El presidente Gabriel Boric promulgó la Ley Nain-Retamal, cuyo trámite en el Congreso trajo discrepancias entre oficialismo y oposición sobre la presunción de inocencia en favor de los Policías para disparar sus armas en actos de servicio. La normativa fue aprobada en medio de una ola de inseguridad y el asesinato de tres carabineros en un mes.
La Ley Nain-Retamal comenzó a tramitarse de forma urgente en el Parlamento tras el asesinato de la sargenta de Carabineros Rita Olivares, que fue ultimada por delincuentes durante un procedimiento policial el pasado 26 de marzo, en la comuna de Quilpué, a 87 kilómetros al norte de Santiago.
La discusión en el Congreso estuvo marcada por las diferencias entre el oficialismo y la oposición, principalmente en torno al artículo que trata la legítima defensa privilegiada. Este establecía la presunción de inocencia en favor de los Carabineros (policía militarizada): cuando un policía o militar utilice sus armas de servicio se presumirá que «han sido correctamente empleadas» cuando actúen en defensa propia. La medida no contaba con el respaldo de la coalición de Gobierno, Apruebo Dignidad.
Tras un acuerdo entre el Gobierno y el Senado se removieron varios de los puntos más controvertidos de este proyecto de ley. Uno de ellos fue trasladar la presunción de legítima defensa al Código Penal, sacándola del Código de Justicia Militar.
El texto refrendado acota esta presunción en casos en que esté en juego la vida o la integridad de los funcionarios policiales o de terceros. La discusión estuvo marcada por un clima de tensión y la presencia de víctimas de represión policial y familiares de policías asesinados.
Tras el despacho de la ley desde la Cámara de Diputadas y Diputados el pasado 5 de abril, sectores del Frente Amplio y el Partido Comunista anunciaron que llevarían la iniciativa al Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, esa misma jornada el cabo primero de Carabineros Daniel Palma Yáñez murió tras recibir un disparo en el rostro en el centro de Santiago. Tras este hecho, los partidos de Gobierno decidieron no acudir al TC.
El PC, quien había votado en contra de la ley, señaló en un escueto comunicado que «entrega su respaldo al Gobierno en la lucha contra la delincuencia. No insistirá ante el TC».
Apoyo histórico a Carabineros
«No es posible que se asesine a un carabinero por hacer cumplir la ley. Nada justifica un asesinato tan vil como del que fue víctima el cabo Palma», declaró a Sputnik Erick Donoso.
La convocatoria fue realizada por el grupo ultraderechista Team Patriota y encabezado por Francisco Muñoz, exlíder de la barra brava del club deportivo Colo Colo, uno de los más populares de Chile. La manifestación estuvo marcada por los gritos de los asistentes que pedían «la renuncia de Boric». Así como también por los carteles con la imagen del exdictador Augusto Pinochet (1973-1990), en la cual se pedía «orden».
Pese a que la convocatoria fue realizada por grupos ligados a la ultraderecha, la convocatoria fue más amplia que ese espectro político. Donoso contó a Sputnik que su principal razón para estar ahí no era «pedir una intervención militar ni levantar imágenes de un dictador que asesinó a miles de chilenos, sino para pedir al Gobierno una agenda de seguridad«.
La Unión Democráta Independiente (derecha) emplazó a Gabriel Boric a actuar «con valentía» en materia de seguridad pública tras el asesinato del cabo Daniel Palma. El presidente del partido, Javier Macaya, criticó al Partido Comunista (PC) y pidió al mandatario que aislara a dicha fuerza política por su «actitud» en la discusión de la Ley Nain-Retamal.
«En el pasado tiene tuits y declaraciones muy nefastas respecto a Carabineros el propio presidente de la República [Gabriel Boric], pero hoy tiene la responsabilidad y tiene que asumirla. Le exigimos valentía y esa valentía supone, muchas veces, enemistarse con personas con las que tiene cercanía, amistad, que fueron parte de un proyecto político para llegar al Gobierno, pero a él hoy le toca conducir el país, y conducir el país con firmeza«, expresó Macaya.
El apoyo a Carabineros no solo se quedó en el centenar de personas que se manifestó el pasado 6 de abril. Según dio a conocer Cadem en una nueva entrega de su encuesta semanal Plaza Pública, la aprobación de Carabineros de Chile alcanzó el nivel histórico del 79%. Se trata del porcentaje más alto desde que Cadem mide la percepción de la ciudadanía sobre la institución.
Asimismo, una semana antes, los resultados de la consulta semanal de Cadem indicaban que «un 95% de los encuestados está de acuerdo con que Carabineros pueda utilizar su arma de servicio frente a un hecho de extrema violencia».
La manifestación en apoyo a Carabineros se trasladó desde Plaza Baquedano hasta el frontis del Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, en donde los manifestantes pedían la renuncia de Boric y lo acusaban de socavar la institución de Carabineros por las denuncias realizadas por el mandatario en torno a las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas a partir de octubre de 2019.
La reforma estructural pendiente en Carabineros
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó en noviembre de 2019 las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social por parte de las fuerza del orden, incluyendo «violaciones y abusos sexuales a personas detenidas, desnudamientos forzados, sentadillas, amenazas de violación y otras formas de maltrato sexual».
El fiscal nacional subrogante, Juan Agustín Meléndez, corroboró que el Ministerio Público registró 300 causas por violencia sexual ligadas a Carabineros en el contexto de las protestas que comenzaron en octubre de 2019.
7 de abril, 22:00 GMT
A marzo del 2021, se habían presentado 11.488 denuncias contra agentes del Estado por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social. De esas denuncias solo 14 terminaron en condenas para los efectivos involucrados.
«La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh), Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la CIDH y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) han cuestionado la no reforma de Carabineros después de la crisis de derechos humanos de 2019», advirtió el analista político y sociólogo de la Universidad de Chile Camilo Godoy.
«El Gobierno ha sido totalmente errático en este sentido y ha privilegiado mantener el statu quo en lugar de ofrecer lo que el presidente en sus comienzos definía como ‘subordinación de fuerzas policiales al poder civil'», enfatizó Godoy.
Constanza Valdés, consejera del INDH y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales, explicó a Sputnik que se requiere una reforma estructural a Carabineros. Especialmente en la capacitación, formación, implementos necesarios desde el punto de vista técnico para que ejerzan su labor policial.
«Una de las discusiones que siempre colocan sobre la mesa, particularmente sectores que buscan ‘mano dura’ en el actuar policial, es la seguridad de Carabineros. Ahí es donde el Estado tiene que hacerse cargo justamente en relación a los implementos, en relación a la inteligencia policial», analizó la consejera del INDH.
«Se hace necesario mostrar que existen alternativas que proveen seguridad sin necesidad de dar más atribuciones a los policías: focalización de la respuesta de seguridad según peligrosidad del lugar y un completo respeto a los DDHH», aseveró Godoy.
Múltiples organizaciones de derechos humanos se mostraron en contra de la tramitación de lo que denominaron como «ley del gatillo fácil», ya que «abre las puertas de la impunidad».
Constanza Valdés comentó a Sputnik que la ley «en ningún momento tiene una acción orientada a la prevención de los delitos propiamente tal porque está empíricamente verificado que el aumento de las penas no previene la comisión de los delitos».
La consejera del INDH explicó que la Ley Nain-Retamal no soluciona las problemáticas de la delincuencia y el crimen organizado que afectan al país sudamericano.
Valdés comentó que la ley abre «espacios de impunidad», puesto que «elimina el agravante de la pena que se establecía en relación al empleado público que cometía apremios ilegítimos en custodia con control y cuidado de una persona. En ese sentido, es una norma que se modificó y abre espacio de impunidad y que no tiene ninguna relación con el objetivo ni la matriz fundamental del proyecto de ley».
Para Godoy, la tramitación exprés de la Ley Nain-Retamal evidencia «por una parte la debilidad del Gobierno de Boric en términos de [no promover] una agenda de seguridad que conjugue parámetros internacionales de derechos humanos y la atención a legítimas necesidades de seguridad de los ciudadanos».
En sus palabras, que el Gobierno no tenga una agenda propia en materia de seguridad genera «el secuestro de dicha agenda por parte de los medios de comunicación que
explotan el sensacionalismo y generan este tipo de legislaciones».
explotan el sensacionalismo y generan este tipo de legislaciones».
5 de abril, 08:00 GMT
El sociólogo agregó que aumentar las atribuciones de Carabineros es contraproducente, pues podría disminuir la rendición de cuentas de los policías y aumentar la violencia contra sectores marginados, como jóvenes de sectores populares.
Gabriel Boric descartó vetar la Ley Nain-Retamal previo al asesinato del cabo Daniel Palma. El Ejecutivo puso sus fichas a los acuerdos que podría lograr la ministra del Interior Carolina Tohá con los representantes del Senado. Negociación que permitió llegar a un acuerdo que limitó la presunción de inocencia del policía a casos particulares y donde solo esté en riesgo su vida o la de terceros.
El 8 de abril, un carabinero dio muerte a un sujeto que atropelló a otro funcionario policial. El uniformado utilizó una subametralladora UZI y disparó contra el conductor, quien se disponía a darse a la fuga. Producto de los disparos, murió al instante. El hecho ocurrió en la provincia de San Antonio, Región de Valparaíso, a 90 kilómetros de Santiago. Se transformó así en el primer caso en donde se aplica la Ley Nain-Retamal.
Santiago de Chile, 14 de abril 2023
Crónica Digital/sputniknews.lat/
