Crece rechazo a noticias falsas propagadas por delincuentes de la ultraderecha en redes sociales La organización de Observadores y Defensores de los Derechos Humanos de Chile y el Colectivo Fuerza de Bases se sumaron a las expresiones de rechazo a la divulgación de Fake News en las redes sociales por parte de la ultraderecha, dedicada a fabricar mentiras sobre una fantasmagórica intervención extranjera y/o alienígena en la protesta de las ciudadanas y ciudadanos chilenos. Por su interés, se reproducen ambos documentos. ASOCIACIÓN DE OBSERVADORES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Como Observadores y Defensores de Derechos Humanos (ODDH Chile), ante las afirmaciones realizadas en redes sociales, en las que se hacen graves afirmaciones injuriosas que incluyen a representantes de nuestra organización, declaramos enfáticamente: 1) Como es de público conocimiento, nuestra organización es un voluntariado de la ciudadanía, perteneciente a la Red Nacional de Voluntarios, por lo que no recibimos financiación de ninguna persona, organización o entidad gubernamental, dentro o fuera del país. Al contrario, para costear nuestras actividades, realizamos actividades sociales con la participación abierta a la colaboración de la sociedad civil, organizaciones sociales y nuestras amigas, amigos y colaboradores, con un registro contable trasparente. 2) Nunca hemos patrocinado, apoyado o participado en la organización de un golpe de Estado, porque atenta contra nuestros principios y vulnera gravemente los derechos humanos de la población. Al contrario, nuestro accionar y nuestras declaraciones han sido enfáticas en condenar este tipo de prácticas nefastas para la convivencia democrática. 3) Nuestro accionar y nuestros principios se fundamentan en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en todos los pactos, convenciones o tratados en materia de derechos esenciales, ratificados por nuestro país, así como en los avances conceptuales y teóricos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 4) Además de lo arriesgado de nuestro rol, especialmente en la actual contingencia, se suma que hemos recibido todo tipo de amenazas contra nuestra integridad, incluso por escrito, por lo que esta nueva agresión de desprestigio público se enmarca dentro de las acciones que pretenden dañarnos criminalmente en nuestro rol por la defensa de los derechos humanos. 5) De manera individual o colectiva, nos reservamos el derecho a seguir todas las acciones legales contra quienes resulten responsables de esta acción calumniosa e injuriosa con publicidad. 5) Nos sumamos a los llamados al diálogo y al entendimiento, al concurso de las más grandes mayorías ciudadanas, cuya legitimidad se sostiene en el poder constituyente originario, para el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas, teniendo como base lo contemplado en los documentos sobre derechos humanos citados más arriba, los que cuentan con el apoyo de las sociedades democráticas en todo el planeta. Raúl Encina, vocero ODDH CHILE. FUERZA DE BASES Con relación a una acusación infame realizada en Twitter y replicada en diversas redes sociales, en la cual se nos pretende públicamente enlodar con afirmaciones injuriosas y calumniosas, como Fuerza de Bases, FDB, queremos declarar lo siguiente: 1) La divulgación de una supuesta vinculación para planificar un golpe de Estado en Chile, financiado […]
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A través de una videoconferencia, el ex Mandatario conversó con líderes y dirigentes ciudadanos y progresistas –entre ellos, Marco Enríquez–Ominami– sobre los detalles del proceso de cambio constitucional que vivió su país en 1991 y que modificó la Carta Fundamental que permanecía vigente desde 1886. Ello, en el marco de la Escuela de Formación para la Asamblea Constituyente, impulsada por la Fundación Progresa –cuyo director ejecutivo es el ex Ministro Víctor Osorio– y por el Partido Progresista de Chile, que preside el economista Camilo Lagos. A través de una videoconferencia desde Bogotá –en la que también participó la senadora Aída Avella– el ex Mandatario recordó cómo se gestó el proceso constituyente de su país y los pasos que debiera seguir Chile para lograr un proceso constituyente exitoso que pueda superar la Constitución de 1980, apuntando –entre otras cosas– a blindar a la Asamblea como expresión legítima del poder constituyente originario a través de la Corte Suprema, tal como se hizo en Colombia para garantizar el desarrollo del proceso. Aída Avella, senadora y presidente de la Unión Patriótica de Colombia, compartió su propia experiencia personal en la materia, pues fue constituyente en 1991. Más tarde, fue candidata a la Vicepresidencia de la República en las elecciones presidenciales de 2014, por la alianza entre el Polo Democrático Alternativo y la UP, y en las elecciones legislativas de Colombia de 2018, fue elegida como senadora de la república. Samper y Avella señalaron que la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia contó con el amplio consenso del mundo político colombiana, desde las diversas expresiones de izquierda, hasta la derecha colombiana. Contó con la autonomía para ejercer en forma soberana su mandato constituyente, en el marco de un proceso profundamente democrático y participativo. En este sentido, Samper expresó sus reservas sobre el proceso constituyente que se ha puesto en marcha en Chile, por las restricciones que se pretende imponer al futuro órgano constituyente, que incluyen el quorum de dos tercios para resolver. El Samper también reflexionó sobre el estallido social chileno, al que calificó de “una especie de rebelión de un pueblo que se está sintiendo proletarizado, que va para atrás en materia de educación, porque no sirve de movilidad social–; que va para atrás en materia de salud, porque es inaccesible; y que tampoco avanza en materia de pensiones, porque se está cambiando por un bono”. “Este es un fenómeno de empobrecimiento de los antiguos pobres que hoy está presente en todos los países”, dijo, enfatizando que el escenario de vive Chile por estos días “es el momento para encontrar la mejor salida”. Por último, Ernesto Samper lamentó que exista represión ante la movilización social “que incluso ha llegado a criminalizarse”, puntualizando que ello es “un intento de gobiernos conservadores” por detenerla. El contacto con Ernesto Samper se enmarca, además, dentro de su rol como asesor del Partido Progresista, debido a su experiencia en materia de Asamblea Constituyente. Por ello, y desde el estallido social en Chile, el ex Mandatario colombiano mantiene constante comunicación con […]
Por su interés, reproducimos el pronunciamiento de la Directiva Nacional del Partido Progresista de Chile sobre informaciones falsas que circulan en las redes sociales: Hemos tomado conocimiento que una cuenta en Twitter, aparentemente con una identidad falsa, ha comenzado a divulgar la siguiente “información”: “Se filtra la lista de los más de 100 dirigentes (…) que fueron financiados por Venezuela para dar un golpe de Estado en Chile”. A continuación, se reproduce una nómina de 110 personas, incluyendo dirigentes y militantes del Partido Progresista de Chile, junto a una diversidad de hombres y mujeres de la izquierda y el progresismo en general. En la publicación se pide dar RT a la lista y, más abajo, con impudicia se admite carecer de pruebas para sostener la imputación que se formula contra las personas de esa lista. Frente a estos hechos, el Partido Progresista de Chile considera necesario puntualizar lo siguiente: 1. Repudiamos en forma categórica el burdo intento de esta fake news de denostar y acusar falsamente y sin prueba alguna a hombres y mujeres del mundo progresista y de izquierda de recibir financiamiento de un país extranjero para dar un golpe de Estado. Es expresión de la adicción de la derecha por los montajes, como el Plan Zeta o la Operación Colombo, en los que se recurre a la mentira para justificar la defensa del orden establecido. Las maniobras señaladas permitieron, además, fabricar una justificación para el crimen. En este caso, las calumnias e injurias que se imputan a las 110 personas ponen eventualmente en peligro sus vidas e integridad física. Estamos, por tanto, en presencia de un delito en Twitter y sus autores son delincuentes. 2. El listado de 110 personas fue tomado de la nómina de firmantes de una Declaración Pública emitida el pasado 27 de enero, titulada “Por la paz y la democracia en Venezuela: respeto a la soberanía y autodeterminación de su pueblo”. Esta declaración fue publicada en una diversidad de medios y plataformas digitales de comunicación. Desde allí fue copiada la lista de las 110 personas, incluso sin alterar el orden y la forma de presentación de ellas. Así de burda y grotesca es la mentira de la ultraderecha: ciudadanas y ciudadanos chilenos que pedían paz y respeto a la democracia en Venezuela son calumniados en forma cobarde y antiética por alguien que actúa encubierto en las redes sociales para propagar odio y difundir información falsa. 3. Es preciso que la derecha conservadora del país asuma que su persistente campaña de odio, calumnias, amenazas y miedo no pondrá fin a la movilización de la ciudadanía, cuyas aspiraciones, expresadas en forma pública y notoria, son poner fin al abuso y la desigualdad, a la exclusión social y política, construir un Chile de democracia y derechos sociales. La protesta ciudadana nació desde la profundidad de la sociedad civil chilena, expresa la indignación y el descontento frente al abuso cotidiano. Allí se encuentra su origen y –para quien quiera escuchar y ver– allí también se pueden encontrar las […]
Esta semana será clave para el presidente Sebastián Piñera y su ex ministro del Interior Andrés Chadwick, pues sobre ambos pesan sendas acusaciones constitucionales en el Congreso de la República. Los dos son señalados por su responsabilidad política en la desmedida represión policial contra manifestaciones mayormente pacíficas tras el estallido social del 18 de octubre, y las reiteradas violaciones denunciadas por entidades nacionales y extrajeras defensoras de los derechos humanos. En el caso de Chadwick, el Senado deberá pronunciarse el miércoles sobre la acusación, para lo cual se realizará una sesión especial en la que cada miembro de esa instancia legislativa expondrá sus valoraciones y finalmente será sometida a votación. El 28 de noviembre la Cámara de diputados aprobó la acusación constitucional contra el ex ministro con 79 votos a favor, 70 en contra y una abstención. Si el Senado hace lo mismo, Chadwick no podrá ser destituido, pues ya no ocupa la cartera de Interior de la cual salió en el cambio de gabinete efectuado por Piñera el 28 de octubre, pero quedaría inhabilitado para ocupar puestos públicos durante cinco años. El exministro era una figura clave dentro del anterior ejecutivo, por su cercanía el mandatario, incluso en el plano familiar porque son primos, y para muchos era la cabeza del llamado «núcleo duro». Tras su salida prácticamente despareció del panorama político, pero a nivel de calle se comenta que aun en las sombras sigue siendo una voz muy escuchada por el mandatario a la hora de tomar importantes decisiones. Sin embargo, algunos analistas dan por segura la condena Chadwick, como una especie de chivo expiatorio, para con ello salvar a Piñera de correr la misma suerte. En el caso del presidente, la acusación será vista el jueves por el pleno de la Cámara de diputados, aun cuando desde la presidencia y los partidos de derecha en pleno han desestimado los argumentos en contra de Piñera. Estos son calificados de inadmisibles porque según alegan quienes respaldan al gobernante, los hechos que se imputan aun no son investigados ni juzgados, y que la acusación solo puede proceder por actos imputables y no por aquellos cometidos por terceras personas. Algunos analistas consideran poco probable que prospere la acusación, pues para aprobarla es necesaria la mayoría absoluta de los diputados en la plenaria y que pase al Senado, donde para destituir al presidente se requiere del voto favorable de dos tercios de los senadores. Pero desde la comisión que analizó la acusación el diputado del Partido Socialista Jaime Naranjo, advirtió que con este proceso se pretende dejar establecido que ningún Presidente está por sobre la Constitución y la ley. En un reciente encuentro con corresponsales extranjeros, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, advirtió que si no se aprueba la acusación, será de todas formas una victoria desde el punto de vista ético «porque son demasiadas las víctimas, es demasiada la indignación y no se puede permitir que en Chile prevalezca la impunidad». Añadió que si se aprobó en la Cámara de diputados un […]
El ministro del interior de Chile, Gonzalo Blumel, anunció que esta semana convocará a un consejo para reformar al cuerpo de Carabineros, muy criticado por la desmedida represión de sus efectivos a las manifestaciones populares. En entrevista a una televisora, Blumel señaló que más que modernizar se trata de reformar a esa institución, que según admitió atraviesa por diversos problemas. El titular consideró que el orden público es muy complejo, no solo en Chile, pues en otros países se están produciendo convulsiones sociales y las fuerzas policiales están enfrentando dificultades. Añadió que ‘en Chile hemos tenido problemas muy complejos, denuncias graves que se deben investigar y resolver. Lo más importante de esto es que tenemos que sacar las lecciones para que esto no se vuelva a repetir’ y señaló que se necesitan actuaciones policiales, protocolos y estándares mucho más modernos. Blumel admitió que los problemas de carabineros no son de ahora, sino que ese cuerpo viene arrastrando escándalos como los denominados Pacogate y Operación Huracán. El Pacogate fue un caso de corrupción que conllevó una malversación de fondos públicos entre 2006 y 2017 por más de 28 mil 300 millones de pesos chilenos (más de 40 millones de dólares) en el que se vieron implicados decenas de altos y medios oficiales de la institución. En tanto, la Operación Huracán fue un operativo policial realizado contra líderes de la comunidad mapuche supuestamente vinculados al terrorismo, pero la Fiscalía demostró luego que las presuntas pruebas habían sido falseadas por la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros. Aunque Blumel no lo mencionó, un caso más reciente fue el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca en noviembre de 2018 por efectivos de Carabineros, que obstruyeron la investigación con falsos testimonios y ocultamiento de pruebas y que desembocó en la remoción de una decena de altos oficiales. Recientemente, en medio de las acusaciones de una desmedida represión contra el movimiento social, entidades nacionales e internacionales han reclamado al gobierno, entre otras medidas, realizar una profunda revisión de los protocolos y actuación de Carabineros para evitar la reiteración de violaciones de derechos humanos. Santiago de Chile, 9 de diciembre 2019 Crónica Digital /PL
Ante la aprobación por parte del Congreso de la Ley que criminaliza la protesta social, las organizaciones sociales y partidos políticos firmantes declaramos : Nuestro rechazo ante la agenda de criminalización de la protesta social instalada por este gobierno y que en uno de sus proyectos emblemáticos contó el día de ayer con la aprobación de diputad@s y senador@s de sectores amplios de la oposición. El derecho a la libertad de expresión y organización son pilares de toda sociedad democrática, por tanto toda legislación que busque mermar esos derechos esenciales son expresiones violentas que nos hacen retroceder como país. En especial en materia de DD.HH donde ya tenemos un gran desafío en reparación y justicia. Así como lo expresó también la Mesa de de Unidad Social, las organizaciones firmantes reiteramos nuestro llamado al gobierno y al congreso a poner en el centro del debate la agenda de cambios estructurales de la ciudadanía. Pasar de la agenda de Criminalizacion Social a la de Seguridad Social que permitan avanzar en calidad de vida de los chilenos y chilenas . A 49 días de movilización nacional es de absoluta irresponsabilidad que no haya proyectos de ley que apunten a lo temas que detonaron esta crisis. Las organizaciones firmantes reiteramos nuestro compromiso con nuestra democracia, que la salida a la crisis que vive nuestro país se resuelve con más y mejor democracia y eso es y será avanzar y profundizar la participación ciudadana efectiva. Es por eso que llamamos a la más amplia participación social y ciudadana en los procesos de consulta Municipal que se desarrollarán en diversos territorios del país el domingo 15 de diciembre. Finalmente llamamos a la responsabilidad a las actorías políticas de oposición representadas en las cámaras de diputad@s y senador@s. Avanzar de espaldas a las organizaciones sociales y de la ciudadanía sólo aportan en profundizar el malestar y la desconfianza hacia la institución del congreso y hacia la actividad política en todos sus niveles. Hoy quienes asumen cargos de representación popular están llamad@s a asumir con responsabilidad histórica el proceso de transformación exigido por la ciudadanía, en especial quienes asumen desde la cámara una posición de oposición y de renovación. “Hecha la ley hecha la trampa” marcó la movilización social durante esta década en nuestro país y por eso esta movilización ciudadana debe ser una oportunidad para reconquistar confianzas y no de agudizar y profundizar la desesperanza en la toma de decisión.(PDF DESCARGAR DECLARACIÓN) POR_EL_PLENO_DERECHO_A_LA_PROTESTA_SOCIAL(1) Santiago de Chile, 6 de diciembre 2019 Crónica Digital
La Casa de Estudios creó la plataforma que permitirá la recolección de estas votaciones a nivel nacional, destacó el Director de Desarrollo Institucional de la Universidad, Víctor Caro. “Este es un hito político y democrático muy relevante para el país y quisimos estar presentes”, explicó. La instancia permitirá que los votantes aborden aspectos constitucionales, de la agenda social y comunal. La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) informó que más de 200 comunas están trabajando en la difusión de la consulta ciudadana del 15 de diciembre, constituida por tres papeletas donde los votantes podrán contestar preguntas constitucionales, priorizar 3 de 11 opciones de la agenda social y abordar aspectos locales vinculados a cada comuna. Este proceso será apoyado por la Universidad de Santiago de Chile. “La Usach es responsable del conteo nacional de los votos”, informó el director de Desarrollo Institucional de la Casa de Estudios, Víctor Caro. “La Universidad creó la plataforma que permitirá recolectar estas votaciones, que tendrá una desagregación a nivel de mesas. Por lo tanto, cada encargado de local será responsable de incorporar todas sus actas de votación en el sistema, para que podamos generar los cómputos”, explicó. Caro asegura que los municipios plantearon que, al estar la Universidad de Santiago a cargo del sistema de recolección de votos se garantizará la objetividad e imparcialidad del proceso, que “estará técnicamente resguardado por la expertise que tiene nuestro Plantel en materia informática”. “Dentro de su misión institucional y en su espíritu de colaboración con los procesos democráticos, la Usach estableció la necesidad de participar de este proceso constituyente y entendemos que esta consulta es parte de ese proceso”, sostuvo Caro. Destacó que este es un hito político y democrático muy relevante para el país y “por eso quisimos estar presentes”, enfatizó. La iniciativa surgió tanto desde la Rectoría, como de la Prorrectoría y es la primera acción del Observatorio de la Realidad Nacional de la Universidad, creado por la Dirección de Desarrollo Institucional producto del estallido social y frente a la necesidad de tener una participación activa en el proceso constituyente. A cargo de las plataformas y el soporte técnico estará el Departamento de Tecnologías de la Información de la Usach. Los resultados de esta consulta ciudadana, aplicada a mayores de 14 años y que hasta el momento se realizará en el 60,2% de las comunas de la Asociación Chilena de Municipalidades, (Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Talca, Concepción, Puerto Montt y Coyhaique), se darán a conocer en el Centro de Estudios de Postgrado y Educación Continua de la Universidad de Santiago. Santiago de Chile, 6 de diciembre 2019 Crónica Digital
El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Alcalde de Puente Alto, Germán Codina, junto a los integrantes del Directorio entregó los detalles de la Consulta Ciudadana que se realizará en más de 225 comunas del país. El objetivo de la Consulta Ciudadana es definir las prioridades de los chilenos en materia social, así como consultar en torno al proceso constitucional que se desarrollará en abril del 2020 en el país. Paralelamente, cada comuna realizará consultas de interés local para fortalecer la interacción de las necesidades de los vecinos y los proyectos municipales. El Alcalde Codina señaló que “esta consulta del 15 de diciembre busca dilucidar los temas que está demandando la ciudadanía, para escuchar directamente la voz de la gente, en un proceso transparente y democrático”. La consulta está orientada a los mayores de 14 años al 15 de diciembre de 2019; que tengan su cédula de identidad al día. Los participantes de la consulta ciudadana sólo pueden participar en su comuna, por lo que si su municipio no adhiere a la consulta, no podrán participar. La Asociación Chilena de Municipalidades, es una instancia plural, que reúne a alcaldes y concejales de todos los sectores políticos e independientes del país y la convocatoria a esta consulta ciudadana es un intento por generar un espacio de sano diálogo con participación de organizaciones sociales y los distintos poderes del Estado, para llegar a los acuerdos necesarios que permitan la construcción de un Chile más justo. Prácticamente todas las capitales regionales se sumaron a la consulta ciudadana, exceptuando la capital de la Región de Los Ríos: Valdivia y la capital de la Región de Magallanes: Punta Arenas. Las otras capitales regionales que ya están trabajando en la consulta son: Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Puerto Montt y Coyhaique. La Consulta Ciudadana se realizará en formato digital en un 50% aproximadamente; un 30% en forma presencial y existirá un 20% de comunas que realizarán la consulta en forma mixta. Comunas con procesos digitales Santiago, Ñuñoa, Vitacura, Las Condes, Providencia, Lo Barnechea, La Reina, Puente Alto, Lo Prado, Huechuraba, El Bosque, Estación Central, La Granja, Peñalolén, Viña del Mar, Quilpué, Antofagasta, La Ligua, Concón, Concepción, Talcahuano, San Pedro de La Paz, San Joaquín, San Miguel, La Florida, Conchalí, Quilicura, Cerro Navia, independencia, entre otras. Comunas con procesos presenciales Renca, Pudahuel, La Higuera, Yumbel, Monte Patria, Arica, Melipilla, Algarrobo, Cerrillos, Codegua, Curicó, e Illapel entre otras. Comunas con procesos mixtos Independencia, Hualqui, Cabildo, El Monte, Penco, entre otras. Aún se encuentran en proceso de decisión las comunas de Carahue, Chonchi, Cobquecura, Curaco de Vélez, Freire, Futrono, Galvarino, Lanco, Loncoche, Los Álamos, Los Lagos, Melipeuco, Ninhue, Nueva imperial, Ñiquén, Padre de Las Casas, Palena, Pemuco, Perquenco, Pucón, Puerto Octay, Puqueldon, Purén, Queilén, Quemchi, Quilaco, Quillón, Quinchao, Puerto Saavedra, San Ignacio, San Pablo, San Pedro, Santa Cruz, Santo Domingo, Teno, Teodoro Schmit, Toltén, Traiguén y Trehuaco. Santiago de Chile, 6 de diciembre 2019 Crónica Digital/achm.cl
La Mesa de Unidad Social, que encabeza el vasto movimiento popular en Chile, criticó iniciativas legislativas del gobierno en materia de seguridad por pretender reprimir las manifestaciones sociales. El miércoles, la Cámara de diputados aprobó por amplia mayoría un proyecto de ley antisaqueos que a juicio de la Mesa criminaliza la protesta social. En un comunicado la mesa de Unidad Social señala que esa iniciativa penaliza con cárcel los paros laborales en actividades que interrumpan servicios públicos, el derecho a la autodefensa frente a la represión policial, la interrupción del tránsito, las tomas de terreno, de edificios y toda formas de reivindicación territorial. El texto recuerda que el proyecto fue aprobado en general con 127 votos a favor, siete en contra y 13 abstenciones, principalmente de los partidos Comunes y Comunista, y advierte que «los partidos de oposición y en particular el parlamento siguen sin entender la magnitud de la crisis y sin hacerse cargo del estallido y la demanda social». Considera incomprensible que aunque el movimiento social les ha pedido rechazar la agenda legislativa y los proyectos de un gobierno con menos de 10 por ciento de aprobación, continúen votando y aprobando sus proyectos, en este caso los que tienden a criminalizar la protesta y la organización social. Unidad Social, que agrupa a más de 200 organizaciones consideró que la aprobación de este proyecto es una continuación de la declaración de guerra que hiciera el presidente Sebastián Piñera y dijo defender el «derecho a la protesta, a la desobediencia civil, y tal como establecen convenciones internacionales, nuestro derecho a la Huelga». El comunicado convoca a rechazar la agenda represiva y a frenar su tramitación propiciada por el gobierno, la derecha y parte de la oposición, y llama a seguir movilizados y a impulsar la iniciativa popular de Asamblea Constituyente Soberana, Paritaria y Plurinacional y la Agenda Social de Transformaciones Urgentes. Santiago de Chile, 6 de diciembre 2019 Crónica Digital /PL
“La pena de presidio menor en su grado mínimo y una multa de diez UTM, hasta presidio menor en su grado máximo y multa de cuarenta UTM, son los castigos a quienes se exponen quienes nieguen, justifiquen, minimize, glorifique, apruebe o haga apología de los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990”, explicó el Senador Alejandro Navarro, autor del Proyecto de Ley que busca penalizar el negacionismo a las violaciones a los derechos humanos y que fue ingresado a la Cámara Alta esta semana. De acuerdo al senador progresista, “junto a las senadoras Provoste y Allende, y los senadores Quintana y Huenchumilla, entendemos que el negacionismo, niega hechos históricos percibidos por la mayor parte de la gente como de máxima injusticia, como el genocidio perpetrado por los nazis, en el llamado holocausto judío”. “Por ello es que en Alemania, tal como en otros países, penalizan los discursos negacionistas o que inciten al odio. El ejemplo más claro de ello fue Ursula Haverbeck, alemana de 88 años que fue condenada a 6 meses de prisión por negar el Holocausto judío y las cámaras de gas en los campos de exterminio”, recordó Navarro. “Mientras en Chile”, prosiguió, “invitados a programas de TV les restan valor a los DDHH y niegan o minimizan las violaciones de estos en el período de la Dictadura de Pinochet, pese a que estos hechos han sido denunciados nacional e internacionalmente y han quedado testimoniados en los informes Rettig y Valech. Además, sus autores han sido penalizados por la justicia”. Para Navarro, “es hora entonces de que quienes promuevan el negacionismo, paguen con cárcel por ello. Y no solo del genocidio de la Dictadura, sino también en los tiempos de Democracia, por los chilenos y chilenas que han fallecido desde que comenzó la movilización social el 18 de octubre, muchos de ellos asesinados a manos de agentes del Estado, así como en los casos de Camilo Catrillanca, Álex Lemún, y tantos otros”. “De esta forma, quien públicamente incite a la violencia física contra personas que hayan sido víctimas de delitos de lesa humanidad en cualquier tiempo, deberán también pagar con cárcel por ello, ya que los discursos negacionistas no hacen más que poner en riesgo la democracia, hacen creer que la violación a los derechos humanos pueden ser legitimados para alcanzar la paz. No puede ser que en un país como el nuestro, donde los horrores de la Dictadura aun se recuerdan, donde aun existen miles de detenidos desaparecidos, donde hay generaciones completas de ciudadanos que han quedado con secuelas de por vida, físicas y psíquicas, alguien pueda reírse en sus caras, negando hechos comprobados por la justicia y por la comunidad internacional”, sentenció. Santiago de Chile, 6 de diciembre 2019 Crónica Digital
