Carlos Palma, Fiscal Regional de Aysén, prepara formalización de 800 militares activos y retirados por un fraude dentro del Ejército correspondiente a un valor de 3 mil millones de pesos.
La noticia, ha causado impacto en medios nacionales e internacionales, por la institución que involucra, en un contexto social y político marcado por la crisis de la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas.
La investigación comenzó en 2018 y según el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), los fondos públicos se destinaron a pagar deudas privadas.
El fraude se realizó a través de contratos a honorarios, pago de sueldos a personal retirado y comisiones de servicios que no se realizaron donde hubo un pago a modo de compensación por pérdidas económicas individuales.
Todo ello a raíz del término del Fondo de Ayuda Mutua (FAM), un sistema informal de ayuda solidaria que operaba en Coyhaique desde 1950 y el cual fue anulado por el Ejército en 2006.
“Hemos terminado recién a fines de noviembre las diligencias de registro e incautación. Estamos en el proceso de análisis de evidencia, pero ya podemos afirmar que existe un número cercano a las 800 personas que van a ser objeto de formalización, en distintos tiempos, por supuesto, y por distintos grados de responsabilidad en los meses que vienen”.
Crónica Digital
Santiago de Chile 20 de diciembre 2020
