Por Marcel Garcés Muñoz
El segundo aniversario de la protesta social del 18 de octubre 2019 ha reavivado la discusión política, ideológica, de un hecho sin duda histórico de la historia reciente del país, y de su indudable carácter político y social y de las consecuencias inmediatas y remotas del acontecimiento.
Sin duda ese 18 de octubre es un hecho fundacional que provocó un inédito proceso de reagrupamiento y conciencia histórica de las fuerzas sociales y política y de la emergencia de nuevos liderazgos que hizo evidente el protagonismo de actores existentes desde hace tiempo, pero negados, tergiversados y manipulados por los administradores habituales del escenario político nacional, las oligarquías de poder, los clanes económicos, los tradicionales detentadores del poder.
Fue sin duda, y de acuerdo a una valoración histórica objetiva, la explosión de una fuerza social, de una tensión contenida, de la presión que buscaba una salida, el estallido de una caldera imposible de contener, abriendo un camino que no ha terminado de explorar, pero que tiene un horizonte continuo, con avances, desafíos y aún obstáculos, pero que la ciudadanía estima necesario, obligatorio, desafiar y seguir avanzando.
Por ello, es falsa la disyuntiva que El Mercurio, la derecha y el Gobierno del presidente Piñera, han pretendido instalar, entre el orden establecido -en realidad su orden oligárquico- y las legítimas demandas ciudadanas.
La negación y falsificación de la realidad, lo que busca no solo es demonizar la expresión soberana de la ciudadanía, sino que eliminar el derecho a la protesta, y el ejercicio de la democracia, de los derechos humanos, sociales, económicos del pueblo.
La realidad y constatación histórica es que la violencia, el terrorismo, el crimen, la delincuencia política, la corrupción, la represión el genocidio, han sido instalados en el escenario nacional por la Derecha, las oligarquías, los clanes, económicos, empresariales, militares, en alianza y subordinados a las transnacionales y poderes imperiales.
Precisamente de eso se trata cuando la propaganda derechista abruma a través de editoriales, declaraciones, análisis de “expertos”, encuestas, con sus ataques a la Convención Constituyente, el órgano legislativo más democrático, representativo, que se ha dado la ciudadanía, el pueblo, en toda la historia del país.
No se trata entones de lamentaciones sobre puntuales hechos de violencia, saqueos, incendios, cuya autoría e intenciones son claramente sospechosos, a los que la policía llega habitualmente tarde, y más bien parecen corresponder a un libreto diseñado previamente por los propios servicios de inteligencia policial y las academias políticas de la Derecha.
Habría que hacerse entonces la clásica pregunta de “a quién sirven” estos hechos, cuales son sus objetivos políticos, quienes promueven y financian, manipulan, coordinan su accionar.
El saqueo, el asalto a pequeños almacenes, el crimen alevoso nunca ha sido un método, un instrumento de las luchas populares y democráticas, pero si lo han sido de las bandas paramilitares ( tipo Patria y Libertad, los comandos Rolando Matus, las pandillas armadas y protegidas por la UDI, en el último tiempo, los grupos de autodefensa en Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, y otras comunas y en La Araucanía, y ciertos comandos apoyados en cir4culos militares en Iquique y otras puntos del país).
No faltan ejemplos en la historia reciente del país, y cómo contribuyeron a la desestabilización de la democracia, y al ambiente subversivo, la insurgencia y la campaña del terror que ambientaron y promovieron el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
Lo que se busca es tergiversar, caricaturizar a la Convención. En definitiva, desnaturalizarla, para en definitiva deslegitimarla.
Lo que se busca es falsificar, pero sobre todo desconocer el sentido profundo del fenómeno fundacional, representativo, democrático, desatado en el escenario nacional, su sentido y contenido histórico y político, pero sobre todo la perspectiva del cambio social puesto en marcha con nuevos liderazgos y objetivos surgidos de las permanentes aspiraciones ciudadanas.
Lo evidente es que el segundo aniversario del 18 de octubre de 2019, constató y dio un impulso nacional a la fuerza y voluntad de cambio en el país, superó a la contraposición absurda y falsa que se pretendió imponer a la Opinión Pública, de ¿Celebrar o Conmemorar?.
La fecha ya está instalada en la historia contemporánea del país y del pueblo.
La respuesta la dio también colectivamente Chile entero, con la magnitud de la movilización popular, aprobando una vez más en una nueva versión del “Apruebo”, y celebrar, con alegría, en un ambiente festivo vital, el banderazo inicial de un proceso social en marcha.
Se equivocaron una vez más en la lectura del sentido profundo del fenómeno desatado en el escenario nacional, su contenido histórico y político, pero sobre todo de la perspectiva del cambio social y la emergencia de nuevos liderazgos y del rescate y puesta en perspectiva de objetivos surgidos de las permanentes aspiraciones ciudadanas.
Además, el acto colectivo de celebración, de alegría en movimiento, subrayó este 18 de octubre lo separado que están del alma nacional, los defensores del orden antiguo, los nostálgicos de la dictadura, los enemigos del cambio y el progreso. No faltan ejemplos en la historia reciente del país, y como contribuyeron a la desestabilización de la democracia, y al ambiente subversivo, la insurgencia y la campaña del terror que ambientaron y promovieron el Golpe de estado del 11 de septiembre de 1973.
Tal vez, el Subsecretario del Interior, tenga mayor información al respecto ya que en un acto de intervención electoral acusó de los actos de violencia del lunes18 de octubre, a los candidatos presidenciales, Yasna Provoste y Gabriel Boric, como a la ex presidenta del Revolución Democrática, Catalina Pèrez y el constituyente Fernando Atria.
Aquí queda claro el descarado objetivo político intervencionista de La Moneda.
La desvergonzada e ilegitima intromisión de un funcionario de gobierno, encargado del “orden público” y del manejo político represivo de Carabineros, la PDI, los servicios de Inteligencia, en el ámbito electoral, no puede tener otro sentido y objetivo que desconocer el proceso político presidencial y agredir a los candidatos progresistas y sobre todo, descalificar la legitimidad, la misión histórica, el protagonismo, y el rol de la Convención Constituyente.
Por Marcel Garcés Muñoz
Periodista
Director de Crónica Digital
Santiago de Chile, 19 de octubre 2021
Crónica Digital
