Los departamentos de Estado, Comercio y Tesoro anunciaron ayer la adopción de ‘acciones coordinadas’ para implementar el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba, firmado por el mandatario el 16 de junio en el estado sureño.
Durante su intervención de ese día, marcada por numerosas demandas injerencistas al país vecino, el gobernante republicano expresó que su estrategia iba dirigida a hacer cumplir la prohibición que impide a los norteamericanos realizar viajes turísticos a la isla y limitar el comercio bilateral.
En línea con ese objetivo, dirigido según Trump a impedir que llegue dinero al Estado cubano, las personas sujetas a la jurisdicción norteamericana tendrán prohibido realizar transacciones financieras directas con unas 180 entidades y subentidades cubanas restringidas.
La lista incluye a los ministerios del Interior y el de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, cinco grupos empresariales, 83 hoteles, dos agencias de viaje, cinco marinas, 10 tiendas de diferentes tipos, entre otros organismos de diversa naturaleza.
También comprende la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), donde se instalará la empresa puertorriqueña Rimco, distribuidora oficial de la estadounidense Caterpillar, y que ha sido visitada en varias ocasiones por delegaciones norteamericanas.
Por otra parte, como recordó este miércoles la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, las transacciones relacionadas con viajes que involucran a Cuba solo están permitidas para 12 categorías de actividades específicas, y las relacionadas con viajes turísticos siguen prohibidas.
A ello se suma que como parte de las normas recién emitidas, los viajes educativos individuales ‘pueblo a pueblo’ que no tengan carácter académico ya no estarán autorizados.
De igual modo, la OFAC exige que todos los viajes ‘pueblo a pueblo’ educativos no académicos se realicen bajo los auspicios de una organización que esté alcanzada por la jurisdicción de los Estados Unidos, y obliga a los ciudadanos norteamericanos a estar acompañados por un representante de la entidad patrocinadora.
En el caso de las visitas autorizadas por motivos educativos, también deberán contar con el acompañamiento de una persona perteneciente a la parte auspiciadora.
Mientras tanto, un apartado descrito como ‘viajes de apoyo al pueblo cubano’ demanda que cada estadounidense en esa categoría participe en un programa de actividades de tiempo completo que implique una interacción genuina con individuos en Cuba.
Estas personas podrán alquilar una habitación en una casa particular, comer en restaurantes privados conocidos como paladares y hacer compras en tiendas gestionadas por trabajadores cubanos por cuenta propia, al tiempo que deberán evitar todas las entidades restringidas.
MEDIDAS FALLIDAS Y ANTICUADAS, CON LAS QUE ‘NADIE GANA’
Mientras algunos legisladores contrarios al proceso de normalización de relaciones entre ambos países celebraron las nuevas medidas, y otros como el senador republicano Marco Rubio llegaron a decir que debían ir más lejos, varios miembros del Congreso y sectores económicos las rechazaron.
La representante Kathy Castor consideró que tales regulaciones son parte de la postura retrógrada de Trump para volver a políticas aislacionistas fallidas contra la isla y su pueblo.
En un comunicado sobre el tema, la legisladora demócrata por Florida sostuvo que en lugar de esas limitaciones, Estados Unidos debería centrarse en apoyar el sector privado en crecimiento en la nación caribeña.
Para ello, estimó, la administración debería alentar a más ciudadanos a viajar a Cuba, y no agregar restricciones onerosas a los estadounidenses, los intercambios culturales y las empresas.
Por su parte, la senadora Dianne Feinstein (California), también miembro del partido azul, escribió en Twitter que aislar al pueblo cubano no sirvió a los intereses norteamericanos antes, y ciertamente no lo hará ahora.
La congresista Barbara Lee, demócrata por ese mismo estado, manifestó: ‘nadie gana con esta nueva política terrible, es simplemente punitiva. Daña a estadounidenses y cubanos por igual’.
A su vez, el congresista republicano Mark Sanford (Carolina del Sur), señaló que la prohibición de viajar a Cuba, promulgada en un momento álgido de la Guerra Fría, es anticuada y una limitación injusta de la libertad estadounidense.
Por su parte, la coalición Engage Cuba, promotora del acercamiento entre Estados Unidos y la nación caribeña, tildó de profundamente lamentable que esta decisión se basara en la política y la agenda personal de dos miembros del Congreso, y no en una preocupación genuina por el pueblo cubano.
Aunque no mencionó específicamente el nombre de esos dos legisladores, un comunicado de la agrupación pareció aludir a Rubio y al congresista Mario Díaz-Balart, considerados los principales responsables de la posición de Trump hacia la isla.
El Consejo Nacional de Comercio Exterior de Estados Unidos, en tanto, criticó las reglas prohibitivas, entre ellas el impedir a las compañías la participación en la ZEDM, potencialmente beneficiosa para el pueblo cubano.
Indicó, asimismo, que las normas perjudicarán a los trabajadores por cuenta propia y los dueños de viviendas particulares que brindan servicios de alojamiento, quienes forman parte del sector privado que la administración Trump dice querer ayudar.
A ello podría agregarse el hecho de que, según varias encuestas, hay un apoyo mayoritario de la ciudadanía estadounidense al acercamiento bilateral, algo que también quieren casi todos los habitantes de la isla, deseo ignorado por Washington.
SERIO RETROCESO DE LAS RELACIONES BILATERALES
Tras difundirse las regulaciones, el Gobierno de Cuba rechazó las medidas anunciadas por la administración Trump y las consideró parte de un serio retroceso de las relaciones entre los dos países.
La directora general para Estados Unidos de la cancillería de la isla, Josefina Vidal, afirmó que la decisión de la Casa Blanca confirma un recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington contra el país caribeño desde 1962, el cual fue nuevamente condenado la semana pasada por 191 países.
De acuerdo con la funcionaria, estos pasos dañan la economía de la isla y los intereses de amplios sectores de la sociedad norteamericana.
En cuanto a las limitaciones de viajes, Vidal dijo que son injustificadas y tienen una motivación política, además de ir en sentido contrario a la tendencia ascendente del número de visitantes extranjeros que llegan a la isla, que este año ya fue de cuatro millones.
Por Martha Andrés Román
Washington, 9 noviembre 2017
Crónica Digital /PL
