La Corte Suprema de Justicia de Chile condenó a prisión a seis militares y policías por el secuestro y la desaparición de dos militantes del Partido Comunista durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Las víctimas son Raúl Gilberto Montoya, dirigente sindical, detenido el 21 de julio de 1976, y Nicomedes Toro Bravo, obrero de la construcción, arrestado el 28 de julio de ese mismo año, quienes aún se encuentran desaparecidos. Por este crimen la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, en fallo unánime, dictó sentencia condenatoria contra seis agentes del Comando Conjunto, una organización clandestina de inteligencia del régimen pinochetista que persiguió y ejecutó a opositores entre 1975 y 1976. Los sancionados a 10 años y un día de presidio por el delito de secuestro calificado reiterado son Juan Francisco Saavedra y Raúl González, de la Fuerza Aérea; Daniel Guimpert y Juan Atilio Aravena, de la Marina; y Manuel Muñoz y Ernesto Lobos, de la policía de carabineros. También fue condenado a 10 años de cárcel el exagente Otto Trujillo por los delitos de asociación ilícita y secuestro calificado, y Viviana Ugarte, a siete años de presidio, en calidad de cómplice. Para el abogado Nelson Caucoto, querellante y representante de los familiares de Nicomedes Toro Bravo, «este fallo constituye un nuevo ladrillo en la construcción del edificio del Nunca Más al que todos aspiramos como sociedad». Lo importante es vencer la impunidad y traer un grado de consuelo para los familiares que han esperado por tantos años que los tribunales de justicia esclarezcan estos hechos tan dramáticos, dijo Caucoto a la prensa. Durante el régimen de Pinochet se registraron en el país más de 40 mil casos de delitos de lesa humanidad, entre ellos tres mil 200 asesinatos y desapariciones. Santiago de Chile, 28 de febrero 2023 Crónica Digital/PL
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Por Andrés Figueroa Cornejo Con una marcha desde la Plaza de la Dignidad hasta la Plaza de Armas, en Santiago de Chile, se conmemoró el 74 aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos este sábado 10 de diciembre, fecha que coincide irónicamente con la muerte del dictador Augusto Pinochet ocurrida en 2006. Durante la caminata, la presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, y vocera de la Coordinadora de Derechos Humanos y Sociales, Alicia Lira, indicó que, “seguimos reclamando tras 31 años de gobiernos post dictadura, que todavía buscamos a nuestros detenidos desaparecidos, sin que se haya elaborado ningún proyecto serio y sistemático desde La Moneda para dar con el paradero de nuestros familiares. Y a 49 años del golpe de Estado, son muchos los civiles que jugaron un papel crucial en la ruptura criminal del gobierno de la Unidad Popular y no han purgado nada en lo penal ni en lo social” y agregó que, “persisten las violaciones de los Derechos Humanos en la actualidad. Muchos jóvenes que fueron detenidos en el marco de la revuelta social de 2019 aún están en prisión preventiva. Exigimos su libertad”. -En cambio, Santiago se llena de homenajes a personajes enemigos de los intereses populares… “Queremos dar a conocer nuestra impotencia y rabia al ver instalada frente al Palacio de La Moneda una estatua recién inaugurada del presidente Patricio Aylwin, un incitador golpista, como su mentor, el dirigente democristiano Eduardo Frei Montalva. Años después del golpe, Aylwin se convirtió en un presidente que declaró hacer justicia “en la medida de lo posible”. Ello ofende la memoria de las víctimas de la dictadura. Asimismo, durante el gobierno de Aylwin (1990-1994) se elaboraron políticas para aniquilar a los grupos de resistencia anti pinochetistas, como el MAPU-Lautaro y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ese monumento nos violenta por representar a una persona tan nefasta para nuestro país y para nuestro pueblo.” -Hoy la Fiscalía está pidiendo 25 años de cárcel contra el vocero de la mapuche Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul… “Nos violenta que el Ministerio Público actúe así contra un legítimo dirigente del pueblo originario mapuche, mientras que existen torturadores y asesinos que cometieron crímenes de lesa humanidad y jamás han sido imputados con presidio efectivo. La justicia que existe es clasista y racista. Meten preso a los jóvenes de la revuelta cuando a los empresarios Lavín y Délano los envían a tomar ‘clases de ética’ por robos multimillonarios que hicieron de platas fiscales.” “A terminar con toda la herencia del dictador” Por su parte, el joven militante y luchador del Partido de los Trabajadores Revolucionarios, PTR, Dauno Tótoro, quien ha cobrado notoriedad por su participación en paneles televisivos donde se ha batido argumentativamente con políticos de la extrema derecha, expresó que, “vivimos tiempos preocupantes. A tres años de la rebelión popular, se mantiene la impunidad de los represores materiales y sus representantes políticos. Asimismo, el gobierno de Boric ha intensificado la represión y militarización sobre las comunidades mapuche, por […]
Por Ricardo Klapp Santa Cruz Presidente del Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende Hace 74 años, se proclamó la “Declaración Universal de Derechos Humanos”, Chile firmó, y participó en la redacción del texto y Hernán Santa Cruz, amigo y compadre de Salvador Allende y Embajador ante Naciones Unidas. Aunque la aprobación del documento no la han cumplido algunos Estados miembros, prueba de ello son las violaciones que se han realizado en Chile en el marco de la dictadura-cívico militar y actualmente en relación a las movilizaciones sociales en donde se ha evidenciado, abuso y violencia contra manifestantes sociales, lo que constituye violaciones a los derechos humanos. Los lugares y sitios de Memoria, constituyen instrumentos comunicacional y testimonios a disposición de la ciudadanía, sobre la Justicia, Verdad, Memoria y Reparación. Tiene por objetivo el reconocimiento y preservación integral de la Memoria Histórica y los Derechos Humanos. Un Estado Democrático debería garantizar su instalación, preservación, funcionamiento a cargo de las organizaciones de Derechos Humanos. Varios sitios de Memoria han sido objeto de vandalismo y los atentados por parte de sectores relacionistas que están de acuerdo con el terrorismo de Estado que ocurrió durante la dictadura cívico-militar. La década de los setenta, en Chile y América Latina, las dictaduras militares irrumpieron con dispositivos represivos y coordinados causando daños físicos, económicos, psíquicos y emocionales a las víctimas de detenciones, desapariciones con decenas de miles de ausencias, secuestros, torturas, violaciones y abusos sexuales, prisiones prolongadas, eliminación física, exilios, deportaciones y relegaciones. Siendo la dictadura más sangrientas y prolongada, del continente. El proceso social de memoria histórica, enlaza el pasado con el presente con relatos históricos como sujetos personales como colectivos, para mantener viva las historias de los que trataron de condenar al olvido y a la exclusión. El 10 de diciembre del año 2016, hace 6 años, se inauguró el Memorial por la Justicia y la Dignidad, Provincia Cordillera. El Memorial se encuentra protegido según la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales, en su Art. 17 está en la Categoría de -Monumento Público- , y en el Art. 20 señala que la Delegación Provincial, como el Municipio, están a cargo de la mantención y ornato según la Ley, de dicha obra protegida, como lo estipula la Unidad de Memoria y Derechos Humanos del Consejo de Monumentos Nacionales. Está dedicado a los 70 Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos en la Provincia Cordillera, construido con dos rocas de granito de 2,5 metros de altura. En la Provincia Cordillera, fueron Ejecutados más de 45 personas y otros 25 fueron secuestrados, engrosando la larga lista de los Detenidos Desaparecidos. En total más de 70 personas. Además más de 2.000 presos políticos sufrieron torturas. También, cerca de 4.000 fueron exonerados. Varios miles fueron allanados, detenidos en protestas ciudadanas, y muchos tuvieron que exiliarse por el odio desatado contra en pueblo. Hemos logrado tener una Avenida Salvador Allende, instalar Monolitos, Murales, realizar actividades culturales, exposiciones, marchas, velatones, editar libros, murales y publicaciones como parte de la lucha con la memoria histórica y […]
Desde la crisis social de 2019 se ha producido un preocupante aumento de las agresiones a periodistas y comunicadores/as durante sus labores en Chile. Desde entonces, el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) organización sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, ha registrado más de 400 agresiones por parte de fuerzas del orden público mediante seguimiento de casos, revisiones de prensa y solicitudes de acceso a la información mediante transparencia. Sumado a ello, en marzo de 2021, se conoció el ataque con disparos a un equipo de TVN en La Araucanía y, en 2022, el lamentable fallecimiento de Francisca Sandoval, reportera de Señal 3 La Victoria a causa de un disparo recibido mientras cubría una protesta el 1° de mayo en Santiago. Estos hechos, que evidenciaron la necesidad de aportar información sobre la seguridad del ejercicio periodístico en nuestro país, motivaron el desarrollo del proyecto “Aplicación de los Indicadores de Seguridad de Periodistas en Chile” que contará con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de UNESCO, el que será ejecutado por investigadores/as de ODC entre noviembre de 2022 y junio de 2023, con el objetivo de contribuir a la protección de las y los trabajadores de la prensa e impulsar el perfeccionamiento de políticas públicas en la materia. “Chile se encuentra en una crisis de Libertad de Expresión que se ha agudizado desde el estallido social y la emergencia sanitaria afectando el ejercicio pleno de la democracia. Por eso con este proyecto buscamos generar conciencia entre los diferentes agentes involucrados: periodistas, fiscales, investigadores, legisladores, entre otros, para impulsar el debate y el desarrollo de medidas efectivas para la promoción de la seguridad y la protección de las y los trabajadores de la prensa”, señaló el director de ODC, Javier García. Este proyecto, pionero en Chile, toma como base las recomendaciones e indicadores de Seguridad de Periodistas realizados por UNESCO y contempla la realización de informes sobre la situación en Chile, una base de datos sobre las agresiones registradas a la prensa desde 2019 y dos talleres sobre seguridad física y digital para el desarrollo de la actividad informativa. Además, los principales hallazgos se presentarán al finalizar el período de ejecución del proyecto durante un seminario en el que se debatirá sobre posibles mejoras para proteger la labor periodística con agentes de organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas. Situación en Chile Según los datos recopilados, desde octubre de 2019 hasta noviembre de 2021 se contabilizaron 403 ataques contra la prensa, a través de amenazas e intimidaciones contra periodistas, comunicadores/as, fotógrafos/as y medios de comunicación. La mayoría de las agresiones y actos de hostigamiento ocurrieron cuando las y los trabajadores se encontraban realizando cobertura informativa de las protestas y fueron cometidas principalmente por funcionarios de Fuerzas Especiales. Según el Informe sobre Libertad de Expresión en el Contexto de las Protestas y Movilizaciones en Chile – elaborado por ODC y Fundación Datos Protegidos con la colaboración de académicas […]
El presidente de Chile, Gabriel Boric, rindió cuentas sobre los procesos de reparación integral para víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social de 2019. Sé que es difícil confiar, dar un paso cuando el Estado vulneró los Derechos Humanos, cuando te quitó la visión o te hizo un trauma ocular, o a través del Estado un familiar perdió la vida, venir a la casa del Estado a confiar es duro, explicó. No obstante, el mandatario recalcó su intención de «partir de ese reconocimiento de humildad. Hoy día tengo el honor de ser el representante electo del Estado y me comprometo existencialmente a que esto no puede volver a suceder y a trabajar por la memoria, por la reparación y por la verdad». Por su parte, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, enfatizó que se mostró en la misma línea y ratificó su determinación de reparar los daños de las personas implicadas en aquellos sucesos. Ríos dijo que crearán las bases para una Ley de Reparación Integral avanzando en el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el estallido social, construyendo y tendiendo puentes de confianza entre el Estado, las víctimas y sus familias. Desde la llegada de Boric al poder, en marzo último, uno de los principales objetivos de su agenda siempre fue resarcir a las víctimas del estallido social de octubre de 2019, cuando fueron vulnerados los derechos humanos de decenas de miles de chilenos. Vale recordar que el 18 de octubre de 2019 comenzó en esta capital un movimiento, impulsado por estudiantes, contra el alza de la tarifa del metro, el cual posteriormente se extendió por todo el país y demostró el descontento de la población con las desigualdades sociales y el modelo neoliberal. Dicho estallido recibió olas de violenta represión por parte del gobierno de Sebastián Piñera, quien gastó gran parte de su capital político en pos de criminalizar a los manifestantes y desligitimar las protestas. Según la prensa local, la represión de los carabineros dejó un saldo de cerca de 30 muertos, miles de heridos y detenidos, y 460 personas con daños oculares producto del disparo de perdigones o bombas lacrimógenas. Santiago de Chile, 4 de agosto 2022 Crónica Digital/PL
Este sábado 30 de julio a las 11.30 horas, en el Teatro Carrera de la Comuna El Monte, se realizará un acto en homenaje y a la memoria de las víctimas de las violaciones de los Derechos Humanos en Chile en la figura de Rodrigo Rojas de Negri, quién fuera cruelmente asesinado en julio del año 1986 durante la dictadura cívico militar. Para ello, la poeta y escritora Ximena Gautier, hará la presentación del libro Poemario “Rodrigo”, y que en esta oportunidad, estará acompañada de la madre de Rodrigo, la señora Verónica De Negri, y los artistas locales montinos, el poeta Guzmaro Barrera, el músico y compositor montino Álvaro Valle y la Agrupación Cuequera “La Revuelta”. Para estos efectos, la Corporación para el Desarrollo del Maipo, institución comprometida en la promoción y defensa de los Derechos Humanos y los Pueblos, organizadora de este evento, hace un llamado, en el marco de los desafíos que nos impone la construcción de una sociedad más justa, democrática, solidaria y fraterna, a la necesaria unidad y articulación de los esfuerzos para alcanzar un gran triunfo este próximo 4 de septiembre logrando así una Nueva Constitución que garantice los Derechos Humanos y de los Pueblos. Santiago de Chile, 28 de julio 2022 Crónica Digital
El montaje de la Compañía Mala Madre relata la historia de dos niñas que deben disertar sobre un héroe de la patria, para lo cual escogen a la madre de una de ellas: Cecilia Magni, la “Comandante Tamara”, militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. “La compañera” es la cuarta obra del ciclo de teatro 6 Historias de Dictadura y Derechos Humanos, que organiza el Museo, y se presenta este jueves, viernes y sábado a las 20 horas, con funciones gratuitas. Mezclando hechos históricos con elementos de ficción, la trama problematiza la vinculación entre una hija y su madre ausente, y propone una reflexión sobre las opciones políticas que, en el plano personal y familiar, pueden implicar pérdidas y dolores. “Nos interesa dar valor al rol político de las mujeres en las reivindicaciones sociales en Chile y Latinoamérica”, señala la directora, Carla Romero. “Buscamos valorar la dimensión histórica de nuestra vida cotidiana y de nuestras relaciones, por ejemplo, en el caso de la maternidad, que tiene importancia no solo en el cuarto propio, sino que también en la historia social”. Romero es también autora del texto, junto a la argentina Laura Agorreca, trabajo que se inició con una indagación sobre la vida de mujeres guerrilleras en diversos países del continente. A medida que avanzó la dramaturgia, se fue centrando específicamente en la vida de Cecilia Magni, y en su vinculación amorosa con su hija, que quedó plasmada en cartas personales y otros escritos. La directora y dramaturga apunta, en este contexto, a la importancia de abordar este tipo de temas, pese a que ciertas voces señalan que la dictadura sea un tema del “pasado”. “La obra justamente se hace la pregunta de por qué seguir hablando de estos temas, y es porque son nuestras madres, son nuestras abuelas, entonces es bien difícil cerrarlo. No se trata de recordarlo simplemente, sino que se trata de activar un presente con eso”. Así, el relato transcurre en la actualidad, habla de personas de hoy -en este caso, dos estudiantes que tienen que hacer una disertación-, y hace una reflexión desde este presente sobre la dictadura. “La opción política de esta madre implica pérdidas, entonces hay heroísmo y admiración, pero también hay crítica”, concluye Romero. “La compañera” cuenta con las actuaciones de Mariana Muñoz y Claudia Cabezas, y después de un estreno virtual forzado por la pandemia, ha tenido presentaciones en el GAM y en el Festival Lluvia de Teatro en Valdivia. Esta semana aterriza en el Museo de la Memoria y los DDHH, donde tendrá funciones gratuitas el jueves, viernes y sábado a las 20 horas, en el Auditorio del Museo. Al terminar la función del día sábado, el público tendrá la oportunidad de dialogar con la directora y con las actrices. Y al igual que durante todo el ciclo, antes de cada función el público podrá ser parte de la intervención «El pueblo no tendrá otro camino», montaje interactivo compuesto de juegos de video, audios y videoarte, realizado por la compañía de teatro “La Junta”, […]
Este documental muestra la historia del único sobreviviente de la masacre de Cullipeumo, cerca de Paine, Región Metropolitana de Chile, ocurrida el 17 de septiembre de 1973. Esta ejecución de 5 campesinos de los asentamientos de Paine, perpetrada por civiles y carabineros de esta misma localidad agrícola se ha mantenida impune por más de 4 décadas. Los familiares de las víctimas aún siguen buscando justicia. Santiago de Chile, 12 de febrero 2022 Crónica Digital
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile solicitó al Estado la aprobación de una ley de reparación a las víctimas de la represión policial y militar contra el estallido social de 2019. Sergio Micco, director del INDH, hizo la demanda tras lamentar el suicidio este fin de semana de Patricio Pardo, de 26 años, quien no logró salir de la depresión por sufrir un trauma ocular durante las manifestaciones. Esto confirma la urgencia de una ley de rehabilitación integral que incluya atención psicológica y acompañamiento a las víctimas, dijo Micco. El 18 de octubre de 2019 comenzó en esta capital un movimiento, impulsado por estudiantes, contra el alza de la tarifa del metro, que posteriormente se extendió por todo el país y demostró el descontento de la población con las desigualdades sociales y el modelo neoliberal. Las protestas fueron violentamente reprimidas por los carabineros y las fuerzas armadas, con saldo de cerca de 30 muertos, miles de heridos y 460 personas con daños oculares producto del disparo de perdigones o bombas lacrimógenas. Dos años después de aquellos sucesos estamos más cerca de la impunidad que de la verdad y justicia, denunció recientemente Micco. Un balance del Instituto Nacional de Derechos Humanos refleja que de las tres mil 72 querellas presentadas por el organismo por la violencia policial, torturas, asesinatos y traumas oculares, solo cuatro recibieron sentencias condenatorias. Santiago de Chile, 12 de diciembre 2021 Crónica Digital/PL
El Equipo chileno de Antropología Forense y Derechos Humanos, ECHAF, con el apoyo de la Municipalidad de Copiapó y la Universidad de Atacama, UDA, iniciará un trabajo de excavación en el Patio 16 del Cementerio de Copiapó. Después de un año de que se realizara la primera excavación en el Cementerio Municipal de Copiapó (octubre del 2020) -en esa oportunidad monitoreo en el Patio 19- para investigar si se daba con el paradero de los restos de las tres personas detenidas y ejecutadas por la Caravana de la Muerte el año 1973 del Salvador, los señores Benito Tapia Tapia, Maguindo Castillo Andrade y Ricardo García Posada, que forman parte de los 16 detenidos y ejecutados en la ciudad de Copiapó, 13 de los cuales ya fueron encontrados, ECHAF parte con una segunda campaña. El alcalde de Copiapó, Marcos López, quien se define como un hombre de origen humilde y con una familia de izquierda, dice que el apoyo que le ha dado a esta segunda campaña “es el querer terminar una tarea iniciada el año pasado y ojalá encontrar los cuerpos de estos tres detenidos desaparecidos de forma de poder cerrar un ciclo en esta región y uno muy importante para las familias”. “En esta comuna siempre ha existido un alto interés en estos temas, durante los ’80 concurríamos religiosamente cada año a rendir homenaje a los fusilados, como se les llamaba en esos años, al Cementerio de Copiapó. Cuando se encontraron los cuerpos de los otros desaparecidos y fueron exhumados hubo una gran consternación en nuestra ciudad, fue difícil. Posteriormente se hizo un memorial para rendirles homenaje, el que estuvo encabezado por el Obispo don Fernando Ariztía, donde se generaron señales de unidad y reconciliación”. Destaca por último que también apoya esta campaña, para dar una señal a las Municipalidades “donde hay indicios, sospechas o datos de que aún hay cuerpos que no se han buscado, que es importante hacer el esfuerzo. Bien vale la pena hacerlo, hay que cerrar para seguir avanzando”. “Se trabajará con protocolos del más alto estándar cientítico” La antropóloga forense Daniela Leiva F., presidenta de ECHAF, señala que los desafíos en esta oportunidad son “realizar un trabajo masivo de descarte que nos permita dar con el nivel en el subsuelo en que pensamos podría encontrarse la fosa común, lugar posible para dar con los restos de quienes estamos buscando. Estos trabajos se llevarán a cabo mediante el uso de protocolos del más alto estándar científico, protegiendo los procedimientos en tanto cualquier hallazgo en contexto de inhumaciones ilegales del tiempo de la dictadura cívico-militar, pueda reabrir nuevas causas judiciales que actualmente se encuentran cerradas”. Las nuevas excavaciones se realizarán ahora en el Patio 16, considerando que este sitio podría ampliar las posibilidades de dar con los restos de las personas señaladas según el levantamiento de la información de testimonios y se podrá llevar a cabo respetando el Decreto Alcaldicio N°11247, del 26 de junio del año 2020, de forma que se cumpla con el objetivo […]
