La exigencia al gobierno de liberar a presos de la revuelta popular de 2019 continúa hoy en Chile para que sea aprobado un proyecto de indulto que se analiza con lentitud en el Congreso Nacional. Para este viernes está convocada, entre otras acciones, una marcha durante la tarde, que partirá desde la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en la comuna de Providencia, hasta la céntrica Plaza Baquedano. Esa explanada, bautizada Plaza de la Dignidad durante el llamado estallido social, ya fue escenario el viernes último de enfrentamientos entre carabineros y cientos de manifestantes que igualmente exigieron la liberación de los detenidos. Como parte de una creciente movilización, la víspera ocurrieron fuertes enfrentamientos en el centro de esta capital entre efectivos de carabineros y manifestantes que reclamaban la libertad para los presos políticos de la revuelta. Bajo el lema «Libertad, justicia y reparación» cientos de personas se congregaron pasadas las 18:00 hora local, en la confluencia de la calle Cumming con La Alameda, desde donde los asistentes intentaron avanzar en dirección al palacio de la Moneda. Su objetivo era reclamar la aprobación del proyecto de indulto presentado por legisladores de oposición y que el Gobierno con la bancada de derecha intenta echar abajo. Los manifestantes levantaron e incendiaron barricadas en diversos puntos de La Alameda la más importante arteria de la urbe, y a la altura de la Universidad de Chile se enfrentaron con fuerzas especiales de carabineros. Estas intentaron disolver la marcha en varias ocasiones empleando fuertes chorros de agua y gases lacrimógenos, y fueron ripostados por los manifestantes con objetos contundentes. El centro de las protestas es la exigencia de liberación de un número no definido por las autoridades de personas que fueron detenidas en las manifestaciones que remecieron al país a finales de 2019 y principios de 2020. Sin embargo, familiares de los reos y organizaciones y movimientos sociales cifran en cientos los que permanecen tras las rejas, la mayoría jóvenes y un considerable número por más de un año, sin pruebas en su contra sobre supuestos delitos o que han sido víctimas de montajes y procesos irregulares. También ayer cerca decenas de integrantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y otras organizaciones sociales, llegaron hasta el Centro de Justicia de Santiago donde se encadenaron a su entrada para expresar su apoyo a los presos del estallido social. Los jóvenes desplegaron pancartas y entonaron consignas exigiendo la libertad de los detenidos de la revuelta que son considerados como presos políticos, lo que el gobierno insiste en negar alegando que cometieron delitos y por ello fueron procesados por los tribunales. Santiago de Chile, 30 de julio 2021 Crónica Digital/PL
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Un contundente diálogo sobre la grave situación de violaciones a los derechos humanos en Chile a partir de la revuelta social del 18 de octubre de 2019, fue realizado por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), que la entidad denominó “Chile: La Revolución Imparable”. La actividad fue moderada por María Adela Antokoletz de Madres de la Plaza de Mayo, hija María Adela Gard Pérez, una de las 14 mujeres que fundaron el emblemático movimiento argentino. La introducción estuvo a cargo de Judith Galarza de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM) y Secretaria Ejecutiva de FEDEFAM, que subrayó que América Latina y el mundo miran con especial atención los acontecimientos en Chile. En el encuentro, que se desarrolló por Zoom, expusieron Raquel Torres, coordinadora del Grupo Iniciativas por la Libertad de las y los Presos de la Revuelta Social, y Verónica Verdugo, Vocera de Familiares de Presos de la Revuelta en el Penal Santiago 1. Ambas expusieron en torno a los dramáticos casos que afectan a jóvenes que han permanecido por prolongados períodos de tiempo en prisión preventivo u otras medidas cautelares, por el hecho de haber participado en las protestas ciudadanas. Indicaron que mantendrán en pie la movilización para lograr su liberación. Intervino también Ernesto Lejderman, ciudadano argentino–chileno que reside en Buenos Aires, hijo de un matrimonio argentino–mexicano asesinados en Chile luego del golpe de Estado, en el reconocido “caso Cheyre”, quien se refirió a la impunidad que ha prevalecido para los violadores de los derechos humanos en tiempos de la dictadura, práctica que ahora se repite frente a los responsables de transgresiones a los derechos fundamentales al calor de la revuelta social. Participó además Víctor Osorio, director ejecutivo de la Fundación Progresa, que expuso que Chile fue el primer “laboratorio del neoliberalismo” y que la dictadura emprendió una refundación del país que contempló una Constitución Política al servicio de ese proyecto. La violación sistemática de los DHH fue una de las condiciones para lograrlo. Precisó que la dictadura concluyó por una negociación intrasistema que permitió la perpetuación de la institucionalidad y el modelo. En octubre de 2019, dijo, la ciudadanía se rebeló contra ese orden de cosas y una vez más recibió la violencia del Estado como respuesta. En todo caso, advirtió, los conservadores han sido puestos en retroceso por la fuerza de la ciudadanía. Por su lado, el senador Alejandro Navarro, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta y titular del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, reseñó la labor que los demócratas progresistas realizan en el Parlamento en ámbitos como proyectos de una ley de indulto para los presos de la revuelta o para restringir el uso de armas no letales por parte de la policía. Detalló la envergadura de los casos de violaciones a los derechos humanos a partir de la revuelta social e indicó que en esta oportunidad no habrá espacio para la impunidad para […]
Fuerzas especiales de Carabineros arremetieron contra decenas de chilenos que se manifestaban pacíficamente en la Plaza de Armas de esta capital, reclamando en libertad para presos del estallido social. Los participantes en la protesta eran en su mayoría familiares de personas que permanecen detenidas, en prisión preventiva y sin debido proceso por su participación en las manifestaciones durante la revuelta social ocurrida en octubre de 2019. Muchos de esos reos, la mayoría jóvenes, llevan tras las rejas un tiempo excesivamente prolongado, algunos incluso por más de un año, a pesar de los constantes reclamos de sus familiares, organizaciones sociales y políticas por su liberación. Según reporte entregado por Carabineros de Chile, al menos ocho personas habrían sido detenidas, entre ellas Alejandra Pérez y Manuel Woldarsky, dos de los 155 integrantes de la Convención que redactará la nueva constitución de Chile. Otras fuentes incluyen también Rafael Montesinos, fundador de la Lista del Pueblo, una de las más votadas en los comicios del 15 y 16 de mayo pasado para elegir a los miembros de la Convención Constituyente, así como el diputado del Partido Comunista Boris Barrera. La acción policial generó una amplia repulsa en medios sociales y políticos de oposición que exigieron la inmediata liberación de los detenidos. Santiago de Chile, 16 de julio 2021 Crónica Digital/PL
En el marco de la última jornada de audiencias en la comisión que revisa la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, la organización que coordina a las víctimas denunció que el Ejecutivo no se ha hecho responsable ni ha ofrecido algún tipo de reparación concreta con las cientos víctimas en todo el país. Este lunes 9 de diciembre la comisión que revisa la acusación constitucional contra Piñera recibió a los últimos invitados para entregar antecedentes respecto de la responsabilidad política del mandatario en las violaciones a los Derechos Humanos cometidas desde el inicio de la movilización social. A la cita asistió la Coordinadora de las Víctimas de Trauma Ocular, quienes expusieron algunos de los casos donde jóvenes fueron cegados, ya fuera por balines o por bombas lacrimógenas disparadas a los rostros por Carabineros. En ese marco, Marta Valdés, vocera de la coordinadora y madre de un joven de 17 años que perdió su ojo por una lacrimógena, detalló que no ha existido acercamiento por parte del Ejecutivo tras la pérdida de visión de su hijo. “En absoluto el Gobierno se ha acercado, ninguna autoridad, ningún ministro, para a hablar ni con las víctimas ni con la coordinadora y efectivamente tampoco se está haciendo responsable de lo que significan los gastos médicos y el daño que se produjeron. Hoy sentimos que el Gobierno se ha lavado las manos y no se está haciendo responsable y no vemos ninguna voluntad de hacerse responsable ante estas violaciones de los Derechos Humanos. Por eso lo que pedimos como Coordinadora es verdad, justicia, reparación, pero además ingresaremos una querella contra el Presidente, porque él es el responsable”, sostuvo. La vocera de la coordinadora agregó que “nosotros no vamos a poder encontrar quienes fueron los que dispararon a nuestros hijos y familiares, pero sí sabemos quienes son los responsables de las órdenes. Aquí Carabineros no se mandan solos, ellos accionan a través de órdenes y esos quienes dieron las órdenes tienen que hacerse responsables. No vamos a dejar que esto se deje en la impunidad”, concluyó. El miércoles la comisión revisora votará el informe y el jueves se realizará la votación en Sala de la Cámara de Diputados, en una sesión que comenzará a las 10.00 horas. Santiago de Chile, 10 de diciembre 2019 Crónica Digital
En 2016 un 75% de las marchas observadas por el Instituto Nacional de Derechos (INDH) culminó con acciones represivas por parte de Carabineros de Chile; mismo año que se registró una disminución del uso de gases lacrimógenos de un 88 % en 2015 a un 62,5 % en 2016; también se vieron denuncias de golpes con resultado de lesiones y desnudamientos a personas detenidas; y el uso de armas no letales y letales en el contexto del conflicto del Estado y el pueblo mapuche. Todo lo anterior, forma parte del Informe Programa de Derechos Humanos, Función Policial y Orden Público 2016, realizado por el INDH y que en su quinta edición da cuenta del seguimiento al actuar de Carabineros y de la Policía de Investigaciones en el marco de manifestaciones sociales, de personas bajo custodia policial, de desalojos forzosos y de grupos vulnerables. Además de la respuesta estatal ante posibles casos de violaciones de derechos. Respecto de este último punto el Instituto determinó las responsabilidades políticas del Estado en el actuar policial, concluyendo que faltan respuestas por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública respecto de algunas situaciones, por ejemplo un incumplimiento en la actualización de las cifras de controles preventivos de identidad efectuados trimestralmente (Ley Corta Antidelincuencia). En la misma línea, se detectó una falta de sistematización de los datos entregados por parte de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile, e incongruencias en informaciones solicitadas al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Defensoría Penal Pública. Informe Es así como el INDH constató que en las manifestaciones públicas hay una falta de focalización en el uso de la fuerza por parte de Fuerzas Especiales, repercutiendo su actuación en algunas ocasiones en más del 50% de las personas asistentes. Asimismo, se observó que el 43% de las manifestaciones culminan con heridos. Respecto de personas que se encuentran bajo la custodia policial se reveló una ausencia de constatación de lesiones de quienes son detenidos, privaciones de libertad arbitrarias, y malos tratos físicos y psicológicos. Este mismo informe también da cuenta de la función policial y de su relación con grupos vulnerables, por ejemplo con el pueblo mapuche. En este ámbito informa sobre la existencia de numerosos casos de violencia cometidos en el contexto del conflicto del Estado con el pueblo mapuche que han afectado a comuneros/as y también a personal de Carabineros de Chile, y el uso de armas no letales y letales que ocasionaron daños en la integridad física y psíquica de las personas. En relación con esto último, según el INDH, existe una ausencia de control interno en el uso de este armamento y en el cumplimiento de estándares internacionales que regulan esta materia. En términos del trabajo de carabineros en el contexto de desalojo de personas, en algunos casos, como campamentos, se constató que sus protocolos resultan insuficientes para delimitar su accionar. En los prácticos el INDH dice que el uso de la fuerza aplicado no ha respetado los principios de necesidad y […]
El diputado PS Leonardo Soto, miembro de la comisión investigadora del fraude en Carabineros, cuestionó la conveniencia de la continuidad al mando de la institución del general director Bruno Villalobos, asegurando que tras la declaración del ex jefe de la Dirección de Finanzas, Flavio Echeverría, «el escenario definitivamente cambió». «Hay una acusación directa de que a lo menos sabía de la existencia de esta máquina para defraudar, y al haber sido implicado por uno de sus cabecillas, sea o no esto cierto, necesariamente cambia su posición y capacidad para seguir al frente de una institución que atraviesa por la peor crisis de su historia. A Villalobos se le acaba el tiempo para tomar una decisión», señaló el legislador. Para el diputado Soto está en duda si «va a tener la tranquilidad, la independencia y la autonomía necesaria para liderar Carabineros y su plan de reestructuración, en circunstancias de que él mismo puede ser objeto de una investigación en la que eventualmente tendrá que declarar ante la Fiscalía, y en consecuencia, hacerse cargo de su propia defensa judicial». «El solo cuestionamiento hacia su conocimiento previo de los hechos,y también el desarrollo de la arista relacionada al uso de los gastos reservados, se va a extender a las propuestas de cambio que la institución debe realizar y eso es muy malo para su futuro. La salida de esta crisis institucional debe estar libre de todo cuestionamiento», añadió. «Creo que el primero que tiene que analizar estos hechos es el propio general Villalobos, sin perjuicio de que el Gobierno también debe hacer una revisión de su continuidad en el cargo. De seguir avanzando la investigación hacia el alto mando sin duda debe dar un paso al costado, eso desde mi punto de visa es bastante claro», concluyó el diputado Soto. Santiago de Chile, 23 de mayo 2017 Crónica Digital
El especialista en seguridad pública y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, sostiene que el caso en el que se imputarían a más de 80 personas, como proyecta la Fiscalía, “debilita todo el sistema de justicia criminal en el país”. Para evitar que la situación se repita, plantea la necesidad de una “gran reforma” donde labores distintas a las de orden y seguridad sean realizadas por empresas privadas a través de licitaciones públicas, recuperando entre un 60 y 80% del personal que actualmente se dedica a estas funciones. La Fiscalía anunció que los imputados por el caso de fraude en Carabineros podrían alcanzar más de 80 personas, acumulando un monto defraudado cercano a los $19 mil millones. Para el experto en seguridad pública y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, esta situación es “grave” y revela que “había una red de asociación ilícita en Carabineros para cometer delitos”. “Se pone en jaque la fe pública y se debilita todo el sistema de justicia criminal en el país”, critica. Por eso, señala que el tema “amerita una gran reforma policial que debe abordarse no solo con las propias iniciativas que ellos tienen, sino que también con la participación de expertos y distintos actores de la sociedad civil”. “Carabineros es una institución con un régimen militar”, explica Araya. “Quienes trabajan ahí no son simples profesionales contratados por una cantidad de horas. Tienen que estar disponibles el día completo, si la institución los necesita”. En ese sentido, indica que “buena parte de los funcionarios de la institución están cumpliendo labores administrativas”. “Entre un 60 a 80% de los funcionarios policiales, en vez de ejercer funciones de orden y seguridad, como debieran, están realizando estas labores”, especifica. “La contabilidad, la mantención y el aseo de los cuarteles depende del mismo personal policial”, critica. “Buena parte de los recursos policiales están en labores administrativas o auxiliares, muchas de las cuales debieran ser externalizadas”, plantea. Por eso, propone “licitar con empresas privadas, para recuperar a todo ese personal que realiza labores administrativas de manera que cumplan las funciones de presencia en el territorio, de prevención del delito, de investigación y persecución criminal”. “Eso implica una reingeniería completa de la institución, y logra llegar a mayores niveles de transparencia y, por lo tanto, de eficiencia en el uso de los recursos”, destaca. “Cada vez que se inicia un nuevo Gobierno, se promete una cantidad nueva de funcionarios y está bien, pero la verdad es que solo se lograría una mayor cantidad de carabineros en labores de orden y seguridad si se libera a muchos funcionarios de labores administrativas o auxiliares que cumplen en la institución”, insiste. Para el experto, licitar a empresas privadas las funciones de una entidad pública no es problema toda vez que “el Estado tiene un procedimiento estandarizado y normado que se relaciona con el mercado público a través de Chile Compra, donde se opera a través de convenio marco con las alternativas que existen”. […]
El fraude del Cuerpo de Carabineros en Chile, considerado el mayor en la historia de la institución, aporta hoy nuevos datos a la investigación que podría ampliar el número de implicados. El exjefe de Finanzas de la policía militarizada, general (r) Flavio Echeverría, considerado por la fiscalía como uno de los líderes del delito, declaró la víspera por cuarta vez ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Chile en calidad de imputado, publicó el sitio digital www.latercera.com Echeverría, quien cumple prisión preventiva, fue consultado por los fondos reservados de Carabineros y cómo eran distribuidos al interior de la institución, como parte de la colaboración que presta al Ministerio Público en el esclarecimiento de los hechos. Según datos de la investigación fiscal cerca de 40 personas están imputadas en la estafa, la cual asciende a 16 mil 500 millones de pesos (25 millones de dólares). Investigadores opinan que las nuevas formalizaciones y las declaraciones hasta ahora recogidas pudieran aumentar el número de personas presuntamente involucradas.. Entre los inculpados con mayor participación se encuentra Patricio Silva, empresario educacional y representante legal de la Sociedad Jorquera y Compañía Limitada. Silva es acusado por el timbraje, suscripción de certificados y títulos falsos, entregados a funcionarios de Gendarmería para matricular en la carrera de Ingeniería Ejecutiva en Seguridad de las universidades SEK, La República y el Instituto Valle Central. Por otra parte el Séptimo Juzgado de Garantía señaló un error en la querella criminal presentada el lunes por el director general de Carabineros, Bruno Villalobos, al no ingresar el número correcto en el Registro Interno del caso, y no se correspondía con el de la causa investigada. Santiago de Chile, 26 de abril 2017 Crónica Digital /PL
La dirección de Carabineros de Chile confirmó que la cifra de funcionarios dados de baja por un escándalo de corrupción asciende a 40, mientras el proceso de investigación se extiende y amenaza con más expedientes. De acuerdo con el general Bruno Villalobos, director de Carabineros de Chile, remarcó que «serán implacables con quienes han traicionado los valores de la institución». Esperamos que todos los culpables sean juzgados y llevados a la cárcel, enfatizó. En pesos chilenos, el monto escamoteado con una serie de actos ilícitos asciende a 16 millones 500 mil, alrededor de 25,2 millones de dólares, en un proceso que según los encargados de las pesquisas apenas está comenzando. El ministro del Interior de Chile, Mario Fernández, anunció un plan de reestructuración en Carabineros con el fin de que los cambios impidan que se repitan hechos como el actual, calificado el más grande en toda su historia. Será un programa que no tiene precedentes en las últimas décadas, ya que esto abarcará aspectos administrativos y legales, con la idea de estudiar a fondo toda la estructura de Carabineros, declaró Fernández. De momento hay 11 uniformados en prisión. El séptimo juzgado de Garantía decretó reclusión preventiva de cuatro imputados por considerar su libertad un peligro para la sociedad. Dos de ellos, Claudio Venegas y César Fernández, eran oficiales de alto rango de Carabineros. Los otros dos nuevos detenidos son los civiles Patricio Morales y Jaime Valenzuela, quienes participaron en las operaciones de desfalco a la institución, considerado el mayor fraude de su historia. El escándalo sacudió a la ciudadanía, que en líneas generales tiene una buena opinión de las labores de Carabineros. En marzo pasado estalló el asunto y las investigaciones hasta ahora señalan que pudieron apropiarse de cifras millonarias. Según fuentes oficiales, en la audiencia de hoy la justicia fijó medidas cautelares de arresto domiciliario y prohibición de salir del país a otras 11 personas. La Fiscalía argumenta que entre 2006 y 2007 «los imputados se asociaron y organizaron con el fin de cometer el delito de malversación de caudales públicos». Adulteraron registros en las bases de datos de la Policía para transferir dineros estatales a cuentas de oficiales activos o en retiro, familiares y civiles, justificando esos movimientos como remuneraciones y viáticos, entre otros. Santiago de Chile, 16 de abril 2017 Crónica Digital /PL
