El diputado PC crítica que el proyecto en cuestión haya sido puesto sobre tabla sin discusión, pues a juicio del parlamentario, se debe dar un debate serio para asegurar que las aguas subterráneas utilizadas para geotermia sean reutilizadas para el uso humano y no queden en dominio absoluto de los concesionarios de proyectos geotérmicos.
El pasado miércoles 23 de diciembre la Cámara de Diputados votó en tercer trámite legislativo el proyecto de ley que amplía giro de ENAP y que permitiría a la empresa estatal, en asociación con privados, entrar al mercado de la generación eléctrica termo solar y geotérmica.
El diputado del Partido Comunista crítico que el proyecto de ley fuera puesto sobre tabla el último día legislativo del 2015 y que, además, se solicitara, por acuerdo de los comités, votarlo sin discusión. “Esto es una vil maquinaria del engaño. Un proyecto que afecta derechos fundamentales de los pueblos originarios y de las comunidades del interior de las regiones del norte, no puede ser votado de forma exprés. Lo peor de todo es, que el ministro Máximo Pacheco insista que este proyecto no tiene nada que ver con derechos de agua. Encuentro insólito y decepcionante que una vez más, de forma solapada, se pretenda beneficiar a los grandes grupos económicos. Yo vote en favor de la idea de legislar este proyecto, porque creo que el estado, a través de ENAP, debe ser un participante activo en la generación de energía, pero estoy absolutamente en contra de que se use esta ley para esconder en un párrafo, una maniobra de aprovechamiento de aguas para la gran minería. Aquí hubo mano negra”, acusó.
Por otra parte, el artículo tercero del proyecto fue, desde el inicio de su trámite legislativo, enérgicamente criticado por el diputado Hugo Gutiérrez y por comunidades aymaras y quechuas de la Primera Región por otorgar a los concesionarios derechos de aprovechamiento sobre las aguas subterráneas alumbradas en las labores de exploración y explotación geotérmica.
La posición del diputado Gutiérrez, desde que ingresó el proyecto al Congreso, consistió en que se debía cautelar que las aguas alumbradas fueran encausadas o reaprovechadas para el uso agrícola o ganadero de comunidades indígenas y agrícolas. “No es posible que en zonas de escasez hídrica y utilizadas por comunidades para la agricultura y el pastoreo, se use el criterio de ´el agua del minero´”, sostuvo el representante de la región de Tarapacá.
“Al otorgar el derecho de absoluto aprovechamiento a los concesionarios se está hipotecando el futuro de la vida en Tarapacá y el norte de Chile. Se supone que, si esas aguas van a ser aprovechadas para actividades de geotermia, una vez utilizadas esas aguas para los fines de la concesión, lo que correspondería, es que debieran destinarse para el uso humano, sino estas aguas van a ser mercantilizadas hacia la actividad minera, sacando los concesionarios de los proyectos geotérmicos doble provecho, uno para el uso de energía geotérmica y otro, posterior al uso, para vendérselas a la gran minería.”, sentenció Gutiérrez.
El controversial artículo tercero, fue aprobado por 79 votos a favor, 14 abstenciones y los votos en contra de los diputados Hugo Gutiérrez (PC) y Christian Urizar (PS).
Por su parte el artículo segundo, fue rechazado en la Cámara por haber sido eliminada en el Senado la referencia que señalaba “que los efectos de la orden de paralización y/o suspensión de las obras no podrán suspenderse cuando la concesión contemple tierras indígenas con uso ancestral, definidas en el Convenio Nº 169 o tierras de comunidades agrícolas”. Lo anterior, dejaría a las comunidades y pueblos originarios en la indefensión, ya que, de aprobarse en comisión mixta la enmienda del Senado, podrían quedar en nada los efectos de una eventual orden judicial de paralización o suspensión de las obras.
Diversas comunidades indígenas de la región de Tarapacá han anunciado movilizaciones para que se reponga lo eliminado por el Senado y se corrija la redacción del artículo tercero. Desde ya, advirtieron llevar a la justicia internacional la normativa por no cumplir con el Convenio 169 de la OIT.
Santiago de Chile, 28 de diciembre 2015
Crónica Digital
