“Se ha procedido a la apertura de un expediente de fiscalización ante eventuales infracciones”, respondió el MOP al oficio del parlamentario El Ministerio de Obras Públicas anunció que investigará la extracción irregular de agua, que camiones aljibe realizan desde el río Aconcagua, luego que el diputado Nelson Venegas denunciara este hecho y solicitara una investigación a la Dirección General de Aguas (DGA). El parlamentario presentó un oficio, en el que señalaba que vecinos de San Felipe han denunciado que en el sector del Puente El Rey se han observado camiones industriales tipo cisterna transportando agua que sería sacada del río Aconcagua, como también la posibilidad de que estén transportando aguas contaminadas. Ante esta situación y luego de conocidos los antecedentes remitidos al organismo por el diputado, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la DGA, respondió que “se ha procedido a la apertura de un expediente de fiscalización con el propósito de investigar eventuales infracciones al Código de Aguas”. “Creemos que es sumamente importante esta investigación y esperamos que los resultados estén disponibles lo antes posible, ya que situaciones tan graves como la que se ha denunciado no pueden seguir ocurriendo tras la mega sequía que afecta a la región de Valparaíso y particularmente a la provincia de San Felipe”, dijo Venegas. Recordó que esta situación “está perjudicando a miles de familias y pequeños agricultores que a diario ven como disminuye el nivel del caudal del río con el que deben abastecerse para poder regar sus cultivos”. Cabe destacar que el oficio fue enviado por el diputado y presidente de la Comisión de Recursos Hídricos, el 5 de abril y luego de tres meses hubo respuesta del organismo gubernamental. “Esperamos que la DGA, que está frente a una situación tan compleja, fiscalice como corresponde situaciones que son absolutamente graves”, concluyó. Santiago de Chile, 8 de julio 2022 Crónica Digital
agua
El 25 de marzo el Presidente promulgó la reforma al Código de Aguas, que fuera tramitada durante una década por el Congreso Nacional. Aunque fue un paso relevante, el Ejecutivo aún puede hacer mucho al respecto. En pleno proceso de incorporar al borrador de la Constitución diversos artículos asociados a la protección socioambiental y de la naturaleza, el gobierno de Gabriel Boric promulgó el 25 de marzo la reforma al Código de Aguas, que fuera tramitada durante una década por el Congreso Nacional. Fue éste un paso relevante en el ámbito de la generación de una nueva institucionalidad hídrica. El marco normativo recientemente publicado contiene múltiples y significativos cambios. El principal, establece una priorización para el uso -y no uso- de las fuentes hídricas, privilegiando el agua potable y saneamiento, las actividades de subsistencia, la sustentabilidad ambiental y el establecimiento de reservas de agua para esos fines esenciales. Hacer negocios con el agua, en desmedro de estas prioritarias funciones, fue relegada a un último lugar. En el caso del derecho humano al agua y al saneamiento, éste debe ser garantizado por el Estado. Y en el de los sectores de subsistencia, privilegia el acceso al agua a los comités y cooperativas de agua potable rural (APR), comunidades campesinas e indígenas. Mediante varios artículos, la ley simplifica el acceso al agua de estas organizaciones, además de eximirles del pago de patente. Además, en términos ambientales establece condiciones para la sustentabilidad de las fuentes de agua dulce porque “cumplen la función de preservación ecosistémica”: protege humedales, limita extracción en acuíferos, constituye caudales ecológicos para todas las futuras concesiones. Para los derechos ya otorgados impone caudales ecológicos en zonas que se encuentren amenazadas o degradadas, en las áreas protegidas, y para los casos de solicitudes de cambio de punto de captación y permisos para obras mayores. También obliga a la salvaguarda in situ de las aguas en áreas protegidas, mediante la constitución de reservas de agua con fines de conservación y la prohibición de otorgar concesiones hídricas en estos sectores especiales. Y se libera del pago de patente a aquellos derechos de agua denominados no extractivos, por estar destinados a la conservación, o a un uso recreacional y turístico. Asimismo, establece las posibilidad de extinción y caducidad de las nuevas concesiones de agua, bajo ciertas condiciones. ¿Qué opciones tiene el gobierno para fortalecer este camino? Aunque institucionalmente el gobierno no tiene injerencia directa en los contenidos de la Constitución que define la Convención, hoy aún tiene margen para avanzar en elevar el estatus al agua como elemento fundamental para el ser humano y parte esencial de la naturaleza. Una de las vías es que el Ejecutivo patrocine y ponga urgencia a la Ley de Protección de Glaciares, con el fin de fortalecer la seguridad hídrica del país y las comunidades. El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado, habiendo sido ya aprobado por las comisiones de Minería y Medio Ambiente. Ahora corresponde que lo revise la Comisión de Hacienda, que por lo menos hasta hoy no tenía fecha para la discusión del proyecto. El texto legal […]
“Esta iniciativa tiene que ver con reformar el SEIA. Esto se refiere a que todos los proyectos que requieran agua deban entrar a la evaluación de impacto ambiental”, aseguró la autora de la moción. En el marco de la crisis climática y de sequía que afecta al país, la diputada Cristina Girardi junto a un grupo transversal de parlamentarios presentará una iniciativa legal que establece la obligación de someter a evaluación ambiental a todo proyecto o actividad económica que requiera una cantidad de agua superior a aquella necesaria para regar 12 hectáreas de riego básico, excluyendo de esta forma a los pequeños agricultores. “Esta iniciativa tiene que ver con reformar el SEIA. Esto se refiere a que todos los proyectos que requieran agua deban entrar a la evaluación de impacto ambiental”, expresó la diputada Cristina Girardi (PPD), autora de la moción parlamentaria. “Hoy días las mineras que usan agua, todos los proyectos que se valúan en relación al agua, de riego, grandes palteros, no entran a evaluación de impacto ambiental y son los que más consumen .Sin embargo, no entran a ningún proceso de evaluación, por lo tanto estamos planteando una modificación a la ley 19.300 para que el artículo 10 y 11 de modifiquen las tipologías que requieren estudios e ingresen los proyectos que requieran agua”, agregó. Mientras, el diputado Jorge Brito (RD), puntualizó que “en la región de Valparaíso, por ejemplo, se instaló un modelo de producción de alimento asociado a los monocultivos de paltos, el cual ha consumido en su mayoría el agua superficial y subterránea en la zona, afectando a las comunidades de la zona quienes han sufrido las consecuencias del modelo de privatización y mercantilización relacionada al agua que tiene como primera prioridad abastecer a la industria extractiva”. “Dicho esto, creemos que esta iniciativa va en la dirección correcta, ya que es urgente legislar sobre la materia para que aquellos proyectos de inversión que se realicen en suelo nacional y utilicen agua, se sometan a un riguroso estudio de impacto ambiental”. Por su parte, la diputada Catalina Pérez (RD), sostuvo que “en el contexto de crisis hídrica y crisis climática, la protección de nuestros recursos naturales debe ser un imperativo ético en el nuevo Chile y para eso creemos que es necesario que todos los proyectos que requieran agua para su funcionamiento sean sometidos a evaluación ambiental y así podamos proteger nuestros territorios, su biodiversidad, y a las comunidades que lo habitan”. Finalmente, Girardi subrayó que en el proyecto quedan excluidos los pequeños agricultores y, de paso, criticó la aprobación del Código de Aguas. “Dejemos fuera a los pequeños agricultores, los que deben regar superficies menores y no impactan el medio ambiente. Tenemos que poner atención sobre este tema del agua. Lo que se aprobó hoy del Código de Agua es totalmente insuficiente”, cerró. El proyecto cuenta con apoyo transversal de parlamentarios, contando con las firmas de Cristina Girardi (PPD), Catalina Pérez (RD), Félix González (PEV), Jorge Brito (RD), Diego Ibáñez (CS) y José Miguel […]
Quedará pendiente aún decisión de la sala del Senado, último paso para que luego de una década el proyecto pueda convertirse en ley. Este martes, a partir de las 10 de la mañana, el pleno de la Cámara de Diputados votará el texto final de la reforma al Código de Aguas, luego que la semana pasada terminara su tramitación en la Comisión Mixta. Fueron 18 los artículos revisados y donde se mantenían diferencias entre lo acordado por los diputados y los senadores. Durante su última sesión, la comisión definió la retroactividad de la nueva normativa respecto de las cláusulas de extinción por no uso y caducidad por no inscripción en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces. Los derechos antiguos, además, quedaron “sujetos a todas las demás disposiciones de la presente ley”. Es día también se vio la prohibición de construir sistemas de drenaje en las zonas de turberas incluidas “por el Ministerio de Medio Ambiente en el inventario Nacional de Humedales” en las regiones de Aysén y de Magallanes y Antártica Chilena, agregándose la provincia de Chiloé y correspondiendo a la Dirección General de Aguas delimitar “el área en la cual se entenderán prohibidos los sistemas de drenaje”. La excepción a esta restricción será excepcional, “y en la medida que cuenten con una resolución de calificación ambiental”, pudiendo “desarrollarse proyectos públicos y privados de conectividad vial en fajas acotadas, con el trazado menos invasivo para dichas zonas y con obras que permitan un flujo de las aguas que asegure la mantención de dichos sistemas ecológicos”. El proyecto de ley que reforma el Código de Aguas ingresó a trámite en la Cámara de Diputados en 2011, completando ya más de 10 años de tramitación legislativa. En esta década, la iniciativa fue aprobada por los diputados el 22 de noviembre de 2016, luego de ser revisado por las comisiones de Recursos Hídricos, Agricultura y Hacienda. A continuación fue tramitado en las comisiones de Recursos Hídricos, Agricultura y Constitución de la Cámara Alta, siendo aprobada por el pleno del Senado el 4 de agosto de 2021. Posteriormente volvió a la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Baja, cuyo pleno aprobó el 7 de septiembre pasado las 112 modificaciones realizadas por el Senado, quedando otros 18 artículos sin acuerdo. Éstos debieron ser revisados por la Comisión Mixta, que luego de tres sesiones, la semana pasada terminó de zanjar las diferencias entre las dos corporaciones y cuyo texto final deberá ser zanjado por ambos plenos. La votación en la sala del Senado aún no está agendada.
Son 18 los artículos en controversia, los que una comisión técnica compuesta por los asesores de los legisladores, la Dirección General de Aguas (DGA) y el ex director de la DGA Carlos Estévez, dividió en 4 grupos: consumo humano, saneamiento y usos domésticos de subsistencia; aguas del minero; características de las concesiones; otros no agrupables. Según la comisión, hay acuerdo en 16 de los 18 temas a abordar. Resta aún por discutir y votar los más complejos y sobre los cuales no hay acuerdo definitivo: protección de turberas, aguas del minero y artículo primero transitorio sobre las condiciones en que el nuevo articulado se aplicará a los derechos de aprovechamiento constituidos previo a la entrada en vigencia de la ley. Un rápido avance ha tenido la discusión de las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado, desde que el martes 7 de diciembre comenzara la votación de los contenidos en la Comisión Mixta constituida para el efecto. Son 18 los artículos en controversia, los que una comisión técnica compuesta por los asesores de los legisladores, la Dirección General de Aguas (DGA) y el ex director de la DGA Carlos Estévez, dividió en 4 grupos: consumo humano, saneamiento y usos domésticos de subsistencia; aguas del minero; características de las concesiones; otros no agrupables. Según la comisión, hay acuerdo en 16 de los 18 temas a abordar. Durante la sesión del martes 7 de diciembre ya se zanjó todo lo relacionado con el primer bloque, ratificando en el artículo 5˚ que “las aguas cumplen diversas funciones principalmente las de subsistencia que incluyen el uso para el consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia; de la preservación ecosistémica y las productivas”. Esto se complementa con el inciso 2˚ del mismo artículo que establece que “siempre prevalecerá el uso para el consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento, tanto en el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento” y el 5˚ que determina que “cuando se concedan derechos de agua para el consumo humano y el saneamiento solo podrá utilizarse dicha agua para fines distintos en la medida que se destinen a un uso no consuntivo y prevalezca la preferencia al consumo humano y el saneamiento” Estos acuerdos permitirán la priorización de su uso (y no uso), lo cual es uno de los fundamentos de la reforma. Además, se acordó validar que en caso que la Dirección General de Aguas emita una resolución que determine la extinción del derecho de aprovechamiento (por no uso) podrán existir los recursos de reconsideración (ante la misma autoridad) y de reclamación (ante la Corte de Apelaciones), quedando sólo esta última con la facultad de suspender el cumplimiento del acto administrativo. Últimos acuerdos El miércoles 15 de diciembre se continuó con la discusión, expresamente dirigida a zanjar las diferencias sobre las “aguas del minero”, sin embargo este debate se postergó, enfocándose en las áreas de restricción y características de las concesiones, donde había más posibilidades de acuerdo. Es así que se […]
El proyecto será votado el día de mañana en particular en la Cámara Baja. En la Comisión de Economía de la cámara de diputadas y diputados fue aprobado hoy el proyecto que prorroga la ley que evita el corte por deuda de los servicios básicos de luz, agua y gas y que vence el 31 de diciembre próximo. Boris Barrera, uno de los legisladores autores de la moción, recordó que, de acuerdo a cifras de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, más de 728 mil chilenos y chilenas se encuentran morosos en sus cuentas de electricidad, los que podrían quedar sin luz si se aplica la actual ley. Mientras que cerca de 600 mil usuarios de agua potable se encuentran en igual situación, de acuerdo con la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). La discusión y votación en particular continuará en la sesión de mañana martes y las y los diputados de oposición expresaron su malestar porque el Ejecutivo no se ha pronunciado sobre la materia. El proyecto señala que dado el escenario generado por el aumento de las deudas de servicios básicos en el contexto de la pandemia “se hace necesario buscar soluciones que mantengan por un tiempo significativamente mayor las ayudas sociales y los esquemas de protección social y de contención de los gastos en servicios básicos de los hogares, quienes han sufrido una carga gigantesca, la cual debe ser aminorada de manera imperiosa”. Por ello, la moción busca “extender el plazo en un año para impedir los cortes y ampliar la cobertura de la población resguardada al 100% de vulnerabilidad”
En la Comisión de Economía de la cámara de diputadas y diputados fue aprobado hoy el proyecto que prorroga la ley que evita el corte por deuda de los servicios básicos de luz, agua y gas y que vence el 31 de diciembre próximo. Boris Barrera, uno de los legisladores autores de la moción, recordó que, de acuerdo a cifras de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, más de 728 mil chilenos y chilenas se encuentran morosos en sus cuentas de electricidad, los que podrían quedar sin luz si se aplica la actual ley. Mientras que cerca de 600 mil usuarios de agua potable se encuentran en igual situación, de acuerdo con la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). La discusión y votación en particular continuará en la sesión de mañana martes y las y los diputados de oposición expresaron su malestar porque el Ejecutivo no se ha pronunciado sobre la materia. El proyecto señala que dado el escenario generado por el aumento de las deudas de servicios básicos en el contexto de la pandemia “se hace necesario buscar soluciones que mantengan por un tiempo significativamente mayor las ayudas sociales y los esquemas de protección social y de contención de los gastos en servicios básicos de los hogares, quienes han sufrido una carga gigantesca, la cual debe ser aminorada de manera imperiosa” Por ello, la moción busca “extender el plazo en un año para impedir los cortes y ampliar la cobertura de la población resguardada al 100% de vulnerabilidad” Santiago de Chile, 13 de diciembre 2021 Crónica Digital
El estudio “Percepción ciudadana sobre el agua en Chile: Desafíos y perspectivas”, da a conocer la percepción de la ciudadanía sobre distintos temas relacionados con la crisis y gestión del agua en Chile, tales como: la propiedad del agua, su función como bien nacional de uso público, su rol en el ámbito productivo y recreativo, en el consumo humano y la relación cultural con el agua, así como los temas del agua que se discutirán en la elaboración de la nueva Constitución. El estudio fue desarrollado por Ecoigualdad – Programa de Medio Ambiente del Instituto Igualdad -, con la colaboración del Centro de Estudios del Futuro (CEF) de la Universidad de Santiago de Chile. La encuesta fue ejecutada por la Agencia de investigación y sondeo social de opiniones y conductas, Tú Influyes, y financiado por la Fundación Friedrich Ebert. Los datos revelan información importante en el contexto de la crisis hídrica, y la nueva institucionalidad emergente en Chile, reflejada en los recientemente elegidos Gobiernos Regionales y las definiciones del proceso constituyente. De la misma forma es relevante tener en cuenta por las nuevas autoridades políticas electas del parlamento y consejeros regionales, así como por el nuevo gobierno que se elegirá en el mes de diciembre. El estudio revela que el 82% de los chilenos cree que la situación hídrica empeorará en su región durante los próximos años, concentrándose esta percepción mayoritariamente en la zona central del país (zona centro (87%), centro norte (85%), centro sur (84%)). Respecto de las causas de la crisis del agua, entre los múltiples factores, la opinión mayoritaria se concentra en el cambio climático, la sequía, y la sobreexplotación del agua, con un 25%, 21%, y 14% respectivamente. Sobre el uso del agua, la encuesta revela que el agua de los ríos debe tener un uso prioritario para el consumo humano (41%), así como para la conservación de la naturaleza (40%) y la agricultura campesina (14%) y sólo un 1% para uso turístico, agricultura industrial o industria minera respectivamente. El 96% de los encuestados cree que debería limitarse el uso de agua en la producción industrial, resguardando el agua para los ecosistemas naturales (lagos, ríos, humedales, turbas, napas subterráneas). Uno de los elementos interesantes es la variabilidad de algunas de las respuestas dependiendo de la zona geográfica de procedencia, lo que indicaría que si bien existe una percepción de crisis hídrica transversal, la visión de sus causas y efectos está determinada por las características propias de las regiones. Los resultados de esta encuesta serán analizados en el seminario abierto “Percepción sobre el agua en Chile: Desafíos y perspectivas”el próximo martes 30 de noviembre a las 18:30 horas. En la ocasión participarán Sara Larraín, Directora Ejecutiva del Programa ChileSustentable; el Senador de la región de Los Ríos, Alfonso De Urresti; el Constituyente de Valparaíso Interior, Claudio Gómez; Ulrike Broschek, Líder Escenarios Hídricos de Fundación Chile; y Fernando Krauss, Coordinador de EcoIgualdad. Inscripciones al correo: medioambiente@igualdad.cl Santiago de chile, 29 de noviembre 2021 Crónica Digital
Este miércoles 22 en el Cajón del Maipo, la ex ministra y candidata a senadora Claudia Pascual, junto a Daniela Serrano, Amaro Labra y Fernando Monsalve, candidatos a diputados y Rodrigo González, candidato a CORE, establecieron su compromiso con la defensa del agua y de la precordillera. En relación con esto, Claudia Pascual indicó que “el agua debe ser de consumo preferencial para las personas y comunidades. Mi compromiso es con su defensa a través de una ley que la declare un derecho humano, el cual debemos garantizar para todas las personas y comunidades en nuestro país, sobre todo considerando los efectos del cambio climático. Particularmente debemos cuidar el agua que emana de la cordillera aquí en el Cajón del Maipo, ya que es la fuente principal de abastecimiento de la Región Metropolitana y hoy proyectos como Alto Maipo ponen en cuestión la sustentabilidad de ella como recurso”. Las candidaturas por San José de Maipo, Pirque, La Pintana, La Florida y Puente Alto firmaron un compromiso que establece 5 medidas concretas para impulsar de llegar al Senado, la Cámara de Diputadas y Diputados y el Consejo Regional. Las medidas son: fortalecer la Superintendencia del Medio Ambiente; la protección de ríos y glaciares; trabajar por una institucionalidad que vele por la sustentabilidad y sostenibilidad de los territorios; priorizar los temas medioambientales; y fortalecer la Dirección General de Aguas con más recursos para la fiscalización, mejorando los canales para denuncias ciudadanas. Al respecto, Daniela Serrano, presidenta de las Juventudes Comunistas y candidata a diputada, señaló que “el compromiso con el medioambiente y el acceso al agua es un compromiso con las personas y su dignidad. La explotación indiscriminada de nuestros recursos naturales y las zonas de sacrificio afectan directamente a las personas más vulnerables y no vamos a dejar que eso siga ocurriendo”. Amaro Labra Sepúlveda, diputado que va a la reelección y miembro de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara, manifestó que “nuestro deber es que el pueblo siga creciendo en dignidad, esa dignidad que se manifiesta en un derecho básico como el agua, que hoy está secuestrado por un modelo que sólo lo mira como un bien comerciable. Debemos trabajar por detener el extractivismo y fortalecer la institucionalidad y los canales ciudadanos para una distribución justa y digna”. En tanto, el abogado y candidato Fernando Monsalve enfatizó en que “durante décadas algunos inescrupulosos han acaparado y lucrado con el agua que corresponde en derecho a todos y todas. Esta apropiación indebida y vulneratoria de un derecho tan básico como el agua y su acceso por tod@s ha sido amparada y resguardada por el sistema inhumano vigente. Será una de las tareas fundamentales del futuro gobierno y del parlamento el resguardar este derecho básico para tod@s y no seguir permitiendo estos abusos. Finalmente, el candidato a Consejero Regional por la provincia Cordillera, Rodrigo González, explicó que “La soberanía nacional de las aguas debe ser protegida y promovida por el Estado y sus instituciones como un derecho humano esencial y […]
Plazos para la causal de extinción, situación de turberas en Aysén, procedimientos relativos a las “aguas del minero” y el régimen que se aplicará a los derechos de agua ya entregados, entre las principales controversias. Los diputados Daniella Ciccardini (PS), Juan Antonio Coloma (UDI), Frank Sauerbaum (RN), Diego Ibáñez (CS) y Gabriel Ascencio (DC), y los senadores Isabel Allende (PS), Claudio Alvarado (UDI), Adriana Muñoz (PPD), Juan Ignacio Latorre (RD) y Juan Castro (RN) serán los encargados de dirimir los últimos ajustes a la reforma al Código de Aguas. Ellos y ellas integrarán la Comisión Mixta que revisará las discrepancias entre lo aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados, luego que esta última corporación votara el martes las enmiendas de los senadores. El Senado propuso a la Cámara Baja 130 modificaciones al proyecto que los diputados aprobaron en 2016, pero 18 no lograron pasar. Temas críticos pendientes Uno de los temas que tuvo votación dividida fue la pérdida del derecho de aprovechamiento en el caso de no utilización para el cual fue adjudicado, situación que hoy sólo se grava mediante el pago de patente. La Cámara aprobó que el plazo para extinguirlos por esta causal fuera de 4 años para los consuntivos, 8 para los no consuntivos. Este período fue modificado por el Senado de 5 y 10 años respectivamente, lo cual fue rechazado por los diputados. También será revisado por la Comisión Mixta el artículo agregado por el Senado que señala que “los titulares de pertenencias mineras y de concesiones mineras de exploración que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley estuvieren utilizando las aguas halladas en virtud de sus labores mineras y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 56 bis de este Código y del artículo 110 del Código de Minería, deberán informar a la Dirección General de Aguas los volúmenes extraídos con la forma y los requisitos prescritos en el inciso final del artículo 56 bis del Código de Aguas en el plazo de dos años contado desde la entrada en vigencia de esta ley”. Uno de los temas con mayor oposición se relacionó con el artículo que “prohíbe la constitución de sistemas de drenaje en las zonas de turberas existentes en las regiones de Aysén y de Magallanes y Antártica Chilena”. Los senadores habían agregado el siguiente inciso: “Excepcionalmente, y en la medida que cuenten con una resolución de calificación ambiental, se permite el desarrollo de proyectos públicos de conectividad vial, en fajas acotadas, con el trazado menos invasivo para dichas zonas y con obras que permitan un flujo de las aguas que permitan la mantención de dichos sistemas ecológicos”. Más de un centenar de legisladores no estuvieron de acuerdo con la enmienda. Incluso el diputado Gabriel Ascencio en particular solicitó que la prohibición también se extienda a la región de Los Lagos. Desde la ciudadanía, además, se ha planteado que en caso de establecerse excepciones éstas involucren Estudio de Impacto Ambiental (y no sólo declaración) y que las obras “sean necesarias para el desarrollo de las actividades de usos sustentables por parte de comunidades locales e indígenas y para la ejecución de obras de conectividad y servicios básicos indispensables para estas comunidades”, con el fin de no privilegiar actividades privadas industriales […]
