Un total de once oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea de Chile fueron detenidos por estar presuntamente implicados en el homicidio del conocido médico, Hernán Henríquez, tras el golpe militar de 1973.
El arresto de los militares fue ordenado por el juez especial Álvaro Mesa Latorre, de la Corte de Apelaciones de la ciudad de Temuco (centro), en el marco del juicio por la muerte del médico Hernán Henríquez Aravena, quien fue ejecutado el 2 de octubre de 1973, probablemente en la base aérea Maquehue, de esa localidad
Hernán Henríquez fungía como director del Servicio Nacional de Salud (de las provincias de Malleco y Cautín) en 1973. Luego del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 se presentó de forma voluntaria ante las nuevas autoridades, junto a Alejandro Flores Rivera, presidente regional de la Federación de Trabajadores de la Salud, para la fecha.
A los directivos les fue establecido el arresto domiciliario, sin embargo, semanas más tarde fueron detenidos y traslados a la base aérea. El 2 de octubre fueron sacados del recinto y desde la fecha se desconocen las acciones que llevaron a cabo las fuerzas castrenses sobre los detenidos.
Los uniformados fueron citados a declarar ante el juez Mesa Latorre. Tras interrogar a los sospechosos el jurista resolvió dejarlos detenidos en la misma dependencia aérea donde lo hicieran con las víctimas, la base aérea Maquehue.
Fueron apresados los oficiales Aníbal Tejos Echeverría, Leonardo Reyes Herrera, Enrique Isaacs Casacuberta y Rodoldo Schmied Callejón. También los oficiales de reserva Emilio Sandoval Poo, Berthold Bhonn Suterel y Pablo Alister Conterras, además de los suboficiales Heriberto Pereira Rojas, Luis Yañez Silva, Enrique Rebolledo Sotelo y Luis Soto Pinto.
Desde 1973 a 1990 más de tres mil 200 chilenos perdieron la vida a manos de agentes del Estado. De esta cifra, mil 192 personas permanecen bajo la condición de detenidos-desaparecidos.
Incongruencias
En el año 1973, luego de la desaparición de las víctimas, las autoridades militares de Temuco informaron a través de un comunicado que perdieron la vida por acción de la guardia de la base, durante un “planificado” intento de fuga, “en connivencia” con individuos que trataron de ayudarlos desde el exterior.
El mensaje señaló que “estos elementos extremistas fueron enterrados”. Sin embargo, nunca se realizó la entrega de cadáveres a sus familiares, ni se informó sobre el lugar de la inhumación.
El Informe Rettig (que certificó las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura), realizado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1991, cuestionó la versión ofrecida por las autoridades militares.
“No resulta creíble que, estando detenidos en un recinto militar, sin visitas e incluso sin que se hubiese reconocido a sus parientes su permanencia en ese lugar, los prisioneros hubieses acordado un plan de fuga con personas del exterior”, señaló.
Fuente: teleSUR
Santiago de Chile, 25 de mayo 2013
Crónica Digital
