Dirigentes estudiantiles coincidieron en que la ruta autorizada por el Gobierno para la última marcha tuvo por intención hacer invisible la movilización, a la que asistirían miles de personas.
«El itinerario trazado por la Intendencia tuvo la finalidad de restar visibilidad a un movimiento social que saca más de 150 mil personas a las calles, ya que la demanda que tienen los estudiantes plasma el sentir de una ciudadanía, de un pueblo», declaró a Prensa Latina el vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), Moisés Paredes.
De acuerdo con el dirigente, el pueblo chileno está pidiendo que no se le de educación de acuerdo con la cantidad de dinero que tiene en el bolsillo, sino que la enseñanza sea pública, que sea un punto de trascendencia social, y ese llamado el Gobierno no quiere que se continúe reproduciendo.
Según Paredes, es evidente «la persecución a los dirigentes secundarios, a los presidentes de centros de alumnos, a personas que quieren movilizar a su colegio, se intenta coartar la movilización del estudiante, las discusiones dentro de las instituciones y reprimir a toda persona que pueda generar -como ellos dicen- un foco de conflicto dentro de los establecimientos».
Por su parte, el vocero de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) Diego Vela, también consideró que el itinerario autorizado a última hora por la Intendencia de la Región Metropolitana evitó un largo recorrido por la emblemática Alameda y otros puntos más visibles de la capital.
«Hemos demostrado que podemos marchar pacíficamente y expresar las demandas de fondo que tenemos en el país», comentó Vela a Prensa Latina, inconforme con la ruta de la marcha de este miércoles, a la que según los organizadores asistieron unas 80 mil personas.
En opinión del dirigente juvenil, quien preside la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, no es normal que mes tras mes marchen milesde personas en reclamo de una enseñanza pública, gratuita y de calidad, y no se logren cambios de fondo en la educación.
«Necesitamos abrirnos hacia un Estado de derecho en cuanto a la educación, y evitar la vulnerabilidad», subrayó.
El vocero de la Confech, organización que agrupa a más de 30 universidades públicas y privadas del país, consideró que la presencia de padres, trabajadores y representantes de otros sectores en las marchas es símbolo de que el mal contra el que se lucha está generalizado.
«Es la evidencia de que la injusticia en la educación la vivimos todos, y es una muestra de que la indignación individual se convierte en colectiva, y por eso hay que soñar con un país distinto», enfatizó el dirigente.
La colorida marcha del 8 de mayo se desarrolló de manera pacífica durante todo el trayecto, sin embargo al final de la misma, mientras se desarrollaba el acto clausura, se produjeron enfrentamientos entre fuerzas especiales de Carabineros y grupos de jóvenes, muchos de ellos encapuchados.
Con carros lanza-agua y gases lacrimógenos la policía arremetió contra los manifestantes, quienes lanzaron piedras, palos y pedazos de hierro a los efectivos antimotines, ataviados con cascos, escudos y rodilleras.
Luego de la marcha, el ministro del Interior Andrés Chadwick hizo un llamado al Parlamento para que apruebe con la máxima rapidez una iniciativa conocida como Ley Hinzpeter, presentada por el Gobierno para castigar severamente a quienes actúen encapuchados en las marchas.
Por Enrique Torres, PL
Santiago de Chile, 9 de mayo 2013
Crónica Digital / PL
