Comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el Litio acordó enviar un oficio a la autoridad para que la empresa privada chilena asociada con una trasnacional australiana no explote el recurso en el mismo lugar de la cordillera de la Región de Atacama que planea hacerlo Codelco.
Como una forma de asegurar que Codelco explote de manera exclusiva el litio en el Salar de Maricunga, el diputado del PC, Daniel Núñez, valoró que la comisión investigadora sobre el mineral no metálico acordara enviar un oficio al Ministerio de Minería para que no autorice un Contrato Especial de Operación (CEO) a la empresa privada Salar Blanco.
“Le hemos pedido a la ministra de Minería, a través de un oficio, que ella no autorice este contrato de operaciones especiales que ha solicitado la empresa Salar Blanco y que de esa manera el salar de Maricunga quede priorizado y reservado para la explotación estatal que queremos hacer a través de la empresa Codelco y que, por supuesto, pueda tener consecuencias tremendamente positivas para el desarrollo de una incipiente industria vinculada a toda la actividad del litio”, recalcó.
La empresa privada chilena Minera Salar Blanco ya solicitó a Minería un Contrato Especial de Operación (CEO), uno de los requisitos para iniciar estudios y posterior faenas en la alta cordillera de la Región de Atacama.
La firma de propiedad de Martín Borda Mingo ya firmó un joint venture con la trasnacional australiana Lithium Power International (LPI), quien planea entregar un préstamo a la empresa chilena de U$ 2 millones para el proceso inicial.
“Si es que entra esta empresa Minera Salar Blanco es casi imposible que después lo haga una empresa del Estado. No solo hay empresa chilena interesadas, sino que también empresas trasnacionales y no es de extrañar que gigantes chinos o australianos y las empresas mineras top del mundo estén interesados en explotar el litio en Chile. Lo que nosotros tenemos que hacer es que este recurso quede, sea explotado por el Estado y el Estado defina, a través de una empresa estatal, con qué privado se asocia según las condiciones y ventajas que pueda tener para el Estado chileno”, enfatizó.
El parlamentario por la Región de Coquimbo advirtió que también hay que considerar los factores ambientales, ya que los salares son ecosistemas muy frágiles.
“No hay conocimiento detallado de cómo se comportan los salares y que una vez que una empresa empieza a explotar se hace muy difícil que una segunda pueda incursionar, particularmente porque el agua es escasa en estos salares. La explotación debe hacerse sin afectar el medioambiente. Por lo tanto, la sustentabilidad medioambiental del salar también está en riesgo y la experiencia indica que se una vez que se autoriza una empresa privada impide el ingreso de otros actores”, destacó.
Santiago de Chile, 17 de agosto 2016
Crónica Digital
