastián Piñera, quien aparece según encuestas como el peor valorado desde el retorno a la democracia en el país. Este lunes, los sondeos Pulso Ciudadano, de la consultora Criteria Research, y Plaza Pública, de Cadem, difieren en puntos en cuanto a los niveles de desaprobación a la gestión del mandatario, pero coinciden en que son un récord en comparación con el resto de los presidentes que han pasado por La Moneda desde 1990. Para Cadem, considerada por analistas complaciente con el gobierno, en la última semana la aprobación a Piñera se desplomó hasta el 10 por ciento y su desaprobación alcanzó el 82 por ciento. Ello indica que en los últimos siete días el respaldo al mandatario cayó en dos puntos porcentuales y aumentó en uno el índice de desaprobación. Los resultados de Pulso Ciudadano, que comprenden todo el mes de noviembre, son aun peores, pues solo reflejan 4,6 por ciento de aprobación -casi cinco puntos menos en comparación con los resultados de octubre- mientras que el rechazo a la gestión presidencial aumento 17 por ciento, hasta ubicarse en el 78,1 de los encuestados. Quienes se pronunciaron en contra consideraron como factores determinantes la deficiente actuación del mandatario para manejar la crisis social y política que vive el país, la falta de liderazgo y porque no han sido escuchadas las demandas de la población. Los resultados e ambas encuestas parecen coincidir con el creciente reclamo de los manifestantes que exigen la renuncia del mandatario, aunque en entrevistas concedidas a medios de prensa Piñera ha dicho insistentemente que no abandonará su cargo. Su posición es incómoda, además, porque en el Congreso Nacional se analiza una acusación constitucional en su contra presentada por senadores y diputados de oposición, quienes le señalan la responsabilidad de política por la fuerte represión y violación derechos humanos de agentes del estado contra el movimiento social. De ser aprobada la acusación el mandatario cesaría en su cargo, aunque analistas consideran poco probable que esto prospere, porque la bancada de derecha en pleno se opone a esa medida. Pero en la baja puntuación el mandatario no está solo, pues la encuesta de Cadem también refleja que en la última semana la aprobación de su gabinete descendió hasta 12 por ciento y quienes lo evalúan negativamente representan el 83 por ciento de los consultados. Por su parte, Pulso Ciudadano confiere al consejo de ministros en noviembre una ínfima aprobación del 3,5 por ciento, mientras que quienes desaprueban su trabajo representan el 80 por ciento, es decir 10,3 más que octubre último. Santiago de Chile, 2 de diciembre 2019 Crónica Digital /PL
