UAF Y MINREL CONVOCAN A EXPERTOS INTERNACIONALES EN FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Durante tres días se reunieron en Santiago representantes de las economías del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC, por su sigla en inglés), quienes analizaron los regímenes de sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el terrorismo y el financiamiento del terrorismo.

 

‘Halting Terrorist Financing: APEC Workshop on Targeted Financial Sanctions Regime’, patrocinado por APEC, fue inaugurado el lunes 6 de noviembre de 2017 por los directores  de las instituciones organizadoras del evento, Javier Cruz Tamburrino de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y Frank Tressler de la Dirección de Seguridad Internacional y Humana (DISIN) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Las ponencias del día lunes estuvieron a cargo de Javier Martínez, de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de Naciones Unidas; Juan Cruz Ponce, del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), y Esteban Fullin, asesor Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento del Terrorismo para América Latina y el Caribe del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El martes 7 de noviembre, en tanto, Hagan Barnett (jefe de la Sección Antiterrorismo de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América), Dmitry Vitashov (jefe adjunto del Departamento de contra el Financiamiento del Terrorismo de la Federación Rusa) y James Nachipo (director de la Subdivisión de Terrorismo del Departamento de Asuntos Exteriores y de Comercio de Australia) compartieron la experiencia de sus países en la implementación de las Resoluciones N° 1267 y 1373 (sobre terrorismo y financiamiento del terrorismo) del Consejo de Seguridad de la ONU, y las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Javier Martínez detalló las obligaciones que las Resoluciones de los Comités de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU imponen a los países para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales, en especial tras los ataques terroristas perpetrados el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Principalmente, se refirió al Comité de Sanciones contra Al-Qaida, establecido en 1999 en virtud de la Resolución N° 1267, y a la Resolución N° 2253 del año 2015, que amplió los criterios de inclusión en la Lista de Sanciones a las personas y entidades que apoyan al Estado Islámico en Irak y el Levante (EIIL, también conocido como Daesh).

Por su parte, Juan Cruz Ponce explicó los alcances de las Recomendaciones GAFI N° 5, 6 y 7 sobre sanciones financieras dirigidas al terrorismo, al financiamiento del terrorismo y a la proliferación de armasde destrucción masiva. Estas Resoluciones exigen a los países que congelen sin demora los fondos u otros activos, y que aseguren que ningún fondo u otro activo se ponga a disposición, directa o indirectamente, de las personas o entidades incluidas en las Listas de los Comités de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

En tanto, Esteban Fullin reveló las tendencias emergentes en materia de terrorismo y financiamiento del terrorismo, y describió los riesgos de que las organizaciones sin fines de lucro puedan ser utilizadas indebidamente para el financiamiento del terrorismo.

El evento concluyó el miércoles 8 de noviembre con ejercicios prácticos, en los que los representantes de Australia, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Malasia, México, Perú, Rusia, Tailandia y Vietnam tuvieron que detectar la existencia de financiamiento del terrorismo en diversas operaciones y transacciones.

Cabe resaltar que, de nuestro país, participaron expertos de la Agencia Nacional de Inteligencia, Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Servicio Nacional de Aduanas, Unidad de Análisis Financiero, Corte Suprema y de los ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior y Seguridad Pública.

El director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino, junto con agradecer el apoyo de APEC, valoró la realización de este taller “porque permite entrenar las habilidades y destrezas que se requieren para detectar oportunamente las operaciones de financiamiento del terrorismo”.

“Conocer la implementación de sistemas y buenas prácticas de otras economías para prevenir y detectar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, resulta clave para fortalecer la misión legal de la UAF, en especial tras la publicación, en febrero de 2015, de las modificaciones a nuestra Ley N° 19.913, que nos facultan no solo a detectar indicios de financiamiento del terrorismo en las operaciones sospechosas que nos reportan nuestros sujetos obligados, sino también a adoptar medidas, por ejemplo, de congelamiento de activos, en caso de acreditar actos o transacciones de personas o entidades individualizadas en las Listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, concluyó.

Santiago de Chile, 12 de noviembre 2017
Crónica Digital

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Además, el legislador instó a la entonces directora del Sename, Marcela Labraña, a que dé explicaciones “más profundas y responsables” en torno al caso.   El caso de Daniela Vargas, la niña a cargo del Sename que falleció luego de que se le negara un trasplante de corazón en 2015, ha provocado una serie de reacciones, entre ellas las del diputado Ramón Farías, quien calificó la situación de “espantosa” y solicitó que, tanto el Ministerio de Salud como el Sename envíen lainformación con todos los casos de niños o niñas en similar situación. “Es un caso horrible, porque nuevamente nos encontramos ante la discriminación del Estado a una persona carente de recursos, y además de afecto; y el Estado decide mirar hacia el techo y una clínica decide no trasplantarla por una precariedad económica” señaló. Agregó que “me parece más preocupante que el Ministerio de Salud haya avalado una situación como ésta y por eso deben haber explicaciones concretas y rápidas. No empezar recién a recabar antecedentes de un caso conocido públicamente ¡Por favor! La niña fue atendida  y después de dos semanas la niña fallece con un informe que dice que no será trasplantada porque es pobre. Eso es espantoso”. El legislador solicitó a los organismos correspondientes un informe detallado con cada caso en similar situación, “porque esto no se puede aceptar y necesitamos los antecedentes incluso para evaluar una acusación contra quienes resulten responsables”. Farías además apuntó a la responsabilidad de la entonces directora del Sename, Marcela Labraña, porque “debe haber una investigación a fondo, hay que perseguir para saber qué ocurrió y qué hizo el Sename ante este caso. Marcela Labraña deberá dar explicaciones más profundas con respecto a lo que ocurrió con esa niña en ese momento, porque lamentablemente Daniela está muerta”. Santiago de Chile, 12 de noviembre 2017 Crónica Digital

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