Durante 2022, la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, sufrió amenazas, ofensas, un intento de asesinato y una condena judicial, hechos que conmovieron a ciudadanos, organizaciones y líderes de varios países. Por Glenda Arcia* En menos de un año, integrantes de agrupaciones de extrema derecha, como Revolución Federal, lanzaron cocteles molotov contra la Casa Rosada, colocaron bolsas mortuorias con fotos suyas en los alrededores de la sede de Gobierno, aseguraron que la llevarían a la horca y lanzaron basura al Instituto Patria, fundado por ella. El 1 de septiembre, un hombre llamado Fernando Sabag trató de matarla con una pistola mientras ella saludaba a personas reunidas en las afueras de su domicilio en el capitalino barrio de Recoleta para expresarle su apoyo ante la constante persecución judicial. Aunque apretó dos veces el gatillo, la bala no salió, lo cual fue considerado por muchos como un milagro. Siento que estoy viva por Dios y por la Virgen, afirmó Fernández pocos días después e instó a reconstruir el pacto social establecido tras la última dictadura militar en este país (1976-1983), el cual resultó gravemente dañado por semejante agresión. Tras el ataque, comenzó un proceso investigativo, cuestionado por la exjefa de Estado por las irregularidades cometidas y la negativa de la jueza María Eugenia Capuchetti a continuar indagando cuando las pistas apuntaban a presuntos lazos entre tres detenidos, fuerzas extremistas, políticos opositores y empresarios vinculados al exmandatario Mauricio Macri (2015-2019). Finalmente, el 6 de diciembre el Tribunal Oral Federal 2 impuso una pena de seis años en prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la también titular del Senado de la Nación por supuesta administración fraudulenta en perjuicio de la gestión pública. Este veredicto corresponde a la llamada Causa Vialidad por presuntas irregularidades en la adjudicación de 51 obras en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, hechos que la expresidenta rechazó y desmintió durante tres años de audiencias. La exjefa de Estado señaló la existencia de un Estado paralelo, una mafia y un partido judicial que la procesaron por delitos que no cometió. Además, aseguró que su inhabilitación es la verdadera condena buscada por jueces, fiscales, empresarios y políticos contrarios al peronismo. En varias oportunidades antes de la sentencia, Fernández advirtió estar ante un pelotón de fusilamiento y alertó sobre un partido judicial, reemplazante del militar que impedía expresar libremente la voluntad popular y condicionaba la democracia durante la dictadura. Esta causa será estudiada en el futuro como ejemplo de este período tan nefasto en el que los juzgados dejaron de serlo para convertirse en representantes de un sector político, afirmó. Llegará un momento en el que los responsables tendrán que responder por todo lo que hicieron durante esta etapa. La historia condenará a quienes tomaron decisiones para estigmatizar a fuerzas políticas y personas, sin pruebas y en violación abierta de la Constitución, aseveró. En ese contexto descartó ser candidata a presidenta en 2023 para no someter al peronismo a que lo maltraten en período electoral. Magnetto (Héctor Horacio, […]
