Por Omar Cid* Si la Corte Penal Internacional existiera para lo que fue fundada, Obama y Biden, deberían estar presos. Referirse al largo historial de invasiones, bombardeos y genocidios, emprendidos por Estados Unidos y la OTAN desde la fundación del propio organismo, es el espejo de su propia incapacidad y dependencia colonial de la anglo-esfera. La sola mención de Siria, Libia, Afganistán e Irak y su terrible costo en vidas humanas, destrucción de su infraestructura vital y saqueo, son argumentos suficientes, para demostrar la falsa ecuanimidad del organismo internacional. Si la Corte Penal Internacional fuera seria, el comediante Zelenski y su camarilla de generales nazis[i], no podrían ocupar foro alguno, sin embargo, se brinda protección a sus tropelías. Si la Corte Penal Internacional u otro organismo ligado al tema de los Derechos Humanos y medio ambiente, tuvieran un mínimo de dignidad, tendrían que pronunciarse en contra del material entregado por El Reino Unido al gobierno títere de Ucrania, donde los anglosajones reconocen la “donación” de municiones compuestas de uranio empobrecido, para los tanques Challenger 2. La experiencia, sobre el uso de estas armas sucias en Irak y Yugoslavia, por parte de la OTAN son devastadoras[ii]. El silencio inmisericorde, ante las secuelas de abortos espontáneos, defectos congénitos y aumento de enfermedades cancerosas. Además, del daño al medio ambiente, son razones intensas, para condenar de modo tajante este acto que atenta contra el derecho internacional y escala el conflicto de manera irresponsable[iii]. Porque hasta donde sabemos, los rusos no son ciegos, sordos ni mancos -y a diferencia de los seguidores de Mackinder, están defendiendo su destino como Estado independiente y soberano. Ahora, el uso de la normativa cosmopolita de modo antojadizo, pretendiendo que rija para otros y no para ellos mismos, por parte del Reino Unido y su par norteamericano, es una práctica ya conocida del viejo orden. No es casualidad entonces, que buscaran de modo desesperado en una institución zombi, como la CPI algún tipo de pronunciamiento y reafirmación de su poder: en franca decadencia. El espectáculo es solo eso, palabra muerta, sin posibilidad alguna de concretarse. Lo anecdótico, es que el arlequín ucraniano, ni siquiera ha firmado el acuerdo de Roma. De ahí, lo frívolo y acomodaticio de la decisión del presidente Boric, de apoyar un documento sin ningún poder real, porque los países en conflicto, no se rigen por el estatuto de La CPI, es decir, no reconocen su jurisdicción. La disposición entonces, de apoyar un acto más propagandístico que jurídico, se agrava, en circunstancias como la entrega de municiones con uranio empobrecido[iv] al ejercito ucraniano, por parte del Reino Unido, con el consentimiento del Pentágono. Tal vez, hubiera sido más beneficioso para nuestro país, acercarse a la posición expresada por el Presidente López Obrador, de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. ¿Cómo es posible que, la idea del respeto al derecho ajeno como fundamento de la paz, se encuentre tan alejada de nuestra práctica internacional? Habrá quienes, consideren esta posición como extrema, si fuera así, al […]
CPI
La rúbrica de la carta de entendimiento siguió a la decisión del fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, de concluir el examen preliminar del caso Venezuela I, iniciado en 2018 en torno a supuestas violaciones de derechos humanos en el contexto de las manifestaciones violentas de 2017, y proceder a abrir una pesquisa formal. El Estado venezolano interpretó que no se cumplieron los requisitos para justificar el paso a la siguiente fase de investigación, y consideró que las denuncias deben ser abordadas en el país por las instituciones nacionales existentes creadas para tal fin. Según lo acordado, a pesar de las diferencias de opinión sobre este tema, las partes ratificaron el compromiso a colaborar activamente entre sí, establecer mecanismos para mejorar la cooperación y facilitar el efectivo desempeño del mandato de la Fiscalía de la CPI en el territorio venezolano. Asimismo, el Gobierno de Venezuela adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y compromiso activo del ente judicial internacional. Al respecto, el mandatario Nicolás Maduro aseguró que “respeta, pero no comparte” la decisión adoptada por la Fiscalía de la CPI, aunque ratificó la voluntad del Estado venezolano y sus instituciones en la búsqueda de la verdad y la determinación de hechos. “Venezuela garantiza la justicia con instituciones que están dispuestas a mejorar, perfeccionarse y avanzar; para que haya paz, debe haber justicia”, enfatizó Maduro durante la firma del acuerdo. A su vez, el fiscal Karim Khan subrayó el compromiso de trabajar de manera complementaria e independiente con Venezuela, al tiempo que rechazó cualquier intento de politizar la labor de su despacho; “nos guían los principios de la legalidad y el Estado de Derecho, no cuestiones políticas”, aseveró. Ante este escenario, el Parlamento venezolano aprobó un acuerdo de respaldo al memorando de entendimiento suscrito la víspera por la República Bolivariana y la Fiscalía de la CPI, en el cual exhortó a los órganos de justicia a redoblar sus esfuerzos para investigar y sancionar hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos. Asimismo, la Asamblea Nacional estableció su plena disposición para emprender las reformas y medidas necesarias para fortalecer el respeto y garantía de los derechos humanos en el país, así como para contribuir al adecuado funcionamiento del sistema judicial. Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, calificó la firma del memorando como una victoria de las instituciones democráticas venezolanas, al abrir las puertas a la consolidación del diálogo y la cooperación entre las partes para el establecimiento de la verdad en los hechos denunciados. Saab precisó que los expertos de la CPI podrán percatarse del sostenido trabajo de las instituciones penales y judiciales venezolanas en materia de imputaciones y sentencias condenatorias relacionadas con violaciones de derechos humanos, “para castigar a quienes lamentablemente se separaron del camino de la ley”, manifestó. Crónica Digital/PL Santiago de Chile, 6 de noviembre 2021
