El fallecimiento este jueves 12 de mayo de Francisca Sandoval, periodista popular, asesinada por un rufián el 1 de mayo en el marco de las manifestaciones del Día Internacional de los Trabajadores, en el barrio Meiggs enluta no solo la conmemoración de una fecha histórica para los trabajadores y su lucha por la democracia, sino que es una constatación dramática de la violencia institucional, laboral y delictiva contra la verdad, contra el derecho de los chilenos a una información veraz, oportuna, comprometida con su destino y sus demandas. Al mismo tiempo es una acusación al ambiente de inseguridad que los enemigos de la democracia buscan imponer en el escenario político y social del país, al ver amenazados sus privilegios, el poder que detentado durante décadas en la institucionalidad política, económica y social, mediante la manipulación de la verdad de los derechos políticos y sociales de las mayorías nacionales y su rechazo violento de las demandas democráticas colectivas. Pero las circunstancias del ataque armado contra Francisca, cuyas últimas imágenes en el lugar la muestran premunida de un teléfono, reporteando los incidentes y baleos desatados por paramilitares que actuaban como matones encargados de seguridad de comerciantes ilegales constatan el vínculo cómplice de están bandas con fuerzas de Carabineros, entre ellos un oficial, que momentos antes del criminal asesinato, con el que dialogaba amigablemente, el autor de los disparos contra la periodista herida de muerte, quizás podría suponerse, para coordinar su accionar represivo contra los manifestantes y repartirse los roles de la acción represiva que tuvo tan trágicas consecuencias. Cabe recordar que en Chile la constitución de “guardias” armados para custodiar establecimientos, empresas, comercios y residencias privadas, están a cargo de Carabineros y deben cumplir determinados condiciones de seguridad, de manejo de armas, de conducta social, de antecedentes y obviamente no se puede tratar de delincuentes prontuariados, ni tampoco elementos extranjeros, cuyos antecedentes no pueden ser comprobados. Carabineros tiene la misión, la obligación de controlar la composición de esas formaciones armados, al servicio de civiles, conocer sus antecedentes y sus arsenales, métodos de entrenamiento, sus recursos técnicos y su equilibrio psicológico, su metodología y equipamiento, en resguardo de la seguridad de los que resulten “objetivos” de sus acciones. Fácilmente se puede especular que el “blanco” elegido vigilar en una manifestación masiva calificada como de “alto riesgo”, y conocida la preparación ideológica de algunos elementos policiales, sobre todo los preparados en Estados Unidos, o Colombia o Brasil, se basan en las doctrinas de la “Guerra Interna”, o la “lucha antisubversiva”, pudo haber sido una “molesta chica” con un teléfono celular o “cámara fotográfica” que pudiera testimoniar las fechorías de los uniformados o sus secuaces. El hechor del disparo es Marcelo Naranjo (41 años), alias “el pestaña”) y vive a pocas cuadras de la casa de Francisca Sandoval, en la Población La Victoria, lo que agrega otro elemento sospechoso al hecho. Y que a pesar de su prontuario de condenado por tráfico de drogas, y ser conocido como traficante de ermas, bien podría haberse convertido […]
carabineros
Existe una negativa a informar la cantidad de policías por comuna. Luego de anunciarse el plan de seguridad por parte del Gobierno, que contempla un aumento de la presencia policial en 17 comunas del país, el Consejo para la Transparencia (CPLT), encabezado por Francisco Leturia, ofició a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones de Chile para conocer dotaciones actualizadas de ambas entidades y las variables consideradas para establecer destinaciones de funcionarios y funcionarias, información que deberá ser entregada en un plazo de 10 días. El titular del CPLT calificó de “grave” el que las personas no tengan acceso a dichos antecedentes y apuntó a lo relevante que se vuelve el control social sobre estos temas. “Me parece que como ciudadanos tenemos el derecho a saber cuántos Carabineros hay en nuestra comuna, si se dedican a una actividad o a otra, si funciona o no funciona, qué tiene buenos resultados y qué tiene malos resultados, y tenemos que poder opinar”, dijo. “La tranquilidad en nuestro barrio no puede ser un acto de fe y si creemos que es necesario más vigilancia o más medidas podemos discutirlo o planteárselo a la autoridad. No somos realmente ciudadano ni estamos en una comunidad democrática sino tenemos acceso a la información de mayor interés público”, agregó. Además, comentó que “cuando no hay información cierta se puede generar esa duda y eso no le hace bien a nadie”. “No sabemos cuántos Carabineros hay en Chile, cuántos Carabineros hay en Santiago, en tal comuna u otra”, “no tenemos certeza del criterio que se utiliza para destinarlos a cada comuna”, acotó. Respecto de las dudas que se han comenzado a levantar sobre los criterios para definir las comunas en las que se aumentaron las dotaciones, dijo que la decisión siempre puede tener criterios políticos en el sentido de que se establece que son necesarias las dotaciones donde haya más habitantes, “más delitos, más inseguridad ciudadana, son distintos los criterios que tú tienes que balancear”. Modificar norma de reserva Aludiendo a una norma antigua del Código de Justicia Militar, el código 436, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad han mantenido bajo reserva diversa información como las dotaciones. Al respecto, el máximo representante del CPLT afirmó: “desde hace muchísimo tiempo hemos dado la pelea porque esta norma se derogue”. Crónica Digital 10 de mayo de 2022
Legislador afirmó que es urgente contar con mayor dotación de carabineros y funcionarios de la PDI, así como con más recursos para la prevención del delito. Por medio de un video el senador por Antofagasta, Pedro Araya Guerrero, solicitó al ministerio del Interior reconsiderar el Plan de Seguridad y contemplar a la Región de Antofagasta en dicha iniciativa. Lo anterior, tras el anuncio del miércoles, en que no se estipuló a las comunas de nuestra zona. «Nos parece incomprensible la decisión del gobierno de no aumentar las dotaciones de carabineros en nuestra región. Tenemos un problema serio de seguridad pública en todas las comunas», planteó el legislador. Agregando que «la falta de personal policial impide que se le preste un buen servicio a los ciudadanos. A diario recibimos muchas denuncias en la oficina parlamentaria sobre distintos delitos, como robos, microtráfico de drogas que están afectando el día a día de las familias». Recordemos que el Ministerio del Interior anunció que, dentro del nuevo Plan de Seguridad, 17 comunas del país serán reforzadas con 750 nuevos efectivos de carabineros. En este sentido, Maipú, Recoleta, Pudahuel, Quilicura, Renca, Cerro Navia, Huechuraba, Puente Alto, San Bernardo, La Pintana, Estación Central, Santiago, Arica, Iquique, Coquimbo, Valparaíso y Concepción serán las primeras en recibir a dichos uniformados. Araya espero a la brevedad poder reunirse con la ministra Izkia Siches a fin de realizar estos planteamientos. Nos parece incomprensible la decisión del gobierno de no aumentar las dotaciones de carabineros en la región de Antofagasta. ¡Tenemos un problema serio de seguridad pública en todas las comunas! Vamos a exigir al @min_interior que reconsidere esta situación. pic.twitter.com/lam8wbTBTC — Pedro Araya Guerrero (@ArayaPedro) May 5, 2022 Crónica Digital 5 de mayo de 2022
Según datos otorgados por la misma Subsecretaría de Prevención del Delito, la comuna cuenta con un presupuesto de solo $139 pesos per cápita disponible destinada a seguridad, mientras que el promedio de comunas de la zona sur es de $2.200 pesos. Este miércoles la ministra del Interior, Izkia Siches, anunció un aumento de la dotación de Carabineros para 17 comunas del país, a las que dividirá un total de 750 efectivos policiales. Sin embargo, en esta medida adoptada por Interior, no se encuentra la comuna de Lo Espejo, pese a tener un déficit policial del 50% y un presupuesto en seguridad que solo llega a los $139 per cápita. Ante esto, la alcaldesa de Lo Espejo señaló “es inconcebible que Lo Espejo hoy no sea parte de este anuncio. Nuestra situación es crítica, durante el último tiempo incluso tuvimos que decidir cerrar colegios para proteger la seguridad de los niños y sus familias”. DECLARACIÓN 🔴 Es inconcebible que #LoEspejo no esté considerado en el #PlandeSeguridad anunciado por @min_interior @izkia Hemos denunciado la crítica situación, cierre de colegios por delincuencia, robo en establecimientos educacionales y consultorios, y constantes balaceras. pic.twitter.com/PHWdpxRlP5 — Javiera Reyes Alcaldesa de Lo Espejo (@Javireyesj) May 4, 2022 La primera reunión entre la alcaldesa de Lo Espejo con autoridades de Gobierno fue en el marco de “Seguridad para estudiar”. En la instancia se reunió con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, a raíz del cierre de colegios por un funeral de alto riesgo en la comuna. Posterior a ese encuentro, hubo una reunión entre 15 directores de establecimientos educacionales de Lo Espejo, la alcaldesa Reyes, y el subsecretario de Educación, Nicolás Cataldo, a quien se le solicitó que se pudiera avanzar en conjunto en materia de seguridad para niños, niñas y adolescentes de la comuna, y también en infraestructura producto del estado lamentable de colegios. Por último, la alcaldesa de Lo Espejo también tuvo una reunión en que se abordó el tema de seguridad con otros alcaldes en La Moneda, junto a la ministra del Interior, Izkia Siches. Y finalmente un cónclave con el titular de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, quien hizo público que distribuiría a Carabineros para las comunas que más lo necesiten. Como reacción ante la medida, la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, replicó “al final somos el ejemplo de lo que está mal en materia de seguridad, pero a la hora de operativizar los recursos y ofrecer soluciones, se nos pasa por alto. Seguimos en la lógica de la inequidad territorial. Esperamos que se reconsidere esta decisión, para beneficio de vecinos y vecinas que están profundamente dañados por la injusticia; la segregación urbana –al 2030 seremos la única comuna que no contaremos con metro- y la delincuencia que se vive a diario”, sentenció la alcaldesa de Lo Espejo. Crónica Digital 4 de mayo de 2022
En América Latina, los procesos de reformas policiales son relativamente recientes, desarrollándose principalmente en la década de los ochenta y noventa. Cada una de estas reformas ha contado, eso sí, con particularidades propias: algunas han tenido alcance nacional, otras se han circunscrito a determinados territorios -especialmente donde existen policías descentralizadas- en algunas se ha involucrado la participación de la ciudadanía en el diseño de propuestas, y lo más complejo a mi juicio, es que muchas de ellas se hagan iniciado sin contar con una diagnóstico acabado de la realidad delictual, ni menos han contado con acopios de evidencias de los cambios que han resultado efectivos y eficientes en la labor de las policías. En nuestro país, la necesidad de una reforma a Carabineros se hizo más visible con ocasión del estallido social. Desde entonces hemos escuchado acerca de la instalación de una unidad coordinadora de la reforma -por parte del gobierno de Piñera- y de algunas propuestas legales tales como la ley de modernización de las policías, la extensión de carrera policial, la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Sin embargo, poco es lo que se conoce de dicho proceso, y del contenido de dichos proyectos por parte de la ciudadanía, quien ha sido la primera en clamar por estos cambios. Lo anterior, más allá de la existencia de un sitio web en el que se han anexado una serie de documentos cuyo lanzamiento data de mediados del año 2021. De acuerdo a lo anterior, ya podríamos categorizar este proceso de reforma policial como uno de aquellos que cuenta con escasa participación ciudadana, con el riesgo asociado de ser considerado poco legítimo por la ciudadanía. Hoy la experiencia internacional ha permitido identificar aquellos elementos que son mínimos necesarios para impulsar de manera exitosa una reforma policial. Entre ellos se encuentra la necesaria conducción civil de los cambios que se impulsen en esta materia. La necesidad de contar con canales permanentes de comunicación hacia la ciudadanía que le permita entender y conocer los avances que se hagan en el marco de la reforma policial, también es un elemento mínimo necesario en procesos de reforma. Asimismo, crear espacios de participación efectiva ciudadana para otorgar legitimidad al proceso de reforma. Debe considerarse el implementar adecuados sistemas de control internos y externos, de manera que todos los esfuerzos no corran el riesgo de ser deslegitimados producto de actos alejados o reñidos con la legalidad vigente o que impliquen algún grado de abuso de autoridad. También los canales de comunicación deben considerar espacios intrainstitucionales de participación que permitan a los mismos miembros de la policía ser parte de su proceso de cambio y no recibir por imposición nuevas normas en la materia, lo que seguramente resultaría altamente resistido. Por cierto, todo este proceso debe circunscribirse en un férreo marco de respeto a los Derechos Humanos, especialmente cuando consideramos que hoy el principal desafío operativo de las policías en gran parte del mundo lo es el orden público. En este punto vale la pena considerar lo señalado […]
Para la legisladora resulta inexplicable que la estructura y mando de la policía se mantengan sin cambios. La diputada Pamela Jiles ofició esta mañana a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, para pedir información y esclarecer los hechos ocurridos el viernes 25 de marzo en donde un joven de 19 años recibió un impacto de bala por parte de un funcionario de Carabineros de Chile. Hecho que el mismo día fue confirmado por el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve. El incidente, en el que resultó herido el joven de 19 años, se produjo en la intersección de las calles Diagonal Paraguay con Alameda, en el marco de la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), con el objetivo de exigir al gobierno el incremento del monto de la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES), la que se mantiene en $32 mil pesos mensuales desde hace 10 años. “Vemos que, desde el 18 de octubre de 2019 a la fecha, Carabineros de Chile actúa fuera de los protocolos establecidos para el uso de la fuerza, la legislación vigente, la Constitución Política y los tratados internacionales ratificados por Chile. Preocupa ver como desde el Poder Ejecutivo no hay una intervención rápida, como tampoco instrucciones claras que evidencien un cambio en Carabineros de Chile. Como tampoco medidas concretas para garantizar que las fuerzas de orden y seguridad desarrollen su labor en forma democrática, en pro de la ciudadanía, y con respeto absoluto a los derechos fundamentales de las personas. Como es la única manera que la Ley faculta a un funcionario policial a actuar”, dice el documento presentado por la legisladora. En este contexto, es que la parlamentaria solicita a través del oficio presentado esta mañana se informe de forma urgente quienes son los funcionarios de Carabineros involucrados, las acciones efectuadas por el funcionario que disparó, registros audiovisuales, medidas y sumarios instruidas por su ministerio a partir del conocimiento de los hechos y por Carabineros, entre otros. “La estructura y el mando en Carabineros se mantienen intactos, lo que resulta inexplicable en un estado de derecho, ya que como sabemos la institución de Carabineros depende del control jerárquico de la cartera de Interior y Seguridad Pública, quien a su vez es dirigida finalmente por la Presidencia de la República”, enfatiza el texto del documento firmado por la parlamentaria.
La serie de eventos delictivos difundidos por los medios de comunicación en el último tiempo, dan cuenta del retorno de una preocupación histórica en nuestro país: la inseguridad pública. Si se compara la encuesta de opinión pública impulsada por el Centro de Estudios Públicos del año 2010- más de una década atrás- es posible observar que la delincuencia se ubicaba en el primer lugar de preocupaciones de la ciudadanía seguido de los temas de salud y luego educación. Los resultados de la misma encuesta para agosto del año 2021, señalan que la principal preocupación en Chile sigue siendo la delincuencia. Hechos de distinta naturaleza, pero concentrados en ilícitos contra la propiedad, como portonazos, asaltos en la vía pública, robos a casa, robos de celulares, han sido los eventos de mayor frecuencia históricamente y los que han copado las portadas de los medios. Sin embargo, el último tiempo, y me atrevería a decir los últimos años, otros eventos también comienzan a ser noticia: secuestros, homicidios rodeados de altos niveles de violencia, delitos asociados al narcotráfico, delitos asociados a bandas extranjeras, ciberdelitos, por mencionar algunos. Hace unas semanas atrás fuimos testigos de un hecho sin precedentes en Chile, un hombre en Iquique era secuestrado y asesinado. Pero no era un hombre vinculado a bandas rivales de narcotraficantes donde este tipo de figuras sí se han hecho presentes en el país, sino de un empresario histórico de la región. Días atrás leíamos sobre el secuestro de un niño en la comuna de providencia para cuyo rescate se solicitó el pago de la suma de 100 mil pesos. Así las cosas, la preocupación hoy debe radicar en el hecho que el diagnóstico histórico que teníamos sobre la delincuencia en nuestro país, parece haber cambiado y se necesita con urgencia entender sobre estos nuevos fenómenos, qué los causa y quiénes están involucrados. El año 2013 expertos en seguridad coincidían en que la mayor parte de los delitos que se cometían en el país tenían relación con los delitos contra la propiedad, tanto así, que el 80% de los delitos de mayor connotación social eran contra la propiedad, en su gran mayoría sin violencia y en el espacio público. “Comparado con la medición de 2020, en 2021 el porcentaje de victimización aumentó de manera significativa”, menciona Fundación Paz Ciudadana al momento de dar a conocer los resultados de la encuesta de victimización, la que pasaba de un 27,4% de los hogares víctimas de delitos en el año 2020, a tener un total de 31,6% de hogares en dicha situación el año 2021. La misma institución establece que “comparado con la medición del año previo, en el 2021 hay variación estadística en la distribución del tipo de delito: Aumenta la proporción de delitos violentos, pasando de 24% a 28%”. Confirmamos de esta manera, que hoy las características del contexto delictivo han cambiado. También debe considerarse en los análisis, el hecho que la llegada de población migrante de manera masiva a ciertas regiones de la zona norte, así […]
El parlamentario aseguró que se trata de “un lugar de privilegios”, que no se condice con la gravedad de los delitos cometidos por Gustavo González Jure y Bruno Villalobos. Como “una burla” calificó el diputado PS, Leonardo Soto el ingreso de los ex generales directores de Carabineros, Gustavo González Jure y Bruno Villalobos, a cumplir prisión preventiva a la Escuela de institución, luego de ser formalizados por malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público, en el marco de la investigación por el fraude en la institución. “Nos parece inaceptable en un estado de derecho, en una democracia, que cuando se formaliza por la justicia a dos ex Generales Directores de Carabineros que están acusados de gravísimos delitos de corrupción y de haberse beneficiado de toda clase de privilegios, se los lleve a prisión preventiva a un recinto que también es un lugar de privilegios”, fustigó el parlamentario. A juicio del legislador, “se los lleva a una escuela de Carabineros que no es un recinto que tenga estándares penitenciarios. Ellos tienen que ir a un lugar que sea un recinto carcelario y no se debe por ningún motivo, ponerlos en contacto con una escuela de formación de Carabineros, por el mal ejemplo, además que le dan a todos los oficiales que se están formando en la institución”. “Esta es una burla y una ofensa a todo el país y tiene que ser cambiada por la justicia”, arremetió Soto asegurando que “se desprestigia la justicia cuando tiene trato preferencial para los delincuentes de corrupción y distinto para la delincuencia común. Aquí corresponde enviar a esas personas a un recinto de características penitenciarias”.
La parlamentaria y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja dijo que la solución sigue estando en la refundación de la Institución que incluya el respeto de los derechos humanos. La diputada socialista Emilia Nuyado, afirmó que el nuevo protocolo de Carabineros en manifestaciones públicas «aún deja dudas». Al respecto la parlamentaria mapuche dijo que «si bien se intenta focalizar la acción de la policía, creo que es impracticable tomando en cuenta la formación y la actuación de carabineros en el pasado». «Una cosa en el papel y otra cosa como la policía realmente la aplica. Ya en el pasado hemos visto como carabineros vulneran los protocolos y actúan desproporcionadamente intentando ocultar pruebas. A esto se suma que ahora la supuesta agresión verbal será considerada como una causal para reprimir. Yo la verdad veo que sigue siendo discrecional y discriminatoria, no me parece que las cosas vayan a cambiar todo lo contrario este tipo de protocolos solo agudizará la sensación de inseguridad y desprotección de los ciudadanos y ciudadanas al momento de manifestarse por sus derechos» dijo Emilia Nuyado. Sobre este mismo punto, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos reiteró que «el énfasis debe estar en refundar y reformar profundamente las policías en Chile, basados en el respeto a los derechos sociales y humanos de los manifestantes». «Hoy se necesita una policía nueva acorde a un país nuevo con raíces culturales diferentes, que respete los DD.HH. y particularidades incluso regionales»; concluyó la diputada Emilia Nuyado.
La legisladora dijo que «al margen del mecanismo lo importante es crear un policía que dé confianza a todas y todos». La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, Emilia Nuyado, respaldó la propuesta de la Comisión de DD.HH. de la Convención Constitucional de refundar Carabineros por otro organismo, que sea dirigido por civiles respetando los derechos esenciales de los ciudadanos. A juicio de la parlamentaria mapuche, «es absolutamente justo y válido refundar una Institución manchada por los abusos. Seamos claros Carabineros siempre ha sido cuestionado, bajo la dictadura incluso fueron parte de los organismo encargados de perseguir a los opositores a Pinochet». Pero además esta institución siempre ha defendido a sectores económicos por sobre las comunidades, nosotros como mapuche hemos vivido en carne propia la persecución, discriminación y asesinato de varios Weichafes», dijo Emilia Nuyado. Sobre este mismo punto la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, agregó que «la guinda de la torta han sido los casos de corrupción en el Paco Gate y por supuesto las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el estallido social». «Estamos ante una policía que debe ser refundada y cambiada por un organismo que inspire confianza y que sea respetuosa los derechos de los ciudadanos»; concluyó la diputada Mapuche, Emilia Nuyado.
