Este jueves, el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, asistió al lanzamiento de la política de integridad de la Municipalidad de Renca, que considera la implementación de un Código de Ética, un Reglamento de Transparencia y un Manual de Probidad, así como el establecimiento de un canal de denuncias anónimas, a través del cual funcionarios y vecinos puedan dar cuenta de cualquier situación irregular de que puedan tener conocimiento. En la oportunidad, el titular del CPLT, Bernardo Navarrete, destacó la iniciativa, señalando que “es muy importante lo que ustedes están haciendo; han ido avanzando bastante. Yo creo que esta es de las únicas municipalidades que tiene un sistema de integridad pública que se está articulando como tal. Es importante destacar que sólo 65 comunas en Chile tienen un código de ética, que ni siquiera son como el que tienen ustedes, en términos prácticos. Es decir, el 19% de las comunas tiene algo cercano a lo que podría considerarse un código de ética. Por tanto, el desafío de ir avanzando en la implementación de este tipo de instrumentos es enorme”. Por su parte, el alcalde de Renca, Claudio Castro, señaló que “para fortalecer la legitimidad de nuestras instituciones, es crucial que actuemos con determinación y firmeza. El 2023 terminamos de redactar un código de ética y buenas prácticas, que nació de una encuesta de integridad municipal en la que participó toda la comunidad funcionaria de Renca. Este código, que estamos firmando ahora, es un paso en la dirección correcta: Un paso a un municipio más transparente con nuestros vecinos y vecinas, y de cara al país”. A la ceremonia asistieron, además del Presidente del CPLT, representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades, de la Municipalidad de Temuco y funcionarios de la Municipalidad de Renca. Santiago de Chile, 20 de febrero 2024 Crónica Digital/PL
CPLT
Un análisis y una serie de críticas asociadas a prácticas que buscan desinformar son parte de campañas negativas o incluso persiguen difundir contenidos falsos, hizo la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), previo a la elección presidencial del próximo domingo. “La elección presidencial que se resuelve el domingo ha estado marcada por un tenso debate público. Como hemos visto en otras latitudes, decisiones de esta envergadura generan un ambiente propicio para la emergencia de fenómenos como la contaminación informativa, la campaña negativa e, incluso, la propagación deliberada de noticias falsas”, dijo la titular del CPLT. En dicho marco, la representante de este organismo, encargado de velar por el acceso a información de organismos del Estado apuntó, entre otras aristas del fenómeno, a la relevancia del papel que desempeña la ciudadanía para reducir el impacto negativo que generan este tipo de acciones. “Le corresponde a la ciudadanía un rol que es irremplazable, no sólo en tener una actitud más reflexiva sobre la información que se consume y comparte, sino también en denunciar y castigar la mentira como una práctica nefasta, que nos lleva a retroceder en nuestra convivencia y en nuestros estándares democráticos”, afirmó. Desde la perspectiva de la regulación de estas materias, planteó las dificultades que implica combatir estos fenómenos. Sin embargo, y asumiendo que la ausencia de ésta genera espacio propicio para la propagación de noticias falsas y constituye una amenaza para la decisión informada subrayó la necesidad de “avanzar en políticas públicas que logren garantizar al mismo tiempo la protección de los datos personales y la libertad de expresión e información”. Santiago de Chile, 16 de diciembre 2021 Crónica Digital
En la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) se subrayó que acorde al tipo de función que desempeñan los funcionarios del Estado “están sujetos a un nivel de escrutinio público de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus funciones”. Tras una decisión del Consejo para la Transparencia que ordenó a la Presidencia de la República entregar información sobre reuniones entre el presidente Sebastián Piñera y representantes de gremios de medios de comunicación durante el 2020, el Consejo de Defensa del Estado dedujo con fecha 10 de junio de 2021 un reclamo de ilegalidad (Rol N° 318-2021), lo que implica que será la Corte de Apelaciones de Santiago la que resuelva sobre la publicidad o reserva de la información solicitada. La acción del CDE en representación de la Presidencia, se produce luego de que el CPLT acogiera un amparo presentado en contra del organismo público mencionado por denegar la información (rol C513-21), estableciendo la calidad de públicos de los antecedentes requeridos y descartando las causales de reserva aludidas por la Presidencia. Ésta argumentó que la publicidad de lo solicitado podría afectar al debido cumplimiento de sus funciones, a la seguridad de la Nación y al interés nacional; cuestiones que para el Consejo no fueron acreditadas. La petición apuntaba en específico al número y fecha de las reuniones del Presidente de la República con representantes de la Federación de Medios, la Asociación Nacional de Prensa, la Asociación de Radiodifusores de Chile y la Asociación Nacional de Televisión en el período mencionado. Función pública transparente Tras analizar los antecedentes de este amparo, el Consejo para la Transparencia fue claro en señalar que, acorde a la Constitución y a la Ley de Transparencia, la función pública “debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares”. Esto, “conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios públicos y de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía”. El CPLT subrayó la exigencia que se impone en el caso de los funcionarios del Estado, acorde al tipo de función que desempeñan “están sujetos a un nivel de escrutinio público de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus funciones”. A juicio del Consejo para la Transparencia -como se lee en la decisión- no se aportaron “elementos suficientes” para establecer que la entrega del número y fecha de las reuniones sobre las que se solicitó información “produce una afectación presente o probable y con suficiente especificidad en las funciones del órgano reclamado, que justifiquen denegar la información solicitada”. Lo mismo apuntó respecto de la causal de afectación a la seguridad de la Nación o al interés nacional. En los descargos de la Presidencia ante el Consejo, el organismo argumentó que “las reuniones de S.E. el Presidente de la República no son materia de registro en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos o acuerdos de esta entidad”. Lo anterior, puesto que […]
