Durante el estallido social fueron quedando en evidencia, día tras día, manifestación tras manifestación, casos de violaciones los Derechos Humanos por parte del gobierno y sus policías, hacia la ciudadanía en medio de legítimas protestas que se desataron desde el 18 de octubre de 2019. El acceso a internet, teléfonos con cámara y las redes sociales, facilitó la visibilización de tales lamentables sucesos y, fue tal el ruido que causó, que el mismo presidente Sebastián Piñera se vio en la incapacidad de negarlo. Ello, en el contexto del día internacional de los Derechos Humanos, cuando el ejecutivo ante una rueda de prensa en el Palacio de La Moneda, el día 10 de diciembre con motivo de dicha conmemoración, señaló que hubo “atropellos a los Derechos Humanos”. Tal reconocimiento ocurrió luego de una fase de negación por parte de la autoridad e incluyó un “plan integral de recuperación ocular”, algo que suena muy decoroso para lo que fue la mutilación sistemática de manifestantes, con distinto armamento y tipos de proyectiles en manos de Carabineros y las FFAA. Perder uno o ambos globos oculares, perder uno de los sentidos, de por vida y de forma irreversible, tal como fue en caso de Gustavo Gatica, sólo demuestra que en Chile se reprime de la forma más cruda y avasalladora las protestas que forman parte de la declaración universal de los DDHH. Es decir, ciudadanos manifestándose legítimamente. Gustavo Gatica es uno de los tantos ejemplos, un estudiante de psicología que a sus 21 años recibió disparos de balines en sus ojos y ese fue el mismo desenlace para otros cientos de ciudadanos. Algo que me tocó ver de cerca cuando a un amigo muy cercano recibió en total tres perdigones, distribuidos en sus dos manos y que lo llevó a una operación de urgencia. Hoy soy testigo de la investigación de ese caso en manos de la PDI, uno de los tantos casos de mutilación que protagoniza la policía chilena. Siendo ese el escenario, uno en el que la misma ONG Amnistía Internacional (AI) catalogó en un informe como “la peor crisis de derechos humanos desde la dictadura de Augusto Pinochet”, sólo queda en evidencia el actuar dictatorial y sometedor, de un presidente que presume la idea de la criminalización de la protesta y avala el legado militar. La admiración de Sebastián Piñera al ex dictador no es un secreto. De modo consecutivo Chile, azotado por la violencia del actuar policial encabezado por el exministro de Interior y Seguridad Pública Andrés Chadwick, se enfrenta a una pandemia que se venía incubando en China desde diciembre. Mes en el que nuestro país austral, paralelamente, aún reclamaba sus demandas y reclutaba alrededor de dos millones de personas en Plaza Dignidad (ex Plaza Italia). En diciembre nada hacía presagiar que lo que se venía para Chile y el mundo, iba a ser la evidencia y profundización de tales demandas. Covid-19 muestra la realidad chilena Tristemente la pandemia llegó para agudizar el desamparo de los pobladores de Chile, […]
crisis sanitaria
La cifra de muertes por Covid-19 llegó a 22 el jueves 14 de mayo, siendo casi el doble que el día anterior y la más alta desde la llegada de la pandemia a Chile. Con ello, las críticas hacia el manejo de crisis que ha tenido el gobierno, también se disparan. El gobierno de Sebastián Piñera y su Ministro de Salud Jaime Mañalich, han sido foco de críticas por las decisiones tomadas para abordar la crisis sanitaria. El titular de la cartera de salud, se ha excusado diciendo a los medios: «creo que no hemos logrado encontrar un mecanismo de diálogo con la ciudadanía, transparente y de buena fe». Sin embargo, su credibilidad ha sido cuestionada previamente en diversas ocasiones, siendo un ejemplo de ello la vez en que la alcaldesa de Maipú Catherine Barriga, se adelantó al balance del gobierno y confirmó la segunda muerte por contagio en la mencionada comuna. En la ocasión, ambos se desmintieron y con ello se desató una situación de incertidumbre y desconfianza entre la ciudadanía. Tal atmósfera persiste tras el explosivo aumento de contagios y defunciones por Covid-19, ésto sin aun haber llegado el invierno a Chile, estación en la que cada año el frío es el escenario perfecto para las enfermedades respiratorias y resfriados en general. No obstante, el pasado miércoles 13 de mayo el Senado aprobó el proyecto de emergencia ante la pandemia, el cual fue aceptado exclusivamente tras ser ingresado por el gobierno mediante veto presidencial. El ingreso familiar de emergencia, asciende a 65 mil pesos por persona (unos 80 dólares) por tres meses, aporte que ha sido duramente criticado y considerado “mezquino”: el senador Juan Ignacio Latorre, del partido opositor Revolución Democrática declaró que para las fuerzas de oposición la iniciativa de La Moneda «es insuficiente, mezquina. El Gobierno ha sido intransigente porque la ayuda, entre comillas, que está entregando, está por debajo de la línea de la extrema pobreza». Además, ante la detonación de casos, el Ministerio de Salud decretó cuarentena total en el Gran Santiago a partir de hoy viernes, iniciativa que obliga a los ciudadanos a quedarse en casa y, que al mismo tiempo, acentúa la violencia que afecta a los sectores más vulnerables. Latorre también se refirió a ello: «¿Cómo le dices la gente que se quede en su casa, que cuide su salud, si no va a poder satisfacer sus necesidades más básicas de alimentación en los próximos meses?», se cuestionó el legislador. El presidente del Partido Progresista Camilo Lagos, también de la oposición, solicitó a las autoridades a actuar con responsabilidad: “Es hora de que el Estado actúe como tal y asegure el acceso a las familias a alimentación y servicios básicos para que la cuarentena total sea efectiva”, dijo el economista. Quien además, aprovechó de resaltar una arista relativa a la violencia de género y no ajena a la gestión de recursos, tras la medida de confinamiento y el aumento de denuncias por violencia intrafamiliar, desde la llegada del virus: “llamamos a […]
