Varias y consecutivas advertencias tuvo el ex director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Francisco Labbé, tanto respecto de la oportunidad de realizar el cambio metodológico del censo, como de las fallas en su proceso y de las opciones de remediación del mismo, según afirmaron ayer funcionarios del organismo ante la Comisión Investigadora de la Cámara sobre el tema, instancia que preside el diputado Juan Carlos Latorre (DC).
El sociólogo Andrés Bustamante, jefe del Departamento de Estudios Sociales, informó que cuando se comunicó que se cambiaría la metodología desde un censo de hecho (se registran las personas en el lugar en donde se encuentran en el día del censo) a uno de derecho (las personas son censadas en sus lugares de residencias durante un período determinado), se le advirtió al ex director Labbé que era necesario replantear el modelo de capacitación y que se debían incluir necesariamente pruebas pilotos, lo cual irrogaba una ampliación de los plazos.
Sostuvo que tanto Labbé como su círculo cercano de influencia (Eduardo Carrasco, jefe del proyecto Censo; Maximiliano Raide; y Sebastián Mathews) se mostraron contrarios a las observaciones y, por tanto, se ordenó seguir adelante con el proceso, sin una ampliación de los plazos y sin la realización de pruebas piloto.
Frente a una consulta del diputado Gonzalo Arenas (UDI), el funcionario reconoció que también pudo haber algunas fallas en la confección del cuestionario (respecto del cual estuvo a cargo), que no pudieron ser percibidas sin la aplicación de las pruebas necesarias, pero fue enfático en señalar que no por sociabilizar la autocrítica se debe diluir “la responsabilidad del capitán del barco”.
“Quien toma las decisiones más controvertidas es el señor Labbé ignorando las precauciones técnicas que nosotros le planteamos a la discusión del cuestionario”, recalcó.
Bustamante sostuvo que Labbé también ignoró complemente las precauciones técnicas que el comité asesor del censo le hizo sobre el poco adecuado manejo de las imputaciones, las cuales pasan por asignar habitantes a viviendas con moradores ausentes. Indicó que la práctica internacional permite este tipo de acción, pero obliga a la identificación expresa de la población efectivamente censada de la imputada.
“El señor Labbé tomó la decisión de no trasparentar la diferencia entre población censada y población imputada pese a haber sido advertido en innumerables ocasiones que eso se tenía que hacer, incluso pese a recibir una minuta con recomendación de las Naciones Unidas, por lo que no se puede decir que no se sabía”, comentó.
Comunicó que durante el desarrollo del censo (4 y 12 de julio de 2012), su departamento proyectó el número de personas que serían censadas, evidenciando ya en esa fecha que se estaba produciendo un nivel amplio de omisión (la cifra llegaba a los 15,8 millones). “Él (Labbé) más bien tendió a invalidar la proyección que nosotros habíamos elaborado y que terminó demostrando que el número fue relativamente certero y en las reuniones en que me tocó participar con él, él tendía a plantear que en el saldo de vivienda que faltaba por levantar había una mayor cantidad de población y el estimaba que íbamos a llegar a 17 millones de personas censadas, cuestión que no fue así”, sentenció.
Dijo que, frente a este impasse, se cerraron las conversaciones con la dirección y se disolvió el comité asesor. Acotó que, luego, en agosto, se entregaron resultados preliminares de 16 millones 572 mil personas “y lo que nos llama la atención a mí y a mi equipo es que esa cifra no cuadra ni siquiera con la cifra de suma de población censada de 15,8 millones, más los aproximadamente 600 mil de moradores ausentes que debería totalizar 16,4 millones”.
Destacó que fue en este momento en que Francisco Labbé explica la metodología del ajuste de vivienda, el cual supone imputar moradores a un conjunto de viviendas, conforme a una suposición del crecimiento de la construcción. “El señor Labbé hizo una imputación que no tiene respaldo técnico alguno, que no hace ningún país en el mundo”, enfatizó, acotando que ello es “derechamente inventar población”.
Indicó que varios testimonios apuntan a que Mariana Alcérrica y Eduardo Carrasco, asesores de Labbé, le manifestaron que estaban en contra de esa imputación, lo que no fue considerado por el ex director. “Labbé insistió en que igual se realizara, por ende se trata de una decisión que yo considero técnicamente muy inadecuada, muy mala, que él tomó solo y de manera consciente”, estimó.
Bustamante planteó que la influencia de Maximiliano Raide era total y dijo tener la impresión que, en algún momento, el INE dejó de conducirse por los canales formales, tomando el control efectivo una suerte de comité directivo paralelo conformado por Labbé, Raide, Carrasco y Mathews.
En la oportunidad, Juan Radrigán, Coordinador del Departamento de Infraestructura Estadística, y Gerzo Gallardo, Jefe del Departamento de Estudios Económicos Estructurales, aclararon algunos puntos pendientes de una sesión anterior, particularmente su participación en la llamada “Carta de los 11”, suscrita por funcionarios del INE.
“La carta expresa un conjunto de condiciones de anormalidad de una institución seria, de una institución para nada mediocre, que se fue haciendo mediocre en el último período del señor Labbé; que se fue haciendo mediocre desde la dirección cuando disloca una institución seria”, puntualizó Radrigán. “Nuestro ánimo fue con fines de aclarar y tener respuesta a temas que se estaban tratando en cuatro paredes. Queríamos que eso no continuara, porque se estaba minando la institución”, agregó Gallardo.
Ambos funcionarios resaltaron el nivel de compromiso de la institución y calificaron como muy grave la filtración de información del Censo 2012. Consideraron que ello afecta la credibilidad del INE y mina la confianza del público.
Radrigán confidenció que cuando se tuvo conocimiento de la filtración de datos a la prensa, se hicieron varios reclamos y se pidió una investigación interna a la administración de Labbé, la cual fue dilatada. “La jefa de comunicaciones de ese tiempo, Marcela Martínez, hizo el reclamo formal y fue despedida… Es muy difuso ese evento para dejarlo bajo la alfombra”, recalcó el funcionario.
Santiago de Chile, 27 de agosto 2013
Crónica Digital / Agencias
