AVANCES JUDICIALES EN CASOS DE SECUESTROS Y ASESINATOS COMETIDOS DURANTE LA DICTADURA

Ministro sentencia a agentes de la DINA por secuestro y ordena indemnización de 100 millones de pesos

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Leopoldo Llanos Sagistrá dictó condena de primera instancia en la investigación por el secuestro calificado de María Cecilia Labrín Saso, detenida desaparecida desde el 12 de agosto de 1974, en la Región Metropolitana.

El magistrado dictó sentencia en contra de los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que participaron en la desaparición de María Cecilia y que consta que fue recluida en el centro de detención clandestino de Londres 38.

Se trata de Manuel Contreras, Marcelo Moren, Miguel Krassnof y Basclay Zapata, condenados a 10 años y un día de presidio, sin beneficios.

En el aspecto civil, el magistrado condenó al Fisco y los condenados a pagar una indemnización de cien millones de pesos a los familiares de la víctima.

Detienen a los asesinos de Manuel Flores y Germán Osorio, militantes del MIR

El juez Mario Carroza ordenó la detención y prisión preventiva de tres ex agentes de la CNI, imputados del homicidio calificado de los militantes del MIR Manuel Flores Durán de 28 años y Germán Osorio Pérez de 30. Ambos, el 19 de abril de 1983, fueron fueron acribilliados a balazos en la Villaseca frente al No 185, por la denominada “Brigada Azul” de la entidad represora, asesinato que luego fue presentado como un “enfrentamiento”.

El juez procesó a Rodolfo Olguín González, Víctor Ruiz Godoy y Aquiles González Cortés, que eran agentes de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), y quienes dispararon cerca de 40 balazos contra de los opositores.
Santiago de Chile, 9 de mayo 2013
Crónica Digital

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DENUNCIAN QUE GOBIERNO TRATÓ DE SILENCIAR MARCHA ESTUDIANTIL

Jue May 9 , 2013
Dirigentes estudiantiles coincidieron  en que la ruta autorizada por el Gobierno para la última marcha tuvo por intención hacer invisible la movilización, a la que asistirían miles de personas. «El itinerario trazado por la Intendencia tuvo la finalidad de restar visibilidad a un movimiento social que saca más de 150 mil personas a las calles, ya que la demanda que tienen los estudiantes plasma el sentir de una ciudadanía, de un pueblo», declaró a Prensa Latina el vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), Moisés Paredes. De acuerdo con el dirigente, el pueblo chileno está pidiendo que no se le de educación de acuerdo con la cantidad de dinero que tiene en el bolsillo, sino que la enseñanza sea pública, que sea un punto de trascendencia social, y ese llamado el Gobierno no quiere que se continúe reproduciendo. Según Paredes, es evidente «la persecución a los dirigentes secundarios, a los presidentes de centros de alumnos, a personas que quieren movilizar a su colegio, se intenta coartar la movilización del estudiante, las discusiones dentro de las instituciones y reprimir a toda persona que pueda generar -como ellos dicen- un foco de conflicto dentro de los establecimientos». Por su parte, el vocero de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) Diego Vela, también consideró que el itinerario autorizado a última hora por la Intendencia de la Región Metropolitana evitó un largo recorrido por la emblemática Alameda y otros puntos más visibles de la capital. «Hemos demostrado que podemos marchar pacíficamente y expresar las demandas de fondo que tenemos en el país», comentó Vela a Prensa Latina, inconforme con la ruta de la marcha de este miércoles, a la que según los organizadores asistieron unas 80 mil personas. En opinión del dirigente juvenil, quien preside la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, no es normal que mes tras mes marchen milesde personas en reclamo de una enseñanza pública, gratuita y de calidad, y no se logren cambios de fondo en la educación. «Necesitamos abrirnos hacia un Estado de derecho en cuanto a la educación, y evitar la vulnerabilidad», subrayó. El vocero de la Confech, organización que agrupa a más de 30 universidades públicas y privadas del país, consideró que la  presencia de padres, trabajadores y representantes de otros sectores en las marchas es símbolo de que el mal contra el que se lucha está generalizado. «Es la evidencia de que la injusticia en la educación la vivimos todos, y es una muestra de que la indignación individual se convierte en colectiva, y por eso hay que soñar con un país distinto», enfatizó el dirigente. La colorida marcha del 8 de mayo se desarrolló de manera pacífica durante todo el trayecto, sin embargo al final de la misma, mientras se desarrollaba el acto clausura, se produjeron enfrentamientos entre fuerzas especiales de Carabineros y grupos de jóvenes, muchos de ellos encapuchados. Con carros lanza-agua y gases lacrimógenos la policía arremetió contra los manifestantes, quienes lanzaron piedras, palos y pedazos de hierro a los efectivos antimotines, ataviados con cascos, escudos y rodilleras. Luego de la marcha, el ministro del Interior Andrés Chadwick hizo un llamado al Parlamento para que apruebe con la máxima rapidez una iniciativa conocida como Ley Hinzpeter, presentada por el Gobierno para castigar severamente a quienes actúen encapuchados en las marchas. Por Enrique Torres, PL Santiago de Chile, 9 de mayo 2013 Crónica Digital / PL

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