El diputado comunista Daniel Núñez denunció que el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, no citó al titular de Desarrollo Social, Marcos Barraza, a la sesión del Consejo de ministros que aprobó el acuerdo Corfo Soquimich con la intención de impedir que la autoridad expresara su opinión disidente al nuevo contrato alcanzado con la minera.
Este es uno de los argumentos que forma parte del escrito ingresado a Contraloría para que el organismo rechace la toma de razón del arreglo entre Corfo y SQM. El documento también es suscrito por la diputada Alejandra Sepúlveda y el diputado electo Jaime Mulet. También participaron en el ingreso de la solicitud el coordinador nacional del Movimiento Litio para Chile, Miguel Soto, y el vicepresidente de la Feusach, Cristopher Hidalgo.
“Este contrato que le han pedido tomar razón entre Corfo y Soquimich es un contrato ilegal, porque tiene vicios de procedimiento que incumple las normas básicas de probidad que tiene la administración pública y hay pruebas fehacientes: el propio Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, afirmó que él no fue citado al Consejo de Ministros de la Corfo que votó este tema. Esa no citación fue hecha a propósito por el actual vicepresidente ejecutivo Bitrán que no quiso que hubiera una voz disidente ahí. El problema es que esa voz disidente y opinión distinta puede haber cambiado el voto de otros ministros”, recalcó Núñez.
El parlamentario por la Región de Coquimbo lamentó el rol jugado por Bitrán y adelantó que pasará a la historia por “haber avalado esta privatización absolutamente corrupta del litio”.
“Eduardo Bitrán lamentablemente se ha convertido en una figura que va a pasar a la historia de Chile por haber avalado esta privatización absolutamente corrupta del litio y a mí no me cabe ninguna duda de que él es parte de este engranaje de corrupción y yo lo lamento profundamente, pero lo que él ha hecho no tiene ninguna lógica racional”, enfatizó.
El diputado aseguró que “este contrato no puede ser validado”.
“Cuando está en juego el patrimonio público, que en el fondo es la riqueza del país y administra el Estado, la Contraloría no puede avalar ese acto. Por eso que este contrato es absolutamente ilegal además de todo lo que conocemos sobre financiamiento ilegal de la política y prácticas antisindicales, por lo tanto es evidente que este contrato no puede ser validado”, destacó.
Finalmente, Núñez advirtió que si Contraloría da luz verde al acuerdo recurrirá a organismos internacionales para impugnar el contrato.
“Si al final nuestras críticas no son oídas, nos va a quedar ir a organismos internacionales y vamos a tener que denunciar a Chile ante la oficina de Naciones Unidas que combate la corrupción diciendo que lamentablemente nuestro país avala la corrupción institucionalmente y eso va a hacer que escale un conflicto internacional de otras proporciones”, sugirió.
Santiago de Chile, 8 de marzo 2018
Crónica Digital
