“Sebastián Piñera debe responder por sus gastos en honorarios de abogados. Queremos saber cuánto le está costando su defensa en todas las causas en las que se está defendiendo, y quién paga por ello, si es de su fortuna personal o del Fisco, de todos los chilenos y chilenas”, manifestó el senador Alejandro Navarro tras el rechazo a la solicitud de los juristas del parlamentario. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado añadió que, “queremos los contratos, los nombres, y toda la información relativa a la defensa jurídica de Piñera, pues aquí hay muchas dudas respecto a quién le está pagando a los abogados y cuánto”. Respecto al rechazo a la solicitud de sobreseimiento, Alejandro Navarro explicó que, “sus abogados querían que se dejaran afuera todas las causes posteriores a la primera quince de marzo de 2020, pese a que como todo el país sabe, los atropellos y abusos a los derechos humanos se han seguido cometiendo hasta el día de hoy”. “Esto a fin de restringirla pues los crímenes de lesa humanidad requieren de un contexto, esto es, que exista un ataque a la población civil por parte de las fuerzas del Estado, lo que no se podría haber ejecutado en pandemia con las cuarentenas”, manifestó el Senador por la Región del Biobío. De acuerdo a Navarro, “Piñera rebotó en el Tribunal de Garantía y va a seguir rebotando, pues se rechazó la petición de sus abogados Zaliasnik y Donoso, que a fin de cuentas es la búsqueda de impunidad para el multimillonario, la que seguirán intentando de manera infructuosa, por vamos a estar atentos y lo vamos a impedir”. “Sebastián Piñera intenta eludir la justicia en Chile”, continuó, “pero las querellas que hemos presentado son imprescriptibles, por lo que tendrá que responder ya sea como Presidente de la República o como ciudadano”. “Y debe tener en claro también que no habrá impunidad, agotaremos todas las instancias en Chile y a nivel internacional, como en la Corte Penal Internacional de La Haya; vamos a perseguir los crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos, torturas, y trato abusivo, esté donde esté ”, sentenció el senador progresista. Concepción, 2 de julio 2021 Crónica Digital
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La Bancada de Diputados exigió al gobierno y la PDI aclarar información sobre la fuga de Walter Klug Rivera, condenado por la desaparición y ejecución de 23 trabajadores de Endesa, Central el Toro entre el 11 de septiembre y el 17 de noviembre de 1973 en el sector cordillerano de Los Ángeles, Región del Bío Bío. Los parlamentarios socialista afirmaron que es «inaceptable que una persona que ya una vez se fugó y logró ser extraditado desde Italia en el 2020, haya sido dejado sin vigilancia por parte de la Policía de Investigaciones». «Hoy nos enteramos que esta persona se fugó a Argentina y se encuentra esperando un vuelo hacia Alemania lugar donde no podrá ser extraditado. Exigimos que el Ministerio del Interior nos explique porque una persona condenada por crímenes de lesa humanidad puede salir del país sin ser detectado y porque se ha descuidado la vigilancia efectiva sobre estas personas». «A través de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Emilia Nuyado, pediremos citar a las autoridades responsables para que respondan por esta negligencia inaceptable». «Como socialistas exigimos que el gobierno responda y adopte medidas urgentes para devolver a este criminal al País. El Estado chileno no puede aceptar que personas condenadas por desaparición y ejecuciones anden libres por el mundo», concluyeron los diputados PS. Santiago de Chile, 11 de junio 2021 Crónica Digital
De manera “urgente, y para detener las violaciones a los derechos humanos que persisten y se incrementan”, el Partido Comunista de Chile anunció que recurrirá a los tribunales internacionales de Justicia, para que procesen al Presidente Sebastián Piñera. En concreto, el PC informó que prepara la presentación ante la Corte Penal Internacional. El presidente del partido, el diputado Guillermo Teillier, señaló que tras la acusación constitucional que se presentó en la Cámara de Diputados, y que fue rechazada por las bancadas de derecha y progubernamentales, y algunos parlamentarios de la DC y el PR, la situación respecto a las violaciones a los derechos humanos “no ha cambiado, y nos preocupa mucho que esto quede en la impunidad, e incluso se incremente”. En ese sentido, el encargado de relaciones políticas del PC y miembro de su comisión política, Juan Andrés Lagos, afirmó que “el tema de fondo es que necesitamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para detener las violaciones a los derechos humanos en Chile. Hay nuevas víctimas fatales y otras personas con pérdida de sus ojos, en el marco de la represión desatada contra las manifestaciones el primero de enero del 2020”. A ello se agrega, destacó el dirigente, el hecho que varios organismos internacionales defensores de los derechos humanos, como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han reiterado su preocupación y han exigido detener al gobierno de Piñera la escalada represiva. “El gobierno de Piñera viola el estado de derecho en Chile, porque de forma y fondo, nuestro país reconoce y ha incorporado a su legislación interna, la legislación y tratados internacionales que establecen la defensa de los derechos humanos, y por tanto el poder político presidencial está obligado a protegerlos a cabalidad”. “Chile, en rigor, esta en una indefensión, y eso es muy peligroso para la ciudadanía y el Pueblo. Más por la historia, cuando bajo la dictadura de derecha de Pinochet, el estado y sus poderes ejercieron el terrorismo de estado. Hoy en Chile se reprime con mucha violencia el derecho a la protesta y manifestación pública; y se está criminalizando el derecho a la libertad de expresión y opinión”, indicó Lagos. Finalmente, el encargado de relaciones políticas del Partido Comunista, destacó que “existe una incongruencia total entre lo que dice Piñera y sus ministras y ministros, respecto de la protección de los derechos humanos, y lo que hace el gobierno cuando instruye a la policía militarizada que reprime”. “Necesitamos que la Justicia Internacional intervenga con urgencia, para detener las violaciones; para impedir la impunidad; y para que este gobierno no siga en el camino de normalizar las atrocidades que se cometen, como si eso fuera el costo que hay que pagar para imponer su autoritaria normalidad social. Ya no es suficiente que los organismos internacionales defensores de los derechos humanos constaten estas violaciones, porque en los hechos, el gobierno no los escucha, y eso es muy peligroso para Chile. Santiago de Chile, 3 de enero 2020 CRÓNICA DIGITAL
De acuerdo al Presidente de la Comisión de DDHH del Senado, “este informe llega un día después del juicio político al Presidente Piñera, creo que habría sido muy distinto el ambiente en esa Acusación Constitucional, si el documento hubiera salido con anterioridad o durante el mismo día jueves. Debió estar antes”. Para Alejandro Navarro, “el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no hace sino reiterar y ratificar que la violación de los derechos humanos desde el 18 de octubre en Chile ha sido dura, general, sistemática, y se ha ensañado con los manifestantes que marchan de manera pacífica. Navarro afirmó que el informe “contiene una descripción general, porque es imposible que el papel pueda contener el dolor y el drama de los miles y miles de chilenos y chilenas que han sufrido violación a sus derechos humanos, un trato inhumano y degradante, asesinatos y violaciones sexuales”. “Pero efectivamente documenta que 28.000 personas fueron detenidas entre el 18 de octubre y el 6 de diciembre, así como 4.903 casos de personas heridas, 113 casos de torturas, 24 mujeres violentadas sexualmente e investigaciones por 23 muertes”, manifestó el parlamentario. “Por tanto”, agregó, “se ajustaría más a la realidad que que en vez de establecer la privación arbitraria de la vida, dijera asesinatos. Y que en vez de violencia sexual, señalara violaciones a mujeres y hombres”. El senador progresista agregó que, “este informe, si bien está condicionado por su origen ya que Michelle Bachelet fue Presidenta de Chile y en su gobierno también hubo cuestionamientos a los derechos humanos por el pueblo Mapuche, es un documento que narra y describe lo que ha ocurrido en Chile desde que comenzó la movilización social el 18 de octubre, y se suma así de manera lapidaria a una triada de informes, junto al de Amnistía Internacional y el de Human Rights Watch, que no dejan duda alguna: el Presidente Piñera está cuestionado y tiene que ser procesado en mi opinión, penalmente”. “Por ello hemos presentado una querella criminal por delitos de lesa humanidad en contra de Sebastián Piñera, basándonos en los más de 350 casos de mutilaciones de los ojos, con pérdidas parciales o totales de la vista, de manera sistemática a partir del 18 de octubre”, recordó el senador por la Región del Biobío. Alejandro Navarro finalizó haciendo hincapié en que, “el informe de Bachelet ratifica de manera lapidaria que el Presidente ha violado los derechos humanos, pues aunque no se señale allí, todos sabemos que la responsabilidad no es solo del Carabinero que apreta el gatillo para disparar la bomba lacrimógena o el balín; también es de quien da la orden y de quien no hace nada para evitar que esto siga pasando en el país, y ese es Sebastián Piñera, Presidente de Chile”. Santiago de Chile, 13 diciembre 2019 Crónica Digital
Dictan orden de captura para tres exagentes de la CNI que se encuentran prófugos de la justicia, tras dictarse condena por su participación en el secuestro calificado de cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1987. Preocupación y rechazo existe en Londres 38, espacio de memorias, tras conocerse que tres ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) se encuentran prófugos de la justicia. Los fugitivos son los exoficiales de Ejército Arturo Sanhueza Ross y Roberto Rodríguez Manque, además de Juan Carlos Orellana Morales, exfuncionario de la Policía de Investigaciones. Los tres fugitivos fueron sentenciados por el ministro Mario Carroza por el secuestro calificado de cinco frentistas en septiembre de 1987, junto a otros 30 exuniformados. Las víctimas, cuyos restos fueron lanzados al mar desde helicópteros del Ejército, son Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola. Ante esta situación, la organización exige a las instituciones involucradas ejecutar todas las acciones necesarias para lograr la detención de los fugitivos, y el cumplimiento de su condena. Asimismo, Londres 38 exhorta a la Policía de Investigaciones (PDI) y al Ministerio del Interior a asumir la responsabilidad que tienen en este proceso, pues son instituciones que tienen la obligación de apoyar a la justicia para el cumplimiento de las condenas dictadas por crímenes de lesa humanidad en el país. Un proceso de justicia que ha tomado décadas para los familiares y organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes siguen trabajando mancomunadamente por lograr la verdad y justicia para todas las víctimas de la dictadura. Además, según explica la organización existen antecedentes previos que permiten catalogar esta situación como un hecho grave. Desde el año 2015 se encuentra prófugo Ricardo Víctor Lawrence Mires, jefe del grupo operativo Águila, que dependía de la Brigada Caupolicán, quien estuvo en los centros secretos de Londres 38, Venda Sexy, José domingo Cañas, Villa Grimaldi y Simón Bolívar, participando en la represión dirigida hacia el MIR, el Partido Socialista y el Partido Comunista. El 30 de abril de 2015 fue condenado por la Corte Suprema a 10 años de cárcel por la desaparición forzada de Alfonso Chanfreau, mientras que por los crímenes de Ana María Puga y de Alejandro de la Barra a 15 años y un día. Ambas causas fueron investigadas por el juez Jorge Zepeda. También está condenado en un proceso por detenciones y torturas de ex presos políticos en Villa Grimaldi. Finalmente, Londres 38 hace un llamado para que el poder político y las instituciones a cargo asuman su responsabilidad por la continuidad de esta situación de impunidad. Santiago de Chile, 5 de mayo 2017 Crónica Digital / www.londres38.cl
El diputado Hugo Gutiérrez insistió en su crítica al proyecto que modificaba la Ley Antiterrorista y que esta mañana fue rechazado en su parte medular en la Sala de la Cámara de Diputados. Si bien el proyecto fue aprobado en el general por 55 votos a favor, 33 en contra y 10 abstenciones, los artículos que tenían aprobación especial (quórum calificado o quórum de ley orgánica constitucional) fueron rechazados, haciendo que las normas aprobadas que eran modificadas por los artículos rechazados, igualmente fracasaron. En ese contexto, el diputado Hugo Gutiérrez sostuvo que “la aberración jurídica que la ultraderecha ciertamente quería hacer aprobar en este parlamento ha quedado mutilada dado que una minoría de representantes ciudadanos rechazaron estas modificaciones que permitiría la utilización de jueces sin rostro, porque ellos estaban prorrogando las competencias desde Temuco hasta cualquier parte de nuestro país. Prorrogar la competencia en materia penal es algo totalmente abominable”. Gutiérrez agregó que “estaban creando figuras que permiten infiltrar organizaciones sociales. Hay que recordar que la Ley Antiterrorista fue creada en Dictadura para combatir al enemigo interno y en ese tiempo, el enemigo interno no era nada menos que los que hoy son Gobierno. Es decir, estaba hecha para la persecución política”. “Hoy hubo al menos una minoría digna que pudo oponerse a una mayoría indigna que lo que permitía era seguir combatiendo de manera ilegitima las pretensiones del pueblo Mapuche. No podemos seguir haciéndole modificaciones a una ley hecha por un dictador, a fin de perseguir a movimientos sociales, principalmente a un pueblo originario como lo es el pueblo Mapuche. Eso es inaceptable”, concluyó. Santiago de Chile, 12 de abril 2017 Crónica Digital
