Hace dos mil años el senado romano fue escenario del primer gran magnicidio de la historia: el asesinato del emperador Julio César, un crimen que dejó en claro cuán peligroso llega a ser el poder Por: Amelia Duarte de la Rosa Redacción Norteamérica La forma en la que murió el político y militar romano marcó una práctica que se repite, a través de los años, de las más disímiles maneras y en los más diversos gobernantes, reyes o líderes religiosos. Incluso en los periodos más recientes, los últimos magnicidios en países como Japón, Haití o el intento de asesinato a la actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, dejaron consternación y marcaron la vida política en los lugares donde se produjeron. Pero, ¿qué es un magnicidio? La definición de la Real Academia Española indica que se trata de una «muerte violenta dada a una persona muy importante por su cargo o poder» en la sociedad. En algunos países, el término queda reducido a la muerte del jefe de Estado; en otros es más amplio e incluye al mandatario del Gobierno o primer ministro, a los presidentes del Parlamento o Congreso y a la familia de los jefes de Estado cuando el sistema es una monarquía. La mayoría de las naciones considera el magnicidio un delito grave y es el más severamente castigado a lo largo de la historia penal. Sin embargo, el castigo no es uniforme en todo el mundo. De hecho, encontrar en los códigos penales referencias específicas a este acto delictivo es complicado. En España, por ejemplo, el capítulo II del Código Penal se centra en los delitos contra la Corona y establece como penas para aquellas personas que maten al Rey o la Reina, la “prisión permanente revisable”. Mientras, en Francia, el artículo 221.4 del Código Penal suscribe los crímenes que son castigados con la pena de cadena perpetua, a los homicidios cometidos “a un magistrado, un jurado, un abogado, un funcionario público o ministerial, a un miembro de la gendarmería nacional, a un funcionario de la policía nacional, a la aduana, a la administración penitenciaria o a cualquier otra persona investida de autoridad pública…”. En el caso de Reino Unido, la legislación cataloga como alta traición el delito de deslealtad a la Corona. Esto incluye planear el asesinato del soberano, cometer adulterio con la consorte e hija del soberano, hacer la guerra o adherirse a los enemigos del rey, e intentar socavar la línea de sucesión legalmente establecida. El castigo por este delito es cadena perpetua. Lo mismo ocurre en el caso de la muerte del primer ministro o de miembros del Gabinete. Del otro lado del Atlántico, en Estados Unidos el Congreso reaccionó en 1963 al asesinato del mandatario John F. Kennedy (JFK) al convertir en un delito federal punible con la muerte o cadena perpetua el asesinato del presidente, el presidente electo, el vicepresidente, el vicepresidente electo o cualquier persona que actúe de forma legal como presidente. Posteriormente, también se tipificó como delito federal el asesinato de un miembro del Congreso titular o electo. De Abraham Lincoln a Shinzo Abe Estados Unidos tiene una larga y desafortunada lista de magnicidios. Cuatro de sus presidentes fueron asesinados mientras estaban en funciones y otros nueve sobrevivieron a atentados. La muerte de JFK el […]
